[¿Aún no recibís La Jugada? Suscribite aquí y recibí en tu correo una explicación de lo más importante del día.]
El gobierno, funcionarios oscuros, el sector privado y el crimen organizado encienden las alertas y mueven sus hilos cuando se trata de elegir a los funcionarios del sistema de justicia.
Antes de retirarse del país, la CICIG explicó el panorama en el informe Comisiones de Postulación: Desafíos para garantizar la independencia judicial, presentado en junio de 2019.
Lo describió de esta manera:
“La experiencia de trabajo de la CICIG le permite aseverar que a pesar de contar con un diseño constitucional y leyes detalladas que hacen que el proceso - de elección de magistrados- sea más regulado y transparente, hay espacios discrecionales que han sido aprovechados (...) Así se ha tergiversado el diseño constitucional de control cruzado, de pesos y contrapesos, convirtiendo la elección de funcionarios del sistema de justicia en un sistema clientelar”.
Casos como Comisiones Paralelas, Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo y la denuncia que señala a Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Gustavo Herrera de haber influido en la elección de magistrados a la CSJ en 2014 y que la CICIG presentó días antes de irse del país, son ejemplos que ilustran cómo algunos magistrados se acercan con operadores políticos para llegar a puestos clave a través de un sistema de comisiones y elecciones que se ha vuelto obsoleto.
Las nuevas cortes y los procesos de CICIG
Hay 680 personas procesadas y 310 condenadas por la CICIG y los equipos de defensa ponen especial atención a las elecciones en las de salas y cortes. Serán los futuros magistrados quienes resuelvan los recursos o amparos de casos importantes de corrupción y financiamiento electoral ilícito; además, solicitudes de antejuicio contra diputados y funcionarios. Casos en los que coinciden exfuncionarios, políticos y empresarios.
Los ojos de la sociedad civil y representantes del sector judicial también están concentrados en este proceso que, según la ley, debe ser público y transparente. Hay evidencias de anomalías, ilegalidades y conflictos que han ensuciado este proceso en años anteriores y que despiertan el miedo de que personas con un pasado cuestionable y con intereses ocultos ocupen un espacio dentro del sistema de justicia.
Presentamos seis sospechosas actuaciones de las comisiones de postulación:
1. Un formalismo conveniente a favor de la impunidad
Dos jueces que han conocido casos de alto riesgo, Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quedaron fuera del proceso para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no por incumplir criterios de idoneidad sino por requisitos técnicos.
La jueza Aifán fue excluida porque en su declaración jurada hizo falta la palabra “sindical”. Al revisar el expediente del juez Gálvez, la comisión argumentó la falta de numeración, sello y firma de la legalización de su DPI. Ambos presentaron pruebas de descargo pero no fueron admitidas por los comisionados.
Álvaro Montenegro, miembro de la organización JusticiaYa, no duda en sospechar de ese formalismo excesivo con el que fueron excluidos ambos jueces.
—Vemos la perversidad del sistema que pone trabas formalistas ante trayectorias sobresalientes mientras abogados que tienen señalamientos y acusaciones y se han dedicado no a ser jueces sino a defender personajes oscuros se les deja participar, lamenta Montenegro.
Es lamentable que las #ComisiomesDePostulación hayan excluido del proceso de #ElecciónDeCortes a dos de los jueces más respetados del país: Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez. pic.twitter.com/Il1wGawDpO
— Impunity Watch Guate (@ImpunityWatchGt) September 7, 2019
2. Instrumentos y evaluaciones en tiempo récord
Carmen Aída Ibarra, integrante del Movimiento Projusticia, ha observado el proceso desde su inicio. Una de las falencias que le preocupa es la rapidez con la que los comisionados formularon los instrumentos para evaluar a los aspirantes.
—Están teniendo tiempos muertos que podrían ocupar los comisionados, pero hicieron en un solo día todos los instrumentos de evaluación cuando pudieron tomarse más tiempo y hacer mejores instrumentos. Hicieron un copy paste y lo que sucede es que han sacrificado calidad por celeridad, argumenta.
Según la Ley de Comisiones de Postulación, los aspirantes deben ser evaluados por méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana. Para eso son necesarios instrumentos de evaluación como una tabla de gradación, entrevistas y pruebas psicométricas. En este proceso de selección, el instrumento de evaluación fue hecho en tiempo récord (un día) y las entrevistas y pruebas psicométricas quedaron fuera por falta de tiempo.
