La sentencia del caso de corrupción que mató a 51 pacientes deja tranquilos a acusados y acusadores

Cuatro años después, un tribunal dio la razón a los pacientes renales del IGSS que en el 2015 salieron a manifestar: la empresa Pisa no estaba preparada brindarles servicios de diálisis y puso su vida en peligro. El tribunal dictaminó que el contrato entre ambas entidades fue fraudulento y condenó a todos los que avalaron la transacción, pero a los responsables los sacó de la cárcel. Aquí, la historia del caso y de la sentencia.

La corrupción no es normal Actualidad

Los acusados respiran tranquilos al ser condenados pero recuperar su libertad. En la primera fila, Max Quirín y Otto Fernando Molina Stalling.

Fotos: Carlos Sebastián

– Yo escuché que son culpables, que sí tuvieron responsabilidad, que ni mi madre ni yo estábamos locas. Nunca mentimos y hoy nos respalda una sentencia.

Claudia Figueroa es la hija de Luz Elvira González de Figueroa, una paciente de insuficiencia renal que falleció a los 18 días de que Pisa empezara a atenderla en 2015, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y la presidencia del Seguro Social de Juan de Dios Rodríguez.

Junto a otras cuatro personas, llegó a la Torre de Tribunales para seguir el proceso que los pacientes iniciaron en 2015 y que se desarrolló en 93 audiencias. En la búsqueda de justicia por este caso, 51 pacientes murieron, entre ellos Sorayda Macz, la presidenta de la asociación de pacientes. Los que sobrevivieron a las infecciones, según la Procuraduría de Derechos Humanos, fueron unos 150, llegaron a esta etapa tan deteriorados que ya no podían caminar ni descuidar sus tratamientos médicos.

– Era evidente que Pisa no sabía prestar el servicio, que no tenían experiencia ni sabían atender a los pacientes, no había un don de servicio, era un experimento, dijo Figueroa.

Lea: De cómo 530 pacientes frenaron un caso de corrupción letal (2015)

Esta vez las quejas de los enfermos renales y sus cercanos tiene un respaldo jurídico. El Tribunal Undécimo de Sentencia, integrado por Morelia Ríos, Miriam Hernández y Miriam Hernández, dijo que hubo fraude en esta contratación y condenó a 12 personas que trabajaron en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a 6 años y 3 meses de cárcel. La decisión de las jueces no fue del todo favorable para ninguna de las partes involucradas en el caso.

Aquí, un resumen en video.

 

1. La Junta Directiva

El 4 de noviembre de 2014, en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, en la sede del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hubo una sesión de los miembros de la entonces Junta Directiva: Juan de Dios Rodríguez (representante del Presidente), Max Quirin Schoeder (representante del CACIF), Julio Suárez (presidente del Banguat), Julia Amparo Lotán (representante de los sindicatos) y Jesús Oliva (representante de la USAC). Tenían que conocer y aprobar o rechazar más de 20 expedientes de licitación para compras millonarias de insumos y servicios de salud. Uno era de Pisa, con tres carpetas de documentación. La sesión terminó a las 7.55 de la mañana, los 23 asuntos en la agenda se conocieron en 27 minutos, en un promedio de 2 minutos por tema.

 

Antes de que el expediente llegara a los directivos de IGSS, la junta de Licitación, integrada por las enfermeras Delia Castañón, Carmen Yadira Gil, Doris Salazar, Alba Maldonado y Mayra Gómez, visitó las supuestas instalaciones de Pisa en el Hospital Las Américas en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala. A pesar de que Pisa solo había alquilado tres habitaciones para atender a los pacientes, las cinco enfermeras dictaminaron que la empresa cumplía con todos los requisitos.

El Tribunal dijo que no se comprobó que Pisa tuviera licencia sanitaria para dar servicios de diálisis peritoneal y que no estaba preparada para atender a los 530 enfermos renales afiliados al IGSS.

– No es creíble ni razonable que no hubiese sido advertida por los miembros de la junta de licitación al momento de hacer el estudio (que Pisa no cumplía con los requisitos para obtener el contrato). En ese sentido la Ley de Contrataciones del Estado, dice que en caso que no existan ofertas que no cumplan los requisitos de ley, puede declararse desierta la convocatoria, leyó la jueza Miriam Hernández.

