Marco Livio Díaz, el superintendente que no quiere ser “enemigo” de los contribuyentes y el dilema de su empresa familiar

Para Marco Livio Díaz Reyes, durante varias gestiones pasadas la SAT cometió un error. Afirma que fue enemiga de sus contribuyentes, en vez de convertirse en una aliada para hacer crecer sus negocios. Ese es el enfoque bajo el cual, el nuevo superintendente, espera orientar el trabajo de la institución en los próximos 5 años que durará su gestión.

De un listado de 38 aspirantes, Díaz Reyes resultó seleccionado para ocupar el cargo titular de una institución clave para las finanzas públicas y a la vez una institución cuya credibilidad ha sido golpeada tras escándalos de defraudación que involucraron a funcionarios de alto nivel. Sin embargo, el contador y auditor con 21 años de experiencia en su ejercicio profesional, asegura que no llegó al puesto con intenciones perversas, sino con el propósito de reorientar la institución y plantear una nueva filosofía tributaria.

En su hoja de vida hay un largo listado de instituciones públicas y privadas a las que, en su mayoría, brindó asesorías tributarias a través de una firma familiar fundada en 1990, su nombre es Díaz Reyes y Asociados, S.C.

El superintendente destaca en su hoja de vida, su trayectoria como docente universitario en las Universidades Galileo e InterNaciones, decano de la Universidad Da Vinci, Galileo e InterNaciones y conferencista de un sinfín de congresos y actividades académicas sobre temas tributarios y aduaneros.

En el sector público, fue parte del Ministerio de Finanzas durante el gobierno de Álvaro Colom y brindó sus servicios a instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En ambos casos, bajo la jefatura de Rolando del Cid Pinillos, exministro de finanzas y exgerente del IGSS vinculado al operador Gustavo Alejos. Un vínculo que persigue a Díaz Reyes y que despierta dudas ahora que fue nombrado como superintendente.

Dudas en el proceso de postulación

El 28 de febrero de 2020, todos los profesionales interesados en ocupar el cargo que dejó Abel Cruz, tras ser destituido por incumplir las metas de recaudación, presentaron sus expedientes para ocupar esa silla vacante.

Según el artículo 42 bis de la Ley Orgánica de SAT, uno de los documentos que debían incluir los expedientes era una declaración jurada de intereses. Es decir, una constancia legal de cada aspirante para descartar algún conflicto de interés en caso de ser seleccionado en el proceso.

Pese a ser un requisito explícito, el directorio no lo pidió y ni Díaz Reyes ni otros candidatos lo presentaron. En una entrevista concedida a Con Criterio, la mañana del 11 de marzo, la directora Liliana Castillo, quien forma parte del directorio desde hace varios años, fue cuestionada al respecto y argumentó que el documento sería solicitado en la etapa de evaluación.

La directora evadió la consulta pero dejó en evidencia una primera anomalía en el proceso de selección. Cuatro horas más tarde, todos los aspirantes recibieron un correo en el que la SAT solicitaba la declaración jurada en el transcurso de tres días.

Según el superintendente, el asunto no es tan grave como lo plantean .

“Yo no creo que se haya violado ningún requisito, creo que está bien cumplir con los requisitos pero nos debemos de ir a la esencia. Eso pasa mucho en los concursos de compras cuando usted se ve obligada a descartar al mejor oferente porque hace falta un documento y al Estado le cuesta muchísimo dinero”, explica desde el octavo nivel del edificio central de la SAT, en donde recibió a Nómada para una entrevista.

“Lo importante es cómo la historia me va juzgar por mi actuación al frente de la institución”, asegura con un tono calmado y para complementar su respuesta, menciona su trayectoria en instituciones públicas y sus conocimientos tributarios, los cuales están plasmando en una tesis doctoral que se encuentra en proceso, según dice.

En su declaración, se limitó a asegurar que cumple con todos los requisitos estipulados en la Ley Orgánica de la SAT para ocupar el cargo y que, de acuerdo con la Ley de Probidad, no cuenta con ningún impedimento para el cargo.

