Quién mató a la ambientalista Berta Cáceres, en 7 puntos

El GAIPE, inspirado en el GEIE que investigó la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México; e inspirado en el modelo de la CICIG de buscar ayuda de fiscales extranjeros para hacer investigaciones internas; estuvo conformado a solicitud de familares y colegas de Berta Cáceres por 5 renombrados investigadores. Dan Saxon (estadounidense, que participó del Tribunal Penal para Yugoslavia, y con experiencia en América Latina); Roxanna Altholz (estadounidense, ha ganado casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y participó en la misión de la ONU en Kosovo); Miguel Ángel Urbina (abogado guatemalteco que ha trabajado para la FAFG y el Instituto de Ciencias Penales Comparadas), Jorge Molano (abogado colombiano de víctimas de violaciones a los derechos humanos y que ha sido galardonado por el Departamento de Estado) y Liliana Uribe Tirado (colombiana, abogada de casos paradigmáticos en Antioquia, Colombia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos).

A esto se suma el informe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción, MACCIH, de la OEA, que publicó que el Ministro de Ambiente que había concedido la licencia ambiental a destiepo, era ahora el jefe del Ministerio Público encargado de la investigación. También denunció la ilegalidad de todo el proceso de la hidroeléctrica.

El GAIPE tuvo acceso a una fracción de la data telefónica que el Ministerio Público usó para procesar a 8 personas, y encontró que hay más responsables, los responsables intelectuales del asesinato, ocurrido el 2 de marzo de 2016. La data contiene registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros.

Estos son sus principales hallazgos:

1. El asesinato de Berta Isabel Cáceres fue el resultado de la planificación de “socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado” para impedir el derecho de la consulta comunitaria.

2. La estrategia incluyó “campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH (la organización ambientalista lenca que dirigía Berta Cáceres)”, así como el uso de fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos paralelos al Estado.

3. El Ministerio de Gobernación hondureño protegió a la hidroeléctrica pero no protegió a la ambientalista Berta Cáceres, a pesar de que sabía que estaba siendo perseguida y amenazada.

4. Las instituciones internacionales que lo financiaron fueron negligentes: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Supieron de la estrategia criminal de DESA, a través de denuncias y estudios de consultores internacionales, pero no hicieron nada para proteger los derechos de los indígenas lencas y la vida de Berta Cáceres.

5. A partir del análisis de las llamadas, el GAIPE encontró que hubo más personas involucradas en el asesinato, que no han sido individualizadas por el Ministerio Público hondureño. Los agentes estatales a cargo de la investigación, a pesar de contar con estas evidencias, dijeron originalmente que se trataba de un crimen pasional. El MP hondureño, además, ha impedido la participación de familiares y colegas como querellantes, al no permitirles acceso al expediente.

6. El GAIPE estableció la participación “de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado” en actos anteriores al asesinato, en el asesinato y en su posterior encubrimiento”.

7. Del análisis de la información, consideran que “los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales”. Estos actores influyeron para que se enfocara la hipótesis inicial a que era un tema pasional o riña entre colegas.

El Ministerio Público y el Sistema de Justicia de Honduras, como el de México o el de El Salvador, parece que todavía no tiene la independencia suficiente para procesar casos de alto impacto, como el asesinato de Berta Cáceres, que involucran a una gran empresa y agentes estatales.