Banrural sí alertó sobre el ‘bono’ y MP ya tiene expediente de Jimmy

El presidente Jimmy Morales puede tener los días contados para un nuevo caso de antejuicio. El sobresueldo ilegal que recibió durante 9 meses por parte del Ministerio de la Defensa que denunció Nómada podría no quedar en la impunidad muy pronto. La Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público confirmó que tiene un expediente en investigación sobre el caso.

La corrupción no es normal P258

Jimmy Morales, junto a su ministro de la Defensa, Williams Mansilla, y el vicepresidente Jafeth Cabrera, en una foto de archivo.

Foto: Carlos Sebastián

Sara Sandoval, jefa de la Fiscalía de Lavado de Dinero, dijo que el único detalle que la ley le permite dar es que “hay abierto un expediente que se originó por un reporte de transacción sospechosa”. No puede dar más detalles porque los casos de la Fiscalía de Lavado de Dinero se mantienen en reserva.

Los reportes de transacción sólo pueden ser activados por los bancos del sistema. Esto quiere decir que cuando Banrural vio los movimientos desde la cuenta del Ministerio de la Defensa hacia la del presidente Jimmy Morales sin justificación legal, lo reportó a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos. Los movimientos se dieron entre diciembre de 2016 y agosto de 2017, hasta que fue publicado por este medio.

En síntesis, Nómada publicó en la noche del 11 de septiembre que el presidente Jimmy Morales no sólo estaba ganando cada mes su salario de Q149 mil (US$20 mil), que lo hace el presidente mejor pagado de América Latina, sino que también recibía un sobresueldo ilegal del Ministerio de la Defensa, por otros Q50 mil. Con ese salario de casi Q200 mil, Jimmy Morales devenga mensualmente más que el rey de España, Felipe VI.

El 12 de septiembre, el presidente Morales evadió las preguntas de la prensa en la inauguración de la Plaza España y el vocero presidencial dijo que sólo el Ministerio de la Defensa respondería sobre el tema.

Williams Mansilla, Ministro de la Defensa, no sólo reconoció que sí era cierto el cheque de Q50 mil, sino que se lo habían dado durante nueve meses, por un total de Q450 mil. Y aseguró que el fundamento legal era un ‘acuerdo ministerial interno’. Para abogados Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, esa figura legal no existe. Ya diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, especializada en fiscalizar al ejército desde hace dos décadas, dijo que un acuerdo que no se publica en el Diario Oficial no es un acuerdo legal.

La diputada ha citado dos veces al Ministro a declarar por este caso, pero no ha llegado. Dijo que le dará una oportunidad más o que lo demandará penalmente por desobediencia, alguno que la ley la faculta.

Los expresidentes Otto Pérez Molina, Álvaro Colom y Óscar Berger dijeron que ellos nunca recibieron tal sobresueldo.

Ese 12 de septiembre, el Ministerio de la Defensa dijo que los fondos provenían del renglón “gastos adicionales” que tiene un presupuesto de Q417 millones, y que el ‘bono extraordinario de responsabilidad’ para el presidente Jimmy Morales para apoyarlo en su ‘seguridad legal’.

Esto coincide con las fechas con las que su hijo José Manuel y su hermano Samuel fueron demandados por el MP y la CICIG por un caso de corrupción en el Registro de la Propiedad durante el gobierno del Partido Patriota, en 2013. Jimmy Morales, que donaba la mitad de su sueldo desde 2016, anunció en enero que dejaría de donarlo porque tenía que hacerse cargo de la defensa legal de su hijo. Al parecer, lo hizo con un bono del ejército.

El Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, dijo el 12 de septiembre que no estaba enterado del bono.

Ese mismo día, la Contraloría General de Cuentas de la Nación envió dos auditores para revisar los pagos, pues tampoco estaba enteradas.

Dos días después, en un informe preliminar, la Contraloría publicó que el sobresueldo –o ‘bono de responsabilidad’– era ilegal y que el presidente Jimmy Morales era la persona responsable por haberlo recibido. El contralor Carlos Mencos dijo que los subordinados no podían decidir bonos para sus superiores y le pedía al Presidente reintegrar los Q450 mil. Jimmy Morales, dijo su vocero, los reintegró al siguiente día.

No obstante, fuentes de la Contraloría consideran que podría haberse cometido dos errores técnicos en el informe preliminar con tal de no denunciar a Jimmy Morales ni al Ministro de la Defensa.

La Contraloría podría haber escogido entre tres opciones: informe, sanción administrativa o denuncia. Escogieron la más débil: informe de cargos. Además, decidieron solicitar la devolución del bono y hacer el informe en vez de hacer una denuncia.

Esto a pesar de que se trata de una acción que fue premeditada y continuada, por lo que lo procedente era una denuncia penal.

Ley de probidad, por ejemplo, especifica en los artículos 10, 12 y 13, que la responsabilidad penal recae sobre el Ministro y el Presidente. Porque una persona no puede generar un pago salarial para su superior, en este caso el Ministro de la Defensa para Jimmy Morales. Por eso, el mando superior, que es el Presidente, debía denunciar ese pago y no aceptarlo.

