El 12 de febrero de 2018, la Corte de Constitucionalidad (CC) instó al Congreso para que reforme la proporcionalidad de las penas del segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal. Son solo 68 palabras que los diputados deben revisar en la ley que establece los castigos en materia penal y en ese caso específico, en materia de delitos electorales. Pero esa reforma podría hacer una diferencia entre la cárcel o la libertad para políticos y financistas de campaña.
El artículo 407 N define el delito de financiamiento electoral ilícito. En el primer párrafo establece que el financiamiento de campañas con dinero proveniente de actividades criminales será castigado con prisión de 4 a 12 años y multas de Q500 a Q1,000.
El segundo párrafo, el que genera controversia, también establece como delito los aportes anónimos a las campañas y los aportes que no se registren en las contabilidades de los partidos, aun cuando el origen del dinero sea legal, pues a través de la misma puerta de la opacidad llegan a los partidos fondos del crimen organizado y fondos de empresas y personas que quieren recibir favores a cambio. El problema para la CC es que, aunque son delitos, no se establecieron castigos específicos cuando la ley se reformó en 2010. Otros abogados en el MP y la CICIG consideran que sí se establecen castigos específicos, que están enumerados en el primer párrafo.
De cualquier manera, la CC ordenó al Congreso hacer una reforma sobre proporcionalidad. Esa tarea es más complicada de lo que parece. La definición de una propuesta de cambios involucra a diputados, abogados, activistas, empresarios y ciudadanos. Y el resultado de la reforma definirá el futuro de políticos y sus financistas de campaña.
Estas son las claves para entender este proceso de reforma:
1. Los diputados son la clave
La redacción de la propuesta de reforma está a cargo de una comisión especial que se conformó con 13 diputados. De esos, 8 son de la alianza del presidente Jimmy Morales y el alcalde Álvaro Arzú o votaron por el Pacto de Corruptos: Rodolfo Castañón (presidente de la Comisión y de FCN), Francisco Tambriz (Alianza Ciudadana, ex Líder), Rudy Castañeda (UCN), Manuel Conde (PAN), Alejandra Carrillo (MR) y Estuardo Galdámez (FCN). Además, Óscar Argueta (UNE) y Amílcar Pop (Winaq) votaron por el Pacto de Corruptos y ahora aseguran estar arrepentidos.
Estos diputados son miembros de las bancadas del Pacto de Corruptos, que el año pasado intentaron beneficiar a los políticos y a los financistas con dos reformas, una que les quitara responsabilidad sobre el financiamiento electoral ilícito y otra que buscaba reducir penas para delitos de corrupción pero que también las reducía para otros 400 delitos.
Estos diputados lideran las bancadas responsables de bloquear las investigaciones del MP y la CICIG contra el presidente, al votar en contra de que se le retirara la inmunidad por recibir aportes anónimos a su campaña.
Rodolfo Castañón fue electo como diputado con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero se cambió a Lider, TODOS y por último a FCN. Según la reforma a la ley orgánica del Congreso y una denuncia de la organización Acción Ciudadana, los diputados tránsfugas tienen impedimento para presidir comisiones. Ellos argumentan que pueden presidirlas si fueron tránsfugas antes de febrero de 2016, cuando se cambió la ley.
En la comisión especial también hay 5 integrantes de los grupos de oposición y de bancadas bisagras: Walter Félix (URNG), Juan José Porras (VIVA), Enrique Álvarez (Convergencia), Raúl Romero (Fuerza), y Carlos Fión (CREO), que votaron en contra o estuvieron ausentes el día de la aprobación del Pacto de Corruptos.
A partir de esta semana los diputados empezarán a trabajar en la redacción de un borrador de iniciativa de ley que presentarán en el pleno del Congreso. Los 158 diputados tendrán que decidir si reforman o no el artículo 407 N, y también cómo lo reformarán. Se necesitan al menos 105 votos para que los cambios se prueben en el pleno.
2. Los castigos (o la ausencia de castigos)
La CC les dijo a los diputados que deben reformar la ley, pero antes tuvieron que hacer consultas con empresarios, académicos, activistas, funcionarios y ciudadanos para que opinaran sobre el tema. Para eso se realizaron audiencias públicas, en las que escucharon sugerencias sobre cómo modificar el párrafo controversial del Código Penal.
La clave de la reforma es determinar qué castigo se establecerá para el financiamiento anónimo de las campañas y para la omisión de registrar los aportes en las contabilidades de los partidos. Eso generó opiniones divididas en diferentes sectores de la sociedad.
El planteamiento más severo es de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. El contralor Carlos Mencos propuso que el castigo sea de 4 a 12 años de cárcel, lo mismo que se establece para el financiamiento de grupos criminales a campañas electorales.
En un término medio está el Ministerio Público, que sugiere una sanción de 3 a 8 años de prisión. Y la propuesta conjunta de las organizaciones Asies, el Centro de Estudios de Guatemala y la Fundación Myrna Mack, que apunta a una pena de 4 a 8 años de prisión.
Si una pena es menor a 3 años de cárcel, puede ser conmutada y cambiada por una multa a cambio de evitar prisión.
Lorena Escobar, de Asíes, explicó a los diputados que las sanciones administrativas establecidas en la Ley Electoral para el financiamiento anónimo y la omisión de registro de aportes en la contabilidad de los partidos no excluyen un castigo penal. Es decir, que una multa no quita un castigo de prisión.
