La estrategia del Pacto, Consuelo y EEUU para reemplazar a la CICIG y acabarla desde ahora (parte 2)

– ¿Ese caso lo saca la FECI o la Fiscalía Transnacional?, preguntó Consuelo Porras.

La duda desconcertó a los investigadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuando presentaban una de las investigaciones de corrupción a Consuelo Porras, la Fiscal General nombrada en mayo por el presidente Jimmy Morales. Era la primera vez que los cuestionaba sobre si iban a continuar un caso o lo iban a trasladar a un nuevo ente.

– Nosotros, fue la respuesta desconcertada.

En público, Consuelo Porras ha tenido una posición ambivalente.

Por una parte se decidió después de tres meses que sí pediría el antejuicio por financiamiento electoral ilícito contra Jimmy Morales y permitió que continúen investigaciones de otros casos de corrupción. Pero ha sido pasiva desde el 31 de agosto ante el anuncio del gobierno de Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG después de septiembre del 2019 y de impedir que Iván Velásquez regrese a Guatemala. O ante el anuncio del Gobierno de que no acatará la orden de la Corte de Constitucionalidad que anula la prohibición contra el comisionado. La Fiscal General ha bautizado esa pasividad con un término: “está vigilante”.

En privado, Consuelo Porras no es ni ambivalente ni vigilante.

Su posición contra el equipo de la FECI y la CICIG es hostil. Además de cuestionar si continuarán en un caso, dijo que no sacarían a la luz más investigaciones “por fases”. Es decir, no podrán ejecutar órdenes de captura ni allanamientos hasta que un caso “esté completo”.

Consuelo Porras, exmagistrada ante la CC.

Con Thelma Aldana e Iván Velásquez al frente del MP y la CICIG, la estrategia para desarticular las estructuras de corrupción fue avanzar por etapas, precisamente para desarticular mejor las estructuras.

Por ejemplo, en 2015 en el caso de La Línea, primero se capturó a los mandos bajos y se pidió la orden de captura contra el secretario privado Juan Carlos Monzón; después se llegó a la vicepresidenta Roxana Baldetti y después al presidente Otto Pérez Molina. El caso por el financiamiento electoral ilícito en la campaña de Jimmy Morales y FCN, llegó a tribunales en tres partes, primero contra el partido, luego contra Rodrigo Arenas de MCN y después contra los cinco grandes empresarios. De la misma forma ocurrió con el caso Odebrecht o el caso del asesinato de los periodistas de Suchitepéquez, en el que primero fueron acusados los sicarios y después el diputado de FCN, Julio Juárez.

Estas dos decisiones de Consuelo Porras –de esperar hasta tener “los casos completos” y de preguntar si ya podía trasladar casos de la FECI a la Fiscalía Transnacional– coinciden con el boicot planificado por otros actores anti-CICIG.

Esta Fiscalía coincide entre los objetivos del lobby organizado en febrero del 2017 por el presidente Jimmy Morales, el excandidato Manuel Baldizón y empresarios como Juan Maegli Novella, que buscan acabar con la CICIG. El lobby fue firmado públicamente por el embajador presidencial Marvin Mérida y después por cuatro diputados del Pacto de Corruptos: Fernando Linares Beltranena (PAN); Óscar Quintanilla (AC, ex Líder), hijo de Carlos Quintanilla, preso por un caso de corrupción; Julio Lainfiesta (UCN), un partido al que la embajada estadounidense describió en el pasado como de ideología ‘narco’; y Jaime Regalado (ex PP y MR-Podemos) ahora embajador de Jimmy Morales en Nicaragua.

Lea aquí primera parte de esta investigación de Nómada: Jimmy, Baldizón y estos mega-empresarios organizaron el lobby contra Todd y la CICIG

Fiscalía Transnacional de MP-Gobernación-EEUU vs FECI de CICIG

Documentos a los que Nómada tuvo acceso resumen en cinco puntos el plan de Jimmy, Baldizón y Maegli contra la CICIG. El último de los pasos era solicitar a Estados Unidos un equipo especial para que acompañara a las nuevas autoridades en las investigaciones. Aquí, la transcripción de la lista:

1. “Analizar el actuar del embajador Todd Robinson y la remoción del mismo”. (No consiguieron hacerlo tan rápido como querían. Robinson terminó su período y fue sustituido por Luis Arreaga.)