Por ese extremo las juezas encontraron culpable a los ex directivos Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, Julio Suárez, Julia Amparo Lotán, Max Quirin Shoeder; el subgerente del Seguro Social, Álvaro Dubón, y el jefe de Servicios Contratados, Francisco Cortéz Bocaletti.

 

El presidente del Banguat, el representante del Cacif y el presidente del IGSS fueron enviados a la cárcel en 2015.

Sin ahondar en los motivos de su decisión, el Tribunal los condenó y minutos después los dejó en libertad con la condición de que cada 15 días se acerquen al Organismo Judicial a firmar un libro de asistencia. Esto se debe, probablemente, a que ya cumplieron la mitad de su sentencia en prisión durante los últimos tres años.

Cuando la jueza leyó esa parte de su sentencia, en la sala de audiencias se escucharon expresiones de sorpresa, seguidas de llanto de los acusados y sus familiares, así como apretones de mano y palmadas en la espalda.

– Esta todavía no es una sentencia en firme. (Analizará con sus abogados si apelará porque) estoy convencido que hice todo lo que la ley me permitía, dijo Julio Suárez, ex presidente del Banco de Guatemala.

Sus abogados, de hecho, han sido pagados con fondos públicos del Banco de Guatemala.

El caso ha sido paradigmático porque el CACIF, la gremial empresarial de Guatemala, ha acusado a la CICIG y al MP de haber retenido de manera ilegal en la cárcel a su representante, Max Quirín.

2. El hijo de la magistrada que dijo por teléfono que cobraría un soborno

¿Cómo una empresa sin experiencia ni capacidades fue beneficiada por el IGSS con un contrato de Q116 millones (US$15 millones)?

El caso era uno más entre centenares de adjudicaciones que tenía que hacer la Junta Directiva. Todo parecía normal. Dos empresas competían por tratar a pacientes con problemas con los riñones. Y la competencia en Guatecompras.gt aparecía como una en la que había ganado la oferta más barata para el Estado.

Pero habían dos detalles. Uno es que a la empresa que tenía todo para ganar (Baxter, que había ganado en el pasado) no la dejaron seguir compitiendo por trámites de forma (pidieron una documentación para un martes y la notificación le llegó un miércoles) y el otro es según el MP y la CIICG, que había una negociación tras bambalinas con el asesor del presidente del IGSS, Otto Fernando Molina Stalling.

Droguería Pisa de Guatemala era una contratista menor en el Estado. Desde 2005 empezó a proveer anualmente entre los Q770 mil y Q5 millones. La mayoría de contratos que se le adjudicaban eran compras de medicamentos.

Con Juan de Dios Rodríguez y Molina Stalling, Pisa saltó de categoría. Participó en una licitación dirigida. Sin experiencia en atención a pacientes renales, sin médicos, sin infraestructura, ni centro de diálisis, logró que el 17 de diciembre de 2014 el IGSS le adjudicara el contrato por Q116 millones. Un mes después, la entidad era una de las 60 empresas que financiaban un suplemento en matutinos felicitando al gobierno del Partido Patriota por sus grandes logros en el tercer año de gestión y por “llevar al país en el rumbo correcto”.

Otto Fernando Molina Stalling fue acusado por el MP y la CICIG de organizar una estructura criminal para desfalcar al Estado. Los fiscales lo grabaron en llamadas telefónicas y pidieron que fuera condenado por asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones por haber buscado a los gerentes de Pisa y ofrecerles “aceitar” el proceso de contratación. Presumía de influencias en el IGSS porque era asesor de la Subgerencia Financiera.

En contra de Otto Molina Stalling, el MP presentó grabaciones de conversaciones telefónicas, donde dice que pedirá una comisión del 15%.

Además, Molina Stalling es hijo de la otrora poderosa magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.

Sobre esto el Tribunal dijo que Molina Stalling sí cometió el delito de cobro ilegal de comisiones, un soborno (para que Pisa ganara el contrato), pero que no se comprobó que los de Pisa lo pagaran.

