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Por qué “El Moralazo” pone en una situación vulnerable a la CC

Con la CICIG en la lona, el nuevo blanco del Pacto de Corruptos es la Corte de Constitucionalidad. Jimmy Morales ha hecho todo lo posible para terminar las investigaciones de casos de corrupción, entre ellos, el que involucra a su hijo y hermano, a sus amigos más cercanos en la política y a empresarios que financiaron su campaña electoral.

Entender la política CC CICIG Corte de Constitucionalidad Jimmy Morales

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, presididos por Dina Ochoa, quien se ha mostrado afín a las decisiones de Jimmy Morales.

Fotos: Carlos Sebastián

Durante 18 meses —desde agosto de 2017 hasta enero de 2019—, los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía han detenido todos los intentos de Jimmy Morales para expulsar al comisionado Iván Velásquez y eliminar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Primero, revirtieron la decisión de declarar non grato al comisionado Velásquez, luego intervinieron para que el jefe de la CICIG pudiera entrar al país y después actuaron para que el Gobierno renovara las visas de cortesía para los investigadores de la Comisión.

Los magistrados fueron protagonistas también en su última resolución —la del miércoles 9 de enero— donde suspendieron la decisión unilateral del Gobierno de Guatemala de poner fin al mandato de la CICIG. En esta ocasión se les sumó Neftalí Aldana, quien junto a la presidenta Dina Ochoa había respaldado con anterioridad al presidente en sus decisiones.

Con los últimos acontecimientos, Jimmy Morales ya no tiene más recursos legales para atacar a la CICIG o a Iván Velásquez. Así que ahora los magistrados pueden ser los siguientes en su lista de objetivos.

Una fuente interna del Gobierno advirtió a Nómada sobre la colocación de 20 mantas vinílicas con las fotografías de los magistrados —menos la de Dina Ocha— con la leyenda “traidores de la patria”. La fuente dijo que los carteles fueron mandados a hacer por un ministerio fiel a Jimmy Morales.

Un poco de contextoLa sentencia unánime de la Corte, Jimmy e Iván: todo lo que hay alrededor de este fallo

Un plan bien elaborado

El diputado Fernando Linares Beltranena, un miembro y portavoz del Pacto de Corruptos, publicó un tuit clave el 8 de enero a las 13:17:

La idea de capturar a los magistrados que incomodan al Gobierno tuvo eco en el Congreso, específicamente en las oficinas de los aliados de Jimmy Morales: el Pacto de Corruptos, pero nadie más que Linares Beltranena se atrevió a publicarlo en las redes sociales.

A las 5 de la mañana del 9 de enero se hizo pública la decisión de mantener la vigencia de la CICIG firmada por los magistrados De Mata Vela, Porras, Mejía y Aldana. Sin embargo, la reacción oficial ha sido lenta.

Los magistrados aún no se han librado de la persecución. El 26 de diciembre, abogados representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) —al servicio de Jimmy Morales— denunciaron en la Corte Suprema de Justicia a los tres magistrados incómodos de la CC.

Entrevista: “Ésta no es una Corte Celestial”, dijo Gloria Porras cuando era presidenta de la CC

De acuerdo con la PGN, los magistrados dictaron resoluciones que catalogan como ‘arbitrarias e ilegales’, y además agrega que coartan facultades constitucionales otorgadas al Presidente de la República y vulneran los principios fundamentales de la legalidad.

La Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia debe proponer al pleno de 12 magistrados —con la ausencia de Blanca Stalling— la fecha para conocer el antejuicio contra los magistrados de la CC. Cuando eso pase, deben decidir si le dan trámite a la acción o si la descartan. Y luego, si retiran o no la inmunidad de los magistrados.

Necesitan 7 de los 12 votos.

Más contextoBreve y directo: “Ninguna norma da la facultad de desacatar una orden de la CC”

Una crisis constitucional

Para la defensora de derechos humanos Helen Mack, el conflicto entre el gobierno de Jimmy Morales y la CICIG tiene como trasfondo una crisis constitucional. Y eso significa que puede afectar a todo el Estado y a la población.

—Lo relevante acá es que el presidente y los ministros tienen que obedecer lo que dice la CC sobre mantener a la CICIG. Si no lo hacen, estarían rompiendo el orden constitucional y eso pondría en riesgo a todos los guatemaltecos. Y si el plan consiste en atacar a los magistrados por sus decisiones, también habrían consecuencias para el estado de Derecho.

Según Mack, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se presten para quitarle la inmunidad a los 3 magistrados de la CC “se estaría disparando en el pie”, pues en el futuro cualquier funcionario podría ser atacado por hacer su trabajo.

Con la última decisión de la CC, la CICIG aún sigue vigente en el país. Sus funcionarios internacionales se retiraron temporalmente de Guatemala, pero su mandato aún tiene reconocimiento legal.

Javier Estrada Tobar
/

Periodista y comunicador. Se formó y trabajo durante casi diez años en Lahora.gt. Apasionado por las letras, el desarrollo humano, la política, las redes sociales, el cuidado del medio ambiente y la buena comida.


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    Hector campos /

    12/01/2019 2:29 PM

    La bulnerabilidad de la cc, se origina por no ordenar la captura de los que no dan marcha atras a sus sentencias. Obligaria al mp a actuar y defenderse. Han sido timoratos en su actuar y alimentan el pacto de corruptos. Las sentencias ya se debieran de emitir.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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