El Método Baldizón para financiar una campaña (sin que el TSE se de cuenta)

Desde 2015 una serie de investigaciones demostraron la forma en que funcionaba el extinto partido Libertad Democrática Renovada (LIDER). Casos que evidencian cómo los diputados extorsionaban a ministros a cambio de contratos de obra pública, cómo Manuel Baldizón se enriqueció a costa del Estado y cómo invirtió esa fortuna en sus negocios privados y en una vida de lujos.

Hoy la FECI, a cargo del fiscal Juan Francisco Sandoval, aporta una nueva pieza para entender el modus operandi de Manuel Baldizón. Sobre todo para explicar cómo hizo para financiar sus dos campañas multimillonarias y para evadir los controles del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Este caso es el resultado de una continuación en las investigaciones relacionadas con el caso Transurbano.

Un imperio de empresas de cartón

Según los reportes que presentó el partido ante el TSE en los años 2011 y 2015, cinco empresas fueron las que financiaron los Q23 millones invertidos en ambas campañas.

Se trata de Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, Telesky, Corporación de Transportes Especiales, Compañía Aeroterrestres de Guatemala, Televida y Empresa Regional de Autobuses.

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La falta de capacidades no le permitió al TSE identificar que estas empresas solo eran de cartón y que no poseían el perfil económico para poder hacer tales inversiones. La FECI, que sí cuenta con esas capacidades, identificó que todas estas empresas no sólo habían sido creadas por los mismos abogados, sino que también compartían domicilio fiscal y eran administradas por una misma junta directiva.

Todas las empresas fueron disueltas entre 2015 y 2016, cuando la CICIG ya estaba tras los pasos del político petenero y sus colaboradores. En esas fechas, Baldizón ya era parte del lobby que buscaba apoyos en Washington para sacar a la comisión del país.

Los financistas ocultos

Las empresas no fueron constituidas con otro objetivo que no fuera ocultar a los verdaderos financistas. ¿Por qué? Porque la sola presencia de esos nombres en los listados bastaba para levantar sospechas de corrupción.

Según las investigaciones de la FECI, el 95% del dinero que las empresas de cartón de Baldizón aportaron a las campañas de LIDER, venía de empresas ajenas que eran contratistas del Estado.

Por ejemplo, la empresa Editora Educativa surtía de papel a varias instituciones del Estado, incluyendo al mismo TSE. Era propiedad de José Alejandro de León Pérez, padre del exdiputado de LIDER, José Alejandro de León Maldonado. Los movimientos bancarios demostraron aportes por cerca de Q1 millón.

Otra empresa es Teranet S.A. que ofrece servicios de fibra óptica y transmisión televisiva de eventos. Las investigaciones demostraron que casi en las mismas fechas en que recibía pagos por parte del Estado, giraba depósitos en favor de las empresas de cartón de Manuel Baldizón.

Teranet S.A. sigue siendo un proveedor del Estado. Trabaja para EMETRA, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que la contrató para transmitir la última Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

En el mismo grupo de financistas también se encuentra la empresa Entidad Transacciones Monetarias Unidas, propiedad de Jonathan Chévez, el hombre que Roxana Baldetti contrató para que lavara su dinero.

Fiscal Juan Francisco Sandoval explica el caso sobre el financiamiento a la campaña de Manuel Baldizón.

Dos nombres fuertes mencionados por FECI en este caso son los de la constructora Asfaltos de Guatemala y la telefónica Tigo. Las investigaciones encontraron que ambas empresas emitieron cheques por Q24 mil y Q275 mil, respectivamente, a la empresa de cartón de Baldizón, Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad.

Sin embargo contra estas empresas y sus representantes legales no hay proceso alguno. El fiscal Juan Francisco Sandoval explicó que:

—En algunos de los casos estas sociedades hicieron pagos que estaban a nombre de medios de comunicación y eso no implica que fueran parte de esta red ilícita—, explica que por ello sólo se les citará a declaración.

Ese es el caso de José Luis Agüero, propietario de Asfaltos de Guatemala, que fue citado y ya enfrenta proceso legal por haber sobornado a Alejandro Sinibaldi. Pago que implicó pagarle Q500 mil al Movimiento Cívico Nacional para hacer campaña en contra de Manuel Baldizón.

Más contexto: Recuento: 3 empresas usaron a MCN para lavar dinero de Sinibaldi

El gran botín del transporte público

En septiembre de este año, durante una primera fase de esta investigación, fueron capturados Carlos Quintanilla, exjefe de la SAAS durante el gobierno de Álvaro Colom, y el coronel Otto Bernal, ex secretario del extinto partido Corazón Nueva Nación.

Esa fase demostró que el subsidio que el Estado pagaba a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), para pagar los guardias de seguridad que cuidaban las unidades de Transurbano, habían terminado en las cuentas del partido satélite de Manuel Baldizón, Corazón Nueva Nación.

Un poco de contexto: Así fue como el dinero para seguridad en los buses terminó en la campaña de Baldizón

Esta nueva parte de las investigaciones demuestra que la empresa Protección Metropolitana no fue la única relacionada con Transurbano que aportó dinero de manera ilegal. También lo hicieron Rutas Metropolitanas de Transporte, Sistema Integrado de Cobros Electrónicos y Expansión Corporativa Millenium.

Estas empresas aportaron al menos Q6 millones y los cruces bancarios demuestran que tan pronto como el Estado les pagaba por sus servicios en el proyecto Transurbano, giraban cheques para las empresas de Baldizón.

A cambio las empresas de cartón facturaron por bienes intangibles como “estudios de prefactibilidad de ruteos”, “acondicionamiento e instalación y pintura de buses” o “acarrero de diferentes materiales”. Estas facturas fueron emitidas incluso un año después de haber recibido los fondos, con el objetivo de aparentar la legalidad de las operaciones.

Los responsables de estas empresas y de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos aún permanecen prófugos. Se trata de Luis Gómez, Marvin Aldana y Marce Lossi Hernández.

Mientras que por este caso sólo fueron capturados Héctor Aldana Castillo, Roselia Díaz Ortíz, Osmar Cruz Bustamente y Carlos Martínez Ruano. Los cuatro son abogados que crearon el entramado de empresas de cartón que estuvo al servicio de Manuel Baldizón.

También se emitió una nueva orden de captura en contra de Manuel Baldizón, que está siendo procesado por lavado de dinero en Estados Unidos. Con este caso la FECI demuestra que seguirán investigando el origen de los fondos con que los partidos financiaron sus campañas electorales.

Un mensaje fuerte en momentos en que los partidos políticos afinan los últimos detalles para la campaña electoral de 2019.