– No se escucha que los procesados de Pisa tuvieran como objeto ofrecer algún objeto de valor a cambio de que los funcionarios interviniente en la licitación realizaran o dejaran de realizar cualquier acto a favor de ellos (…) Además de que a la reunión no acudió ningún funcionario que tuviera una incidencia directa en el caso.

Herberth García Granados, Arturo Castellanos Pou y Francisco Cortéz Bocalleti, a quienes el MP acusó de haber participado del soborno con Molina Stalling, fueron absueltos de todo cargo.

Es decir, para el Tribunal, que el contrato fuera dirigido para Pisa a pesar de su falta de capacidades y de que Molina Stalling fuera grabado mientras les pedía un soborno, no fue suficiente para condenarlos.

 

Las juezas del Tribunal Undécimo.

Durante la audiencia, fue notoria la presencia de la madre de Otto Fernando Molina Stalling. Blanca Stalling fue una de las primeras magistradas electas para la Corte Suprema de Justicia por el Congreso del PP y Líder en 2013. De hecho, presidía la Cámara Penal, la máxima autoridad sobre los jueces. Como tal, en 2017 intentó interceder por su hijo y fue separada del cargo cuando el juez Carlos Ruano la denunció por intentar usar su cargo para pedir una resolución que beneficiara a Molian Stalling con arresto domiciliario.

Ahora con prisión domiciliar, Blanca Stalling –quien todavía no ha perdido su cargo– llegó a la audiencia del caso IGSS-Pisa. Su presencia no pasó desapercibida. Saludó a abogados y acusados. En el estrecho espacio del Tribunal se sentó unas horas en la primera fila y cuando el juicio inició tuvo que pasarse a la carceleta, con el resto de familiares de los sindicados, pues el salón estaba abarrotado y no cabían muchas personas en el lugar.

3. Pisa y sus gerentes

Edgar de La Peña y Ramiro Lorenzana eran gerentes de la empresa Pisa cuando se firmó el contrato. Se reunieron con Molina Stalling previo a la adjudicación del contrato. El tribunal los benefició al absolverlos del delito de cohecho (soborno) porque en las escuchas telefónicas no se les escucha aceptar o coordinar un pago.

Miriam Hernández, la jueza que leyó la sentencia, dijo que el tribunal no observó que existiera una agrupación delictiva que tuviera la intención de desfalcar al IGSS.

– Por las conversaciones escuchadas se establece que actuaba por cuenta propia (…) su interés fue obtener un beneficio de Pisa simulando cierta influencia en los involucrados en los procesos de licitación.

Las juezas reconocieron que Pisa no tenía licencia sanitaría para atender a los pacientes, y decretó “una sanción moral y de desaprobación”, en contra de la empresa y además ordenaron que pagaran Q3.3 millones como reparación al IGSS por la atención a todos los pacientes que requirieron atención médica por infecciones que les provocó los medicamentos de la empresa.

La sanción moral y económica pero libertad para los gerentes de Pisa dio lugar a celebraciones de los acusados. David Pineda, abogado de Pisa y sus gerentes, celebró que sus clientes fueron absueltos y defendió a la empresa.

– Contamos con la capacidad de gestionar ese servicio (diálisis). Pisa es una empresa que esto mismo lo hace en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

 

Edgar de la Peña, de Pisa, gesticula después del fallo.

4. El caso pendiente, el de las muertes de los pacientes

Aunque los gerentes de Pisa fueron absueltos y recuperaron su libertad, Pisa todavía tiene un pendiente más con la justicia: la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), investiga la calidad de los medicamentos que le suministraron a los enfermos renales para verificar si las muertes y las infecciones están directamente vinculadas con sus servicios. Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, confirmó que las investigaciones continúan y que esperan resultados pronto.

– Estamos satisfechos con la sentencia, pero esperaremos ser notificados para leer toda la argumentación y verificar si se presentaran apelaciones. Son pocas las veces que en un negocio grande se puede establecer responsabilidad de los órganos colegiados (en este caso la Junta Directiva del IGSS, dijo sobre la sentencia).

