El pago de Pisa a los sobrevivientes del IGSS parece un gesto humano, pero busca algo más

Hace tres años y dos días contamos una historia dolorosa con este titular: El negocio del IGSS con una empresa podría matar (literalmente) a 530 pacientes. El contrato con la firma Pisa, que no tenía la capacidad técnica para tratar a los pacientes con problemas en los riñones, resultó de un soborno de Q18 millones (US$2.5 millones) a una parte de la cúpula del gobierno del Partido Patriota.

El tribunal se negó a escuchar la declaración de cinco de los sobrevivientes, que han esperado tres años y dos días para que su voz sea escuchada. Han esperado mientras miran a sus compañeros de batallas morir, literalmente. De los 7 integrantes de la asociación de víctimas, ya solo queda uno con vida.

El 27 de noviembre de 2017, Droguería Pisa de Guatemala firmó un contrato de transacción con 8 de los pacientes renales que los denunciaron en el 2015. La farmacéutica logró que las víctimas renunciaran a seguir con el caso. En esa transacción, la empresa, sus abogados y los afectados firmaron un acuerdo de confidencialidad.

Pisa no reconoce que por sus servicios o medicamentos los pacientes hayan fallecido o visto empeorada su salud, sino atribuye las consecuencias a “factores ajenos a sus servicios y productos”. Dicho eso, pagó una indemnización de Q250 mil a 8 de los afectados a cambio de que desistan de forma total de la demanda en su contra y así se liberen del embargo de Q17 millones de sus cuentas. Q2 millones a cambio de liberar sus Q17 millones.

Además del MP y la CICIG, los ciudadanos y las instituciones pueden querellarse (registrarse) para acusar en los tribunales guatemaltecos y tener sus propios abogados. Los pacientes primero fueron representados por la organización Acción Ciudadana y después por la Fundación Sobrevivientes, que habían pedido que fueran escuchados como testigos. Pero cuando estas dos instituciones estos dejaron de representarlos y 8 de los sobrevivientes renunciaron a demandar a Pisa tras el acuerdo, el tribunal decidió que ya no iba a escuchar a 5 de los sobrevivientes porque nadie los proponía como testigos.

El argumento del Tribunal Undécimo beneficia a la defensa de Pisa, cuya estrategia parece ser dejar fuera los testimonios de las víctimas alegando que no se está juzgando el servicio sino el supuesto fraude al IGSS para ganar el contrato de Q116 millones.

De acuerdo con la investigación del MP y la CICIG, con escuchas telefónicas y transacciones como evidencias, la empresa Pisa habría pagado un soborno de Q18 millones para ganar el contrato sin estar preparada para atender la insuficiencia renal crónica de 530 pacientes de diálisis peritoneal.

(Este video resume cómo el caso Pisa es un ejemplo de que la corrupción mata, resumido en 2 minutos.)

Quedan pocos vivos y no pueden declarar

Josué Leonel Lima fue el primer paciente afectado que Nómada entrevistó en febrero del 2015, cuando se dio a conocer que el IGSS había cambiado a un proveedor de tratamientos renales en una licitación que parecía dirigida.

Hace tres años Leonel Lima tenía miedo de vivir lo que vive ahora. Antes de darle a los enfermos las bolsas de solución de diálisis, Pisa tenía que ‘transformarlos’, es decir cambiarles ‘la línea’, como llaman al catéter colocado en el lado derecho del abdomen para que ingrese el líquido que drena las toxinas y hace que sus riñones funcionen. Ese paso era indispensable para que los pacientes se adaptaran a equipo de diálisis que Pisa usaba para suministrar sus productos.

La empresa había establecido el 15 de marzo del 2015 como fecha límite para hacer los cambios de catéter. Muchos pacientes como Leonel esperaron hasta el último momento para someterse a la transformación. La PDH ya estaba acumulando denuncias contra Pisa y los afectados tenían la esperanza de que el contrato se cancelara para que regresaran con el antiguo proveedor, la multinacional Baxter.

Zulma Calderón, jefa de la Unidad de Supervisión Hospitalaria de la PDH, dijo que “la situación con Pisa fue crítica en todo aspecto”.

– Recuerdo que la primera supervisión fue el 5 de febrero de 2015 y el cambio de proveedor se había dado a finales de enero. En ese momento nosotros identificamos ciertas debilidades sobre todo en el tema de la infraestructura y la falta de capacidades instaladas que tenía el lugar donde estaban brindando la atención. Eran dos habitaciones que había rentado Pisa en este hospital que se llamaba Las Américas (y ahora se llama La Paz).

