La organización internacional Human Right Watch publicó un estudio titulado “Carrera contra el Tiempo” en el que analiza cómo la lentitud de los procesos pone en riesgo la lucha contra la impunidad. Dicho estudio está basado en más de 50 entrevistas con actores claves en el sistema de justicia, además del análisis de algunos casos de alto impacto.
Uno de los grandes problemas es que la mayoría de las estrategias que usan los abogados para entorpecer los procesos, están basadas en ley. La legislación actual en materia procesal contempla algunos recursos que fueron establecidos para garantizar que los derechos de los acusados no sean violados (recurso de amparo) y que los jueces no resuelvan casos en los que tengan algún tipo de interés en particular (recursos de excusa y recusación).
Ahora esos recursos son aprovechados como parte de estrategias para asegurar impunidad.
1. Los abogados apelan todo y los jueces todo lo permiten
En el año 2016 se presentaron más de 5 mil acciones de amparo ante tribunales y más de 7 mil apelaciones ante la Corte de Constitucionalidad. El problema no sólo es la cantidad de recursos sino también la falta de fundamentos de los mismos ya que de esas cifras sólo en el 25% de los casos se le dio la razón a los abogados ponentes.
El estudio señala que no sólo la Ley de Amparo es demasiado amplia sino que los jueces prefieren evadir la responsabilidad de resolver el recurso y al menos verificar si cumple con los requisitos básicos. Antes bien, prefieren enviar todo a la Corte de Constitucionalidad.
En 2009, por ejemplo, se abrió el proceso por el caso por el desfalco de Q470 millones en el Ministerio de la Defensa. El caso involucraba al abogado Moisés Galindo y, entre otros, al hijo de Efraín Ríos Montt, Enrique Ríos Sosa. Gracias a diversos recursos han logrado retrasar el juicio. En el último que se presentó, la Corte de Constitucionalidad se tomó año y medio para señalar que el recurso era “notoriamente improcedente”.
Una de las cosas que permite el abuso de recursos son las mínimas sanciones para un abogado. Cuando se presenta un amparo deficiente la CC no puede ponerles multas por más de Q1 mil. Además tampoco hay una forma eficiente de cobrar esas multas. El estudio señala que a la fecha existe una deuda por Q9 millones en multas.
2. Los jueces se tardan más de lo necesario
La legislación actual establece que los jueces tienen un máximo de 25 días para resolver un amparo y de seis días para notificar a las partes. Mientras que la CC tiene una semana para resolver cualquier apelación de sentencia y dos días para notificarla.
La ley es ignorada constantemente. En el caso Plazas Fantasma, donde se juzgaba al ex presidente del Congreso, Pedro Muadi, la Corte Suprema se tardó nueve meses para resolver un amparo. El mismo tiempo le llevó resolver otro que tenía detenido el caso donde se juzgaba a Marlene Blanco, hermana del diputado Orlando Blanco, por ordenar una ejecución extrajudicial.
Otra forma en que los jueces colaboran con los intereses de los abogados para ganar tiempo, es deteniendo los procedimientos por trámites burocráticos. En el caso Bufete de la Impunidad, donde se juzga a una red de abogados y jueces que pactaban favores para corruptos, el proceso se detuvo por que la juez a cargo se tomó 13 días para resolver que el expediente que le enviaron tenía errores. Entre ellos, que había que sellar y coser una carpeta. Cuando se le devolvió el expediente de la solicitud de recusación igual la declaró improcedente.
Sin embargo, una de las formas más descaradas de detener un caso es demorarse en la notificación, es decir, en enviar una carta para avisar a los abogados sobre las resoluciones. La CSJ se tardó tres meses y medio para enviar la notificación.
3. Recusar al juez a última hora
Una de las últimas cartas que suelen jugarse los abogados es recusar al juez en el último momento posible.
Por ejemplo, en el caso Plazas Fantasma, luego que el proceso llevaba más de un año, recusaron al juez apenas tres días antes del inicio de la etapa intermedia. En el caso Bufete de la Impunidad, hubo un cambio de abogado dos semanas antes del comienzo de la segunda etapa y luego resultó que este nuevo abogado tenía una “enemistad grave” con el juez y por eso lo recusó.
El punto más claro de esta estrategia se dio en el caso por genocidio. El abogado Francisco García Gudiel pidió, a sabiendas que le sería denegado, que se suspendiera el caso mientras él preparaba su defensa. Gracias a eso, generó una enemistad con la juez que luego le valió de argumento para botar todo el caso. El mismo abogado reconocería luego que toda la estrategia había sido una trampa.
En el caso La Línea, la defensa de Otto Pérez Molina intentó recusar al juez Miguel Ángel Gálvez cuando este ya llevaba un año a cargo del proceso, su argumento es que el juez no podía ser imparcial porque había sido premiado como “Personaje del Año”.
