7 redes de abogados que enfrentan a la CICIG

Esta investigación hizo un análisis de las relaciones entre los abogados que defienden a políticos, empresarios, militares y narcotraficantes que han sido señalados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de pertenecer a estructuras de corrupción. A partir de esas relaciones logramos identificar siete redes de abogados. Algunas fue posible identificarlas gracias a que se presentan formalmente como un bufete, en otros casos los vínculos resultaron de los casos en que comparten la defensa de un mismo sindicado o bien, porque registraron ante el Organismo Judicial la misma dirección para recibir notificaciones.

Entender la política P147

Blanca Stalling, la abogada con más conexiones que se enfrentó al trabajo del MP y la CICIG.

Fotos: Carlos Sebastián

Los abogados y sus redes tienen tanta incidencia en Guatemala porque cuando las dictaduras estaban llegando a su fin, los abogados ya estaban allí para darle forma a un nuevo Estado, democrático y necesitado de contrapesos y de institucionalidad, para que el poder político no sometiera a los ciudadanos y al organismo judicial. Los abogados se adjudicaron ese papel de contrapeso.

En la Constitución de 1985 aseguraron su incidencia desde los cuatro puntos cardinales que marcan su actividad: el litigio, la asesoría, la academia y la organización gremial, y en el centro de ese cuadrado de poder colocaron al Estado.

Así su incidencia está en el marco de la ley. Como gremio tienen representación directa en la Corte de Constitucionalidad y en más de una decena de instituciones. Mientras que su gran espacio de poder se constituyó en las comisiones de postulación a través de las que pueden ser juez y parte en la elección de jueces, magistrados y fiscal general.

El problema es que ese marco de legalidad, esa incidencia en el Estado, está construida sobre una zona gris de redes de abogados unidas por intereses clientelares. Esa zona gris y esas redes son las que pretendemos explicar a continuación. Todas las relaciones están basadas en registros judiciales sobre abogados defensores.

Estructura, modus e intereses

Estas redes suelen tener una estructura muy básica. Se trata de grupos de abogados que giran alrededor de un gran bufete o de un operador político cuyo poder de atracción se debe al nivel de influencia que poseen dentro del Estado.

Esa estructura está pensada para disimular el rol que juegan los operadores y que el desgaste sea asumido por abogados que ya han construido su carrera con base en la defensa de casos de alto impacto y que en teoría no aspiran a cargos públicos, como en el caso del abogado Francisco García Gudiel.

Estas redes no son estables. Su grado de cohesión depende del tipo de clientelismo que está en juego.

Aunque los conflictos de intereses son claros en muchas de estas redes, en la mayoría de casos no riñen con la legislación, aunque operan en el límite con lo ilegal.

1. El grupo Marroquín: construir Estado y aprovechar su debilidad

Cuando el MP y la CICIG acusaron a Allan Maroquín por un caso de corrupción en la Empresa Portuaria Quetzal en tiempos del Partido Patriota, hubo un detalle que pasó desapercibido. El padre del interventor, José María Marroquín Samayoa, había sido contratado como asesor jurídico en 2010.

Esta relación entre funcionarios acusados de corruptos, asesores gubernamentales y abogados no es una excepción sino uno de los modus operandi de las redes que procuran corrupción e impunidad y que serán demostradas en esta investigación.

Padre e hijo son propietarios del bufete Marroquín, Marroquín & Asociados. En el sitio web corporativo se puede leer como mensaje de bienvenida: “Nuestra firma de Abogados en Guatemala tiene gran experiencia en múltiples áreas del derecho e incluso sus miembros han participado en cargos de diplomacia y administración pública”.

El bufete fue favorecido durante el gobierno del Partido Patriota con cuatro contratos por Q17 millones (casi US$2 millones). Todos con municipalidades afines al partido: Santa Catarina Pinula, Villacanales, Santa Lucía Cotzumalguapa y Mixco, donde el alcalde era Otto Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina.

En Mixco sólo se cancelaron Q800 mil de un contrato por Q52 millones después que se denunciara públicamente la lesividad del contrato. La firma de Allan Marroquín, para entonces ya nombrado interventor de la portuaria, pretendía hacerse cargo del trabajo de catastro en Mixco, así como lo hizo en las otras comunas tal y como consta en el portal Guatecompras.

El caso de este bufete ejemplifica como los abogados pueden sacar provecho de su trabajo diseñando el aparato legal del Gobierno. Por ejemplo, en su apartado de Derecho Ambiental la compañía recuerda que “José María Marroquín, socio fundador, fue asesor de la empresa de Fomento y Desarrollo del Petén, y es coautor de la Ley de Tenencia, Uso y Aprovechamiento de las Tierras del Petén, y otras catorce leyes”.

Se adjudican haber gestionado el proceso de contratación para la construcción de las plantas eléctricas de Chixoy y Aguacapán, de haber participado en la privatización de Guatel y de haber asesorado a la Cámara de Construcción realizando “proyectos de leyes”.

Ofrece, por ejemplo, en la asesoría para empresas constructoras “por incorporar materiales fuera de los parámetros de calidad”. Por último, destacan que sus servicios son manejados “por profesionales que han ocupado altos cargos en la diplomacia y la administración pública”.

Pese a que Allan Marroquín continúa prófugo, en Guatemala el proceso en su contra tiene como defensor al abogado Miguel Ángel Letona Cifuentes, quien también imparte cursos de especialización en el Colegio de Abogados.

