La alianza Baldetti-Baldizón aprobó otras cinco leyes (similares a la Ley Tigo)

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ya expusieron cómo la ex vicepresidenta Roxana Baldetti manipulaba las votaciones del Congreso, haciendo pagos equivalentes a Q25 mil mensuales a los diputados del PP para que obedecieran sus órdenes.

Según los investigadores, las maletas con dinero salían de la empresa de telecomunicaciones Tigo y llegaban hasta las manos de los diputados más importantes del PP -jefes de línea o brochas-, que a su vez se las trasladaban a otros congresistas menos conocidos.

Nómada contó cómo la empresa del multimillonario Mario López, según las investigaciones, estuvo implicada en ese caso para que se aprobara la Ley Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, más conocida como Ley Tigo.

Esa ley fue aprobada con el apoyo de 96 diputados, principalmente del PP y Lider. Pero las evidencias de esa alianza entre los partidos supuestamente opuestos van más lejos. A continuación un resumen de lo que lograron juntos los dos grupos políticos más fuertes del 2014.

1. La cooptación de la justicia

Las bancadas mayoritarias del PP (48 diputados) y de Lider (53 diputados), en componenda, eligieron a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 126 de las cortes de apelaciones en las sesiones del 25 y el 30 de septiembre de 2014.

En el caso de la elección de cortes de apelaciones, también participaron en la componenda los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Sin temor a ser criticados, los congresistas tenían encima de sus escritorios las listas de abogados, que habían consensuado días antes, para elegir a los magistrados que más les convenían a ambas bancadas.

Los magistrados de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones son clave para los diputados, que tienen interés en cambiar el curso de la justicia a su favor, especialmente en casos de corrupción; los togados son el primer filtro para los antejuicios de diputados, alcaldes y otros funcionarios.

La alianza impidió que jueces independientes, como Miguel Ángel Gálvez o Marco Antonio Villeda, no fueran electos en la Corte Suprema. Y en las cortes de apelaciones, Cristina Fernández, quien falló a favor de comunidades indígenas en conflictos de tierras, no fue reelecta.

2. Un préstamo de US$280 millones para una carretera

El 27 de mayo de 2014 los diputados Orlando Blanco, de la UNE; Hugo Morán Tobar, del PAN, y Juan José Porras, antes del PP y ahora VIVA, presentaron una moción para aprobar un préstamo por US$280 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La ley que proponía aprobar ese préstamo automáticamente establecía que Sigma Constructores debía ser la empresa a cargo de la obra para rehabilitar la carretera CA-2 Oriente, en el tramo que conecta Escuintla con la fronteriza Ciudad Pedro de Alvarado.

Básicamente es la obra complementaria a la CA-2 Occidente, que estuvo a cargo de Odebrecht, pero que nunca se ejecutó por completo en medio de una trama de coimas y corrupción.

El préstamo de US$280 millones lo aprobaron PP y Lider, con el apoyo de la UNE y bancadas minoritarias; fueron 147 votos a favor, en media hora, sin que un solo diputado pidiera la palabra para debatir.

Bancada del Partido Patriota del 2014. Foto: Soy502

3. La Ley Monsanto (con sorpresa incluida)

El 10 de junio de 2014 continuaba en marcha la alianza del PP y Lider, que junto a otros grupos aliados aprobaron la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida también como Ley Monsanto.

La ley, que posteriormente fue derogada, causó polémica porque podía criminalizar a las poblaciones indígenas y pequeños productores agricultores por el uso de semillas y otros productos agrícolas protegidos con derechos de autor.

Eso movilizó a movimientos ambientalistas, campesinos y sindicalistas, que cuestionaron la ley, que a su criterio ponía en riesgo la seguridad alimentaria de las familias más pobres del país.

Además, en la ley los diputados incluyeron una ampliación presupuestaria de Q550 millones para el Ministerio de Comunicaciones, de Alejandro Sinibaldi.

Ese tema no tenía nada que ver con la protección de obtenciones vegetales, pero los diputados de la alianza lo incluyeron entre los artículos de la normativa para que pasara desapercibido.

4. Criminalizar la protesta social

El 19 de febrero de 2014 los diputados aprobaron la Ley para la Circulación por Carreteras Libre de Cualquier Tipo de Obstáculos, también conocida como Ley Contra Túmulos.

La iniciativa que impulsaba el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se planteó con el argumento de regular la instalación de túmulos en las carreteras y caminos del país, pues en algunos casos ponían en riesgo la vida de las personas que transitan en esas vías.

En la ley establecieron multas de Q1 mil a Q5 mil y prisión de un año para quienes instalaran túmulos, talanqueras o impidieran de otra forma la movilidad.

La ley obligaba en términos claros la remoción de obstáculos en rutas, que un sentido amplio, también implicaba remover a personas que manifestaran en las carreteras o calles. Sectores sociales advirtieron que esa ley podía ser utilizada en cualquier momento en contra de las manifestaciones sociales.

5. Un presupuesto-piñata para un año electoral

El 28 de noviembre de 2014, una vez más, la alianza del PP y Lider conseguía una victoria con la aprobación del presupuesto para el 2015. Esta vez con el apoyo de las bancadas Todos, URNG, Winaq y diputados independientes consiguieron una asignación de Q70 mil 600 millones.

El diputado Carlos Barreda, de la UNE, denunció que no se establecieran candados que impidieran la manipulación del gasto en un año electoral: “Tienen los fondos para repartir lo que quieran”, dijo en su momento.

Los diputados incluyeron nuevos impuestos: Q5 por cada teléfono móvil o de línea fija y Q5 por cada saco de cemento. También elevaron de 1 a 10 por ciento las regalías por la explotación de minerales y materiales de construcción, excepto por el níquel que pagará regalías del 5 por ciento, y el jade con el 6 por ciento.

Más tarde, Nómada expuso que la diputada Regina Guzmán, del PP y de la Junta Directiva, se dedica al negocio del jade desde 1998.

Además, se facultó a los Consejos Departamentales de Desarrollo para que firmen convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG), para la ejecución de proyectos de inversión de obras.

Fue hasta febrero de 2017 que el PP y Lider fueron cancelados como partidos políticos por el Tribunal Supremo Electoral. Los magistrados consideraron que ambos partidos violaron las reglas de financiamiento, y después de una serie de amonestaciones, correspondía su cancelación.