La Fundación por el Debido Proceso (DPLF, en inglés), la Fundación Myrna Mack y Claudia Escobar, exmagistrada de la Corte de Apelaciones, expondrán esta tarde de jueves el estado del sistema de justicia de Guatemala. El año pasado el país atravesó por un proceso de renovación significativa de sus autoridades judiciales -Fiscal General, Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones- y brotaron con más cinismo las evidencias de la manipulación en todo el sector.
Dentro del paquete de vicios en la escogencia de las autoridades judiciales, están las deficiencias en los procesos de selección, la injerencia de grupos de poder (tradicionales y emergentes), la falta de aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación (donde la mayor parte de comisionados están permeados por poderes fácticos), la elección de la cúpula del poder judicial en base a negociaciones y las represalias contra los jueces independientes.
Esta gama de obstáculos al buen desempeño de la justicia, será conocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) previo a la elaboración de su informe anual. Los expositores solicitarán que la entidad realice una vista in loco para analizar la situación del país respecto a la independencia de los funcionarios judiciales y que haga las recomendaciones para mejorarla.
Sin embargo, la jornada no terminará en letanías que las autoridades guatemaltecas ya conocen y sobre las cuales se hacen de la vista gorda. El propósito principal de la alocución, será pedir que Guatemala sea incluida en el capítulo IV del informe anual de la Comisión, conocida como la lista negra en materia de derechos humanos. El año pasado en ese espacio fueron consignados Honduras, Cuba y Venezuela. Los tres países tienen en común debilidad institucional en el Poder Judicial y ataques contra la independencia judicial.
El año pasado Cuba fue incluida en el capítulo por las restricciones a los derechos políticos y de asociación, libertad de expresión, circulación libre de ideas, falta de elecciones, falta de independencia del Poder Judicial, así como restricciones a la libertad de movimiento, según el comunicado de prensa difundido por la CIDH. Honduras fue sancionada por la situación de la seguridad ciudadana, la independencia del poder judicial y otras ramas del gobierno. Venezuela fue parte de la lista negra por preocupaciones en la independencia judicial, justicia penal, obstáculos para los defensores de derechos humanos y limitaciones a la libertad de expresión.
Mirte Postema, delegada de DPLF y quien expondrá en la audiencia, dijo a Nómada que si uno de los poderes del Estado, en este caso el que está a cargo de hacer que las leyes se apliquen por igual y de limitar los excesos de los otros poderes, no cumple su rol, no funciona el sistema democrático.
Por eso es tan grave la cooptación del sistema de justicia y los ataques a los jueces, insistió. Y por eso, según dice, cuando se evidencia esta situación, es motivo para entrar en el capítulo IV, donde están los países donde no se respetan las garantías ni derechos humanos más básicos.
¿Se violó la independencia judicial? ¿Cómo?
En el período de audiencias temáticas de la CIDH, la DPLF presentará un informe de 47 hojas donde se detallan las irregularidades y las controversias que desataron las elecciones de autoridades judiciales durante el 2014.
Desde el proceso de selección del nuevo Fiscal General, hasta el trabajo de las Comisiones de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. También cómo en el sistema de justicia no avanzó la denuncia presentada por Claudia Escobar contra el diputado Gudy Rivera (a quien la CICIG recién solicitó se le retire el derecho de inmunidad en la Corte de Constitucionalidad), por aparentes presiones para ser reelecta y otorgar un amparo a favor de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Por último, se describen dos casos de traslados de juezas que pueden interpretarse como represalias por pronunciarse a favor de una impartición de justicia sin ningún tipo de intervenciones.
También se expondrá que algunos de los actuales magistrados de Salas de Apelaciones fueron electos no por méritos, sino por negociaciones y cuotas de poder.
En el documento se señala que las deficiencias en las Comisiones de Postulación fueron tan graves que “no se puede considerar que se respetaron los estándares mínimos”, ni nacionales ni internacionales para la selección de funcionarios judiciales. “Por consecuencia, no es posible garantizar que las y los jueces electos fueron las personas más capaces e independientes”.
“La sistematicidad de las injerencias constatadas hacen ver que existe un debilitamiento sistemático de la calidad y la independencia de la justicia guatemalteca. Esto tiene un impacto negativo directo sobre el sistema democrático del país, ya que uno de los tres pilares del Estado –el encargado de proteger el Estado de Derecho y frenar eventuales excesos del gobierno- se ve gravemente afectado”, detalla el informe.