2. “Seguir con el trabajo de la CICIG, pero cambiar de comisionado”. (No lo han conseguido. La ONU dice que no tiene por qué desconfiar de Iván Velásquez.)

3. “Destituir a la cúpula del Ministerio Público”. (No lograron hacerlo antes de mayo de 2018. Ahora está al frente Consuelo Porras.)

4. “Destituir al ministro de Gobernación y viceministros”. (Lo hicieron en enero de 2018, cuando colocaron a Enrique Degenhart y Kamilo Rivera.)

5. “Solicitar al gobierno de los Estados Unidos un equipo especial que venga a acompañar a las nuevas autoridades para investigar a las responsabilidades de estos funcionarios señalados”. (Esto coincide con la Fiscalía Transnacional.)

Con lobbys de miles de dólares en Estados Unidos para que les abrieran brecha hacia la cúpula de poder en Washington, la alianza Jimmy-Baldizón-Maegli logró ganar apoyo republicano (conservador) en el Senado y en el Gobierno de Estados Unidos. Buscan, como describieron los lobistas contratados en un documento confidencial al que accedió Nómada, “un nuevo capítulo completamente diferente en el funcionamiento de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de Guatemala”.

Entre las reuniones que sostuvieron los diputados y los empresarios, resalta la que sostuvieron con el entonces candidato a embajador estadounidense Luis Arreaga.

Documento confidencial entre Barnes & Thurnburg y Marvin Mérida.

Mientras el proyecto estrella de Consuelo Porras y Estados Unidos entra en marcha, el equipo de la FECI y la CICIG tiene en su contra el tiempo, la dimensión de las estructuras de corrupción y la falta de apoyo de la Fiscal General, que el viernes pasado obligó a nueve fiscales de carrera a renunciar a sus ascensos profesionales.

La nueva Fiscalía para grandes investigaciones

La Fiscalía Transnacional es un proyecto del Ministerio Público y la Embajada de los Estados Unidos. Se espera que empiece a funcionar en noviembre y trabajará con las agencias DEA (Oficina contra las drogas), FBI (Buró Federal de Investigaciones), ICE (Servicio Contra Migrantes) y el Departamento de Seguridad de ese país. Algo parecido a las colaboraciones que EEUU tenía con Guatemala antes de la CICIG.

– Es decir: Estados Unidos nos dará acompañamiento para la investigación y el MP judicializará todos estos delitos, dijo Consuelo Porras en el lanzamiento de una campaña contra la trata de personas el pasado 30 de julio.

Al finalizar el acto de lanzamiento de la campaña #DenunciaLaTrata, la Fiscal General y Jefa del #MinisterioPúblico, Dra. María Consuelo Porras, manifestó que estas acciones son sumamente importantes para combatir este flagelo. pic.twitter.com/ApErcThVRP

— MP de Guatemala (@MPguatemala) 30 de julio de 2018

Hubo una coincidencia. El mismo día que Consuelo Porras habló por primera vez en público sobre el proyecto fue visitada por el embajador Luis Arreaga.

La Fiscal General, Dra. María Consuelo Porras, recibió la visita del Embajador @usembassyguate, Luis Arreaga, para concretar temas de cooperación, entre ellos, la implementación de una Fiscalía Transnacional. pic.twitter.com/TCcMErBmKH

— MP de Guatemala (@MPguatemala) 30 de julio de 2018

Nómada pidió a la Embajada de Estados Unidos una entrevista con Luis Arreaga para cuestionarlo sobre las reuniones con Maegli y otros aliados antes de su nombramiento, y sobre por qué la embajada de Estados Unidos, bajo su administración, está apoyando este boicot a la CICIG desde 2018. Su oficina de comunicación respondió que no estaba disponible.

El vocero de la Embajada respondió este lunes luego de publicada la investigación:

—Estados Unidos ha apoyado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) con capacitación y asesores profesionales, y seguirá haciéndolo. Este apoyo refuerza la capacidad de la FECI de investigar corrupción e impunidad, y es parte de nuestros programas de capacitación para el Ministerio Público.

