Desde los primeros meses de este año, comenzó una estrategia que involucra a varias instituciones públicas para tomar el control de la Junta Directiva del IGSS y, con ello, controlar los procesos de adquisición de medicamentos y los miles de millones que anualmente se asignan al seguro social. El primer paso es sustituir al actual presidente, Carlos Contreras, quien fue nombrado en el cargo en 2015, por el expresidente Otto Pérez Molina.
Los esfuerzos comenzaron desde el Congreso de la República. Específicamente, desde la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por el diputado Víctor Israel Guerra, miembro de la UNE. La comisión está integrada en su mayoría por diputados de ese partido, pero también cuenta con miembros del partido Valor y Creo. Con información solicitada a la Contraloría General de Cuentas (CGC), esa comisión formuló un informe en el que recomendaba la renuncia de Contreras y una acción penal en su contra.
Esta denuncia ya fue presentada y firmada por el abogado de la CGC, Carlos Rodrigo Cóbar, quien fue detenido a finales de julio cuando pretendía cobrar una extorsión para detener una denuncia. Junto con él fue capturado, el también abogado de la CGC, Jorge Javier Barahona Paz, una pieza clave en la denuncia que impidió la participación electoral de Thelma Aldana.
Se trata de Carlos Rodrigo Cóbar Cuellar, supuesto abogado y Jorge Javier Barahona Paz, abogado de la Contraloría General de Cuentas.
— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 22, 2020
La recomendación del Congreso fue bien recibida por el Organismo Ejecutivo.
El 21 de julio, Luis Donado Vivar, el procurador general, envió un oficio a los miembros de la Junta Directiva del IGSS en el que les indicaba que es “su deber y obligación legal, bajo pena de responsabilidad” es velar por el cumplimiento de las normas de la seguridad social y, en esa línea, proponer e impulsar en su próxima sesión la separación del actual presidente del IGSS, de su cargo.
Adjunto a esa petición envió varios documentos: un oficio del diputado de Vamos y secretario de la Comisión de Previsión, Cándido Leal; y otro oficio firmado por la secretaria general Leyla Lemus, la mano derecha de Giammattei.
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En esos documentos informaron a la Junta Directiva de una denuncia dirigida a la fiscal general Consuelo Porras en contra de Carlos Contreras por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y desobediencia.
Los argumentos para pedir la remoción
Fue en marzo cuando la Comisión solicitó a la CGC un informe de hallazgos en el IGSS. Con esa información concluyeron que Carlos Contreras debía dejar el cargo e informaron al presidente Alejandro Giammattei sobre sus hallazgos.
Estos son los hechos que mencionan en el informe:
1. La prórroga de un contrato de Q250 millones con la empresa Intellego, S.A, que fue adquirido en 2014 y denunciado en 2016 por la Contraloría General. El contrato original fue suscrito por la gestión anterior.
2. La prórroga de un contrato de Q221.1 millones suscrito con las empresas Medicina Corporativa de Dialisis y Clínica Médica Renal Emanuel.
3. La firma de convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPS- por Q1 mil 600 millones. Convenios que, según la Comisión, no pueden ser auditables e impiden la fiscalización de parte de la CGC.
4. Acciones presentadas por diputados de Encuentro por Guatemala por falta de insumos vitales en el IGSS.
5. Amparo presentado por al Sindicato de Trabajadores del IGSS ante la CC en el que se cuestiona el nombramiento del funcionario por haber renunciado al Comité Ejecutivo del Partido Patriota dos semanas antes de su juramentación. Al momento de asumir el cargo, había sido asesor y abogado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
6. Todos los hallazgos reportados por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) sobre la situación en los hospitales del IGSS para atender a pacientes con Covid-19.
¿Qué intereses hay detrás?
Según Carlos Contreras los argumentos de ese informe son inválidos y atentan contra la institucionalidad del seguro social. Para él, es claro que la intención es atentar contra la autonomía de la institución y tomar el control de la misma.
