Rodrigo Arenas y el plan de “proteger el voto de los guatemaltecos” con dinero ilegal

En el juzgado de Mayor Riesgo D, continuó la audiencia de primera declaración contra Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional, y Andrés Botrán, ex Secretario de Seguridad Alimentaria del gobierno de Jimmy Morales. Según la Fiscalía de Delitos Electorales y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ambos cometieron el delito de financiamiento electoral ilícito a favor de FNC-Nación.

En el segundo día de audiencia, ambos se defendieron con su versión de los hechos.

Arenas cuestionó la veracidad de las declaraciones de Paulina Paiz, la testigo del Ministerio Público y dueña de Novaservicios, Sociedad Anónima, la empresa usada para captar las donaciones y pagar gastos de la campaña de Morales. Dijo que había 24 mentiras en su testimonio y aunque no las enumeró, en diferentes puntos de su exposición se refirió a ella:

– Me es imposible construir toda la verdad sin desmentir a Paulina Paiz (…) No es cierto que yo contactara a Jimmy Morales a través de Edgar Ovalle. Fue directo con el candidato presidencial.

Financiar un partido político sin que las transacciones pasen por la contabilidad de la organización, es un delito porque el Tribunal Supremo Electoral se queda sin la posibilidad de fiscalizar el origen de los fondos. El Grupo Antigua o Fundación Guatemala, un consorcio de grandes empresarios, le pagó a Jimmy Morales alrededor de Q8 millones de sus gastos de campaña, específicamente cubrieron con la contratación de miles de fiscales de mesa durante la primera y segunda vuelta electoral del año 2015.

El 19 de agosto del 2015, cuando el Grupo Antigua, se reunió con Jimmy Morales, no participaron Edgar Ovalle y Javier Hernández, aseguró Arenas. Solo seis empresarios y el ahora presidente sin ningún otro miembro del partido con el que ahora pudieran compartir responsabilidad.

En su declaración nunca habló mal de Jimmy Morales ni lo vinculó a una petición de fondos para su campaña fuera de la contabilidad del partido. Dijo, eso sí, que su solicitud fue apoyo para “defender el voto de los guatemaltecos” y que sus palabras textuales fueron las siguientes:

– No quiero dinero para mi campaña. No voy a hacer una campaña más onerosa, parte de mi estrategia es una campaña austera. En ningún momento (Morales) dice que quiere mantener una imagen de cero compromisos, simplemente nos dice que él quiere mantener su estrategia de una campaña austera y lo que nos dice es que lo que necesitan es defender el voto, que el partido no tiene la capacidad y yo no sé si el confiaba en los miembros de su partido de poder reunir a las casi las 20 mil personas que necesitaba para Fiscales de Mesa. Entonces él nos dice es que se le ayude el día de las elecciones del 6 de agosto a defender el voto. A esa reunión tampoco asistió Luis Fernando Leal, como lo dice Paulina Paíz, tampoco asistió Ramiro Castillo y mucho menos José Miguel Torrebiarte, que no estaba en el país ese día, había tomado un vuelo esa misma mañana.

Arenas se comunicó con Edgar Ovalle para coordinar el pago de los 20 mil fiscales y trasladó la solicitud al grupo de empresarios:

– El reto era ver cómo lográbamos defender el voto de los guatemaltecos, dijo.

En el interrogatorio, el fiscal del Ministerio Público le preguntó si defendieron el voto de otro partido político. Arenas respondió que “solo el de FCN porque era el único que tenía posibilidades de ganar y que no tenía la estructura para hacerlo”.

MCN: Recibir fondos de Sinibaldi, embestir a Baldizón e impulsar a Jimmy

Según Arenas, el MCN tiene como objetivo “defender la República, construir ciudadanía y descubrir líderes que defiendan la República”.

El movimiento nació durante la crisis por la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, en 2009, pidiendo la renuncia del entonces presidente Álvaro Colom. A través de esa asociación civil, Arenas se atribuye haber creado presión ciudadana para impulsar leyes anticorrupción y años después, en el 2015, haber obligado al Congreso a retirarle la inmunidad a Otto Pérez Molina. Sin embargo, había otros “logros” de los que nunca habían hecho publicidad ni hablado públicamente.

El 4 de agosto del 2017 la Fiscalía allanó las oficinas del Movimiento Cívico Nacional (MCN) como parte de la investigación de una estructura de corrupción dirigida por Alejandro Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones durante la gestión del Partido Patriota.

Un día después de ese allanamiento, José Luis Agüero, ex presidente de la Cámara de Construcción y dueño de la empresa Asfalgua, confesó que para recibir ese dinero Sinibaldi le puso la condición de pagar por adelantado el 15% de la deuda. Por instrucciones del entonces ministro, Agüero debía depositar Q1.5 millones en las cuentas del MCN por medio de tres pagos.

En una entrevista en ConCriterio, Arenas reconoció que los fondos (que según él no sabían que eran sobornos) fueron utilizados para impulsar la campaña #NoLeToca, dirigida contra Manuel Baldizón, el candidato que quería llegar a la presidencia bajo el lema Le Toca, por haber quedado en segundo lugar en las elecciones del año 2011.

