“Esto es un choque de trenes donde Jimmy Morales es un pobre ratón”

La Guatemala del 2019 vive lo que ya muchos reconocen como un golpe de Estado en cámara lenta por parte del presidente Jimmy Morales. Lo que inició como una aparente rabieta del Presidente —y sus aliados— en contra de la comisión internacional que les investiga, ha escalado a proporciones que amenazan el orden constitucional del país.

Nómada conversó con el analista político Daniel Haering para comprender de una mejor manera lo que el gobierno de Morales intenta hacer con la CICIG, con el país y las próximas elecciones.

De acuerdo con el excomisionado para la reforma de la política de drogas, en el panorama internacional el rumbo de las acciones del gobierno dejan mal posicionado al país y tienen consecuencias que superan a Jimmy Morales y sus ministros.

—¿Qué consecuencias políticas y sociales se pueden esperar de la decisión de sacar a la CICIG y retar a la CC por parte del presidente Morales?

—El final político de Jimmy Morales, el sufrimiento del sistema institucional guatemalteco, y una regresión de nuestras instituciones. Además, del eventual encarcelamiento de todos los que estuvieron detrás de eso, o por lo menos el de los actores principales. Las consecuencias serían irnos para atrás muchos años y un daño muy importante, pero con grandes perdedores que serían todos aquellos que han estado activamente detrás del golpe de Estado.

No hay que caer en el error de asumir su narrativa y decir que la CICIG está fuera porque Jimmy Morales tuvo una rabieta e hizo un acto completamente absurdo como un acuerdo gubernativo, pretendiendo que eso deroga un tratado o un acuerdo internacional. Lo que hay que decir, y la realidad es que Jimmy Morales no ha sacado a la CICIG de Guatemala. Lo que ha hecho es que ante la imposibilidad de operar, ciertos investigadores y mandatarios de la CICIG han salido temporalmente del país, incluyendo a Iván Velásquez.

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—¿Considera que la CC perdió legitimidad luego de que sus resoluciones fueron desobedecidas por las autoridades en múltiples ocasiones?

—Ha perdido contundencia y fuerza. Está en cuestionamiento su capacidad para imponer sus decisiones. Pero si tomamos el domingo (6 de enero) como una especie de probeta, un experimento de lo que nos puede pasar en estas semanas o meses, yo creo que ahí se impuso la resolución de la CC. Hay personas detenidas por haber incumplido lo dicho por una sentencia judicial y están procesados. Esa historia a mí me indica que todavía tenemos un orden y que no ha habido rompimiento.

Hay cierta discusión de hasta qué punto han sido totalmente desobedecidas y yo dejaría que los abogados sean los que discutan si ha habido una desobediencia totalmente plena o no la ha habido. Pero lo que sí ha habido, políticamente, es un coqueteo con la desobediencia. Hay que diferenciar entre lo discursivo, las situaciones de facto y si ya ha habido una ruptura del orden jurídico y político. Yo creo que eso todavía no se ha dado. La desobediencia explícita de, por ejemplo, esta última resolución de la CC, sí sería un rompimiento institucional.

—A su criterio, ¿cuál sería la hoja de ruta que debería de tomar la CC para corregir las posibles ilegalidades del gobierno?

—Yo creo que ahora no depende de la Corte, que ya (el martes) hizo lo que tenía que hacer. Creo que hace bien, políticamente, en tomarse su tiempo cuando está hablando de la destitución de ministros y demás, porque hay que  tenerlo muy bien atado.

Pienso que la pelota ahora está del lado del MP, si es que al Ejecutivo se le ocurre hacer barbaridades. Claro que habrá que ver cómo se opera (la relación) con la PNC. Pero, una vez más, aunque hubo reticencia el domingo, fue una buena probada que al final se condujo a la gente a Torre de Tribunales, al final entró el MP en las instalaciones del aeropuerto, y al final se cumplió el orden.

