La plaza y la Corte frenan al Congreso; Jimmy amenaza

1. El pacto de corruptos

14 de septiembre de 2017. Según el calendario maya es el día q’anil, el símbolo de la regeneración de la tierra, día del buen inicio, para pedir por los hijos y las hijas, para reconquistar lo perdido. Fue el día en el que los ciudadanos, después de dos años, volvieron a la plaza y a la indignación.

Mientras el pueblo estuvo ausente, el pacto de corruptos avanzó. El presidente Jimmy Morales, los diputados y sus aliados empresariales y mediáticos acusados por el MP y la CICIG pasaron meses dando pasos hacia delante en la lucha contra la corrupción, otros meses frenándola y desde noviembre de 2016, en plena ofensiva para regresar las cosas al reino de las mafias en el Estado de Guatemala.

El 13 de septiembre, el golpe que inició la ofensiva final del pacto de corruptos fue legalizar la corrupción y la impunidad. Para evitar la cárcel de sus secretarios generales, FCN y la UNE hicieron un pacto junto a los diputados ex PP-LIDER y cambiaron la ley electoral para que los resposables de financiamiento ilícito ya no fueran los políticos sino los contadores de los partidos. Y en su afán por asegurarse impunidad por acusaciones de corrupción, aprobaron una ley para que pudieran evitar la cárcel haciendo lo que mejor saben hacer las mafias: pagando.

Los diputados de Jimmy Morales sonríen el 13 de septiembre, después de la aprobación de los dos decretos que legalizan la corrupción y la impunidad.

En su desesperación por garantizarse impunidad, también beneficiaron a violadores de niños, traficantes de órganos, extorsionadores y a tantos delincuentes más que han cometido cualquiera de los más de 400 delitos que, según el Ministerio Público, quedarían eximidos de cárcel con el pago de Q18,500 (US$2,400).

2. La indignación regresa a la plaza

Desde la renuncia de Baldetti y Pérez Molina y la derrota de Manuel Baldizón y Sandra Torres en 2015, la indignación ciudadana se había reducido. Sólo dos episodios habían vuelto a convocar a los ciudadanos a expresar su repudio. El crimen de 41 niñas quemadas en un hogar gubernamental en marzo de 2017 y el intento de Jimmy Morales de expulsar al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, el 27 de agosto de 2017.

Pero esas protestas no fueron suficientes para intimidar a los diputados ni al presidente. Por eso siguieron adelante con el pacto de corrupción e impunidad.

Desde el 13 y el 14 de septiembre, las manifestaciones son distintas. Hay ira. Hay enojo. Hay frustración. El ambiente en la plaza vuelve a combinar civismo con tensión. Como en 2015, es cuando los ciudadanos le plantan cara a los corruptos. Es esa sensación de no saber quién va a ganar.

Empezaron a exigir desde redes sociales y frente al Congreso que renunciaran todos, diputados y presidente. Y los diputados agacharon la cabeza, pidieron perdón, dijeron que “se trató de un error” y anunciaron que convocarían a una sesión plenaria hoy para “enmendar las leyes”.

En otro escándalo de esta semana, Nómada descubrió que el presidente Jimmy Morales recibía un sobresueldo por parte del ejército. Además de su salario de Q150 mil, que lo hace el presidente mejor pagado de América Latina, recibía otros Q50 mil. La Contraloría lo declaró ilegal. Y el vocero presidencial anunció que Jimmy Morales devolvería los Q450 mil que había recibido de sobresueldo. Está pendiente que la Contraloría remita el expediente al Ministerio Público.

Pero los ciudadanos no lo consideran suficiente. ¡Que los perdone Dios; nosotros los queremos en la cárcel!, decían las consignas más amables. ¡Diputados a la mierda! ¡Jimmy Payaso, fuiste un fracaso! ¡Creí que era el único idiota, pero había 106 más!, decía una piñata presidencial que fue quemada. En 2015, también quemaron piñatas de Pérez Molina y Baldetti.

Las disculpas y promesas de enmendar de los diputados, y la oferta de análisis de veto del presidente Jimmy Morales, fueron demasiado poco y demasiado tarde. La Corte de Constitucionalidad, por unanimidad, frenó las dos leyes ante 6 protestas judiciales (amparos) presentados por ciudadanos, activistas, organizaciones y el PDH. Francisco de Matta Vela, el presidente de la Corte, dijo que detuvieron las dos leyes porque podían causar “daños irreparables al sistema de justicia”.

3. La tensión del 14 de septiembre

Los diputados escogieron el 13 de septiembre para el pacto de corruptos porque sabían que el 14 es el de fiesta cívica, de escuelas y grupos de ciudadanos que corren por las calles con antorchas y tambores por la antesala al día de la independencia. Escuelas y grupos que practican todo el año para esta celebración, que culmina con antorchas y bandas pasando frente al presidente y los ministros.

Y entonces el ambiente era tenso entre la frustración de quienes querían seguir con su tradición, entre quienes tenían que escoger entre la tradición o la protesta y quienes sólo querían manifestación.