La respuesta de Félix Serrano, el presidente de la comisión de aspirantes a CSJ, fue esta:
—Esos requisitos son opcionales, discrecionales; por tanto, insistir en algo que no se puede hacer, es algo estéril. La comisión está haciendo los pasos que están en ley.
3. Quienes eligen a los jueces que verán sus casos
Diputados e incluso algunos miembros de las Comisiones de Postulación están revisando los perfiles y tendrán que elegir a los operadores del sistema de justicia que, eventualmente, deberán conocer sus casos más adelante.
—Se presume posibilidad de conflicto de interés porque algunos diputados pueden estar siendo investigados, están en proceso de discusión de retiro de inmunidad y estarán eligiendo a sus propios jueces y eso es antiético y debe resolverse en el marco de la ética, explica el diputado Amílcar Pop.
Lo ideal, según Pop, sería que cuando las comisiones trasladen la nómina de aspirantes al Congreso, los diputados implicados en casos de corrupción se separen del proceso y no voten. Sin embargo, la ley no los obliga a hacerlo.
Un ejemplo puntual es el de Murphy Paiz, presidente de la comisión para elegir a los miembros de Corte de Apelaciones. El rector de la USAC fue señalado recientemente por la CICIG en un caso de corrupción y tiene voz y voto para elegir a los futuros magistrados.
También el abogado Romeo Monterrosa, comisionado de CSJ y aspirante a Corte de Apelaciones.
4. Reelecciones que no auguran cortes justas
Cinco magistrados titulares de la CSJ —Felipe Baquiax, José Pineda, Nery Medina, Vitalina Orellana y Manuel Duarte Barrera— y 15 magistrados de Apelaciones buscan la reelección en sus cargos.
Según Eleonora Muralles, presidenta de FADS (Familiares y amigos contra la delincuencia y secuestro), muchos de esos que buscan ser reelectos no tiene la idoneidad para seguir en la CSJ porque han hecho un “papel nefasto” y tienen denuncias en contra por haber cometido delitos de prevaricato.
Un criterio similar tiene Impunity Watch que en su último informe, califica como indeseable la reelección de los magistrados señalados de negociaciones ilícitas. En el caso de los aspirantes de apelaciones hay casos cuestionables.
Existen registros de oficinas del abogado Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis, documentados por la CICIG, en los que se detallan visitas de actuales aspirantes como Nidia Domínguez, Marvin Herrera, Igmaín Galicia y Óscar Cruz.
5. Yo te elijo, tú me eliges
Una de las grandes debilidades del sistema de elección de magistrados es que propicia el tráfico de influencias.
“Voto cruzado” es la manera sencilla de resumir ese conflicto de interés que surge cuando los comisionados del proceso de Corte de Apelaciones eligen a aquellos que se postulan para la Corte Suprema de Justicia y viceversa. Especialmente porque hay comisionados de CSJ que son aspirantes para Apelaciones y comisionados de Apelaciones que aspiran a un cargo en la CSJ.
—Es un gran conflicto de interés. Hace poco estaban discutiendo por la fecha de voto para ver quién le paga a quién, ellos quieren ver cómo vota el otro, si ellos votan por ellos para saber por quién votar, a quién devolver el favor, es eso de tú me eliges, yo te elijo, explica Muralles.
6. Sin garantía de jueces independientes
Las comisiones avanzan y se siguen presentando amparos para señalar anomalías y se suspenda provisionalmente la elección. También líderes de las iglesias católica y evangélica pidieron que se respete la idoneidad y honorabilidad en las elecciones.
Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, lamenta que todas estas irregularidades resten legitimidad al proceso y que aseguran jueces y magistrados sin independencia.
—Hemos entendido desde procesos anteriores que no es el medio adecuado, no es el medio correcto, no privilegian estándares para jueces independientes, se ha observado una politización en la forma que se eligen los jueces en la comisiones hasta algunas decanaturas e incluso en el Colegio de Abogados. Con estas fallas no podemos esperar una elección correcta para un país que está construyendo una democracia y un Estado de Derecho.
También leé:
• Estos defensores de narcos, de corruptos (y otros cuestionables) quieren ser magistrados de salas, por Javier Estrada Tobar
• En la Corte Suprema también: Defensores de corruptos buscan reelegirse (entre otros candidatos con tachas), por Jody García
Eduardo Hernández Méndez /
Me parece excelente que la periodista López haya encuadrado a estos sectores dentro de la misma categoría, pues eso son; coyotes depredadores de la misma loma: el gobierno, funcionarios oscuros, el sector privado y el crimen organizado...