La activista Helen Mack y el abogado Alfonso Carrillo, el procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, los abogados Aníbal García y Carlos Bezares, la organización Acción Ciudadana y el colectivo Alianza por las Reformas presentaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) seis amparos para detener el plan de los diputados. Y lo lograron.
Francisco de Matta Vela, el presidente de la CC, dijo anoche que por unanimidad los cinco magistrados otorgaban seis amparos provisionales para detener las dos leyes que podían causar "daños irreparables al sistema de justicia".
La Corte le enmendó la plana al conocido ‘Pacto de Corruptos’ que firmaron los diputados de FCN y la UNE, junto con una alianza de MR, AC, UCN, Todos, siete independientes y cuatro más de bloques pequeños. Y aunque los diputados prometieron que hoy sesionarían para enmendar su ‘error’ (luego de la presión ciudadana), el ‘Pacto de Corruptos’ los dejó en evidencia y la CC ya había hecho lo suyo para frenarlo.
Estos son los cinco principales argumentos de las acciones legales que se presentaron en la CC contra las reformas:
1.Los diputados y el interés personal. Orlando Blanco, de la UNE y Roberto Villate, quien perteneció a Lider, votaron para aprobar dos leyes que libran de responsabilidad a los secretarios generales de los partidos en casos de financiamiento electoral ilícito, y ambos están señalados por el MP y la CICIG por ese delito. El artículo 98 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo dice que Blanco y Villate debieron tomar la palabra en la sesión y explicar su conflicto de interés, y después abstenerse de votar.
2.Los funcionarios públicos están al servicio del Estado. Los empleados y los funcionarios públicos están al servicio del Estado, y por eso no es válido que los diputados aprueben leyes que les beneficien personalmente o a sus partidos. El artículo 154 de la Constitución y el artículo 18 de la Ley de Probidad invalidan las reformas aprobadas, porque se plantearon para favorecer a los diputados señalados de corrupción, pero también a otros políticos que están detenidos en Mariscal Zavala.
3.Es un fraude de ley. Las reformas aprobadas contrarían las leyes, y esos actos se consideran nulos. Según el Artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, no se pueden validar las acciones o decisiones de los diputados (aunque sean los representantes del pueblo), si estas contravienen otras leyes.
4. La seguridad y la justicia son derechos. Las leyes aprobadas el miércoles en el Congreso procuran la impunidad para los políticos, pero también para delincuentes con penas menores a diez años. Los artículos 1, 2, 140 y 203 de la Constitución se refieren a la certeza jurídica y al derecho a la justicia de la población, y eso se negaría con las reformas que aprobaron los diputados para garantizarse impunidad.
5. No se debe debilitar la lucha contra la corrupción. A los legisladores no les importó el principio de “fin legítimo” establecido en la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas. Eso quiere decir leyes e iniciativas del Estado que se aprueben en Guatemala tienen que ir orientadas a fortalecer la justicia y la transparencia; hacer lo contrario implica ir en contra de la Convención.
Alex /
¡F E L I C I D A D E S! Nómada.
Saludos
Emilio /
No estoy a favor de lo que hicieron los Diputados pero pienso que la Corte de Constitucionalidad resuelve con ilegalidad porque jurídicamente hablando no puede otorgar un amparo cuando la ley aún no existe porque no ha nacido jurídicamente. Aún cuando el decreto fue aprobado había un camino que seguír para ser ley. La CC tiene afán de protagonismo y lo triste es que ellos son los que al final gobiernan como les da la gana porque con ilegalidad no se puede juzgar.