El genocidio se comprobó ante un tribunal (de nuevo). Aquí, toda la historia

La justicia determinó por segunda ocasión que sí hubo genocidio en Guatemala. 1,771 indígenas ixiles fueron víctimas del plan de exterminio sistemático del ejército entre 1978 y 1985. La mayoría de sus restos están bajo tierra, así como también lo está el cuerpo de José Efraín Ríos Montt, el único hombre que ha sido condenado hasta ahora por ese crimen, en 2013. Las evidencias, los testigos y los peritajes lo confirmaron. En la superficie de la tierra, en cambio, esta segunda sentencia podría empezar a despejar el espacio para la memoria y la justicia.

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Sobrevivientes ixiles hicieron una vigilia en las afueras del Palacio de Justicia el 26 de septiembre de 2018.

Fotos: Carlos Sebastián

En 2013, el Ministerio Público intentó llevar a la justicia a los exdictadores Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores por crímenes de lesa humanidad. Al primero no lo alcanzó la justicia porque estaba exiliado en Venezuela. Al último tampoco porque fue prófugo y después falleció. Y a Efraín Ríos Montt lo condenó el Tribunal de Mayor Riesgo A en 2013, presidido por Yasmín Barrios. Pero tras las presiones de la élite económica que temía ser investigada, la mayoría de la Corte de Constitucionalidad de Alejandro Maldonado, Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera anuló la sentencia y obligó a repetir el juicio. Cinco años después, con muchos testigos y el principal acusado ya fallecidos, el Tribunal de Mayor Riesgo B llegó a una nueva sentencia.

Los acusados eran dos, Ríos Montt, exjefe de Estado, y José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de inteligencia militar, que en 2013 había sido absuelto por la justicia.

Aún con uno de los señalados absuelto y el otro enterrado, un tribunal guatemalteco sentenció por segunda ocasión que sí hubo genocidio. Los tres jueces coincidieron en que las atrocidades cometidas contra el pueblo ixil fueron parte de un plan de exterminio sistemático ejecutado por el ejército y en la sentencia detallaron las atrocidades ocurridas en Quiché hace menos de 40 años.

Los jueces dictaron que los mayas ixiles de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, a 230 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, vivieron en carne propia los peores horrores del conflicto armado interno. En esos municipios el ejército acabó con aldeas completas usando las técnicas más brutales de violencia contra la población civil, persiguió y provocó la muerte por inanición de los desplazados, utilizó a las mujeres como objetos sexuales y esclavizó a los prisioneros de guerra, que eran humillados y tratados de las formas más crueles. El Estado de Guatemala, por medio del ejército, eliminó al 33 por ciento de los mayas ixiles. De esas víctimas, el 38 por ciento eran niños menores de 12 años, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico y la acusación del Ministerio Público.

 

Familiares que sobrevivieron al genocidio ixil.

El Ministerio Público presentó como evidencias documentos oficiales del ejército en el que se consideraba a todos los ixiles como enemigos del Estado. Esta catalogación de una etnia como ‘enemiga del Estado’ que debía ser exterminada es uno de los sustentos para afirmar en la acusación, y en la sentencia, que en Guatemala hubo actos de genocidio por parte del Estado.

 

Efraín Ríos Montt, en 2013, cuando declaró en el juicio por genocidio. Alegó inocencia.

La acusación del Ministerio Público empezó en la administración de Claudia Paz y Paz (2010-2014). La demanda original fue interpuesta hace 18 años por Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz y sobreviviente de la guerra.

– Hubo un intento por parte del ejército de Guatemala de destruir a la población ixil con una clara intencionalidad de matar a la población y destruir su forma de vida colectiva,dijo la jueza Sara Yoc.

– Me he quedado asombrada de la deshumanización, dijo la jueza María Eugenia Castellanos, presidenta del Tribunal.

Jaime González fue el tercer juez del tribunal, que también votó a favor de la sentencia sobre genocidio.

Esto valida la sentencia de 2013.

En este corto de diez minutos, la presentación de algunas pruebas forenses de la violencia contra los ixiles, durante el primer juicio por genocidio.

 

 

Esta sentencia revierte lo decidido en 2013 por la mayoría de la Corte de Maldonado, Molina Barreto y Pérez Aguilera, en un fallo que enredó el proceso hasta retrasarlo por cinco años. El escritor Rodrigo Rey Rosa produjo un corto sobre la anulación de la sentencia:

 

 

La sentencia de 2018 es un primer paso

Al terminar la audiencia que reconoció el genocidio durante la administración de Ríos Montt y dejó en libertad a Rodríguez Sánchez, Feliciana Herrera Ceto, rodeada de otros ixiles, gritaba a todo pulmón que “sí hubo genocidio” y recibía los aplausos de sus familiares y amigos.