Traslado de jueces y renovación del periodo de funciones
El 4 de marzo pasado los treces magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia, en una conferencia de prensa, anunciaron que por indicios de corrupción un grupo de jueces sería trasladado de judicatura. Anunciaron que se presentarían antejuicios, obviando que eran ellos quienes tendrían que resolverlos y que previo a esto la Supervisión de Tribunales tenía que haber evaluado a los togados. Primero los criminalizaron, luego enviaron a los jueces a judicaturas en el interior del país.
El caso que será presentado en la CIDH es el de las juezas Jennie Molina y Patricia Gámez, la primera trasladada a Petén y la segunda a Huehuetenango.
La carrera judicial de ambas inició en 1999. Nunca fueron sancionada por el Organismo Judicial. En diciembre de 2014, Molina que fue parte del movimiento que apoyó la renuncia de Claudia Escobar, fue notificada el 2 de marzo por vía electrónica de su traslado a Petén. También fue retirada de la planilla de docentes –ad honorem- de la Escuela de Estudios Judiciales y el 16 de febrero pasado la CSJ le retiró la seguridad que tenía asignada por amenazas contra su integridad.
Patricia Gámez, además de apoyar la renuncia de Escobar, en octubre de 2014 coordinó a los jueces para que se sumaran a las protestas en demanda de respeto a su independencia judicial. A finales de febrero de este año, sin explicación razonable, fue notificada del vencimiento de su período constitucional y la orden de su traslado hacia Huehuetenango, a 265 kilómetros de su residencia y en condiciones sumamente vulnerables de seguridad, según consta en el informe de la Fundación por el Debido Proceso.
“He entendido este traslado como un claro acto de represalia y un despido indirecto en mi contra”, declaró. Ambas presentaron amparos y denunciaron ante el Procurador de Derechos Humanos violaciones a su derecho de defensa, ya que nunca se les dio espacio para pronunciarse respecto al movimiento de juzgado.
La DPLF enfatiza que la variedad de irregularidades de forma y fondo señalan la intención real de la CSJ: represalias a jueces independientes.
“Se está sancionando a los jueces independientes”.
Yassmin Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que hace dos años declaró abierto el juicio por genocidio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, también apoyó junto a Gámez y Molina, la petición de respeto a la independencia judicial. En una entrevista a Nómada dijo que cuando los jueces son trasladados sin justificación clara se está atentando contra el sistema judicial.
“Se deben respetar los procedimientos. Existe una Ley de la Carrera Judicial y entonces si en algún momento van a trasladar a una persona, se debe hacer bajo el debido proceso, notificarles, darles la oportunidad que se defiendan y digan por qué razón se oponen al traslado”, puntualizó. Barrios, a quien hace una semana la Corte de Constitucionalidad invalidó una sanción en su contra presentada por Moisés Galindo, abogado de Ríos Montt, insistió que la no fue correcto el traslado de sus colegas de forma intempestiva. “Es importante tener juezas y jueces independientes. Eso fortalece el Estado de Derecho y el sistema de justicia”, acotó.
Para la jueza, los traslados de Gámez y Molina son una interferencia en la independencia judicial, un debilitamiento de todo el Organismo Judicial y como una forma de sancionar a los togados independientes.
La justicia y el Plan Alianza para la Prosperidad
Uno de las premisas del Plan para la Prosperidad es el fortalecimiento del sector de justicia, específicamente renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), incluso replicando el modelo en el resto de países del Triángulo Norte de Centroamérica. Con las declaraciones de Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos al respecto, si la Corte Suprema de Justicia y demás autoridades siguen atacando a los jueces y debilitando el sistema de justicia, será difícil que ese país otorgue los fondos destinados a la Alianza para la Prosperidad, dijo Mirte Postema, que mañana expondrá ante la CIDH.
En el Congreso de Estados Unidos ya varios senadores expresaron dudas sobre la existencia de voluntad política en Centroamérica, Patrick Leahy por ejemplo. Los traslados de los jueces sin justificación y un debido proceso atentan contra estándares internacionales. En el año 2013 la CIDH dijo que estos podían hacerse únicamente si el juzgador estaba de acuerdo, finalizó.
Por su parte, el Estado de Guatemala envío un informe preliminar a la Comisión donde señaló que en la audiencia harían referencia sobre los avances significativos obtenidos con la creación y monitoreo de las Comisiones de Postulación, y la modernización del sistema de justicia guatemalteco. Además harán referencia a la normativa existente para garantizar la independencia de los jueces y magistrados.
Quien firma es Antonio Arenales Forno, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).
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