A pesar que el MP ha publicado reuniones entre Porras y Arreaga donde hablan sobre la Fiscalía Transnacional, el vocero de la Embajada negó que ese ha sido un tema tratado entre ambas instituciones:

—Hasta la fecha no hemos recibido aviso de la creación de una Fiscalía Transnacional. De crearse una, discutiríamos si el gobierno de los EUA brindaría apoyo, y de ser así, que apoyo sería apropiado.

Otro aliado de la Fiscalía Transnacional es el Ministerio de Gobernación, en manos del Pacto de Corruptos desde enero de 2018, cuando asumieron Enrique Degenhart y Kamilo Rivera, quienes han llegado al extremo de destuituir a mandos técnicos de la PNC, negar policías para hacer capturas solicitadas por la FECI o usar vehículos antinarcóticos para amedrentar a la CICIG.

Degenhart, tras una actividad en el MP.

Lea: Degenhart y Jimmy mintieron: sí ordenaron el patrullaje anti CICIG

El Ministerio de Gobernación tuiteó sobre los planes de la Fiscalía Transnacional en alianza entre el MP y Gobernación:

Luego de una reunión de dos horas entre los titulares del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, se alcanzan importantes acuerdos de trabajo conjunto que se verán reflejados en una mejora de la seguridad ciudadana de corto y mediano plazo. pic.twitter.com/6ptttCPeM1

— MinGob (@mingobguate) 20 de julio de 2018

Aquí, la transcripción:

“Se creará la Fiscalía Transnacional. Conformada con cinco Agencias Fiscales para fortalecer las relaciones de investigación internacional de manera coordinada. Se traducirá en el fortalecimiento de cooperación entre el MP-MinGob con asistencia internacional en el combate de la delincuencia transnacional para reducirla en Guatemala. El MP impulsará un Nuevo Modelo de Gestión Fiscal, que comprende investigadores de PNC con entrenamiento de unidades federales de investigación criminal de EEUU”, tuitearon desde Gobernación.

Hasta ahí todo parecería normal. Si no fuera porque la fiscal general está pensando en asignar casos de la FECI a la Fiscalía Transnacional.

Se solicitó una entrevista a la fiscal Consuelo Porras para hablar sobre este boicot, pero la solicitud fue referida a su secretario general y segundo de abordo, Julio Cordón.

Consuelo Porras, su equipo y su seguridad.

El secretario Cordón respondió que investigará estructuras criminales de narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas que operen no solo en Guatemala sino en la región, pero también que podrá ir “tras casos considerados de alto impacto”.

– No es solo para investigar los delitos fuera de la frontera, es para tener todas las capacidades para hacer frente a esto. Además, se busca que esta fiscalía tenga toda la infraestructura y las condiciones, incluso vehículos, para poder hacerse presente de forma inmediata.

No hay un criterio claro y la decisión quedará a discreción de Consuelo Porras y su equipo cercano, como el caso de la FECI de la conversación al inicio de este reportaje.

El secretario general Cordón dejó la puerta abierta:

– Los casos de corrupción no están previstos dentro de la planificación. No está previsto concretamente que (la Fiscalía Transnacional) conozca estos tipos de casos, aunque como es una fiscalía de delitos transnacionales pues sí, sí podría ser algo que esté ligado con lavado de dinero, sí podría haber un vínculo allí.

En las próximas semanas, el MP de Consuelo Porras habilitará los nuevos puestos en esa Fiscalía y seleccionará al personal. Eso es algo que no ha podido hacer en la FECI, por acuerdo entre la FECI y la CICIG desde antes que ella llegara al cargo. El fiscal de la FECI tiene autonomía para escoger a su equipo.

Mientras tanto, la Fiscal y la Embajada de Estados Unidos están capacitando a los “formadores de investigadores”.

El embajador Luis Arreaga y la fiscal Consuelo Porras, tras una actividad.

Al preguntarle por el financiamiento para este plan, el secretario general Cordón lo defendió.

– El MP tiene el presupuesto que puede alcanzar perfectamente para esos proyectos y otros. A parte de eso, sí tenemos bastante cooperación internacional, que van en orden a consultorías, proyectos específicos y estudios. El mayor grueso de gastos de financiamiento, arrendamientos y salarios lo absorbe el Ministerio Público con el presupuesto que actualmente (tiene) porque es un presupuesto que permite trabajar utilizándolo razonablemente.

