Cómplices del #Moralazo: Los diputados tienen un plan pro-impunidad

Para Jimmy Morales no es suficiente acabar con la Cicig y dejar al comisionado Iván Velásquez fuera de Guatemala. El golpe del presidente también implica que el Congreso tenga en susmanos el control de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Procurador de Derechos Humanos (PDH) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Y los diputados son sus cómplices para lograrlo.

La corrupción no es normal Actualidad P147

Estuardo Galdámez y Felipe Alejos, dos piezas claves en el Congreso en el apoyo al Moralazo

Foto Carlos Sebastián

La CC y el PDH son dos instituciones que han frenado, hasta ahora, los esfuerzos de Jimmy Morales para convertirse en un dictador y los planes de los diputados del Pacto de Corruptos para garantizar impunidad a las mafias. Los magistrados -Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata-, con el respaldo del Procurador Jordán Rodas y la sociedad civil, detuvieron hace un año la expulsión de Iván Velásquez, el jefe de Cicig, cuando dejaron sin efecto la declaración de non grato del presidente.

Por eso ahora el plan de Jimmy Morales y el Pacto de Corruptos consiste en darle de ‘superpoderes’ a los diputados, para que le retiren la inmunidad a los funcionarios que les estorban. Así conseguirían ‘descabezar’ a las instituciones y el poder de enviar directamente a los tribunales a los magistrados y al PDH por cualquier denuncia que se presente en su contra.

Ese es el objetivo del proyecto de ley 5300, que modifica la Ley de Antejuicio y que se aprobó el martes 4 de septiembre en la primera de sus tres lecturas, un par de horas después de que el Gobierno anunciara que no permitiría el ingreso al país de Iván Velásquez. En el Congreso, diputados de diferentes reían y parecían estar contentos con el plan de presidente.

La diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, denunció que el plan de los aliados de Jimmy Morales en el Congreso está en marcha y esa nueva ley sería una herramienta clave para su golpe.

Ahora, las denuncias contra los magistrados y el Procurador pasan por el filtro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que descarta los casos cuando no tienen fundamento.

– La 5300 quitaría ese filtro de la CSJ y le dejaría el poder total a los diputados de quitarle la inmunidad a los funcionarios que les incomodan, ya sea que las denuncias en su contra sean válidas o no… Esto es un golpe de Estado técnico del presidente, los diputados y algunos militares. Es importante aclarar que no es de todo el ejército, así que esa institución debe tomar una posición democrática y apegada a la institucionalidad, añadió la legisladora.

El golpe de Estado técnico al que se refiere la congresista es el ‘Moralazo’, que evoca al ‘Serranazo’, el autogolpe de Estado que intentó dar en 1993 el presidente de entonces, Jorge Serrano Elías, para disolver el Congreso, la CSJ y las PDH y la Procuraduría General de la Nación. Ahora Jimmy Morales intenta desobedecer a la Corte de Constitucionalidad, que resolvió que Iván Velásquez debe permanecer en el país.

Los aliados del Moralazo

La iniciativa de ley 5300 fue avalada con un dictamen de la Comisión de Legislación, presidida por el diputado Fernando Linares Beltranena, del PAN. También tuvo el apoyo de los diputados de FCN, Adim Maldonado, Javier Hernández Franco y Patricia Sandoval. Y además de sus aliados Juan Ramón Lau, de TODOS; Aníbal Rojas, de Visión con Valores, Carlos López, de la UNE, y Alejandra Carrillo, independiente.

Los efectos de la ley también aplicarían en los antejuicios que se presenten contra otros funcionarios públicos, como el presidente y el vicepresidente, los ministros, fiscal general, los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Supremo Electoral, denunció la diputada Morán. “Si en los diputados queda el poder de quitarle la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, este plan también tendría efectos en las elecciones del próximo año”.

Javier Hernández, jefe de la bancada FCN y operador de Jimmy Morales, defendió la iniciativa y dijo que la Constitución establece que los diputados deben conocer los antejuicios, pero no atribuye a la Corte Suprema el papel de filtro de los señalamientos.

Sin embargo, hay tres resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, con validez como doctrina jurídica, que establece que los magistrados de la Corte Suprema deben analizar los antejuicios antes de que lleguen a manos de los diputados.

Javier Estrada Tobar
/

Periodista y comunicador. Se formó y trabajo durante casi diez años en Lahora.gt. Apasionado por las letras, el desarrollo humano, la política, las redes sociales, el cuidado del medio ambiente y la buena comida.


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    Juan Vasquez /

    10/09/2018 4:48 PM

    Los nacomilitRS y los narcodiputados, son los que le estan apoyando a este inutil e imbecil que se dice ser presidente, sus hijos, sus hermanos y los hijos de los narcos tanto diputados como militares, a parte de los muertos de hambre de los netcenter, son los que hacen la gran bulla, y dicen que el señor Ivan Velasquez es un desestabilizador, es una amenaza; cuando la verdadera amenzasa es ese señor inepto que lo manejan los narcomilitares y narcopolíticos, esos son una verdadera amenaza, esos son los desestabilizadores.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Pat Leahy /

    07/09/2018 12:31 AM

    Ya les llega la hora, sanguijuelas!

