Histórico: Jueza envía a la cárcel a todos los del caso IGSS, incluidos los poderosos

El Estado de Guatemala ya había puesto tras las rejas a expresidentes, exdictadores, exministros, directores de la policía o de la SAT. Pero nunca a funcionarios con tanto poder político en sus manos. Ayer la jueza Silvia de León dio un paso más en la historia. Envió a prisión al presidente del Seguro Social, al presidente del Banco de Guatemala, al hijo de la magistrada más poderosa, al representante de los empresarios, a un gerente y a otros 12 funcionarios acusados del caso de corrupción más letal, que terminó con la muerte de 13 personas.

La corrupción no es normal corrupción IGSS n789 P147 pisa poderosos

El presidente del Banguat, el representante del Cacif y el presidente del IGSS fueron enviados a la cárcel en 2015.

Fotos: Carlos Sebastián

–Hay que contarlos bien, hay que llevar bien la cuenta. Nos los tenemos que llevar a todos, cabalitos.

Así terminó la noche del martes 26 de mayo en la Torre de Tribunales. Dos custodios del Sistema Penitenciario se coordinaban para trasladar a tres diferentes cárceles a 17 personas. En el grupo estaban incluidos la mano derecha de Otto Pérez Molina, el hijo de la magistrada Blanca Stalling, el presidente del Banco de Guatemala (colocado ahí por los empresarios), los representantes de la patronal y de los sindicatos, el gerente de la empresa Pisa. Todos acababan de ser ligados a proceso penal por la jueza Silvia de León. Es decir, encontró indicios suficientes para que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) los sigan investigando los siguientes dos meses. Y mientras tanto, que guarden prisión.

 

La jueza Silvia de León.

La jueza Silvia de León.

El caso, que fue sacado a la luz pública por Nómada a finales de febrero, inició con un grupo de pacientes renales que denunciaba a un medio y a la oenegé Acción Ciudadana un mal servicio con el cambio de compañía responsable de atenderlos. Desde el inicio, la adjudicación olía mal y era evidente que estaba dirigida a una empresa sin experiencia ni respaldo, que había ganado un contrato por Q116 millones. Parecía un caso más de corrupción de este gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, que el MP y la CICIG tomaron y llegaron hasta el fondo. Según las escuchas telefónicas presentadas en la audiencia, hubo un soborno por Q18 millones para beneficiar a Droguerías Pisa, S.A., a costa de haber acabado con la vida (literalmente) de 13 pacientes.

La sala de audiencias

Cuando la jueza Silvia de León envió a prisión a los 17 acusados hoy a la 1 de la mañana, sobresalieron en el público Roberto Ardón y Guido Ricci, director y asesor legal de la patronal Cacif, respectivamente, que abrieron los brazos y vieron hacia todos lados como preguntándose qué estaba pasado. En otro lado de la sala un grupo de mujeres soltó un llanto que se extendió hasta el final de la noche. En la carceleta, los sindicados en el caso IGSS-Pisa se llevaron las manos al rostro y agacharon la cabeza. Cuando la levantaron, algunos lloraban y buscaban desesperados la mirada de sus abogados.

Después de 26 horas de audiencia y siete días encerrados en las carceletas de la Torre de Tribunales, un lugar húmedo, hostil y oscuro llamado El Gallinero, conocieron su futuro judicial. Uno que no esperaban. Todos fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva. Pasarán 45 días en la cárcel mientras el MP los investiga sin obstáculos y determina qué participación tuvo cada uno en la adjudicación anómala del contrato entre el IGSS y Pisa, por Q116 millones.

Al empezar la jornada, el militar Juan de Dios Rodríguez, presidente del Seguro Social y mano derecha de Otto Pérez Molina, dijo sentirse confiando de que saldría bien librado del caso, pero 14 horas después tuvo una respuesta diferente: la jueza Silvia de León lo envió a prisión por el delito de fraude, lo que significa que durante al menos tres meses el MP podrá investigarlo.