4. No reformar la ley
Estas estrategias para retrasar los procesos han sido utilizadas desde hace muchos años. El caso por la masacre en la comunidad Dos Erres, que perpetró el ejército en 1982, inició en el año 2000 pero la defensa de los militares interpuso más de 71 recursos que les permitieron retrasar el caso 12 años. Al día de hoy, por este caso todavía tiene que responder Efraín Ríos Montt.
Otro caso similar es el de la desaparición forzada de la antropóloga Myrna Mack en 1990. En este caso se condenó al autor material en 1993 pero hubo que esperar hasta 2002, 12 años después del asesinato, para que iniciara el juicio contra el autor material.
Tras el análisis de estos casos, en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala que modificara la ley para evitar al abuso de recursos, pero desde entonces el Congreso sigue haciendo oídos sordos.
Así, la última estrategia proimpunidad pasa por hacer que los diputados, como sucedió este año con las reformas constitucionales en materia de justicia, no reformen la ley. Sin esas reformas los abogados de los corruptos podrán seguir contando los meses y las horas, en espera de que un cambio en el Ministerio Público permita que la lucha contra la corrupción se ablande.
*Esta nota está basada en el estudio “Carrera contra el Tiempo”, elaborado Human Right Watch, que se presenta el día de hoy, 13 de noviembre de 2017.
ElPresidente de Macondo /
Tampoco el sistema de justicia funciona en este país.
Lo único que nos queda es seguir luchando para que este sistema mierd* coptado por las mierd*s que nos gobiernan en #Guatemala cambie.
No es fácil, lo sé. Pero si queremos ver a una Guate prospera debemos de pagar el precio que nos llevará tiempo
Marlon /
Es claro que la mayoria de Guatemaltecos, aplaudimos los logros que la cicig a puesto en claro y es hora de que el sistema justicia en Guatemala haga lo propio, el pueblo lo exige y aqui no hay vuelta de hoja, porque si todas esas sanguijuelas logran su objetivo entonces mejor que siga el sistema injusticia que se ha burlado y saqueado siendo complice sin duda alguna....
jose contreras /
"El mismo abogado reconocería luego que toda la estrategia había sido una trampa."
Podrían compartir el link o la entrevista en donde García Gudiel reconoce ésto por favor.
Doi Coj /
Muchos de quienes están en contra del combate contra la corrupción en nuestro país afirman, precisamente, que el MP y la CICIG no han logrado mayores avances en los tribunales. Por todo lo anterior, ya se ve que es el mismo sistema de justicia corrupto e inoperante el que impide que los casos se resuelvan pronta y eficazmente. ¿Cambios? Con la actual conformación del Congreso, las modificaciones serían cosméticas. Sin una presión ciudadana radical, si no se inician procesos judiciales (Odebrecht) y sin el adecuado acompañamiento internacional, los diputados no harán cambios a leyes de trascendencia.
Ana lopez /
Estoy de acuerdo pero creemos que la CICIG Y MP estan obligados a hacer lo que nos corresponde y lo cierto es que toca a cada ciudadano dejar de ser conformista y salir a la calle a exigir cambios que de no darse, nuestro futuro será peor.
Doi Coj /
Muchos de quienes están en contra del combate contra la corrupcion afirman, precisamente, que el MP y la CICIG no han logrado que los casos avancen en los tribunales. Por todo lo anterior, ya se ve que es el sistema de justicia corrupto e inoperante lo que impide que la misma sea pronta y eficaz. ¿Cambios? Con la actual conformación del Congreso, las modificaciones serían cosméticas. Sin una presión ciudadana radical, sin el inicio de procesos judiciales (Odebrecht) y sin el acompañamiento internacional, los diputados no modificarán ninguna ley de trascendencia.
Enrique olíva. /
Se entiende perfectamente que todo lo que la ley no prohibe es legal, pero que papel juega el colegio de abogados?? Acaso no hay un tribunal de honor? O códigos de ética?? Porque permiten a sus agremiados actuar de una manera legal pero poco ética?? Y la honorabilidad de los abogados tiene precio??? Que frustrante para Guatemala !!!
J.González /
No cabe duda que el sistema de justicia sigue cooptado por las mafias y que las leyes fueron creadas para permitir este tipo de maniobras legales para entorpecer los procesos penales. El poder legislativo se ha prestado para darle continuidad a este sistema susceptible a ser corrupto y el poder ejecutivo mientras no lo molesten con la erogación de los recursos del Estado, hace caso omiso a este problema. Por lo tanto el sistema judicial, legislativo y ejecutivo estan inmersos en un sistema de CORRUPCION.
ernesto garay /
la misma constitución que mucha gente se rasga la camisa diciendo que es la carta magna y bla bla bla es una basura hecha solo y solo para beneficiar a los mismos ladrones de toda la vida la calase política alta y la narco-politica de ahora pseudo politica