Las tachas que Marco Díaz reconoce en su paso por el viceministerio de Finanzas, corresponden a una multa por 2 mil quetzales en los 18 meses que estuvo en el cargo.

“Creo que cuesta salir tan bien de la administración pública porque hay muchos requisitos”, se justifica. La amonestación, según dice, fue una multa administrativa por haber cometido un error en un acta. “No se dejó establecida la revisión de la tasa de interés del fideicomiso de apoyo al café, eso lo llevaba ANACAFE”, recuerda.

Además de eso, admite que también tiene una denuncia penal en su contra por el daño a un monumento histórico. Entre risas cuenta que como miembro del Club de Leones, Guatemala Centroamérica, recibió como donativo una casa ubicada en la zona 1. A la casa era necesario realizarle reparaciones pero la Municipalidad de Guatemala tardó 4 años en otorgar el permiso. “Nunca llegamos a juicio porque yo demostré al fiscal que tenía 3 años de estar haciendo la gestión, que incluso habíamos pagado para que la limpiaran y pudiéramos darle mantenimiento”, cuenta.

Álvaro Gonzalez Ricci, ministro de Finanzas; Alejandro Giammattei, presidente; y Díaz Reyes en una reunión de trabajo. Foto: Minfin.

Un conflicto de interés

De acuerdo a su perfil profesional, durante 27 años y hasta marzo de 2020, Díaz Reyes fue director de la firma Díaz Reyes, una empresa familiar que fundó, junto a su papá, cuando tenía 17 años,y que actualmente es dirigida por sus hermanos Hernán Darío, Julio César, Melani y Óscar Danilo Díaz Reyes.

“Empezamos con contabilidad, después cuando nos graduamos de auditores la volvimos una firma de auditoría. La firma tiene clientes de 20 o 15 años de estar con la oficina”, relata.

De la contabilidad se extendió a otros trabajos, la firma amplió sus servicios y actualmente ofrece auditorías, estudios de factibilidad, consultorías y asesorías tributarias. Esa última era la principal función de Díaz Reyes en la firma. Entre sus clientes figuran empresas comerciales, industriales, bancarias, agrícolas, de construcción, importadores, exportadores, entre otras, todas suman más de Q177 mil millones en activos. Sin embargo, se reserva los nombres de sus clientes.

Marco Livio asegura que desde que fue nombrado como superintendente renunció a sus acciones dentro de la firma y que rompió cualquier vínculo, excepto el ineludible hecho de que quienes la dirigen ahora son sus hermanos pues es una empresa familiar.

“Es una oficina de muchísimos años, con una cartera muy bien establecida. Creo que los que se quedan a cargo tienen la suficiente capacidad de administrar bien, sin mi presencia. Ni ellos, ni yo, necesitamos hacer tráfico de influencias para estar bien”, responde al ser cuestionado por el posible conflicto de interés.

Durante varios minutos, se extiende para relatar su historia familiar, cuenta cómo a pesar de ser una familia casi de clase media, tuvo una infancia dura. Y recuerda que para sus padres significó un gran sacrificio sacarlos adelante a él y sus cuatro hermanos. Cuenta que toda su educación la tuvo en escuelas e instituciones públicas. Ese dato coincide con su expediente académico. Fue hasta después de graduarse como auditor en la Universidad de San Carlos y 7 años después de haber fundado la firma de auditoría cuando pisó las aulas de la Universidad Francisco Marroquín, en donde estudió una maestría y un doctorado.

“Yo, por lo menos, creo que he llegado a tener una solvencia económica que jamás me imaginé. De joven no hubiera imaginado tener la solvencia que tengo. Ya estoy satisfecho con lo que tengo y creo que lo más importante que le puedo dejar a mi familia es un legado, una trayectoria con la que ellos se puedan sentir orgullosos, creo que mis hijos no necesitan dinero. Ese va ser mi enfoque, servirle a la administración tributaria. Tengo un buen salario, con el salario que tengo también me permite vivir cómodamente así que no necesito cometer ninguna… pues, ni moralmente ni legalmente ningún delito”, señala.

