La Riviera es el nombre comercial de la sociedad registrada como Tiendas Libres de Guatemala, S.A. Esta empresa funcionaba dentro del consorcio panameño Grupo Wisa S.A, que tiene presencia en aeropuertos de más de 14 países en América Latina, aunque muchos ya las clausuraron también. Estos comercios vendían a los viajeros productos como fragancias, chocolates, maquillaje, licores, maletas, sin impuestos.
El 8 de octubre de 2015 fue el último día que las tiendas de La Riviera atendieron a pasajeros en tránsito dentro del aeropuerto La Aurora. Ese día, el Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) clausuraron los comercios por supuesta defraudación aduanera. Son 8 locales y una bodega los que se encuentran en abandono, con mercadería.
Eso fue hace más de dos años. Y desde entonces, nadie ha podido ingresar a las tiendas sin autorización del MP y acompañamiento de la SAT. Ni siquiera para limpiar. “Lo que está ahí son productos perecederos: chocolates, vinos, whiskys, incluso los mismos maquillajes, se vencen. Y eso llama ratas, cucarachas, malos olores que nos afectan en el aeropuerto”, explica Carlos Velásquez, director de Aeronáutica Civil.
El proceso legal mantiene los locales bajo resguardo fiscal y judicial, porque son evidencias en las investigaciones para demostrar que, entre el 2009 y 2012, La Riviera evadió cerca de $7.5 millones (59 millones de quetzales) en impuestos, según comunicó a los medios la vocera del MP, Julia Barrera. Sin embargo, estas averiguaciones dejan a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y al aeropuerto con menos opciones para que los pasajeros en tránsito compren y con una mala imagen por tener cerrados 8 espacios grandes.
El “estira y encoje”
En Guatemala solo hay tres organizaciones no gubernamentales autorizadas para funcionar como negocios libres de impuestos (duty-free): Sociedad Protectora del Niño, Asociación Centro de Integración Familiar y la Asociación de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl. Fueron estas las que demandaron a La Riviera y al, entonces, superintendente de SAT, Rudy Villeda, que autorizó su funcionamiento.
“Ahí lo que el Ministerio Público ordenó fue que se cerraran los locales”, dice Werner Ovalle, intendente de Aduanas y continúa comentando que “es el MP el que debe determinar cuáles son las siguientes líneas de acción. Ahorita lo que nos compete es mantener en resguardo la mercancía. Y esperar a ver qué determinan ellos, subastar o destruir esa mercadería”.
Mientras tanto la SAT y la DGAC se han metido en un “estira y encoje”.
Según Werner Ovalle en el gabinete económico “se habló del vacío de las tiendas, el mal aspecto, y que en lugar de tener las cintas de que están bajo un proceso penal se podría poner algún paisaje de Guatemala promocionando el país, pero ese es tema de la DGAC y del Inguat”.
Ante los ojos de la DGAC no es así. Porque, aunque el Intendente de aduanas insiste que ya hay 4 locales vacíos, los 8 espacios de La Riviera siguen clausurados con cinta de la SAT y tienen cajas y estanterías llenas adentro. Carlos Velásquez, el director de la DGAC, alega que no le están dando la importancia necesaria al caso y que, luego de terminar los contratos de manera anticipada, sólo están esperando que la SAT vacíe los locales y bodegas para poder arrendarlos nuevamente.
La Riviera ocupa aproximadamente 1525 metros cuadrados en el aeropuerto. Cada metro cuesta cerca $20 (Q150) al mes. La terminal aérea ha dejado de percibir $30 mil 500 (Q228 mil 750) cada mes por casi 30 meses. Lo que resulta en pérdidas totales de más de Q6.8 millones, por no poder disponer de los establecimientos.
Sobre los locales, Werner Ovalle dice que la SAT no tiene control sobre ellos “ni llenos, ni vacíos” y que es la DGAC quién tiene el control sobre los locales y el aeropuerto.
Al final el destino de los locales que un día administró La Riviera sólo está en manos de la justicia. El caso de evasión de impuestos por La Riviera se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, bajo el mando del fiscal Yoni Morales.
Dicha fiscalía ya hizo una solicitud formal a la juez del caso, Judith Secaida, para tener de vuelta el control de los locales. Una vez autorizada, la SAT deberá terminar de retirar toda la mercadería que está dentro de las tiendas.
La Dirección General de Aeronáutica Civil quiere hacer de los locales donde actualmente hay producto en descomposición, un centro comercial.
Roman /
que raro en esta gente son mas tontos que las palabra!!!
Mario /
Recuerdo la ultima vez que viaje a Guatemala y vi estos duty frees cerrados en el aeropuerto con la cinta de que habian sido clausurados por evadir impuestos. Creo que hasta en Ingles estaba la cinta. Que verguenza que cuando uno llegue o se vaya del pais se va con esa imagen del pais...