Los diputados del Pacto de Corruptos tenían previsto aprobar esta tarde una ley para vengarse de la fiscalización de las oenegés, pero en el dictamen de la iniciativa revivieron un artículo que no se ha aplicado en la democracia y que faculta al Gobierno a vigilar a los medios, las oenegés y las empresas, pero especialmente a “intervenirlas cuando el interés nacional o el orden público lo requieran”.
La alianza del presidente Jimmy Morales, y los diputados de Álvaro Arzú Escobar, Felipe Alejos, Luis H. Azmitia y la UNE continúa su ofensiva para vengarse de la soledad en la que se encuentra después de las acusaciones de la CICIG, la fiscalización de medios y oenegés, y de sentirse abandonados por grandes empresarios y por la Asociación Nacional de Alcaldes.
Esta tarde se disponían a revivir y ampliar una ley de 1963 que no se ha aplicado en la democracia.
“Las fundaciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones, establecimientos de asistencia social y asociaciones cuyas finalidades sean de interés público, estarán sometidas a la vigilancia del Estado. Dichas identidades y las sociedades por acciones podrán ser intervenidas por el Ejecutivo cuando el interés o el orden público lo requieran”, dice la propuesta de reforma al artículo 31 del Código Civil.
La propuesta ya tiene dictamen favorable y pasó dos lecturas en el pleno –se necesita de tres lecturas para convertirse en ley–. En realidad sólo agrega el concepto oenegés, pero su aplicación podría afectar a medios (que son empresas privadas de interés público) y a cualquier empresa que considere el Gobierno.
“El hecho de que la reformen da a entender que la quieren aplicar”
El abogado constitucionalista Alexander Aizenstadt dice este artículo 31 es una de las varias disposiciones del Código Civil en conflicto con la Constitución de 1985, el año en el que se retornó a la democracia después de tres décadas de dictaduras.
– La forma en que está redactado actualmente el artículo 31 genera conflictos con la Constitución, pero es una norma que ha estado ahí, sin utilizar. Y el hecho de que la reformen (agregando a las ONG) lo que da a entender es que hay una intención de aplicarla.
– No veo ninguna justificación, y me parece no solo inconstitucional, sino también contrario a tratados internacionales en derechos humanos, por ejemplo, intervenir un medio de comunicación o una fundación o asociación con intereses privados, o una ONG que no tiene contratos públicos.
– La amplitud con la que están reformando este artículo lo haría inconstitucional. Distinto sería que se centrara solo en las empresas que prestan servicios públicos, pero nada puede facultarlos para intervenir de esa manera. Es una iniciativa impermisible y no compatible con un régimen democrático.
Tropezón en la sesión de ayer
A diferencia de la velocidad con la que avanzó la iniciativa en las últimas dos sesiones, la alianza de Jimmy Morales y Álvaro Arzú Escobar no pudo continuar por falta de acuerdos a lo interno de sus bancadas aliadas.
Hicieron que avanzara la aprobación de un crédito por US$250 millones con el Banco Mundial, que no especifica el destino ni las instituciones responsables de ejecutarlo. Esto hizo que se retrasara la discusión de la agenda del día.
Después, diputados más cercanos al sector empresarial expresaron su oposición a la reforma propuesta contra ONGs, medios y empresas. Por ejemplo, María Eugenia Tabush, de VIVA, dijo en el pleno que la propuesta es “a todas luces es inconstitucional”.
Esto recuerda cuando los diputados del Pacto de Corruptos intentaron garantizarse impunidad en septiembre de 2017 al condonar las penas para delitos de corrupción, pero la reforma que aprobaron al Código Penal reducía las penas para 400 delitos. Esta vez, en un afán por asfixiar a oenegés, abrieron la puerta para vigilar e intervenir a medios de comunicación y a cualquier empresa.
Esta discusión entre los diputados de la alianza continuó retrasando la agenda y el presidente del Congreso, Arzú Escobar, propuso una votación para convocar a una sesión plenaria adicional este jueves, en donde podría avanzar el crédito de US$250 millones y la iniciativa para vigilar, intervenir y cancelar oenegés, medios y empresas.
Pero los jefes de bloque no lograron convencer a sus diputados de convocar a otra reunión. Esto era clave porque la próxima sesión convocada es para el martes 15 de mayo y está apartada para que la diputada Alejandra Carrillo interpele al ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, quien fue descubierto en el uso del helicóptero de una minera para trasladarse a la consulta popular y en la contratación de sus dos exparejas en el Ministerio.
La alianza gubernamental logró solo 71 de los 80 votos que necesitaba y fue evidente la fractura a lo interno de las bancadas. FCN (de Jimmy Morales) logró 30 de 37; MR 6 de 17; Todos 12 de 16; Alianza Ciudadana 1 de 11; y la UNE 7 de 30. Se sumaron 9 independientes (varios ex PP y Líder), 2 de VIVA, 2 de CREO, 1 del PAN y Arzú Escobar, único diputado del partido unionista.
Se opusieron por completo fueron Convergencia, Encuentro por Guatemala y el Frente por la Transparencia.
El fracaso del Pacto de Corruptos en la aprobación de esta ley impidió que pudieran congraciarse con su aliado, el sindicalista Joviel Acevedo, que junto a otros maestros acampó frente al Palacio Nacional de la Cultura a la espera de que aprueben un aumento salarial para los maestros.
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Luis Paraiso /
"Jimmy Morales había dado una conferencia en la Conred junto a sus ministros y había pronunciado una escalofríante declaración: “Nuestro presupuesto no nos permite designar ni un centavo para atender la emergencia”.
Carlos Alvarado /
Arranco la campaña electoral y esto condiciona los concensos dentro del congreso. Con seguridad todo lo que avance en el legislativo respondera a esa dinamica electoral incierta.
Walter Carrera /
Estan siguiendo el modelo populista de cooptar todos los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial en uno que responde a los intereses de un grupo que quiere mantener el status quo que favorece la corrupcion.