Su garantía de que no incurrirá en ilegalidades, según explica, es el tiempo que pasa en su oficina: “En primer lugar mi compromiso porque ese es un compromiso personal, pero la gente que está aquí alrededor mío lo puede notar. Yo normalmente vengo de 8 y media a 9 y me voy regularmente a las 10 de la noche. Ayer me fui a las 10 de la noche. Hemos estado trabajando sábados y domingos. Le he dedicado algún tiempo a la Universidad (su doctorado), los sábados. No tengo tiempo para más, es imposible dedicarle tiempo a algo más con todas las tareas que hay aquí”.

Sin embargo para el economista Erick Coyoy, el conflicto del superintendente es más que evidente: “El directorio de la SAT tuvo que tomar en cuenta ese posible conflicto de intereses. Uno de los conflictos durante el proceso de selección de superintendente fue que esa firma de auditoría organizó un evento en donde lo promocionaba (a Marco Díaz Reyes), cuando él ya estaba optando al cargo. ¿Qué tan creíble es su palabra para decir que no va favorecer a la empresa?”.

En ejemplos concretos, explica Coyoy, la SAT se encarga de hacer auditoría a las empresas, cuando encuentra que no han pagado sus impuestos es cuando plantean hallazgos y se van a los procesos administrativos y luego procesos judiciales.

Esos auditores son personal de la SAT que cumplen instrucciones de la SAT, y que podrían recibir instrucciones para dejar pasar un caso o no presentar hallazgos a ciertas empresas, asegura.

Los contribuyentes no son enemigos y la advertencia de Giammattei

Precisamente en vísperas del proceso de selección de un nuevo jefe para la SAT, el presidente Alejandro Giammattei, durante un desayuno organizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción, no tuvo ningún reparo en asegurar que fue “persecusión estúpida contra los empresarios durante el gobierno pasado”.

En esa ocasión, Giammattei se refirió a los casos penales en contra de empresarios y admitió que le había solicitado a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público detener los procesos y “sacar esos procesos de la órbita judicial”, mientras los empresarios presentes lo llenaban de aplausos.

El presidente Alejandro Giammattei dijo que ha pedido a la CSJ y al MP sacar del ordenamiento judicial todos los juicios en contra de empresarios por “casos estúpidos” de la SAT que no eran para ser judicializados.

?: José Orozco/LH pic.twitter.com/cnxPXa3xmp

— Diario La Hora (@lahoragt) March 11, 2020

Con esa premisa, la elección del superintendente despertó más expectativa.

Díaz Reyes fue el cuarto lugar según la calificación que recibió en el proceso de evaluación. Esos 79 puntos, más la promesa de modernizar el plan de fiscalización tributaria, fueron suficientes para que resultara seleccionado. También avanzó hasta la última etapa del proceso la excontralora Nora Segura, la única aspirante que recibió tachas en su contra por su conocida y cuestionada trayectoria en la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En más de tres meses a cargo Díaz Reyes no ha realizado cambios drásticos en las intendencias de la SAT. Excepto por el nombramiento de Sergio Estuardo Monterroso García en el cargo de intendente de fiscalización.

Sin embargo, su primer gran desacierto fue nombrar como asesora del despacho superior de la SAT a Roxanda Edith Orellana Valdez de Urbina, quien fue asesora del Viceministerio de Deportes y Recreación en el gobierno anterior. En mayo de este año, Orellana Valdez fue vinculada por el Ministerio Público en un caso de corrupción en el que una constructora habría sido beneficiada con las contrataciones irregulares en el Ministerio de Cultura y Deportes.

Al respecto, el superintendente se limitó a responder: “La conozco, ella fue compañera de estudios míos en la Universidad. Mire, todos los funcionarios públicos de alguna manera están sujetos a ese tipo de problemas. No soy yo quien va juzgar la actuación de la licenciada Roxanda, ella tendrá que llevar el proceso penal. Ahí hay 5 mil 200 trabajadores y uno no es responsable por la actuación de los trabajadores. Cuando supimos la noticia se le rescindió el contrato”.