Ayer, aunque las voces eran menos que en 2015, se escuchaban más fuertes. Más ardientes. El enojo viene de la decepción de estar otra vez en la misma situación que 2015, con un gobernante y unos diputados que roban y quieren impunidad.

La situación fue tensa, pero no violenta, cuando Jimmy Morales pretendió seguir con los actos protocolarios del 14 de septiembre como si no estuviera pasando nada.

– Cuando toda la gente se subió a la tarima, a los soldados y los cadetes los obligaron a seguir con la marcha y hacer todo el protocolo de la iza de la bandera. Entonces la gente decidió hacerle frente a los militares. Nos pusimos en fila en frente de la vallas. Empezamos a gritar y empujar las vallas. Algunos si lanzaron patadas, hay que reconocerlo, pero nunca a los policías militares sino siempre a las vallas. Yo les grité que daban asco. Incluso habían agentes del ejercito tomándonos fotos y videos. Pero siempre hubo mucha prudencia. Nunca se volvió ningún caos, resumió el veinteañero Herberth Pineda, que estudió sociología en la USAC y también participó de las marchas de 2015.

En vez de resguardarse con polícías y antimotines de la PCN acostumbrados a presenciar las manifestaciones desde 2015, Jimmy Morales prefirió a agentes de la SAAS (la secretaría de seguridad presidencial), la policía militar y al ejército para amedrentar a los ciudadanos.

Pero los ciudadanos tomaron la tarima para protestar.

4. La estrategia de acusar de violentos a los manifestantes

Desde ayer, el gobierno de Jimmy Morales y sus asesores militares empezó a afinar su estrategia: acusar a los ciudadanos de violentos.

Un perfil de tuiter cuestionado, considerado netcenter gubernamental por ciberactivistas, tuiteó que habrían manifestaciones violentas. El vocero presidencial, Heinz Heimann, lo aprovechó para decir en una entrevista a CNN que se sabía que las manifestaciones serían violentas.

Además, por primera vez en tres años, un “manifestante” empujó a un policía, que justamente era el director de la PNC. Otros ciudadanos lo detuvieron.

#ÚltimaHora: Este es el momento en que un manifestante empuja al director de la PNC, Nery Ramos.

Vía: @LesterRamirezEU. pic.twitter.com/42CiQfXwY8

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 15 de septiembre de 2017

Sospechan que pudiera ser un infiltrado de agencias estatales, como se infiltraron varios en la manifestación para la defensa del comisionado de la CICIG el 27 de agosto, como fue denunciado en este video de Nómada.

La toma de la tarima para manifestar, el tuit de un netcenter y el empujón al director de la PNC fueron usados como elementos para que Jimmy Morales para reducir todo lo que ocurrió en estos dos días a “unas manifestaciones violentas”, “antipatrióticas”

Ayer por la noche, Jimmy Morales, flanqueado por sus ministros, salió a amenazar con investigar a los ciudadanos. Lo hizo desde la televisión y un video en redes, los lugares en los que se siente más cómodos porque puede evitar preguntas de los periodistas.

Presidente @jimmymoralesgt condena actos de violencia y atropello a celebración a la patria #UnaSolaNación ?? pic.twitter.com/DGcfXqAjg7

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) 15 de septiembre de 2017

No habló para condenar a los 111 diputados que habían atentado contra la justicia y la seguridad del país en el pacto de corruptos que él mismo promovió. En vez de eso, ordenó que se investigara a los manifestantes que “incidieron en que cientos de estudiantes vieran frustrado su deseo de emprender a la patria”.

Jimmy Morales, como Pérez Molina, cuenta con otro aliado para intentar mantenerse en el poder. Se trata de Ángel González y su esposa Alba Lorenzana. Son los dueños del monopolio de los canales abiertos y la Radio Sonora. Están investigados por el MP y la CICIG por financiamiento electoral ilícito y recibir contratos sobrevalorados después. Y desde los canales y la radio, ayer mintieron y reprodujeron la propaganda de que habían sido manifestaciones violentas.

5. La batalla que continúa

Al final del día, el abogado y director del Centro Internacional de Juristas, Ramón Cadena, presentó un amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad. Es decir, consultó a los magistrados sobre el proceso a seguir para responsabilizar penalmente a los 111 diputados que avalaron los decretos de impunidad.

Quizás en esa consulta esté la clave a las peticiones de depuración del Congreso. 111 diputados podrían ser denunciados y sacados del Congreso desde la Corte. Mientras tanto, una nueva investigación avanza contra el presidente Jimmy Morales por el sobresueldo ilegal que cobró del ejército para la defensa de su hijo por un caso de corrupción.

Pero eso todavía está lejos. El presidente Jimmy Morales sigue en pie de guerra. El plan para el pacto de corruptos no sólo incluía estas dos primeras leyes. También cambiar la ley para que el presidente pueda remover a la Fiscal General y repartirse Q7 mil millones del Presupuesto General de la Nación para 2018.

Para hoy están convocadas nuevas manifestaciones.

* Esta nota está firmada como Nómada porque participaron en la cobertura tres periodistas, dos fotógrafos y una productora.