Pero no todos quieren que haya castigos. El abogado José Pivaral habló por el sector privado organizado en el CACIF y aunque no presentó una propuesta de reforma, si sugirió que se elimine el párrafo controversial: “Ese segundo párrafo debiera derogarse y regularse de nuevo para dejarlo claramente (establecido)”.
Aunque el abogado Pivaral no lo dice abiertamente, su planteamiento sugiere que el financiamiento anónimo y la ausencia de registros contables de los aportes para partidos ya no se consideren delitos, y solo sean castigados administrativamente.
“Usa sanción penal deber ser la última consideración”, dijo el abogado.
Sobre el impacto que eso tendría en casos como el de Jimmy Morales, o el de Orlando Blanco, exsecretario general de la Unidad Nacional de la Esperanza, el representante de los empresarios dijo: “A nosotros no nos interesa el pasado, lo que nos interesa el futuro”.
Aunque no lo dice abiertamente, las idea del CACIF tiene a beneficiar a los financistas, entre los que se encuentran sus agremiados.
Después de las audiencias públicas, los diputados ya idearon algunas propuestas. El equipo técnico de la comisión presentó una propuesta que elimina por completo el segundo párrafo del artículo 407 N y crea un artículo nuevo, el 407 P. El nuevo artículo establece para el financiamiento electoral no registrado castigos de prisión que van de 4 meses hasta 4 años, y una multa de Q20 mil a Q400 mil. Esto, al igual que la idea del sector empresarial, beneficiaría tanto a los políticos como a los financistas ahora señalados de ilegalidades.
La propuesta del diputado Oliverio García Rodas es de establecer en 3 a 5 años de prisión el castigo para quien no registre las contribuciones. Enrique Álvarez, de Convergencia, sugirió la misma pena de cárcel, pero aumentada en dos terceras partes para quienes ocupen cargos públicos, y aumentada en un 100% para contratistas o proveedores del Estado.
El financiamiento electoral ilícito es una piedra angular de la cooptación del Estado, pues de esta manera los financistas se han asegurado en el pasado un poder de decisión sobre los políticos y esto evita que se legisle o se gobierne pensando en el bien común sino pensando en pagar las deudas de campaña.
3. El nerviosismo de políticos y financistas
La reforma de un solo párrafo del Código Penal, una ley de 1973 con más de 500 artículos, es clave para los políticos y sus financistas de campaña. Dependiendo de las sanciones que se establezcan muchos podrán ir a prisión o quedar en libertad, porque en materia penal las reformas pueden ser retroactivas cuando favorecen a quienes están acusados de cometer delitos.
El caso de Jimmy Morales y de los secretarios generales de la UNE y Líder es el más notorio. La denuncia contra el presidente se archivó en el Congreso cuando los diputados del Pacto de Corruptos decidieron no retirarle la inmunidad, pero en cualquier momento se puede someter a una votación para que el caso llegue de nuevo al pleno.
Dependiendo de las reformas al Código Penal, la acusación contra el presidente podría llevarlo a un proceso que termine con un castigo de hasta 12 años de prisión o solo una multa.
Lo mismo pasaría con Orlando Blanco, el exsecretario genera de la UNE. Según la CICIG y el MP, ese partido incumplió con sus obligaciones de reportar al TSE aportes destinados al pago de transporte aéreo en la campaña de 2015. Los servicios aéreos, por un costo de Q2.2 millones se brindaron a distintos candidatos, incluyendo a la excandidata presidencia Sandra Torres.
El caso de Roberto Villate, exsecretario general del partido Lider y Manuel Baldizón, también es ejemplar. Ese partido gastó Q83.8 millones en la campaña electoral, de los que Q21.7 millones no reportó al TSE ni registró en su contabilidad, constituyendo financiamiento electoral anónimo.
El futuro de los financistas que hayan entregado esos fondos sin dar su nombre, o los responsables de la contabilidad por recibir esos aportes sin registrarlos, también depende de la reforma que ahora se discute en el Congreso.
Entre los financistas acusados de aportar a las campañas de los políticos de forma ilícita también hay pesos pesados del sector empresarial. En el caso Cooptación del Estado hay al menos 15, incluyendo a Álvaro Mayorga, propietario de la empresa Conasa y expresidente de la Cámara de la Construcción del Cacif; Julio Alejandro Quinto Tobar, contratista del Estado; Fernando Peña Pérez, expresidente de Banrural; Jack Irving Cohen, proveedor de medicamentos, y Gustavo Alejos Cámbara, exgerente de Cohen y exsecretario privado de Álvaro Colom. En otro caso de impacto, Construcción y Corrupción, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi está señalado de financiamiento electoral ilícito.
jULIA eSQUIVEL /
Ya es hora de sacar a esos delincuentes del Congreso. FCN está formado por tránsfugas del Partido Patriotero y del Líder, ambos eliminados por supercorruptos y los otros que son parte del Pacto de Corruptos , se quieren proteger para no ser juzgados, así pueden seguir haciendo trampas y embolsándose todo el dinero que puedan sin temor a un juicio justo. Eso se llama cinismo porque velan únicamente por sus intereses perversos. No son representantes de la ciudadanía sino de la corrupción y de la ausencia de ética.