No es el único apresado por fraude. También Julio Suárez, presidente del Banco de Guatemala; Jesús Oliva Leal, de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Erwin Castañeda, del Colegio de Médicos; Max Quirín, representante del Cacif en la Junta Directiva del Seguro Social; y Julia Lotán del sindicato de la Seguro Social. Además, Álvaro Dubón, subgerente general del IGSS y las cinco enfermeras que fueron designadas para ser parte de la Junta de Licitación que evaluó a Pisa en el concurso de diálisis peritoneal ambulatoria para atender a 530 pacientes renales.

Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, fue ligado por asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones. Arturo Castellanos, Herbert García-Granados, Ramiro Lorenzana y Edgar de La Peña, los dos últimos personeros de Pisa, enfrentarán proceso por cohecho activo.

Pero la mayoría no irá al centro preventivo de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. A los presos cuya vida puede correr peligro –o porque tienen mucho peso político–, el Organismo Judicial opta por enviarlos a cárceles especiales. La Junta Directiva del IGSS irá al cuartel militar Mariscal Zavala. Rodríguez hará una parada en el hospital nacional Roosevelt para una revisión médica. Compartirán celdas con el gerente general del IGSS, los directivos de Pisa y el hijo de la magistrada Stalling.

García-Granados fue enviado al cuartel militar de Matamoros y las mujeres sindicadas en el caso guardarán prisión en la cárcel de mujeres, Santa Teresa. No existe una especial para ellas.

Derrota para los acusados

Antes de que la jueza diera a conocer el destino de los señalados, sus abogados pidieron que se les otorgara una medida sustitutiva como arresto domiciliar. Algunos defensores incluso rogaron el beneficio para sus clientes. Nadie lo obtuvo. Según la juzgadora, existe peligro de que fuera de la prisión los sindicados presionaran a trabadores del IGSS o a los usuarios del Seguro Social, como los pacientes renales que denunciaron la mala atención de Pisa, y de esa forma obstaculizaran las investigaciones.

Además, el fiscal a cargo del caso dio a conocer que Molina Stalling había tratado de intimidar a otra investigadora preguntándole si sabía quién era su mamá, la magistrada Blanca Stalling, presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. La funcionara pidió ayer una licencia de la Corte para ausentarse por un mes y dedicarse a su familia; es decir, al caso de su hijo.

Así pasaron de las carceletas en el sótano de la Torre de Tribunales a las cárceles especiales y a la prisión de mujeres. “La vivencia en ese lugar es verdaderamente infrahumana. Pocas veces en mi vida profesional había visto un drama en colectivo como el que me tocó ver ahora”, alegó el abogado Vinicio Pimentel, defensor de Julio Suárez –presidente del Banguat–, al referirse a la situación de los sindicados dentro de El Gallinero.

Las evidencias

Hace siete días, el 20 de mayo, los 17 acusados creían que tendrían días normales de trabajo. A las seis de la mañana tenían casi todos ya sus sacos y corbatas con los pines de las instituciones que dirigían. Pero la CICIG y el MP con un año de investigación sobre los hombros, les cambiaron los planes.

Sus firmas y audios como este los implicaban:

RODOLFO GARCÍA: Ottío.

OTTO MOLINA STALLING: Ya me confirmaron

RG: ¿Cuánto?

OMS: Ya lo aprobaron

RG: ¿Lo de nosotros?

OMS: No lo del primero

RG: a vaya

OMS: Ajá. Entonces pero ahorita tenemos que demostrar la seña, entonces mañana lo espero subir por la tarde, entonces dígale que uno ya está confirmado que la aceitada, verdad, pidámosle el quince (por ciento).

RG: Ok, yo lo que había pensado era, había pensado dieciséis.