Al únicamente requerir la devolución de dinero, la CGC está realizando una omisión de denuncia para favorecer a Jimmy. Todavía podría enmendarlo porque se trata de un informe preliminar y le dio quince días al presidente para explicar este bono.

El contralor Mencos resume así su posición: “Nosotros tenemos que agotar todos los procedimientos administrativos previo a tomar una decisión, no vamos a presentar una acción que no tenga el respaldo suficiente. Necesitamos que esté sustentado con todos los elementos que la ley nos manda. En este caso es evidente que el Presidente no está en la nómina del Minsiterio de la Defensa y esa es la razón por la que se hizo el informe de cargos (para la devolución). Y ahora estamos haciendo la evaluación correspondiente para evitar hacer acciones que no van a tener el sustento necesario, ante la Procuraduría General de la Nación”.

¿Por qué esto es grave para Jimmy?

Toda esta situación pone en aprietos a un presidente que está en medio de una crisis institucional y de legitimidad por varios antecedentes.

1) En primer lugar, la investigación del Ministerio Público y la CICIG por el financiamiento electoral ilícito que empezaron a descubrir en su partido FCN durante la segunda vuelta de la campaña electoral de 2015. Una investigación por la que Jimmy Morales intentó expulsar a Iván Velásquez, jefe de la CICIG.

2) En segundo lugar, Jimmy Morales está señalado de ser el muñidor, el gran negociador, del Pacto de Corruptos, como se ha llamado al acuerdo entre los diputados de FCN, Todos, MR, AC, PAN y los antiguos opositores de la UNE, que suman juntos 107 diputados. El miércoles 13 de abril, 107 diputados de estos partidos aprobaron dos reformas.

Una para quitar responsabilidad a los políticos por el financiamiento electoral ilícito (y trasladársela a los contadores).

Y otra, muchísimo más grave: En su afán de protegerse a ellos mismos y a otros políticos, militares y financistas que están en la cárcel por casos de corrupción, cambiaron el Código Penal para que 400 delitos pudieran ser conmutables a cambio de una fianza de Q18,500 (US$2,400). Es decir, para que delitos relacionados a la corrupción no tuviera cárcel obligatoria, aprobaron una ley que dejaba en prisión domiciliar delitos como extorsión, pornografía infantil o hurto agravado, que según el CIEN representa al 37% de los reclusos del país.

3) Y en tercer lugar, Jimmy Morales tiene que hacer frente al a opinión pública y ante las instituciones nacionales, por este sobresueldo ilegal o ‘bono’ del ejército.

¿Qué viene ahora?

Que el MP tenga abierto un expediente no quiere decir que vaya a convertirse en una denuncia, pero tiene altas probabilidades, tomando en cuenta que Banrural activó la alerta y esta fue llevada por la IVE hasta el MP. Además, que la Contraloría ya dijo que era un pago ilegal.

Se intentó hablar con representantes de Banrural; el Superintendente de Bancos y con Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público, pero ninguno quiso dar declaraciones para este reportaje. Se le pidió la opinión de Jimmy Morales al vocero presidencial, Heinz Heimann, pero no respondió a los mensajes.

Está por verse cuánto se tarda el MP en decidir si hay motivos para pedir otra vez a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que retiren la inmunidad al presidente Jimmy Morales.

Nómada
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    Blanca Rosa González /

    27/09/2017 11:24 AM

    Todas estas ilegalidades demuestran que además de corrupto y ladrón, el tal Jimmy Morales, es un farsante cómico de tercera línea.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Karla /

    20/09/2017 12:39 PM

    Falto lo del Hogar Seguro, él mismo en sus declaraciones manifesto que dio la orden para que las niñas no salieran y se quedarán encerradas.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    E.C. /

    20/09/2017 8:46 AM

    ¿Alguien mas piensa que Jafeth Cabrera será el gran beneficiado de esta situación?, ¿por qué no se ha pronunciado sobre la situación actual?, ¿acaso soy el único que piensa que este puede ser peor que el mismo Morales?. Creo que Jafeth es tiene un plan peor que Morales para todos nosotros.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

      papazopapaz /

      20/09/2017 1:49 PM

      Eso o que están buscando una Asamblea General Constituyente para colar a alguien que nunca llegaría a la presidencia por elecciones populares.

      O que hay gente que no tocaría suelo en el sector privado y se relame con las posibilidades parasitar en el estado.

      ¡Ay no!

      1

      ¡Nítido!

    Ronny Cifuentes /

    19/09/2017 8:09 PM

    Excelente Nómada, sigan con esa valentía y objetividad para desenmascarar a los corruptos.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Byron Monterrosa /

    19/09/2017 6:59 PM

    Buen reportaje pero cuiden la redaccion y las fechas, No fue el 13 de abril cuando los diputados aprobaron las leyes blindaje, sino el 13 de septiembre. Pero Adelante con la objetividad.

    ¡Ay no!

    3

    ¡Nítido!



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