En ese momento la falta de instalaciones adecuadas para atender a los enfermos era la mayor preocupación. La PDH se percató que la situación empeoró con los cambios de línea de Pisa. Alrededor de tres semanas de que Pisa inició las transformaciones, aumentó la incidencia del ingreso de pacientes con peritonitis en el IGSS de Emergencias de la zona 9.

– La recurrencia de esos casos nos dio la voz de alerta para poder hacer la correlación con el cambio de proveedor (Pisa). Era una de las situaciones que a través de informes se le hizo ver al IGSS. Ante la falta de acción del Seguro Social (entonces presidido por el exmilitar Juan de Dios Rodríguez) se presentó una denuncia al MP, recordó Calderón.

Tres años después, Leonel Lima no puede declarar en el Tribunal porque la Fundación Sobrevivientes, que lo representaba como víctima, renunció a seguir en el caso porque 8 pacientes aceptaron la indemnización de Pisa.

Lo que quiere decirle al Tribunal es la historia de por qué su salud está peor a consecuencia del tratamiento de la farmacéutica. Entonces optó por contar su historia a la sociedad a través de este reportaje, para que no se quede en el olvido.

– Después de ser tratado por Pisa yo he estado malo, me dio neuropatía. Tengo muertos tres dedos de cada mano y están hinchados. Después de eso (el servicio de Pisa) me pusieron el catéter en la pierna porque yo ya no tengo dónde. Cuando en el IGSS me quitaron el catéter del abdomen me dañaron el bordex que yo tenía en la pierna, me estuvo sangrando y saliendo como arena, cada vez que iba con el doctor me operaba y me quitaba un pedazo de carne.

En mayo de ese año, 2015, fue capturada toda la Junta Directiva del Seguro Social, la que aprobó el contrato; la Junta de Licitación, compuesta por enfermeras, que supuestamente verificó que Pisa cumplía con los requisitos para atender pacientes renales; los gerentes de la empresa y particulares involucrados en el supuesto fraude, como Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la ex magistrada Blanca Stalling. En la Junta Directiva estaban, además de Juan de Dios Rodríguez, el expresidente del Cacif Max Quirín y el todavía presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, a quien el banco central le ha pagado su defensa.

Días antes de las capturas, el IGSS revocó el contrato y Álvaro Dubón, entonces vocero del Seguro Social, reconoció tímidamente que comprobaron que la empresa no capacitó adecuadamente a los pacientes en el manejo de los insumos y que esto provocó el aumento de infecciones. Pero el problema fue más allá de la capacitación. Cuando recibió el contrato Pisa no tenía ni médicos ni centro de diálisis para atender a los enfermos y sus bolsas de líquido para drenar los riñones les provocaron dolores profundos a los pacientes.

El sobreviviente Leonel Lima está esperando que los jueces lo llamen: “Si ellos me mandan a citar yo con mucho gusto voy porque la verdad es que nosotros tenemos derecho a decir lo que nos pasó. Yo no sé cuál es el miedo de que uno llegue y que declare lo que pasó, porque son consecuencias de todo lo malo que ellos nos dieron”.

En el 2015 los pacientes renales afectados por Pisa crearon una asociación. Leonel era el vocal 2 de la Junta Directiva. Sorayda Macz, la presidenta, falleció en el 2016. Hoy Leonel es de los pocos que está vivo, de los pocos que pueden hablar, que pueden caminar.

– Hay compañeros que están en silla de ruedas, a otros se les fue el habla, otros que se quedaron sordos y otros que creo que hasta la vista perdieron porque ya no lo reconocen a uno, le tocan la piel para ver si es uno quien les habla. (Los de Pisa y el IGSS) dejaron muchas consecuencias, mucho daño. A parte de eso todos los compañeros que yo vi que se murieron a la par mía en el IGSS. Los sobrevivientes somos pocos, pero hay compañeros que están mucho más malos que yo.

Lea: La historia de la paciente que denunció y que ya no está 

El argumento (ridículo) del Tribunal Undécimo

El Tribunal Undécimo dice que como ya la Fundación Sobrevivientes renunció a ser parte del proceso y era quien había propuesto como testigos a los sobrevivientes, ahora no hay quién les haga la primera pregunta en el juicio y por lo tanto no pueden declarar.

El MP y la CICIG insisten en que sí se escuchen los testimonios. Argumentan un principio legal que se llama principio de comunidad probatoria, que significa que las pruebas y declaraciones pueden ser utilizadas por la fiscalía que acusa y la parte que defiende; cuando el juzgado admite las pruebas estas pueden beneficiar o perjudicar a todos. En casos de testigos, quien lo propone es el primero en tener la palabra para interrogarlo. Fundación Sobrevivientes ya no es parte del proceso.