El secretario Cordón no dio montos, pero dijo que han recibido financiamiento de Estados Unidos y la Unión Europea. Funcionarios europeos consultados por Nómada negaron rotundamente que vayan a financiar una Fiscalía que sustituya a la FECI y al trabajo de la CICIG.

– Las consultorías son para otros temas. Sería un contrasentido que invirtamos €10 millones en cuatro años en la CICIG para después financiar una fiscalía como la que nos menciona.

Se le preguntó al secretario Cordón sobre la Fiscalía Transnacional como sustituta de la FECI.

– (La Fiscalía Transnacional) no está sustituyendo a nadie y su idea es priorizar casos de más alto impacto (...).

– ¿En qué momento la Fiscal General va hacer algo para tener la certeza jurídica de que sí seguirán trabajando junto a la CICIG y la FECI?
– Eso no está en punto de agenda, ni se está discutiendo, ni lo está analizando el despacho. Esa es una situación que se espera que se resuelva y que haya una solución de beneficio para la sociedad y para la función del Ministerio Público. No hay para nada, no hay hasta el momento algún cronograma de trabajo, alguna agenda, estamos en espera de lo que suceda a futuro.

Mientras llega ese momento, Consuelo Porras empezó hace cuatro días a quebrar la carrera profesional de fiscales en el Ministerio Público. El pasado viernes que pidió “la renuncia voluntaria” a los asensos que habían ganado hace un año a la coordinadora nacional del MP y a 8 fiscales regionales. Entre los afectados hay fiscales con entre 15 y 25 años de carrera.

Cinco de esos nombramientos fueron revocados, dos fiscales regionales se negaron y dos más renunciaron; Aura Teresa Colíndres, quien era coordinadora nacional del MP, fue una de las que renunció. Dijo en un comunicado de prensa que esa decisión responde a “intereses sectoriales” dentro del MP.

El exfiscal Juan Solórzano Foppa, quien fue uno de los líderes de la investigación contra La Línea, lo interpretó como una venganza de Consuelo Porras porque su esposo, el fiscal Gilberto Porres, no fue ascendido. Según publicó el medio Soy502, Consuelo Porras considera que los ascensos autorizados por su antecesora, Thelma Aldana, no cumplieron todas las normas.

Mientras el mandato de la CICIG esté vigente, la FECI está a salvo de los cambios de personal ordenados por Consuelo Porras. Un acuerdo entre ambas instituciones le da voz y voto a la Comisión para decidir quién integra el equipo. Si el mandato no se renueva más allá de septiembre del 2019, los fiscales de esa unidad quedarán a expensas de Consuelo Porras, al igual que el futuro de los casos y de los colaboradores eficaces, que por mandato de ley siguen reportándose con la FECI.

Aplausos entre los anti-CICIG

El 3 de octubre, la plataforma Diálogos realizó un debate en la librería Sophos titulado ¿Debe la CICIG permanecer en Guatemala? Los invitados para discutir fueron Alejandro Ballsels, abogado y miembro del Centro para la Defensa de la Constitución, y Stuardo Ralón, abogado que ha representado a las cámaras empresariales que se oponen a la CICIG y que ha criticado en foros a la Corte de Constitucionalidad por ordenar al presidente Jimmy Morales que permita el regreso del comisionado Iván Velásquez.

La postura del abogado Ralón pareció el corolario a los planes del lobby anti-CICIG del Pacto de Corrputos y los planes de la fiscal Consuelo Porras.

– La CICIG no es el único camino, tampoco el mejor. Creo que debe haber un sustituto, pero no un modelo de Naciones Unidas (…) Mi propuesta es un modelo integral que sea ese puente de la ley Magnitsky (contra los corruptos) y dé lugar a una Fiscalía Transnacional, con los asesores de más alto nivel para temas de seguridad nacional, financiamiento electoral ilícito y narcotráfico.

Esparcidos entre el público, aplaudían integrantes de Guatemala Inmortal, el acusado de financiamiento electoral ilícito Rodrigo Arenas y la canciller de Jimmy Morales, Sandra Jovel.