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¿Excesiva o controlada? Cómo será la publicidad electoral

El 18 de marzo comienza la campaña electoral. Serán tres meses para que los partidos hagan su propaganda, promuevan a sus candidatos, expongan sus planes de gobierno y conseguir que voten por ellos. Con las reformas a la ley en 2016 las reglas del juego cambiaron y aunque hacer campaña anticipada no es posible, los partidos políticos han hallado maneras de jugar con la ley.

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Juan Gutiérrez y su comercial contra la corrupción en la campaña del 2015.

Foto: Youtube

Por las reformas del 2016 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se creó en el Tribunal Supremo Electoral la Unidad de Medios para administrar y distribuir los espacios de pauta electoral de las 26 organizaciones políticas inscritas para las próximas elecciones. El único que no podrá participar dentro del plan de medios del TSE es el partido PODEMOS, que proclamó a Roberto Arzú como precandidato presidencial.

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La Unidad de Medios es la encargada de contratar los espacios y tiempo de aire en los medios de comunicación que se inscribieron para recibir propaganda electoral. Los partidos políticos tienen prohibido realizar campaña en medios no contratados por el TSE. Como el partido PODEMOS no solicitó su contraseña, ni presentó su plan de campaña a la Unidad de Medios, no tendrá espacios para promocionar a sus candidatos.

En las elecciones anteriores, los partidos políticos inundaban los espacios públicos con vallas, carteles y hasta piedras pintadas con los colores, nombres y rostros de los candidatos. Toda una contaminación visual. Sin embargo, a partir de este proceso, las agrupaciones tienen espacios limitados para posicionarse ante el electorado: tienen a su disposición 24 vallas publicitarias a nivel nacional distribuidas en tres ciclos de ocho vallas cada uno.

Los anuncios publicitarios tendrán rotación entre las organizaciones políticas en cada ciclo. Y de esos ocho espacios, cuatro deben ser utilizados por el binomio presidencial, dos por corporaciones municipales y las otras dos para promocionar las diputaciones. Además de las vallas, en radio y televisión cada partido cuenta con aproximadamente cuatro spots diarios con 20 segundos de duración cada uno.

Con este plan de medios se ha logrado reducir la campaña anticipada en comparación a los anteriores procesos electorales. Esto es en parte porque las empresas publicitarias que no se hayan inscrito no pueden aceptar pauta electoral, y en otra parte porque los medios inscritos no pueden promocionar candidatos ni hacer llamados al voto hasta después del 18 de marzo.

Con este procedimiento se busca hacer cumplir las reformas a la Ley Electoral. Por eso ante las molestias de los partidos y sus representantes, la magistrada María Eugenia Mijangos expuso que las nuevas restricciones se deben a la falta de control en los procesos pasados. Esta misma postura la comparte el magistrado presidente, Mario Aguilar, quien afirma que esta es la manera en la que el TSE busca operativizar la Ley.

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El nuevo modelo de campaña

A pesar de las nuevas restricciones hay partidos políticos en campaña aprovechando las lagunas en la ley. Debido a la prohibición de contratar medios para promocionar a los candidatos, los organizaciones políticas han pagado vallas publicitarias para mostrar el logo, los colores y el lema del partido. Los anuncios no muestran nombres ni fotos de los candidatos, tampoco piden votos sino que llaman a la afiliación.

Esto es posible gracias al artículo 20 de la LEPP que, en el literal h, especifica que las organizaciones políticas pueden hacer proselitismo en época no electoral, siempre y cuando sean: “acciones y actividades de formación y capacitación, organización y difusión de su ideología, programa político, propuestas políticas, posiciones políticas, convocatorias y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas”.

—Los candidatos dicen que campaña es ‘solo lo que pase en el período de campaña’. Pero una vez está abierto el proceso electoral, las autoridades del TSE tienen la capacidad de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. Por lo que debería de haber una fiscalización para que no se supere el techo de campaña con proselitismo—, explica Celia Luna, experta en procesos electorales de la organización Asíes.