Según el MP, ese porcentaje equivalente a Q18 millones de los Q116 millones del proyecto, sería el costo de la comisión para alterar el concurso en Guatecompras y hacer que Pisa, pese a no contar con instalaciones ni centro de diálisis ni médicos especialistas, recibiera el contrato. Lo lograron, aunque el IGSS afirma que no le pagó un centavo a Pisa.

Los abogados defensores intentaron minimizar los indicios presentados por el MP y cuestionaron la legalidad de las más de 3 mil escuchas telefónicas. “Por ser escuchas a destiempo” y “por no contar con la autorización judicial para escuchar las llamadas de otras personas que se comunicaban con los investigados”.

El grupo de defensores de la Junta Directiva y Licitadora trataron de desvirtuar las pesquisas enfocándose en que a sus clientes “nunca se les mencionó en las escuchas”. En el caso de las enfermeras que vigilaron el proceso dijeron que “la falta de escolaridad hacía de la junta licitadora un ente deficiente”, “no eran idóneas para el cargo ya que sólo cursaron hasta tercero básico”.

“No existe fraude debido a que no hay dinero, ¿dónde están los Q116 millones que le imputan a estas personas?”, preguntaba a gritos César Calderón, abogado de Rodríguez.

Durante toda la audiencia de primera declaración, ninguno de los defensores mencionó o hizo referencia al origen real del caso: los 530 pacientes renales de la consulta externa del IGSS. Cada día las cifras de muertes e infecciones cambian. Hasta ayer, 13 fallecidos y 110 infectados y en proceso de recuperación.

Toda la discusión se centró en la evasión de la responsabilidad de los funcionarios y trabajadores del IGSS de haber otorgado el contrato a Pisa, y a la empresa por haber subcontratado a Medicina Corporativa, S.A. para que fuera ella quien prestara el servicio. Es decir, nadie se hace responsable.

La jueza hacía referencia a las leyes, a definiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, a las funciones de Pisa según el acta de su constitución, que no establece que podía ser prestadora de servicios de salud ni atender a pacientes renales.

“Si pretender ganarse el dinero sin prestar el servicio adecuado no es un plan delictivo, estamos en una sociedad desmoralizada y sin ética”, acotó en un momento de la audiencia.

Los pacientes renales

Al menos 530 pacientes renales se organizaron para protestar por este negocio corrupto. Tuvieron que morir 13, infectarse 110, existir una condena del Procurador de Derechos Humanos por violación de los derechos de vida y salud, y presentar una denuncia por homicidio culposo en el MP para que lo detuvieran. Ante ese panorama, el pronunciamiento de Pisa era “tarde o temprano van a fallecer”. Ramiro Lorenzana, vocero de la empresa y hoy capturando, decía tener las pruebas para desligarse de los casos. Nunca las presentaron.

Jody García
/

Periodista. También lectora y pintora. Trabajó dos años en Diario La Hora cubriendo el sistema de justicia. Llegó a Nómada por el futuro. @Jody_Garcia_


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COMENTARIOS

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    Juan José Pons /

    20/12/2016 5:53 PM

    Y adelante Señora Juez, únase a los jueces decentes que es lo que hace falta para que la justicia sea cumplida (aunque no pronta por el montón de ladrones que hay que aprehender aun). Cuenta usted con mi simpatía, apoyo incondicional y considero que asi se lo declarara el pueblo de Guatemala. ¡Basta ya de corrupción!

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Carlos Chour /

    08/09/2016 6:33 PM

    Con sólo una persona que muere por estas acciones de TODOS los involucrados deberían ir a prisión perpetua.
    Si son 13 los qué murieron debería dársele la PDM a todos éstos pero antes... Hacerles una diálisis a cada uno de los involucrados, darles una cucharada de su propia medicina y meterlos en clínicas y hospitales donde no hay medicina para que también sientan lo que el pueblo está pasando, sólo así puede entender esa clase de estúpidos.
    Vivir ellos mismos lo que hacen sufrir al pueblo,

