En la era post CICIG crece el pulso por el control de la justicia

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Después de 12 años de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y 6 años con Iván Velásquez al mando, ya no habrá miércoles, ni jueves, ni viernes de CICIG.

Se acabó el terremoto que hizo temblar a 70 estructuras criminales y que dejó más de 120 casos de alto impacto judicializados, 1 mil 540 personas sindicadas, 660 procesadas y 400 condenadas.

La CICIG no fue echada del país ni cerrada, dijo Iván Velásquez. El presidente Jimmy Morales no renovó el mandato de la misión de las Naciones Unidas que vino a luchar contra la impunidad, pero no todo está en calma. Ahora está in crescendo un pulso por el control de la justicia.

Así empieza la era post CICIG e Iván Velásquez:

1. La tarea para la ciudadanía y el papel de la fiscal Porras

El comisionado Velásquez escribió en una columna en The Washington Post que “los guatemaltecos ya han probado lo que es vivir bajo el imperio de la ley” y por eso “no tolerarán que este sea pisoteado”.

Así, Iván Velásquez hizo un llamado para que la ciudadanía se movilice para proteger a los jueces y fiscales independientes, que tendrán a su cargo los procesos judiciales contra los acusados de corrupción que empezó la CICIG.

En cuanto a la sociedad civil organizada y los medios de comunicación independientes, Velásquez dijo que tendrán que resistir a los ataques e intimidaciones.

Una nueva ciudadanía, activa y consciente de la realidad que vive, no puede claudicar en su lucha por la dignidad ni resignarse. Siempre firme, buscando caminos de unidad, continuará como gestora de su destino pese a las adversidades transitorias. Ya lo saben: sí se puede!

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) August 20, 2019

Ciudadanos y ciudadanas organizaron una plataforma de información para darle seguimiento a los casos de la CICIG a través de la cuenta @Ricigt1, mientras que otros grupos como JusticiaYa y Alianza por las Reformas continuarán organizando a la sociedad civil.

Por otro lado, la fiscal general Consuelo Porras tiene en su poder denuncias, memoriales, fichas, informes financieros, criminales y policiales, así como otros informes con datos sobre investigaciones y el trabajo que la CICIG ha realizado junto al Ministerio Público.

En ese contexto, las últimas sacudidas del terremoto de la CICIG golpean a dos políticos poderosos. Primero, a Sandra Torres, centro de una investigación de financiamiento electoral ilícito y con la UNE, su partido, debilitado.

Y por otro lado, al ministro Acisclo Valladares, investigado por un supuesto caso de espionaje, que además ha sacado a luz conexiones entre políticos, empresarios y redes criminales.

Después de una primera citación, Valladares y el superintendente de Telecomunicaciones, Manuel Enrique González, tendrán que explicar en el Congreso si los usuarios de los servicios de telefonía celular están siendo espiados y cómo se les puede proteger.

También dependerá de Consuelo Porras que continúen los golpes a las estructuras criminales o que se beneficien con la impunidad, dice Ramón Cadena de la Comisión Internacional de Justicia.

–El Ministerio Público tiene que demostrar que fortaleció sus capacidades y debe demostrar a la ciudadanía que va a seguir la persecución del crimen.

• Leé: El MP de Consuelo Porras vuelve a dejar a la CICIG en el aire

2. Proteger a los aliados de CICIG

Norma Torres y otros 11 congresistas de Estados Unidos hicieron un llamado a Naciones Unidas para que tome medidas para garantizar la seguridad física de los empleados de la CICIG que permanecen en el país, jueces guatemaltecos, fiscales y defensores de la sociedad civil.

En la misma línea, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, envió un mensaje en el marco del fin del mandato de la Comisión:

–Quisiera expresar mi respeto y admiración por las labores llevadas a cabo por CICIG y por su equipo de trabajo, los cuales han permitido avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

Además, Bachelet reiteró: “la importancia de la obligación del Estado de garantizar la protección de fiscales, juezas y jueces, magistradas y magistrados, para que desarrollen su función de manera independiente e imparcial”.

De acuerdo con Ramón Cadena, la fiscal general Consuelo Porras tiene que garantizar que los fiscales independientes va estar protegidos para hacer su trabajo y el Organismo Judicial tiene que hacer lo mismo con los jueces.

–Los ciudadanos que tenemos que vigilar y exigir a quienes dirigen estas instituciones que cumplan con su papel, señaló el jurista.

Cartel con mensajes a la CICIG. Foto: Carlos Sebastián

3. Elección de magistrados con vicios

Ahora está en juego el futuro de la justicia con el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y magistrados de las Cortes de Apelaciones (CA), que tienen un papel fundamental en el seguimiento de los casos de CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

De la elección de magistrados independientes de la CSJ dependerá que se le retire la inmunidad y se procese a diputados involucrados en redes criminales. Y de los magistrados de la CA, que las condenas emitidas por los jueces independientes sigan en pie.

La comisión de postulación presidida por el rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, tiene que revisar los expedientes de los 1,023 aspirantes a magistrados a CA y definir una lista de 282 candidatos, para que los diputados elijan a 141.

En el caso de la postuladora dirigida por el rector de la Universidad Mesoamericana, Félix Serrano, debe analizar 259 expedientes de aspirantes a magistrados de CSJ, para hacer una lista de 26 candidatos, de la que el Congreso elegirá a 13.

• Leé: Primer round entre abogados: los de siempre, el CACIF y los pro-CICIG se disputan los votos

El proceso va a medias y ya está viciado. Las comisiones de postulación, integradas cada una por 37 abogados, no establecieron criterios objetivos para comprobar la integridad, imparcialidad e independencia de los aspirantes a magistraturas.

Y tampoco contemplaron el conflicto de interés de los postuladores que quieren ocupar cargos en el sistema de justicia: 4 miembros de la comisión de postulación de la CSJ han presentado su papelería para competir a las Salas de Apelaciones y 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que integran la Comisión de Postulación para las Salas de Apelaciones, presentaron su papelería para su reelección.

En su informe final, la CICIG advirtió que la elección de magistrados de altas cortes y de salas de apelaciones “son susceptibles de verse afectados, influenciados o determinados por la acción directa o indirecta de las redes político económicas ilícitas que han cooptado el Estado y avanzan en el camino de la reconfiguración de su poder”.