Durante el juicio, el MP pidió que el abogado de la Procuraduría General de la Nación hiciera la primera pregunta por representar al Estado de Guatemala, pero las juezas del Tribunal Undécimo se negaron. Las juezas son Morelia Ríos, Patricia Veras y Coralia Contreras.

Quienes no declararán son los pacientes Leonel Lima, Venacio Pérez Alonzo, José Dolores Martínez y los familiares de Nicolás Salvador García y Luz Elvira González, que fallecieron.

¿Qué quieren decir los sobrevivientes?

Uno de los testimonios que está en peligro de quedar fuera del juicio es el de Venacio Pérez Alonzo, de 54 años. Lo que quiere decirle al Tribunal es el relato del deterioro de su salud a raíz de los tratamientos de Pisa.

– El día que yo comencé a usar la bolsa de Pisa, en ese ratito comencé con dolor. Me revolcaba, gritaba, lloraba y me fui inmediatamente al IGSS de la zona 9. Llegué a eso de las 5 de la mañana y me recibieron a las 2 de la tarde, pero yo ya estaba grave. Estando allí me operaron del estómago, debajo de la boca del estómago me operaron hasta el ombligo. Yo estuve grave en ese momento. Es una injusticia que el Tribunal no nos escuché porque yo en silla de ruedas estoy ahora. Desde ese momento yo comencé a estar solo enfermo.

Venacio Pérez dice que no tuvo comunicación con Pisa para recibir indemnización.

– A Nicolás le tocaba declarar conmigo, pero falleció hace 5 meses (…) yo quiero declarar para dar a conocer lo que sufrí en esa infección que tuve porque no quiero que a otros compañeros les pase igual. Además de eso también pienso que tengo derecho a un resarcimiento.

El MP quiere que declaren

Pisa quiere evitar que los pacientes afectados y sus familias declaren. Por eso, sin reconocer responsabilidad, los indemnizó a cambio de que desistieran de seguir en el caso. Esto no significa que los pacientes pierdan el derecho a ser escuchados por el Tribunal, pero quieren evitarlo porque sus testimonios le dan un giro “emotivo” al caso que puede afectar la imagen de la empresa frente a los jueces.

El Ministerio Público estuvo enterado de las negociaciones de Pisa con los pacientes y según explica Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la unidad del Ministerio Público que trabaja con la CICIG, esto no afecta su acusación de fraude.

– Es independiente que ellos (los pacientes) hagan una negociación por aparte; si conocen un hecho tienen que declarar.

La empresa Pisa insiste en que se está juzgando un fraude y no un servicio a los pacientes. El Ministerio Público sí los necesita en el juicio ya que de forma indirecta acredita que la contratación se estaba realizando a una entidad que no estaba preparada.

¿Podría pedirse igual un resarcimiento?

Con este contrato de transacción, las víctimas renuncian a la posibilidad de pedir un resarcimiento. ¿El Ministerio Público podría solicitarlo? De acuerdo con Juan Francisco Sandoval el MP lo requiere cuando la víctima no lo ha hecho. Añade: “Nuestro tema principal es la responsabilidad penal y no queremos renunciar a ellos (la declaración de las víctimas) porque su información aporta elementos”.

De igual manera, Pisa tiene en su contra dos demandas, una por el soborno y el mal servicio a los pacientes, y otra por los homicidios culposos de 45 pacientes.

El 15 de mayo de 2015, con la asesoría legal de la oenegé Acción Ciudadana, la Asociación de Pacientes Renales denunció a Pisa y al IGSS por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude.

Aunque los pacientes indemnizados por Pisa hayan renunciado a emprender otra acción penal en su contra, el Ministerio Público no detendrá las investigaciones. El fiscal Sandoval explica que el delito que pudo cometer la empresa es de “acción pública”, es decir que no necesitan que una persona lo denuncie para abrir un caso, y “aunque ellos renuncien, el MP tiene que tratar de averiguar la verdad”.

“La vida no tiene precio”

Claudia Figueroa es la hija de Luz Elvira González de Figueroa, una paciente de insuficiencia renal que ya falleció. Ella rechazó negociar con Pisa una indemnización por la muerte de su madre y ahora le pide al Tribunal que reciba su testimonio.

– La farmacéutica habló conmigo, pero no, no se trata de dinero.

– ¿Qué le dijo a Pisa?
– Le dije al abogado que era de humanos errar, que era de sabios corregir pero de hombres hacerse responsables. Si el documento que él me daba expresamente, por escrito, aceptaba la responsabilidad con gusto, yo aceptaba firmar, pero la persona me ofrecía un contrato de transacción, cuando no me está devolviendo a mi mamá. Entonces no, no hay valor, la vida no tiene precio. Le dije al abogado que los pacientes no eran mercancía, ni del Seguro Social ni de la empresa.