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    P. Choy /

    01/09/2016 2:21 AM

    La seguridad social, fue un alcance social muy bueno, pero ahora si hacen los análisis realmente es un ente privatizado, con lo que le descuentan a los trabajadores y patronos de veras que debería ser algo como el IRTRA, o como el centro médico, lamentablemente el deudor es el estado por corrupcion y es una pena que instituciones como el IRTRA estén alejadas del sistema social porque los pactos colectivos consumen y matan los alcances lógicos que que deberían estar a los trabajadores estatales, esos nos debe a analizar realmente cuál es el beneficio de esa gente, y los maestros, y los médicos, no es momento de quitarles a esos sindicatos esos abusos... Da pena realmente

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

      Carlos Rodriguez /

      02/09/2016 11:03 AM

      Algo como el IRTRA? bueno si se trata de hacer centros en donde se excluyan a las mayorías de trabajadores por no tener ingresos suficientes para acudir a los mismos entonces no es mala idea, porque sinceramente, ir al IRTRA para los trabajadores que en su mayoría ganan el sueldo mínimo (cuando bien les va) no es un lujo, representa un sacrificio o un suplicio, lo que pasa con el IGSS es que ha sido corrompido por empresarios y lo han hecho deficiente para no solo obtener ganancias sino que además, justificar su privatización, o sea lo corrompen, obtienen ganancias y luego lo terminan privatizándolo para obtener mas ganancias

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!

    gf /

    30/08/2016 9:32 PM

    A mi me sorprende una cosa. Que pasa cuando uno trabaja con esfuerzo para sacar adelante la seguridad social y le enseñan que sus altos funcionarios están haciendo lo correcto?. Donde queda la moral que exigen de miles de horas para beneficiar a los afiliados? Si a ellos no les importa? Para que enamoran a los técnicos en apremder ante la OISS, la CISS. Si solo es pantomima?.... por lo menos quedamos gente que aprendimos amar que era el igss, sin interes alguno mas que este prevalezca. A regañadientes de Reyes Mayen. Pero quizo hacer algo aunque su vida fuera doble
    Cosa que los técnicos a los q tantos exigió no supimos. Lastima que su narcisimo lo destruyera. Siempre le temí. Peru su exigencia como funcionario público
    Muy pocos

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    Anastasia Molina /

    30/08/2016 2:35 PM

    No estoy de acuerdo con que se juzgue a las enfermeras porque ellas son obligadas a asistir y firmar lo que la directiva exige.
    Debiera de verse por aparte el caso de ellas.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    Juan Pablo Ortega /

    30/08/2016 12:44 PM

    La solución, por antipopular que suene, es privatizar el IGSS!

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    peter /

    29/05/2016 9:17 AM

    Exelente trabajo esperamos un gran cambio en el seguro social para eso estamos pagando espero de ahora en adelante que nos a tienden bien xq siempre dicen q no ay medecina

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    joyman padron salas /

    29/12/2015 3:13 PM

    Solo quisiera saber si la enfermera cindy martinez rodriguez trabajadora segun ella del centro de salud en cuestion, esta ligada al proceso por el caso pisa ya que ha cometido varios crimenes de robo en la casa de huespedes donde se encuentra alquilada. Y solo para devolver lo robado pone como justificacion el echo de que presenta las cuentas bancarias bloqueadas y refiere tambien que esta bajo prision domiciliaria.

    ¡Ay no!

    4

    ¡Nítido!

    ANONIMO /

    23/09/2015 9:58 AM

    […] Lea: Histórico, juez envía a prisión a 17 poderosos de Directiva del IGSS […]

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Chapines Unidos por Guate » El puto amo es un rey desnudo (y podría no participar) /

    16/07/2015 11:06 AM

    […] por la CICIG: Roxana Baldetti (caso La Línea), su exsecretario privado Juan de Dios Rodríguez (caso IGSS), su yerno y exsecretario general Gustavo Martínez (caso Redes) o sendas investigaciones en los […]

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!







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