A pesar de que el enfoque de Giammattei parece ser la no judicialización de casos, Díaz Reyes no descarta esta opción desde la SAT; sin embargo, ofrece una institución menos agresiva con los contribuyentes. Uno de sus principales ejes de trabajo, explica, es dejar de ver a los contribuyentes “como enemigos” y viceversa:

“Yo pretendo que los contribuyentes no nos vean como el enemigo sino con quien deben trabajar para hacer grandes sus negocios. Así sucede en muchos países y es el propio Estado el que impulsa el crecimiento de las compañías, yo creo que si logramos un cambio en esa filosofía vamos a hacer crecer más la recaudación”.

En breves respuestas intenta esbozar su política de recaudación:

¿Qué pasa con aquellos que se han esforzado por evadir sus responsabilidades?

Es que no los veo a estos como contribuyentes, los veo como un grupo diferente y efectivamente hay que dirigir los esfuerzos de fiscalización a estos contribuyentes que se convierten en verdaderos delincuentes. Los que hacen contrabando están cometiendo delitos y deben ser nombrados como lo que son, delincuentes. A esos los vamos a fiscalizar y les vamos a exigir que paguen los impuestos. Estamos estudiando a qué contribuyentes debemos dirigirnos. Habrá un cambio en la política de fiscalización para hacerla más efectiva y pedirle a los contribuyentes que tradicionalmente no han pagado impuestos, que paguen.

¿Y cuáles serían las vías para hacerlos cumplir? Otras gestiones han optado por la judicialización.

Creo que debe ser una combinación de ambas vías (administrativa y judicial). Creo que hay contribuyentes a los que uno puede invitar a pagar sus impuestos y hay otros con los que será necesario judicializar los casos.

¿Cuál será el criterio?

Eso depende del comportamiento y las estructuras que el contribuyente utilice. No es lo mismo ir a fiscalizar una empresa que lleva contabilidad, reporta impuestos y que hay diferencias de criterios, algo no está bien documentado pues usted les puede dar una audiencia. De hecho, vamos a retomar la resolución de conflictos. Invitar al contribuyente, eso está en la ley. Habrá grupos con los que usted no se va poder sentar de esa forma porque no llevan la contabilidad, porque tienen facturas falsas, declaraciones falsas, direcciones falsas, representantes muertos. Hay grupos que defraudan al Estado en grandes proporciones, a esos grupos hay que judicializarlos.

Marco Livio Díaz durante su juramentación como jefe de la SAT. Foto: La Hora.

La recaudación en la crisis y cómo se solucionará

Durante los últimos meses el país vivió una paralización de algunas actividades económicas importantes. Tomando en cuenta que la recaudación depende de esas actividades económicas, es innegable que la crisis actual tendrá repercusiones en los ingresos de la SAT, explica Sucely Donis, investigadora del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Según el análisis del Instituto, en los últimos meses la recaudación tributaria ha presentado una reducción de 11.5% respecto a las cifras de 2019. Y casi todos los impuestos (de mayor recaudación o de menor recaudación) están en números negativos y reportan importantes caídas respecto a la recaudación de años anteriores.

En los primeros 5 meses del año ya existe una brecha de Q1,829.6 millones de recaudación que no se ha cumplido y según el último dato proporcionado por la SAT, la brecha al finalizar el año alcanzaría los Q6.9 millardos.

Fiscalizar la gestión de un superintendente, en estas condiciones, se vuelve una tarea complicada. Así lo ve el diputado Carlos Barreda, quien integra la comisión de Economía.

“La verdad vemos muy difícil medir el desempeño de un superintendente en medio de una crisis como esta porque tiene toda la coartada, tiene todo el relato para decir que es producto de la crisis que no está recaudando. Es difícil medir si está haciendo bien o mal su trabajo”, explica.

En estos meses, Díaz Reyes ya ha sido citado al Congreso en varias ocasiones para dar información respecto a la recaudación y los planes que la SAT tiene para enfrentar la crisis actual.

“Le pregunté si iban a plantear más la fiscalización porque ahora también las empresas tienen una justificación para declarar menos impuestos, reportando que tuvieron caídas… Yo como SAT también debo saber que muchas empresas se van a aprovechar para querer pagar menos impuestos. Si en ese contexto la SAT no hace su trabajo y se relaja, la moral tributaria se viene abajo”, explica Barreda.

