Los cambios en la PNC y cómo lo pagarán los guatemaltecos

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, asumió en el cargo el 26 de enero de 2018, en sustitución de Francisco Rivas. Fue un relevo importante en el gabinete del presidente Jimmy Morales, que entonces afinaba su estrategia para expulsar al comisionado Iván Velásquez y destruir a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Y para eso necesitaba aliados dentro de su equipo de trabajo.

En menos de un año, el ministro Degenhart debilitó a la Policía Nacional Civil con la destitución de 32 funcionarios clave —que en su mayoría no se plegaron a sus deseos—, hizo boicot a la lucha contra la impunidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG; además, propició un clima favorable para el crimen organizado.

Expertos en el tema de seguridad aseguran que los cambios, destituciones y rotaciones han debilitado a la institución, y por consiguiente es la ciudadanía la que se verá afectada. Estos son tres puntos para explicar a qué hacen referencia:

1. Ciudadanos más expuestos a delincuentes

Entre las 32 destituciones promovidas por el ministro Degenhart, 25 fueron de funcionarios de rango alto y rango medio que tenían experiencia en el combate a la delincuencia.

Adela de Torrebiarte, ministra de Gobernación durante el gobierno de Oscar Berger, explica que las destituciones injustificadas de funcionarios en la PNC pueden poner en riesgo la vida de los guatemaltecos.

—La División de Métodos Especiales de Investigación y otras como Investigación Criminal o la división anti-pandillas necesita personal con experiencia. Ellos manejan información clave sobre amenazas de la delincuencia y yo diría que cada mes evitan cientos de muertes por hechos de violencia que no ocurren gracias a labores de prevención. Por eso, al remover al personal clave se ponen en riesgo las estrategias de seguridad—, dijo De Torrebiarte, también excomisionada para la Reforma Policial.

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Para Carlos Menocal, ministro de Gobernación en la administración de Álvaro Colom, las destituciones en puestos clave de la Policía son una decisión desacertada del ministro Degenhart. Y cree que tendrán repercusiones para la ciudadanía.

—En los últimos meses han destituido a personas preparadas para responder a delitos como extorsiones, trata de personas, narcotráfico y lavado de dinero. Y ahora sus puestos los van a ocupar personas sin experiencia. Sin duda, eso tendrá un alto costo para las personas—, apuntó el exministro.

De acuerdo con la organización Diálogos, la violencia homicida se redujo el año pasado. La tasa de muertes violentas bajó de 26.4 por cada 100 mil habitantes en 2017 a 22.4 en 2018. Menocal dice que ese logro es el resultado de un largo proceso de fortalecimiento de la Policía en las últimas dos décadas, que se ha profesionalizado en investigación criminal, prevención del delito, aplicación de métodos de investigación criminal, pero que ahora tambalea con las disposiciones en el ministerio.

—No me sorprendería si los crímenes repuntan en los próximos meses como resultado de la desestructuración en la Policía. No sería raro que haya más extorsiones, robos y violencia en las calles—, dijo Menocal.

El ministro Enrique Degenhart envía un mensaje a los agentes de la PNC durante la celebración del 21 aniversario de la institución, junto a él, el presidente Jimmy Morales. Foto: Carlos Sebastián

Una nota de contexto: Exdirector de la PNC: “Solo nos destituyeron, no entendemos por qué”

2. Los corruptos y criminales, grandes ganadores

La seguridad ciudadana está en riesgo con una estructura policial trastocada por la destitución de oficiales preparados y sustituidos por personal sin experiencia. Pero hay otras decisiones de la gestión de Degenhart en Gobernación que benefician directamente a los corruptos y criminales.

Francisco Sandoval, jefe de la FECI, denunció en agosto de 2018 que la PNC no colaboró en los operativos para detener a implicados en el caso de corrupción conocido como Construcción y Corrupción Fase II.

—Nunca, en mis 10 años como fiscal de sección había visto algo así—, dijo en ese momento Sandoval.

Al no contar con policías en los operativos, la Fiscalía estaba inhabilitada en uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años. Entonces, el responsable de coordinar el apoyo de la PNC para las labores de la Fiscalía era el viceministro Kamilo Rivera, prófugo de la justicia en un caso de ejecuciones extrajudiciales y tortura.

La FECI es la fiscalía que opera los casos de CICIG, que en 11 años ha presentado más de 100 casos contra criminales, incluyendo 680 personas procesadas y 310 personas condenadas. Pero sin la ayuda de la PNC su trabajo será difícil de ejecutar.

Otra decisión de Gobernación a favor del crimen tiene que ver con el uso de los Jeeps J8 para intimidar a la población el 31 agosto de 2018, cuando Jimmy Morales anunciaba que no sería renovado el mandato de la CICG después de septiembre de 2019.

Los vehículos circularon alrededor de la Embajada de Estados Unidos y de la CICIG. Eso significó que descuidaran sus operaciones en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Petén y Alta Verapaz, donde opera la “Fuerza de Tarea Chortí”, una misión de la Policía que depende de la División de Antinarcóticos.

Esa fuerza de tarea gestiona los vehículos J8 donados por el gobierno de Estados Unidos en 2014 para luchar contra el narcotráfico. Pero bajo la administración del ministro Degenhart fueron una herramienta de intimidación, según dijo la excomisionada para la Reforma Policial, Helen Mack.

—Está claro que los mismos recursos de las instituciones de seguridad se están utilizando para beneficiar directa o indirectamente al crimen. Y en este caso, incluso, se mal aprovecharon de una donación de Estados Unidos, lo cual es totalmente lamentable—, dijo Mack.

Agentes de la PNC acompañan al MP y CICIG en allanamientos a la Muni en el caso Caja de Pandora. Foto: Carlos Sebastián

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3. Un futuro incierto para la seguridad

De acuerdo con Francisco Jiménez, exministro de Gobernación en la gestión de Álvaro Colom, las decisiones ‘erráticas’ en la administración del ministro Degenhart afectarán el clima de seguridad de los próximos meses, y probablemente, de años.

El experto advierte que las destituciones sin justificación en mandos medios y altos, y la falta de respeto a la carrera de profesionalización de la PNC, suponen un debilitamiento de la institución.

—Si los ascensos se hacen a dedo, entonces ‘el mérito’ queda sustituido por ‘el oportunismo’ entre los oficiales. Y eso implica que empiece a funcionar un sistema de crecimiento en las instituciones regido por el tráfico de influencias. Y ya sabemos hacia dónde nos conduce eso—, explicó.

De acuerdo con Jiménez, eso implica que la PNC asumirá en los cargos importantes a personas que no están preparadas o no tienen experiencia. Eso derivará en estrategias y planes de seguridad menos eficaces, pero también en que la institución sea más permeable para la corrupción y el crimen.

A criterio de Adela de Torrebiarte, esto significa que se están desperdiciando los recursos y el tiempo que se invirtió en las últimas décadas para profesionalizar a la Policía.

—Hay oficiales que se prepararon por 10 o 12 años y si de un momento a otro se les destituye, se pierden muchas capacidades. Y precisamente eso se quiere evitar al aplicar la carrera policial, para garantizar que en el futuro la PNC esté en manos de gente capaz y con experiencia—, concluye De Torrebiarte.