Por ejemplo, respecto a la denuncia sindical y su relación con el Partido Patriota, Contreras argumenta que:
“En primer lugar yo salí sin hallazgos de mi puesto de Ministro. Hubo un colaborador eficaz que mencionó nombres de funcionarios involucrados y no mencionó el mío. No estuve vinculado a ninguna eventualidad sospechosa. En segundo lugar, yo era miembro del comité pero renuncié antes de ser nombrado por el presidente Otto Pérez Molina. Renuncié en los días en los que fui propuesto para la Vicepresidencia de la República, que fue varias semanas antes que me nombraran para la Junta Directiva del IGSS. Eso es una acusación manipuladora. Lo que se pretende es manchar el nombramiento”.
Desde el 2016, el IGSS ha recibido apoyo de las Naciones Unidas para mejorar los procesos de compra de medicamentos. Eso sucedió en una época en la que el desabastecimiento de medicinas era uno de los principales problemas del Instituto. A partir de la firma de un convenio que culmina en 2021, el 30 por ciento de los medicamentos que compra el IGSS se adquieren por medio de UNOPS, un sistema de compras que promueve la participación de más proveedores y que ha reducido el costo de las medicinas.
Cada año se compran unos Q100 millones en medicamentos a través de ese sistema y en los últimos cuatro años el IGSS se ha ahorrado Q400 millones. Para Contreras, el gran aporte de UNOPS ha sido desarticular un sistema de compras cooptado por carteles que imponían las formas de adquisición.
“Los sectores problemáticos son los que no quieren atenerse al juego de la legalidad, transparencia y parcialidad. No están dispuestos a perder las ventas porque haya gente más competitiva, para asegurar eso deben controlar la institución. Siempre hay un grupo de pseudo-comerciantes que no les gusta lo que pasa en el IGSS”, dijo en una entrevista a Nómada.
Según un informe elaborado por UNOPS el ahorro del IGSS ha sido de más del 50%.
Tras el intercambio de información entre el Congreso, la Secretaría General y la Procuraduría General de la Nación ha quedado claro que el Ejecutivo se ha inclinado por presionar a la Junta Directiva para remover a Contreras de su cargo. Y para esto, la CGC y el Congreso han sido clave.
Los ataques hacia el IGSS son preocupantes, pero no sorprenden porque se trata de una de las instituciones más apetecidas, comenta Eddie Cux, representante de Acción Ciudadana.
“Al inicio de este año, el mismo presidente Giammattei tenía un discurso contra el IGSS. O sea, hay una acción para debilitar la institución y es preocupante porque es uno de los pocos espacios de los trabajadores para tener seguridad social, ha sido una de las luchas históricas”, recuerda Cux.
Dos amparos contra el PGN
El viernes 31 de julio, la Corte Suprema de Justicia recibió dos amparos defendiendo la misma causa. Uno fue presentado por diputados de la UNE en contra del Procurador General, quien deberá comparecer al Congreso esta semana. El argumento, según explicó el diputado Carlos Barreda, es este: el procurador no puede pedir la destitución de un funcionario, mucho menos por hallazgos de la Contraloría. Un hallazgo debe llevar un debido proceso.
No obstante, aclaró, su respaldo es hacia la autonomía de la institución, no hacia el funcionario señalado.
“Acá la pregunta es quién le dio la orden, queremos saber si hay una instrucción del Presidente. Él no puede actuar sin una instrucción presidencial. ¿Por qué el presidente está buscando terminar abruptamente el período con el fin de nombrar a otra persona, cuál es su interés?”, comenta Barreda.
El otro amparo fue presentado por Contreras.
“Todo esto es un intento de cooptar la justicia, la seguridad social y aprovechar las potencialidades de compras del IGSS”, responde el actual presidente del seguro social. Contra él pesan 40 denuncias penales que han sido presentadas por la CGC a lo largo de su gestión, pero que nunca han avanzado.
“Nunca me han citado por ninguna denuncia. De hecho, todos los miembros de la Junta tenemos denuncias, excepto Fernando García. Nos hemos podido equivocar, hemos podido cometer errores pero que se pruebe una intencionalidad, un dolo o aprovechamiento ilícito, nunca”.
Hasta el momento no ha existido ninguna reunión entre el presidente Giammattei y Carlos Contreras, pese a que, según señala este último: “Hay dos cartas que dirigimos además de algunas gestiones a través de algunas personalidades y funcionarios, y no hemos tenido respuesta”.
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