Como respuesta, la SAT presentó a medios de comunicación su plan de trabajo para los próximos 5 años y adelantó que el enfoque principal para elevar la recaudación será reforzar la fiscalización a comercios y personas individuales que buscan eludir el pago de impuestos.

En un contexto como el actual, comenta Sucely Donis, el Estado necesita recursos para sobrellevar su crisis y por lo tanto ninguna acción o iniciativa para la reducción de impuestos es viable. “Es un momento importante para reevaluar todas las exoneraciones y privilegios fiscales que las leyes tributarias nacionales permiten y que se transforman en gastos tributarios y pérdidas a la recaudación”, sugiere la experta.

Hasta la fecha, el plan de la SAT no ha sido aprobado por el directorio y tampoco está disponible en ninguna plataforma oficial.

Édgar Barquín, al fondo, en una actividad con Giammattei.

¿Vínculos con Edgar Barquín y Rolando Del Cid?

En los pasillos del Congreso y en los círculos profesionales, Díaz Reyes es conocido por tener supuestos vínculos con el exministro de Finanzas, Rolando del Cid Pinillos y Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala. Estos vínculos habrían sido claves para su nombramiento como superintendente, aseguran algunos diputados bajo el anonimato. También se le asocia con el operador Gustavo Alejos.

“Desde que era viceministro era hombre de Gustavo Alejos y llegaba a cabildear al Congreso”, cuenta una fuente del Congreso que lo conoció en su paso por Finanzas.

Para los profesionales que han coincidido con Díaz Reyes, su nombramiento no fue bien visto.

“Él estaba eufórico porque iba a ser viceministro de Finanzas, tanto que hizo un acto público y una sesión de fotos con la bandera cuando tomó posesión. Posiblemente asumir en la SAT es lo más importante en su vida”, cuenta una fuente que pidió el anonimato.

“Es una persona que llega a sabiendas de que no va cumplir con las metas, solo llega a cubrir el puesto”, dijo otro de los entrevistados, desde el Congreso.

Díaz Reyes trabajó en su firma familiar de auditoría y asesoría tributaria desde 1991 como socio y director. Según su expediente laboral, solamente se ausentó de ese cargo de julio de 2010 a diciembre de 2012. En ese período fue Viceministro de Finanzas Públicas, subordinado al exministro Edgar Balsells y luego a Rolando del Cid Pinillos, durante la gestión de Álvaro Colom.

Coincidió con Del Cid Pinillos de 2005 a 2006, cuando bajo la gerencia de Del Cid realizó una auditoría externa al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Se encargó de conocer procesos de licitaciones y compras y la transparencia de los mismos.

Como viceministro de Finanzas, fue parte de la coordinación desde la que el Banguat y el Minfin, coordinan a política monetaria del país. En esas reuniones, asegura, conoció a Edgar Barquín.

“Con él teníamos la mayor relación diaria porque había una comisión a la que los dos íbamos, nos reunimos una vez a la semana. En esa relación sí hubo algunas reuniones con el licenciado Barquín”, dice.

Actualmente, Barquín es asesor del presidente Alejandro Giammattei para temas económicos a pesar de haber reconocido su participación en un caso de lavado de dinero.

A pesar de eso, dice Díaz, no ha tenido contacto con él.

“Lo que hemos coordinado con el presidente lo hemos coordinado directamente, no ha habido ningún intermediario y las pocas que ha habido ha sido a nivel de apoyo a la gestión sobre todo en el apoyo al contrabando”, asegura.

Díaz Reyes insiste en que ha llegado al cargo con buenas intenciones. ¿Qué garantía hay de eso? Su compromiso, su palabra y su trayectoria como académico, recalca. Tras la entrevista concedida a Nómada, al día siguiente se tomó algunos minutos para realizar una llamada a la periodista con la intención de recalcar que no está dispuesto a prestarse a ilícitos.

“Mire, a mí todos me conocen en este medio, si yo cometo un error será un escándalo, yo no voy a poner en juego mi reputación por unos cuantos centavos”, señaló.