¿Puede el Ejército extraer la información de celulares o computadoras? Un tuit abre la interrogante

El tuit publicado a las 15 horas del 21 de julio por la cuenta del MP expone a especialistas de de la Unidad de Asistencia Técnica de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) mientras imparten un curso sobre el uso de herramientas tecnológicas de extracción de información de dispositivos móviles a miembros de la Escuela de Inteligencia del Ministerio de la Defensa.

Esa publicación despertó reacciones de preocupación entre defensoras y defensores de derechos humanos y activistas. ¿Puede el Ejército extraer información de computadoras, tablets o celulares de los ciudadanos? Y si lo hace, ¿con qué objetivo?

El exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez fue enfático en su reacción desde su cuenta de Twitter: “¿Y qué competencia tiene la inteligencia militar para extraer información de dispositivos móviles? ¿Lo tendrán claro el MP y el propio ejército?

En Guatemala, Jorge Santos, coordinador general, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, cree que intervenir o hacer operaciones para extraer información de dispositivos móviles no se enmarca dentro del mandato del Ejército:

“Es realmente preocupante que el Ejército se está preparando para obtener información de computadoras o celulares, o cualquier otra herramienta, pues ese conocimiento no es para tenerlo engavetado”.

El límite del Ejército

¿Puede el Ejército extraer información o datos de dispositivos móviles? La respuesta es no. Eso dice Francisco Jiménez, profesor universitario, exministro de Gobernación y exdirector de Análisis de la Secretaria de Análisis Estratégico.

Las leyes reconocen tres servicios de inteligencia estatal: la Secretaría de Inteligencia Estratégica —inteligencia para el presidente—, la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) —inteligencia criminal— y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa —inteligencia militar—.

Según explica Jiménez, la ley faculta solo a la Digici la posibilidad de hacer inteligencia con métodos intrusivos, es decir, acciones de búsqueda de información que implican la autorización expresa del propietario de esa información —un ciudadano o institución—. Si no hay aprobación expresa del titular de la información, nadie puede invadir su privacidad.

Solo en casos excepcionales se puede invadir la privacidad. Un caso es en la investigación criminal, cuando el Ministerio Público tiene un caso abierto y pide autorización de un juez competente para aplicar un método de especial de investigación, que pueden ser intervenciones de las comunicaciones. En estos casos el objetivo es conseguir pruebas.

Por otro lado, la inteligencia criminal también puede operar, no para obtener pruebas, sino para generar información que anticipe cualquier acción o posible acción criminal que pueda hacer daño en el país.

En ningún caso, el Ejército puede intervenir comunicaciones.

Las versiones contradictorias

El coronel Juan Carlos de Paz, director de prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, dice que el curso de extracción de información de dispositivos móviles es resultado de la cooperación entre el Ministerio Público y el Ejército.

Según el portavoz, “el hecho de recibir alguna capacitación de cómo funcionan esos software no nos hace expertos, ni es que nosotros tengamos el software, ni es que estemos realizando alguna actividad ilícita. Lo que se está haciendo es preparando a nuestro personal para que tengan el conocimiento de las herramientas que existen”.

De Paz dice que los militares reciben una capacitación de ocho días, de unas 15 horas en total, y los usuarios “aprenden las herramientas que están disponibles”.

“Nosotros no llevamos a cabo ninguna operación de extracción de información en teléfonos”, enfatiza el portavoz. Además justifica de la siguiente manera el interés de la institución por aprender el uso del software:

“En lo que es la inteligencia militar hay varias divisiones. Cuando nosotros llevamos a cabo operaciones de guerra electrónica que, esos es parte de una doctrina de protección de comunicaciones y las contra-medidas que se utilizan para proteger las comunicaciones, es necesario tener ese tipo de conocimientos de manera general. Pero no específicamente porque nosotros estemos llevando a cabo operaciones”.

Por su parte la Oficina de Comunicación del MP, respondió:

“Como parte del apoyo interinstitucional la Unidad de Asistencia Técnica de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas impartió curso informativo a personal del Ministerio de la Defensa, donde se explicó el funcionamiento del equipo que le fue donado a esa institución”.

Al cuestionar qué tipo de equipo fue donado al Ministerio de la Defensa Nacional y por quién, la oficina de comunicación del MP se limitó a decir que fue la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

Al cierre de esta edición, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala no había respondido a las consultas sobre su donación de equipo del Ejército. De Paz, por su parte, dijo que no tenía conocimiento de una donación por parte de Estados Unidos.

A las 20 horas, el Ministerio Público publicó otro tuit:

“La actividad se trata de una capacitación respecto a la protección de la escena del crimen y como parte de ello se impartió el curso informativo en relación a la protección de la información que se encuentra en las terminales móviles”.

Eso contradice su primera publicación y también contradice la explicación del portavoz del Ejército sobre el curso enfocado herramientas tecnológicas de extracción de información de dispositivos móviles; nunca mencionó que se tratase de un curso relacionado a la protección de la escena del crimen.