¿Por qué Sandra Torres salió bien librada del caso Transurbano?

Prácticamente no hay fotos de inauguraciones del Transurbano en las que no aparezca Sandra Torres. Cortaba la cinta, tomaba la palabra, posaba con el presidente de la nación (y entonces su esposo) y se aseguraba de que la población la relacionara con el nuevo sistema de transporte.

Ocho años después, no queda duda de que el Transurbano fue un fraude que costó Q270 millones al Estado y que obliga a los capitalinos a seguir viajando en los destartalados buses rojos. Si bien el gabinete de Álvaro Colom, él incluido, guarda prisión preventiva señalado de fraude y peculado, la mujer que se llevó los mayores créditos del Transurbano ha salido incólume. Hasta ahora.

El martes de la redada de funcionarios de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Ministerio Público (MP) confirmó que no hay orden de captura contra la ex primera dama y la fiscal general indicó que Torres no forma parte de las investigaciones del caso Transurbano.

Pero aquellos que identifican a la ex primera dama como la mujer detrás del trono de la UNE y que han visto cómo, caso tras caso, el MP y la CICIG muestran la corrupción del Gobierno de Otto Pérez Molina y empiezan a revelar la de la UNE, se preguntan por qué Sandra Torres no ha sido involucrada en ninguna acusación.

La respuesta pareciera encontrarse en la misma afirmación. Sandra fue el poder detrás de Álvaro Colom. Aunque era una figura notoria ante la población, en el Gobierno no ocupó ningún puesto público ni firmaba documentos que certificaran el poder que ejercía.

Sin embargo, la revisión del funcionamiento del Consejo de Cohesión Social (CCS), el centro de control de todos los programas sociales implementados por la UNE y liderados por Torres, podría ser útil para determinar la participación de ella en la administración de Colom.

El acuerdo 79-2008 dio vida a Cohesión Social apenas siete días después de que tomó posesión Colom. Desde el consejo se implementó la política social de la UNE y los programas sociales y se coordinó incluso el Transurbano, según narra en su libro “Rendición de cuentas”, el exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight, también capturado el martes.

Era tal el orgullo de Torres de los proyectos surgidos en el consejo que en 2014, previo a la campaña electoral de la que fue candidata de la UNE, presumió ser la responsable del Transurbano en su cuenta de Twitter, un tuit que ya está no disponible.

Los integrantes del CCS eran el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y el Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El consejo tenía como fin responder a la realidad del país e instaurar programas sociales en Guatemala. Programas como Mi Familia Progresa, Comedores Solidarios y Escuelas Abiertas con producto de ese consejo. También se cuenta el de “Vamos a la playa” con el que llevaban gratuitamente a los capitalinos al puerto de San José en Semana Santa.

'Desde el Consejo de Cohesión se crearon programas sociales hasta entonces inexistentes en Guatemala en favor del desarrollo social, pero en el camino se desvirtuó la gestión'. Lo resume Manfredo Marroquín, presidente de la asociación Acción Ciudadana. A medida que pasaron los meses y ante el escaso control de los beneficiarios y proveedores, los programas se prestaron al clientelismo político y la corrupción, como lo ha demostrado  la prensa en la última década y Acción Ciudadana en diversos informes.

Se desconoce si la gestión de los programas sociales es parte de las investigaciones del MP y la CICIG. Sin embargo, es posible anticipar que en los documentos oficiales de los programas sociales no figura Sandra Torres.

El Consejo de Cohesión no manejaba un presupuesto propio, utilizaba el de las instituciones que lo integraban, que son las que más asignación reciben por año en el Ejecutivo. “Lo que nos pedía eran metas y acciones”, recuerda Bienvenido Argueta, primero director del programa “Escuelas abiertas” y después Ministro de Educación.

El papel de coordinadora y quien pedía cuentas lo ejercía Sandra Torres, explica Ronaldo Robles, secretario de Comunicación del gobierno de la UNE. “Ella tenía un papel de coordinación, en la práctica mandaba, aunque no rendía cuentas ni firmaba nada”, indica quien también fue jefe de campaña de Torres en las elecciones de 2015. Sandra Torres y Ronaldo Robles están distanciados actualmente, y Robles renunció a la UNE en 2017.

Sandra Torres nunca ha rendido cuentas a nadie. Cuando se echaron a andar los programas  sociales surgieron críticas por la opacidad y omisión de información. Con el argumento de protección de los datos personales, Mi Familia Progresa se negó a dar los nombres de sus beneficiados, hasta a que la Corte de Constitucionalidad le ordenó hacerlo. Cuando finalmente se tuvo acceso a la base salieron a luz usuarios duplicados o que no existían.

La diputada Nineth Montenegro lideró en el Congreso las fiscalizaciones al Consejo de Cohesión. Aunque citó en varias ocasiones a Torres, ella las ignoró. “Llegaban los directores de cada programa. Ella siempre argumentó que no estaba obligada a ir, por su investidura de primera dama”, relata.

Una forma de probar la injerencia de Sandra Torres en el Gobierno y su poder fáctico podrían ser las comunicaciones que la primera dama mantuvo con los integrantes del Consejo de Cohesión y desde el cual se ejecutaron los programas sociales que también ella comandó y promocionó. Fuentes opinan que, si estas existen, podrían demostrar la participación de ella en el consejo y que el seguimiento de sus cuentas bancarias también reflejaría si, pese a no ser funcionaria, manejó dinero público durante el Gobierno.

Si Sandra Torres dio órdenes por escrito a ministros, secretarios, directores de dependencias y asistentes para echar a andar los proyectos sociales, estas podrían estar registradas en correos electrónicos o mensajes telefónicos.

Durante el gobierno de la UNE (2008-2012) no existían en Guatemala las aplicaciones de mensajería WhatsApp, Telegram, Line ni Viber. El Blackberry Messenger (BBM) era la única forma de comunicación privada utilizada, pero prácticamente ya no existe. Y de la posibilidad de  que existan correos electrónicos que vinculen a Torres con los proyectos de la UNE, incluido el del Transurbano, la fiscal general ha preferido no pronunciarse.