Feliciana Herrera Ceto, de 28 años, es una autoridad indígena originaria de la aldea Tzalbal, ubicada a 13 kilómetros de Nebaj. Tenía solo 10 años cuando presenció la exhumación de los restos de su hermana mayor, quien murió a manos de los soldados en el genocidio ixil, en el marco del conflicto armado interno.

 

Feliciana Herrera Ceto, afuera de la sala especial del Organismo Judicial.

Que un tribunal de la justicia ordinaria reconociera de nuevo el crimen de lesa humanidad era necesario y determinante para la comunidad. Pero no era una celebración.

– Eso le dio un poco de paz a mis papás y a mi familia, pero todavía cargamos con mucho peso de la guerra. Después de dos juicios, el genocidio todavía no está resuelto. Las heridas siguen abiertas.

La sentencia del Tribunal expuso que los daños psicológicos, económicos y sociales del genocidio todavía son profundos. Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de las masacres no recibieron asistencia psicológica y muchos aún lidian con los traumas del conflicto. Además, el despojo de sus tierras y sus bienes impidieron su desarrollo en los últimos 35 años, limitando su acceso a la educación, salud y otros servicios básicos provocando pobreza y miseria.

En el video, una de las sobrevivientes resume su motivación en la última audiencia en Nebaj. “A mí me queda poco tiempo, hago esto por mis nietos”.

 

Lea: Acul y Tzalbal, el despojo de los gobiernos militares

A eso hay que sumar, dijo el tribunal, que la destrucción del tejido social por la violencia provocó desconfianza entre la población, y eso, a la vez, desarticuló los vínculos comunitarios. El racismo y la discriminación que se instalaron contra el pueblo indígena desde décadas atrás, pero se afianzaron durante el conflicto armado, siguen presentes en la vida de los sobrevivientes del genocidio.

Antonio Cabacaba, de la aldea Ilom, Chajul, cree que la sentencia es el primer paso para que el país empiece a entender que el genocidio no se terminó con la firma de los Acuerdos de Paz. Y que el intento de eliminar a toda una comunidad dejó una huella que será imborrable durante mucho tiempo.

– Quisieron eliminarnos por completo. La desaparición sistemática no se hizo de la noche para la mañana. Fue lento y doloroso ¿Se imagina todo el daño que hay en las comunidades? La pregunta ahora es qué vamos a hacer para recuperarnos.

Desde la sociedad civil, AJR fue querellante adhesivo durante el proceso. El cineasta alemán Uri Stelzer hizo un corto sobre el abogado Edgar Pérez.

El militar absuelto

A José Mauricio Rodríguez Sánchez, el segundo tribunal le dio la razón cuando se defendió frente a los jueces y dijo que su perfil no es el de un asesino. La mayoría del tribunal dijo que no hay pruebas de que el exjefe de inteligencia militar torturara o matara a población civil. Su papel en el ejército entre 1982 y 1983, los años del genocidio ixil, fue más estratégico.

Rodríguez Sánchez era el encargado de diseñar, ejecutar y supervisar la inteligencia del ejército. La información que recopilaba, procesaba y administraba desde su oficina era vital para la toma de decisiones y las operaciones que ordenaba el alto mando militar, encabezado por Ríos Montt como jefe de Estado. Entre sus responsabilidades estaba el desarrollo de los planes que conducirían a las fuerzas armadas en el combate a los grupos subversivos, “el enemigo”.

Los jueces María Eugenia Castellanos y Jaime González opinaron que desde su puesto Rodríguez Sánchez no podía dar órdenes porque no tenía una jerarquía militar en el alto mando del ejército; su papel era más de asesor que de ejecutor. Además, consideraron que los planes militares que salieron de la oficina de inteligencia no ordenaron la eliminación total ni parcial del pueblo ixil, como señalaba el Ministerio Público.

 

Rodríguez Sánchez, antes de la sentencia de 2018.

La jueza Sara Yoc opinó diferente y dijo que la inteligencia del ejército “interrogó a los ixiles como subversivos”, los caracterizó cómo el enemigo y los torturó. También señaló que “para asesorar (al alto mando militar) debía llevar la recopilación de toda la información de lo que sucedía en el campo de acción”. Y responsabilizó al exjefe de inteligencia del genocidio: “No daba órdenes, pero daba todo, nombres y apellidos (de las víctimas); si él no hubiera pasado toda esa información, no tendríamos tantos muertos”.