Soy de los que piensan que (el ministro) Degenhart no tiene el control de la PNC porque sino no estaría descabezando directores, subdirectores y comisarios, constantemente. Creo que es todo lo contrario: se nota que no tiene el control y que quiere tenerlo. Esto genera zozobra, seguramente hay división y hay dudas, pero estoy convencido que lo que pasa dentro de la PNC es que están muy asustados y no saben qué hacer.

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—¿Cómo considera que la ciudadanía podría defender el orden constitucional y apoyar a la CC?

—En el momento en que se concreten más abusos, yo creo que hay que salir a las calles. Es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene que documentar todos los posibles abusos. Que tenemos un arma importante que son los celulares y que con las cámaras podemos grabar todo tipo de cosas que están pasando y subirlas. Documentarlas para que haya muchos más ojos que los de los periodistas que están sobre el terreno.

Esto es algo que se ha visto en las manifestaciones de Nicaragua, que se ve constantemente con lo que pasa en Venezuela. Siento poner esos dos ejemplos porque no son los más amables, pero creo que son muy importantes. Prácticamente todo ciudadano tiene un celular ya, y es importante que se den cuenta que esa es un arma ante posibles abusos de las instituciones públicas.

—¿Cuáles son los riesgos más grandes a los que la ciudadanía debe mantener constante vigilancia?

—La violencia, que es inadmisible, y va a ser utilizada para justificar medidas aún peores. Es importante no caer en esa clase de provocaciones. Sé que esto es muy fácil de decir y muy complicado de hacer, pero sí hay que tener un espíritu crítico para ser capaces de diferenciar.

Hemos estado en una gran tensión y un gran debate sobre CICIG, y cada uno tenemos nuestras opiniones, pero esto ya trasciende CICIG por mucho. No hablemos de CICIG estos días, hablemos de si estamos dispuestos a tener un gobierno que coquetea con desobedecer una sentencia judicial. Por muy injusta, o por muy contra derecho, que la considere, es la CC la que ha interpretado la Constitución y la que marca esa clase de criterios. No nos han podido gustar muchísimas sentencias de la CC pero creo que todas las hemos acatado perfectamente.

—¿Cuáles son los escenarios futuros que podrían formarse luego del alejamiento de la ONU?

—Primero, vamos a saber ubicarnos dónde estamos en la cadena alimenticia. Hay que diferenciar, qué puede hacer Estados Unidos en el ámbito internacional y qué puede hacer Guatemala en el ámbito internacional. Es distinto porque Estados Unidos tiene un poder absolutamente exagerado y desproporcionado con respecto a Guatemala. Solo hay que fijarse en cómo nos ve el mismo Donald Trump y las cosas que ha dicho de los países del Triángulo Norte.

La comunidad internacional va a reaccionar mucho más agresiva (con Guatemala que con EEUU), porque no va a permitir que un pequeño país que no tiene poder e importancia dentro del ámbito de las grandes relaciones internacionales sea el que se salga de tratados en detrimento y sin respetar las normas. Por supuesto que no.

Pero yo también creo que la comunidad internacional entiende que estamos ante un presidente de salida, que no tiene a la opinión pública de su lado y que no es lo mismo Estado de Guatemala que sociedad guatemalteca y que el Estado no es Jimmy Morales. En ese sentido si Jimmy Morales quiere jugar con estas cosas que le superan por mucho y de las que no entiende las implicaciones, yo creo que solo puede acabar en un gran accidente para él. Un choque de trenes donde él es un pobre ratón.

Y estoy convencido que hay todo tipo de operaciones políticas en marcha, que hay gente hablándole a los distintos actores nacionales e internacionales para que ni se les ocurra seguirle en eso, o hacer lo otro. Para que entren en razón y todavía puedan echarse para atrás.

Daniel Haering explica los escenarios actuales a raíz de las últimas decisiones de Jimmy Morales. Foto: Carlos Sebastián

—¿Cuáles serían los trenes que están a punto de chocar?