Ante estos riesgos, la directora de la Unidad de Medios asegura que dicha oficina no tiene funciones preventivas para evitar que personas transgredan la ley, eso no es parte de la labor.

—Lo que hacemos es un monitoreo, como parte de nuestra responsabilidad, y si tuviéramos alguna detección tenemos que hacer los reportes correspondientes—, explicó.

En ese sentido, expuso que en los últimos días se presentaron 30 expedientes al Registro de Ciudadanos, entidad encargada de analizarlas  y sancionar partidos.

La publicidad partidaria es una de las estrategias de las organizaciones para hacer campaña sin violar la ley. Pero, además, los fiscales de los partidos se encuentran en desacuerdo con el TSE porque no consideran que las redes sociales sean medios de comunicación debido a que son plataformas de uso personal y particular. Y aunque sean espacios para compartir mensajes e ideas no son masivos porque se alcanza solo a un sector relacionado.

Esta podría ser una de las estrategias del partido PODEMOS, porque además tienen una coalición parcial con el partido PAN. Esta alianza PODEMOS-PAN es solo para postular juntos al binomio presidencial, pero cada partido tendrá sus propios diputados y alcaldes. Por lo que, una vez oficializado el pacto entre partidos, Roberto Arzú y su vicepresidenciable aparecerán en las vallas y los anuncios pero no los otros candidatos de PODEMOS.

Rosa María Bolaños, jefa de la Unidad de Medios, explica que en el caso del partido PODEMOS:

—El partido nunca designó a una persona representante ante la Unidad, ni ingresó al sistema (para presentar el plan de medios) entonces de conformidad con el reglamento, no pueden incorporarse dentro del Plan de Medios Integrado. Es decir, no tienen pauta para propaganda electoral.

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¿Qué pasará con las redes sociales?

Tampoco quieren que se considere medio de comunicación a las “redes sociales que funcionan en servidores digitales que se encuentran fuera del territorio nacional y no funcionan a base del uso de frecuencias dadas en usufructo por el Estado”, expone un documento firmado por 14 fiscales de los 27 partidos inscritos en el TSE.

Desde el inicio del proceso electoral la Unidad de Medios se ha intentado poner de acuerdo con las compañías que manejan las redes sociales para resolver la incertidumbre; sin embargo, la comunicación con Facebook —dueño de Instagram y WhatsApp— sigue pendiente.

—Con Twitter, en general, ellos ya tienen establecidas sus políticas de la asistencia que ellos dan a órganos electorales. Entonces en esa base vamos a trabajar, si en algún momento hubiera un caso que fuera necesario investigar se solicita la información a Twitter y ya veremos lo que nos proporcionen ellos—, explica Bolaños.

De acuerdo con la politóloga Celia Luna, esto es solo el resultado de unas reformas poco democráticas que el TSE intenta operativizar, sin éxito. Ya que el problema más grande, según la experta, es la falta de incentivos económicos para los medios de comunicación, que deben vender pauta al 20% de su precio.

—Con la opción de comercializar pero poniendo el límite del 20% ninguna empresa va a querer participar porque eso no es negocio—, expone Luna.

La experta de Asíes considera que la falta de claridad en la ley, que permite las áreas grises, confunde a la ciudadanía y complica el proceso electoral.

—Como el proselitismo no está tan regulado como la campaña, ¿quién sabe si habrá tanta fiscalización de los espacios de publicidad que se están usando para proselitismo? Esto ha generado dudas e incertidumbre en la población, en los candidatos y en los medios de comunicación—, resalta Luna.

El TSE cuenta con sistemas para recepción de denuncias. Rosa María Bolaños explica que cuentan con un correo electrónico de la Unidad de Medios donde filtran los mensajes y analizan cada caso. También, en la página del TSE hay un botón para denunciar hasta la inspección general.


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