Su madre llevaba tres años con insuficiencia renal cuando inició el tratamiento con Pisa. Antes de esa fecha, 24 de marzo de 2015, ni se notaba que estaba enferma, relata Claudia Figueroa. Luego de que Pisa le cambiara el catéter para que se suministrara sus productos inició un calvario de 18 días.

Claudia Figueora recuerda que su madre lloraba cada cuatro horas, cuando tenía que utilizar el líquido de Pisa para limpiar sus riñones. “Mamita, pero si no te pongo esto qué voy a hacer, no tengo otra opción”, recuerda que le decía a su madre. Cuando el dolor fue insoportable acudieron al IGSS pero la respuesta del médico fue que “se tenía que acostumbrar al dolor”. Era 25 de abril y la Emergencia del Seguro Social estaba llena de pacientes renales con infecciones.

– Los pacientes entraban y salían muertos. Era una masacre, no hay otra palabra para expresar el abandono de los pacientes y Pisa no respondió con nada, nadie respondía el teléfono, dice Claudia Figueroa.

Tras esperar días sin que su madre fuera atendida, la llevaron a un hospital privado. Luz González de Figueora se recuperó de la infección, pero las secuelas a su ya deteriorada salud solo le permitieron vivir 18 meses más, dice Claudia Figueora entre lágrimas.

Luz González de Figueroa era testigo del Ministerio Público, pero no pudo declarar lo que vivió. Claudia Figueroa quiere que el Tribunal la escuché a ella, que sufrió con ella las complicaciones en su enfermedad.

– La calidad de vida de las víctimas fue reducida y los dejó postrados en cama, silla de ruedas, peritoneos destruidos. Los pacientes fueron llevados a una tortura que les provocó la muerte (…) aunque se esté juzgado un hecho administrativo, es obvio que la salud de los pacientes fue afectada y que a algunos eso les provocó la muerte.

Informes de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) confirman que de febrero a septiembre de 2015, cuando Pisa tuvo a cargo la atención de los pacientes renales, 45 personas murieron y 135 más resultaron con infecciones y lesiones en su ya deteriorada salud.

Una viuda y una huérfana 

Entre las víctimas que sí han podido declarar se encuentra Consuelo de Mota, que en marzo cumple tres años de haber perdido a su esposo. Frente a las juezas recordó cómo fue el primer día que su pareja se realizó la diálisis peritoneal con los productos de Pisa.

Criticó la falta de higiene y esterilización de las habitaciones donde Pisa cambió el catéter a los enfermos. Relató cómo con el cambio de empresa proveedora, los pacientes dejaron de recibir las cajas de tratamiento en sus casas, y que en cambio las recogieron en el antiguo Hospital Las Américas, desde donde ella y su esposo dejaron de almorzar para pagar un taxi que los trasladara al bus con rumbo a Mazatenango.

– Si hubiéramos sabido que para matar a mi esposo eran esas bolsas, no las hubiéramos llevado, dijo con lágrimas al tribunal.

Consuelo de Mota declaró que su esposo murió 16 días después de recibir el tratamiento para los riñones de Pisa.

Elizabeth Pérez Cruz es otra de las testigos que sí fue escuchada por el Tribunal. Su papá era Perfecto Pérez Espinosa y falleció el 20 de febrero del 2015. En su declaración criticó que Pisa no les suministraba ni las servilletas de papel que utilizaban para esterilizar el área donde se haría la diálisis peritoneal.

Coincidió con Consuelo de Mota en que desde el primer día que su padre recibió el tratamiento de Pisa, sintió dolores en el estómago. Su padre además sufrió picazón en la piel, diarrea y eventualmente dejó de sentir las piernas. Perfecto se lo atribuyó a las bolsas de solución para diálisis.

Ambas le dijeron al Tribunal que recibieron una indemnización de Pisa y que renunciaron a seguir en el caso porque por ser de escasos recursos no podían asistir a todas las audiencias. También mencionaron que los abogados de Pisa les dijeron que si “ganaban el caso” recibirían otra parte de dinero. Ninguna de las dos pudo explicar si eso sería si ganaban el caso las víctimas, Pisa o el MP.

Según el contrato de transacción, al que tuvo acceso Nómada, Pisa no les dará otra parte.

La Sala de Cuarta de Apelaciones le dio la razón provisionalmente al MP, y mientras resuelve si ordena al Tribunal Undécimo aceptar o no las declaraciones de las víctimas, el juicio estará suspendido. El tercer aniversario del crimen de IGSS Pisa fue cumplido sin justicia.