Jody García
/

Periodista. También lectora y pintora. Trabajó dos años en Diario La Hora cubriendo el sistema de justicia. Llegó a Nómada por el futuro. @Jody_Garcia_


Anuncio

Hay Mucho Más

No te perdás las últimas publicaciones de Nómada

¡Gracias por suscribirte!

(Revisá tu correo y confirmá tu suscripción)

A qué hora te gustaría recibirlo:

Te gustaría recibir sobre:

¡Gracias!


Con qué frecuencia te gustaría recibirnos:

¡Gracias!


Anuncio

4

COMENTARIOS

RESPUESTAS

INGRESA UN MENSAJE.

INGRESA TU NOMBRE.

INGRESA TU CORREO ELECTRÓNICO.

INGRESA UN CORREO ELECTRÓNICO VÁLIDO.

*

    Henry Berganza /

    02/10/2018 7:04 AM

    De este caso aún falta señores. Ahorita solo se juzgó la parte administrativa. Falta juzgar los delitos contra la vida que es un caso aparte. Y si las penas son de risa pero así esta estipuladas en ley.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Víctor López /

    28/09/2018 9:34 PM

    Se confirma lo que siempre he dicho; puro show , para mantener entretenida a la gente... Aquí todos se me han ido encima y no me creen: que paso con ríos Montt ? Le dieron 80 años y después que pasó? Se declaró loco y salió libre... Que paso con Felipe bosh? , los novella , los zadik y demás lacras sociales?" Se arrepintieron" y siguen robando... Que va a pasar con OPM Y BALDETI, : diez años de prisión ... Ya llevan 5 y resulta que los años en prisión valen diez meses , más " el buen comportamiento" , de penitencia a rezar el padre nuestro y diez aves Marías , mas " el servicio a la comunidad" más " la enfermedad" que padecen , más que al pueblo ya se le pasó la cólera , más el pisto que ya se regó en todo el aparato de justicia , más bla bla bla y
    Bla bla bla... Aquí todos ganaron: THELMA ALDANA PRESIDENTA , EL JUEZ GÁLVEZ , próximo fiscal general , IVÁN VELASQUEZ , forrado de billete, lo mandan a chingar a Venezuela o Nicaragua... Jimi retirado de la política... Pero con buen billete, los abogados defensores llenos de billete , esperando "casos de alto impacto" Dionisio más viejo y con más pisto y metiendo el dedo a la boca con su " libre encuentro " en su versión 10.0 ... Y EL PUEBLO COMO VA ESTAR EL PUEBLO? No se me viene la palabra alguien que me ayude...

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Luis Paraiso /

    28/09/2018 8:18 AM

    Poquito a poquito estan saliendo del bote todas las personas implicadas en cualquier caso que haya causado daño, social économico, pisicologico a los guatemaltecos. Todos terminaran por salir, se tiene el sentimiento que los procesos judiciales sirvieron simplemente para declarar que nada tuvieron que ver en el proceso y sobre todo calmar las reclamas del pueblo. Es algo asi como EL LAVADO DE DINERO los tribunales, los jueces la justicia en Guatemala se han convertido en lavadoras de personas entran un rato a la lavadora judicial y salen lavados y planchados libres de toda culpa. que despues las integran de nuevo a sus puestos de trabajo como si nada hubiese pasado. Muchos ni siquiera dejaron de recibir su salario como si estuvieran trabajando. El lavado es una formalidad y los encargados de hacer este trabajo son jueces, tribunales, justicia todos ustedes engañan al PUEBLO de buena o de mala fé depende de que modo se justifique. LA JUSTICIA LA LEY LOS JUECES EN GUATEMALA SON COMO LAVADORAS CINICAS SIRVEN PARA BLANQUEAR DELICUENTES.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Moisés Ávila /

    27/09/2018 12:47 PM

    hijosdelagranchingadaputa.... unos por corruptos, otros por no fijarse en lo que firman, otros por brutos.... al final por dinero mataron a personas. Una sentencia tan suave, va desanimar a las estructuras criminales a dejar de delinquir?

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



Notas más leídas




Secciones