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Guillermo Maldonado C. /

    06/09/2018 1:20 PM

    ¿Cual es el número de los expediente en los que se dictaron tres resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, con validez como doctrina jurídica, que establece que los magistrados de la Corte Suprema deben analizar los antejuicios antes de que lleguen a manos de los diputados?

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Luis Paraiso /

    06/09/2018 2:59 AM

    Me parece que todas estas personas que se mantienen en el poder han sido electos democraticamente que es el caso de los diputados, como otros cargos publicos como alcaldes y etc. y esto es el efecto de la eleccion popular. En Guatemala la diversidad de population y el neoliberalismo produce un efecto de SUMISION, sumision al que ejerce el poder, sobre todo si este se ampara de la palabra de DIOS y reparte canastas de comida segun EL PADRE NUESTRO. No hay que olvidar que durante la invasion de España a America la sumision de las naciones indigenas se hizo EN EL NOMBRE DE DIOS EL REY Y LA IGLESIA. Se vio en los tribunales durante los procesos de corruption los sindicados ampararse en DIOS. (Dios mio porque me has abandonado) Hay solucion y es que un chispudo haga una enciclopedia como hizo Diderot que somete el origen de las cosas a la naturaleza y no a la ley divina. Hacer una revolucion tipo frances que termina cortandole la cabeza a los monarcas para demostrar que no son la encarnacion de DIOS en la tierra. Lo mismo que hiciera la revolucion rusa años despues, aclarar la frase de Nietzsche "DIOS A MUERTO" y el sentido que La CICIG" que pone en ejercicio de demostracion al levantar la inmunida y enviar a juicio y a prision a dos presidentes. Guatemala en la terrible lucha del SOY contra EL SOMOS se encuentra dividida pues el objeto del poder es ser inmortal, por eso la imagen en las monedas, estatuas y monumentos.

    ¡Ay no!

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    ¡Nítido!

    frank lopez hurtarte /

    05/09/2018 6:46 PM

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    FRAUDE DE LEY
    (EL CASO DE LA NARCO-DIPUTADA PATRICIA SANDOVAL)

    Para explicar con ejemplos claros la aberración de los diputados por modificar la Ley de Antejuicios, exponemos el caso de la narcodiputada Patricia Sandoval.

    Patricia Sandoval fue financiada por su —otrora— marido, el narcotraficanate Irving Giovani Aguilar Duarte, quien hoy cumple condena en Estados Unidos por tráfico de drogas.

    El Ministerio Público y CICIG —que próximamente estarán presentando solicitud de antejuicio contra esta señora por delito de financiamiento electoral ilícito ante la Corte Suprema de Justicia—, tendrían que solicitarlo directamente al Congreso de la República, y ya no ante la CSJ.

    De ésta forma la Narcodiputada por Jutiapa —por ejemplo— se libraría de purgar la pena de cárcel, de una multa y de la negación de volver a participar en política. Porque sencillamente sus "colegas" la protegerían.

    En otras palabras, los diputados, la mayoría de ellos con nexos con las mafias del país, estarían legislando para blindarse y evadir la justicia.

    El caso de la Narcodiputada —Reina de Pasaco— no puede quedar impune.
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    ¡Ay no!

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    Rafael Rodríguez-Cerna /

    05/09/2018 12:06 PM

    La verdad del caso, nos guste o no, es que ese filtro al que se alude, vulnera el mandato constitucional contenido en los artículos 165 inciso h) y 270 párrafo final de la Constitución Política de la República. Los mandatos allí contenidos son que sencillamente es el Congreso de la República el que tiene asignada la función de conocer de los antejuicios en contra de los Magistrados de la CC, quienes en el ejercicio de sus funciones son responsables, penal y civilmente. El famoso filtro pretende que el antejuicio se ventile en dos instancias, o en otras palabras, que tengamos un doble antejuicio que jamás fue previsto en la Constitución. El 2 de julio de 2015, en el prestigioso vespertino Diario La Hora, en la página 13, aparece publicado un un artículo de mi columna Reflexiones Constitucionales que trata con más profundidad este tema.

    ¡Ay no!

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    ¡Nítido!

      Guillermo Maldonado C. /

      06/09/2018 2:48 PM

      Al aludir el artículo 165 constitucional, literal h), solo se refiere al antejuicio en contra de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, aunque el precepto es más amplio. Ahora bien, el Decreto Número 85-2002 del Congreso de la República (Ley en Materia de Antejuicio), de manera expresa y clara indica que el antejuicio de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad lo debe conocer el Congreso de la República. Ergo, dicha ley coincide con lo que usted sustenta y dice la norma constitucional ciento sesenta y cinco antes citada. Sin embargo el mismo Decreto que contiene la Ley en Materia de Antejuicio establece el procedimiento que, para el caso concreto, nos remite a que el conocimiento previo por denuncia o querella, como es lógico, será conocido por un juez del ramo penal y que en el caso de la Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no puede conocer y tiene que inhibirse, correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia trasladarlo al Congreso. Lo que se ve no es un filtro sino un procedimiento acorde con la función jurisdiccional establecido en una ley vigente y la norma ciento tres constitucional. Entonces la reforma que pretenden ahora busca, esa sí, crear un filtro político, en detrimento de la función jurisdiccional y en contravención a la norma, también constitucional, que prohíbe la subordinación entre los poderes del Estado (141).

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!



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