Agüero no fue el único que financió indirectamente a MCN y sus estrategias para incidir en la política nacional. Arenas también reconoció apoyo de constructora Conasa, de Álvaro Mayorga. En su declaración, Mayorga confesó que donó Q250 mil al MCN.

Ese allanamiento no solo le sirvió al Ministerio Público para profundizar en los negocios de Alejandro Sinibaldi; también allanó el camino para que se abriera una nueva investigación por las actividades de Rodrigo Arenas, hasta ahora desconocidas: captar fondos para financiar de forma anónima una candidatura presidencial.

Ya no se trataba solo de atacar la campaña de un aspirante a la presidencia sino de, al mismo tiempo, impulsar a su competidor directo. Para hacerlo Rodrigo Arenas utilizó dinero que llegó a FCN de forma ilegal, pues no pasó por la contabilidad del partido y si no hubiera sido por la investigación del Ministerio Público y la CICIG, seguiría oculto a la ciudadanía y al Tribunal Supremo Electoral.

La “buena fe”

En su declaración, el presidente de MCN utilizó la coyuntura política para defenderse y argumentó que solo intermedió entre las empresas y el partido.

Las manifestaciones del 1 de septiembre de 2015 que sirvieron para que los sindicatos allegados a Otto Pérez Molina desbloquearan el ingreso al Congreso fueron una victoria ciudadana pero Rodrigo Arenas insistió una y otra vez en presentarlas como un logro de MCN que en todo caso sería compartido con otras organizaciones como Justicia Ya, el Comité de Unidad Campesina o estudiantes de las universidades San Carlos y Rafaél Landívar. Él relato le servía para apoyar su coartada de que todo lo hicieron para “defender el voto” y sobre todo “apoyar la gente porque nosotros no estábamos contratando a la gente (los fiscales de mesa) porque solo estábamos pagando viáticos”.

En su declaración recordó que, para la primera vuelta electoral, consiguió donaciones de alrededor de 60 empresarios y que utilizó los fondos para pagarle a la asociación de transportistas Asopagua, para subsidiar que más 1 mil 200 autobuses rojos movilizaran gratis a los ciudadanos que iban a votar. La financiera de Corporación MultiInversiones, Negocios Bursátiles pagó le pagó a los transportistas un adelanto de Q700 mil. En total se gastaron aproximadamente Q1 millón 400.

Según Arenas, ningún partido en particular se benefició con esos fondos y por lo tanto, si se le juzga por eso, no cabe el delito de financiamiento electoral ilícito.

Su abogado, José Toledo, se refirió a Arenas como un joven emprendedor que buscaba aportar algo para el país y que para incidir en la política y defender el orden democrático inicia un proyecto de defensa del voto de FCN-Nación.

No negó ninguno de los hechos por los que la Fiscalía acusa a su cliente.

No obstante, dijo que su labor fue servir de enlace entre los empresarios y el partido político, y que no captó ni distribuyó capitales. ¿Qué obligación tenía Arenas en que el partido reportara en su contabilidad los aportes?, preguntó Toledo en la audiencia. Su respuesta fue que el Tribunal Supremo Electoral fiscaliza a la organización política, no a los aportantes y que es el contador de la organización política quien debería haber cumplido con reportar los aportes económicos.

– En el acto de buena fe de mi defendido, que gustosamente decidió participar en algo cívico, él asumió que todo se estaba haciendo de manera legal (…) Los empresarios, los soñadores como mi defendido en lo que menos están pensando es si se va a hacer algo oculto e ilegal.

En el caso Cooptación del Estado, los empresarios acusados de financiamiento electoral ilícito del Partido Patriota utilizaron el mismo argumento para defenderse. En otro caso, cuando el MP pidió que se le levantara la inmunidad a Jimmy Morales, para investigar su financiamiento, la magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada voto en contra con el argumento de que el contador el partido es el responsable de reportar los gastos al TSE, no el candidato presidencial.

“Me dijeron que era legal”

Andrés Botrán, quien entregó los listados con los miles de nombres y números de cuenta de las personas de FNC que trabajarían como Fiscales de Mesa en día de las elecciones, aseguró que tenía buenas intenciones y que confió en que la familia Paíz actuaría de manera legal para captar y gestionar la entrega de los recursos.

Botrán es el que menos detalles nuevos aportó a la construcción del caso pero también él que está más comprometido con pruebas. El Ministerio Público le recordó que aportó a Jimmy Morales Q200 mil para su campaña a través de 4 cheques y que recibió un recibo del partido. ¿Por qué en una segunda oportunidad se cambió de modalidad? Botrán respondió que creyó que todos los procedimientos serían legales.

La audiencia continuará el próximo jueves 4 de mayo. Se espera que intervenga el abogado defensor de Botrán y que la jueza Erika Aifán resuelva si ligará a proceso penal a los señalados.

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