—Por un lado, son las fuerzas que están en el bloque pro-CICIG, para ponerlo en un sentido muy simplista. Son las que apoyan todo el proceso que empezó desde 2015. Ahí podríamos incluir a unas pequeñas fuerzas en el Congreso, obviamente a la CICIG, a su respaldo internacional, a la parte sustantiva del gobierno de Estados Unidos que apoya explícitamente a la Comisión, y a buena parte de la sociedad civil. Yo creo que hay medios muy claramente posicionados en eso, aunque serían actores secundarios.

Por otro lado, el choque vendría del lado de las fuerzas que se resisten a todo ese proceso y que quieren algún tipo de involución. Son la mayoría en el Congreso, la presidencia, las fuerzas del Ejecutivo que incluyen a toda la amalgama de distintos apoyos institucionales. También está la Municipalidad de Guatemala, los apoyos que puedan tener en Estados Unidos, que son básicamente el grupo evangélico pro-Israel y pro-Bitkov, compuesto por 4 o 5 senadores. Y grupos que han tenido siempre relación con el Estado y que no son tan fácilmente identificables.

Esos son básicamente los dos grandes trenes que están chocando en estos momentos. Mi comentario sobre el presidente es que él es un actor ínfimo que va a salir perdiendo en medio de eso, que no tiene fuerza propia y que es en gran medida instrumentalizado por una fuerza mucho más amplia.

—Este tipo de acciones en contra de la CICIG, ¿afectan las condiciones electorales?

—Sí, por supuesto que las afectan. A mí me preocupa mucho que el TSE sea una institución débil. Pero hay que confiar en que el proceso puramente del conteo de votos en las elecciones se ha respetado y se va a respetar. Ese es un legado que hay que defender, considerando que tenemos un proceso electoral con financiamiento ilícito, acuerdos con los canales de Ángel González, listados cerrados y compras de casillas (para los diputados) o barreras de entrada muy altas para nuevos partidos. Con todo ese tipo de trucos en el sistema para mantener un status quo, el día de las elecciones se ha votado y se han respetado los resultados.

Mi sensación de todo este proceso es que se está generando zozobra para llegar a las elecciones y no con fraude, porque yo no creo que nadie tenga la capacidad de hacer fraude. Pero creo que sí tienen la capacidad de alterar o hacer ver errores, para desestabilizar de alguna manera y señalar los resultados como fraude. Eso es en lo que yo creo que están presionando.

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—¿Qué lectura se puede hacer sobre las próximas elecciones y los actores involucrados?

—Yo creo que a mucha gente le conviene que haya elecciones. Hay muchas fuerzas importantes —como el Congreso— a las que les conviene que haya elecciones. En este país el 70% de los alcaldes no se reeligen, eso significa que hay gente que tiene capacidad de movilización y quiere elecciones para sacar a su alcalde. Entre los partidos que se disputan la presidencia, obvio (Alejandro) Giammattei, Zury (Ríos), Sandra Torres, Thelma Aldana... todos quieren que haya elecciones. Y ellos son figuras políticas importantes. Quítenles las elecciones a ellos, atrévanse. No va a pasar.

Un gobierno que va de salida con un presidente muy débil, muy impopular, con esta clase de medidas atropelladas y desesperadas como sacar directores de la polícia de un día para otro sin explicación o lo grotesco que es denunciar tratados a través de acuerdos gubernativos... ¿qué tanto puede alterar de forma fundamental el proceso electoral?

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—¿Hay empresarios o conservadores que en voz baja cuestionan o no se sienten representados por el CACIF?

—Muchísimos. En este país, todas las élites están fragmentadas, incluido el sector privado. Las élites políticas, las élites de sociedad civil, las élites periodísticas, todas están hiper fragmentadas. Es un país de enorme fragmentación, un país que tiene esa característica como transversal en su sistema político. Y por supuesto que en el CACIF, también, hay fragmentación, esto no es algo nuevo. Claro que hay voces disidentes en estos momentos que son muy confusos, como en toda organización. Y por supuesto que va a haber gente que no se sienta representada por la decisión de la cúpula que está en estos momentos decidiendo. El CACIF es una institución que no tiene los mecanismos de representación más modernos del mundo y que (para eso) requeriría de grandes y profundas reformas.