La calamidad en que vivíamos, la lentitud de la ayuda y la necesidad de una renta básica universal. Una entrevista con Ricardo Barrientos

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“Resulta que nuestra normalidad ya era mala, la verdad es que Guatemala, sin Covid-19, ya estaba en calamidad”, dice Barrientos. En esta conversación explica los aciertos y desaciertos del gobierno, las propuestas técnicas que pueden rescatar al país de la crisis y la gravedad del escenario que el país enfrenta con un sistema de salud excluyente y con gran parte de la economía dependiendo del día a día.

En una propuesta elaborada por ICEFI aseguran que en países centroamericanos, como Guatemala, el gasto público es menor al 50% del gasto nacional en salud. ¿Qué significa esto, en medio de la crisis de salud que vive el país?

Que lamentablemente es un sistema de salud que no alcanza a toda la población y que está casi privatizado. En Guatemala, que es un caso grave y agudo, el gasto de salud es el más bajo de la región. Si alguien se enferma y necesita medicamento, lo tiene que pagar de su bolsillo. Es un servicio de salud pagado. Eso quiere decir que la salud deja de ser un derecho fundamental cuya garantía es una obligación constitucional del Estado y pasa a ser una mercancía. Si es un derecho, no tengo por qué pagar para que se respete pero, en Guatemala, solo el que tiene dinero tiene derecho a la salud.

Ahí es donde vienen datos horribles. La red de centros y puestos de salud actual es adecuada para atender a la población que Guatemala tenía al inicio de 1950. Es decir que corresponde a la población que el país tenía hace 70 años. Ahora estamos en crisis de salud y nos preocupamos por “volver a la normalidad” pero nuestra normalidad ya era muy mala. Guatemala, sin Covid-19, ya estaba en calamidad.

A mi me da pavor que ahora que ahora que ofrecen abrir la economía se nos venga una segunda ola de contagios y allí, el sistema de salud no aguanta. Si países como España e Italia colapsaron, lo que pasaría en Guatemala se parecería a Ecuador.

La propuesta de ICEFI al inicio de la crisis, fue buscar soluciones bajo un enfoque de garantía de derechos humanos. Incluso desde el enfoque económico, ¿la recomendación es priorizar la salud antes que los comercios y la actividad empresarial?

No solo es una propuesta, es una demanda, es una exigencia. En Guatemala, en ningún grupo social humano, debería discutirse si se respeta un derecho fundamental pero acá, lamentablemente, tenemos que discutirlo.

Hay gente que está más preocupada por sus ganancias y privilegios que por la salud. Ahora bien, también hay que reconocer que la crisis económica es tan profunda que incluso amenaza la subsistencia de personas. Es gente que si no sale a vender, no puede poner un plato de comida en la mesa familiar. Nosotros reconocemos que, aunque hay discursos egoístas e inhumanos, la crisis económica también puede poner en peligro la subsistencia de las personas en situación de precariedad. De ahí este clamor que se escucha mucho: “A mi no me va matar el Covid-19, sino el hambre”.

Lo económico tiene relación con derechos fundamentales y esto es lo que desnudó la pandemia. Nos expone tal como somos, nos muestra que teníamos un sistema que ya era cruel y no garantizaba la subsistencia de la mayoría. Es un sistema de privilegios e injusto.

Pareciera haber un dilema entre proteger vidas y cuidar la economía. Entonces, ¿cómo es posible evitar el colapso de ambos?

Es un problema complejo. En primer lugar, no sé si tiene solución. Al no haber actividad económica el sector privado no puede llevar platos a la mesa. Algunas empresas lo intentaron, hay que decirlo, pero hacer donativos en esta crisis se queda en lo pequeño.

El problema es que la gran mayoría del sector privado está en una situación de precariedad porque la formalidad económica en el país apenas es del 30%. Aquí le corresponde al Estado buscar las soluciones, aquí es donde hablamos de hacer pruebas y conseguir mascarillas pero también pensar en una transformación estructural de la economía porque parece un problema sin solución.

La pandemia nos está enseñando que con el sistema económico, tributario y de salud que teníamos, esta sociedad no es viable. Incluso, si nos volvemos comerciantes desalmados, esta pandemia nos enseña que también es un sistema muy malo para el negocio porque ni siquiera se puede vender.

Por eso la propuesta es revisar el pacto fiscal, la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque no es viable mantener la Guatemala que traíamos. Es tan deficiente nuestro sistema que los migrantes, que han sostenido la economía, ahora son los rechazados. Hasta enero de este año, todavía las remesas eran más importantes que las exportaciones y son la expresión más espantosa de un sistema social excluyente.