Con dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió a Rodríguez Sánchez y recobró su libertad, de la misma forma en que hace cinco años, en mayo de 2013, el tribunal presidido por Yasmín Barrios tampoco encontró evidencias de su responsabilidad en un juicio que fue posteriormente fue anulado por la Corte de Constitucionalidad.

Así se cerró el segundo juicio por el genocidio ixil, solo que esta vez sin la presencia de Ríos Montt, quien falleció hace 1 de abril de 2018 mientras era juzgado en el mismo caso, y que en 2013 sí fue encontrado culpable.

Lea: Entrevista a la jueza Yasmín Barrios. “La sentencia por genocidio fue la semilla de nuestra evolución social”

El siguiente caso: el del pueblo maya achí

Este no será el último juicio por genocidio en Guatemala.

Miguel Ángel Alvarado, autoridad ancestral de la comunidad maya achí, de Rabinal, Baja Verapaz, perdió a su papá en el marco del conflicto armado interno, cuando fue detenido por militares; lo torturaron al punto de hacerle perder un ojo y eso le provocó complicaciones que lo llevaron a la muerte. Miguel Alvarado tenía 15 años cuando soldados llegaron a su aldea el 15 de septiembre de 1983 y recuerda que en esa fecha celebraban la Independencia con marimbas frente al Cabildo Municipal. En ese momento llegó el ejército y mató a unas 150 personas, que supuestamente no tenían autorización para estar reunidas. El ejército lo controlaba todo. Los achís también tienen una demanda contra el Estado por genocidio.

En el segundo juicio por el genocidio ixil en la Ciudad de Guatemala, Miguel Alvarado acompañó a los mayas ixiles, a quienes considera sus hermanos.

– Contrario a los que muchos creen, no lamentamos la muerte de Ríos Montt. Él tuvo la oportunidad de ser juzgado con las garantías de un tribunal, eso que él mismo le negó a muchos hermanos indígenas. Y ahora el mundo sabe que fue responsable del genocidio. Ahora estamos viendo que hay justicia para 1,771 ixiles, pero si hacemos cuentas, hay miles de miles de personas masacradas y desaparecidas que tienen casos en la impunidad. Eso es lo que tenemos que ver ahora.

La conclusión de la sentencia por el genocidio ixil

En el caso de José Mauricio Rodríguez Sánchez, el Ministerio Público analizará la resolución que el Tribunal emitirá en los próximos 15 días. Después se analizará si apelarán o no la decisión ante una sala.

 

Mujeres ixiles celebran la sentencia de 2013. Cinco años y medio después, la justicia guatemalteca volvió a darles la razón. Foto: Sandra Sebastián, Plaza Pública.

En 15 días, el Tribunal decidirá las medidas de reparación y si ordena al Ministerio Público ordenar que se continúen las investigaciones contra otros responsables por el genocidio ixil.

Javier Estrada Tobar
/

Periodista y comunicador. Se formó y trabajo durante casi diez años en Lahora.gt. Apasionado por las letras, el desarrollo humano, la política, las redes sociales, el cuidado del medio ambiente y la buena comida.


Martín Rodríguez Pellecer
/

Es el director y CEO de Nómada. Es guatemalteco, perseverante y alegre. Empezó en el periodismo en 2001 en cartas de lectores. En 2011 fundó Plaza Pública para la URL, y en 2014, Nómada. Estudió una licenciatura en la UFM y una maestría en Estudios Latinoamericanos en la UAM. Fue finalista del premio FNPI en 2013 y 2017. Ganó el premio nacional de periodismo en 2004 y 2017. Es políglota y feminista. @Revolufashion


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    Rathor /

    01/10/2018 9:27 AM

    Aunque no les parezca a algunos pero en Guatemala no hubo genocidio...lamentablemente hubo muertos de ambos lados y en ambos habia de todos los colores y sabores...lo que ocurre hoy es que hay aprovechados que lo que promueven es el negocidio...

    ¡Ay no!

    3

    ¡Nítido!

    Adolfo mejia /

    27/09/2018 12:08 PM

    Pérez Molina era el jefe de inteligencia...y como les conviene esa sentencia para recibir dinero....el estado y todos nosotros pagaremos pero lo que más molesta es que los verdaderos afectados recibirán una limosna porque la mayor cantidad irá a dar a los directivos y promotores de esta farza

    ¡Ay no!

    3

    ¡Nítido!



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