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Con las medidas que se han tomado, ¿se están garantizando los derechos humanos?

Creo que podrían priorizarse ambas. La economía es más que las corporaciones, incluso, la mayoría de la economía está en la calle. Fue un gran acierto imponer medidas de aislamiento social desde temprano pero ahí no termina la historia.

Ya han transcurrido dos semanas desde que el Congreso empezó a aprobar ampliaciones para atender la crisis, incluyendo una ampliación medio espuria de Q5 mil millones. Sin embargo, al día de hoy, ni siquiera se han hecho los traslados de dinero. El Congreso aprobó las ampliaciones pero aún no han sido cargadas en el sistema. Si no lo han cargado, menos lo van a empezar a ejecutar.

Una de sus propuestas es la prórroga del pago de servicios básicos. El Congreso aprobó un decreto al respecto pero el Ejecutivo no lo ha sancionado. Incluso, existe la posibilidad de que lo vete.

Sería un gravísimo error del Presidente. Lo que entiendo es que hay unas discusiones por la forma en que está redactado el decreto 15-2020. Hay errores técnicos pero eso no es todo el decreto. Yo recomendaría hacer un acuerdo político. Que la sancione y se reúna con las bancadas y si hay que corregir algo, que se haga. Pero que se mueva rápido, no tiene que perder tiempo.

En cuanto a temas fiscales, proponen que por ningún motivo se admita una amnistía e incluso piden elevar la recaudación.

El gran problema es que si no pagamos impuestos, quebramos al gobierno, que es el único que puede sacar adelante la crisis. Por supuesto, aquellos contribuyentes que tienen serios problemas para pagar impuestos podrían recibir programas pero de eso a suprimir el Impuesto de Solidaridad o no pagar la circulación de vehículos, hay una brecha. Quien tiene una camioneta blindada, de millones, puede pagar el impuesto de circulación. Sin embargo podemos discutir las medidas cuando hay personas que se movilizan en motocicletas.

Podemos hablar de prórrogas pero el punto es que no es momento de privilegios fiscales. Pedimos una política fiscal que no quiebre al gobierno y que sea flexible ante quienes no tengan las posibilidades de pagar. Una política fiscal que sepa leer la crisis; y la SAT debería saber quien tiene y quien no tiene capacidad de pago.

Si esta crisis se extiende por dos o tres meses más, ¿cuál es el escenario para el país?

Uno de los escenarios más duros contempla el cierre de la economía por un mes más. Pero si esto se extiende a tres meses, tendremos una recesión, aumento de pobreza y pobreza extrema, aumento de desnutrición crónica infantil, riesgo de pérdida de gobernabilidad, y aumento de la violencia y el desempleo.

El gobierno le está apostando a la ejecución de 10 programas para asistir a poblaciones vulnerables. El Fondo de Protección del Empleo y el Bono al Comercio Popular son dos de las propuestas enfocadas a empresas y personas del sector informal. ¿Consideran que son medidas suficientes?

Creo que son correctas pero van tarde. Si no las ejecutan, no van a ser efectivas. Y las tienen que ejecutar rápido. Si las ejecutan en septiembre, ¿ya para qué? Esos programas no deberían ejecutarse más allá de mayo y ya estamos terminando abril. Tengamos claro que la economía no son los balances para las grandes corporaciones, la economía está en la calle también, la economía es ese problema de si hay o no hay dinero para cenar hoy.

También existe el temor de que estos programas no lleguen a todos los que necesitan ayuda.

Lo ideal sería un programa universal, tal vez no debieron ser Q1,000 de bono pero con Q500 que hubieran llegado a todos los miembros del sector informal, se hubiera dado una gran ayuda. También es un error exigir requisitos como DPI o ver si están registrados en la Municipalidad porque todos esos requisitos lo vuelven un programa excluyente. Mientras más universales sean las medidas, más efectivas.

¿Podría una propuesta de Renta Básica Universal aplicarse en este contexto?

Cada vez más son los países que la están implementando. En esta situación, no podemos ponernos a ver quién tiene y quién no. Si hacemos eso, nos llega junio sin tomar medidas. Una renta universal resuelve ese problema. Yo sí creo que en momentos como el actual, una renta básica universal funcionaria muy bien.

El Bono Familiar es un intento parecido. El bono es temporal pero podría perpetuarse porque son medidas para erradicar la pobreza y pobreza extrema en sociedades como Guatemala. Con ese dinero, nadie se va a hacer millonario pero si lo reciben familias en pobreza extrema, puede evitar la muerte de un niño.