Miguel Ángel, junto con su hermano José Ernesto Letona, defendieron a Ury Rottman, acusado dentro del caso “Lago de Amatitlán” por ser el gestor de la venta de agua oxigenada al Estado bajo el argumento de que sanearía las aguas del lago de Amatitlán.

José Ernesto Letona también defendió al ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

Por otra parte su hermana, Silvana Beatriz Letona está contratada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia; fue parte del equipo que hizo un monitoreo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un año antes de la tragedia en que murieron quemadas 41 niñas.

 

Estructura del Grupo Marroquín y su influencia en el Estado.

2. Al rededor de Stalling: políticos, militares y criminales

Blanca Stalling es un personaje clave para entender la captura de la justicia en Guatemala. Durante una década ocupó la dirección del Instituto de la Defensa Público Penal, la oficina que provee defensa legal a los ciudadanos que no pueden costearla. El cargo le permitió contratar a una amplia base de abogados que luego utilizaba para incidir en las elecciones gremiales en el Colegio de Abogados, que son claves en el proceso para nombrar jueces, magistrados y fiscal general.

Blanca Stalling fue electa en 2014 como magistrada de la Corte Suprema de Justicia gracias a una alianza política con Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, que llevó también a las altas magistraturas a otros abogados que hoy han sido apartados del cargo por procurar impunidad: Douglas Charchal y Vladimir Aguilar.

El poder de Blanca Stalling también se trasladaba a miembros de su familia. Su cuñada, la jueza Marta Sierra de Stalling, fue acusada por el caso ‘Bufete de la Impunidad’.

El caso Bufete de la Impunidad es el extremo del modus operandi de esta investigación. La CICIG y el MP encontraron evidencias de cómo grupos de abogados defensores que ganan casos comprando jueces.

Entre estos abogados estaba uno de los hijos de la jueza, Roberto Stalling Sierra.

Las resoluciones de la juez Marta Sierra de Stalling beneficiaron con medida sustitutiva a miembros de la red de defraudación conocida como “La Línea”. Gracias a ello hasta el día de hoy permanece prófugo Luis Mendizábal, un personaje ligado a casos de armas en los ochenta y redes de impunidad en los últimos 20 años.

En esta red se repite el patrón entre jueces, asesores gubernamentales y abogados defensores.

El hijo de la magistrada Blanca Stalling, Otto Fernando Molina Stalling, está siendo procesado por haber sido parte del caso de corrupción de medicamentos conocido como IGSS-Pisa. Era el asesor jurídico del IGSS.

Según CICIG, la magistrada Blanca Stalling interfirió en la justicia al pedir a un juez de menor rango que dejara libre a su hijo. El juez lo grabó y la magistrada fue acusada por el MP y la CICIG y recluida en la prisión de Mariscal Zavala.

Alrededor de la familia y de los casos en que han quedado involucrados, se pueden detectar cuatro redes de abogados relacionados con la defensa de funcionarios corruptos, estructuras militares y grupos criminales.

 

Grupo de la familia Stalling del que se desprenderán otras redes de abogados.

3. El nodo García Gudiel

Previo a que se diera a conocer el caso Bufete de la Impunidad, el abogado Roberto Stalling Sierra trabajaba en conjunto con el abogado Francisco García Gudiel en la defensa de personas sindicadas en los casos Génesis y Redes.

Ambos abogados registraban como dirección para notificaciones una misma oficina ubicada en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Francisco García Gudiel es uno de los abogados más famosos del país. Sobre todo porque defendió al exdictador Efraín Ríos Montt y fue parte de los abogados que lograron que se invalidara la condena. En una entrevista para el documental “El Buen Cristiano”, producido por Izabel Acevedo, el abogado reconoció haber manipulado todo el caso, básicamente atacando a la jueza Jasmín Barrios. “Ella empezó a cavar su propia tumba y yo le dí la pala”, refirió en relación a su estrategia de fingir una enemistad con la juez.

Además de ese caso, García Gudiel lleva la defensa de nueve personas en al menos 6 casos denunciados por MP-CICIG, que lo convierte en uno de los abogados claves del actual pulso contra la impunidad. Su hermano, José Alfredo, defiende a una persona más en el caso Construcción y Corrupción.

El núcleo de la familia de Francisco García Gudiel tuvo presencia en el gobierno del Partido Patriota. Su hermano José Alfredo fue asesor jurídico en el Fondo de Solidaridad, que se dedicaba a construcción de obra pública. Su otro hermano, Hugo Fernando, fue diputado en el Congreso de la República con el PP y Líder.

Mientras tanto, su hija, Ivanna Carolina García, fue asistente del interventor de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla según se consignó en el portal Guatecompras bajo el número de evento E13349902. Además es representante legal de la empresa Agrepsa, dedicada al arrendamiento de maquinaria de construcción.

 

La dirección de la empresa es la misma oficina del abogado García Gudiel

La cercanía de la red de García Gudiel con la red de la familia Stalling era tal que cuando salió el caso Bufete de la Impunidad, Francisco García Gudiel pasó a hacerse cargo de la defensa de la juez Marta Sierra y de su hijo Roberto Stalling.

Influencia del Grupo García Gudiel y sus vínculos con la familia Stalling.

4. El nodo Alveño Hernández: el bufete de los magistrados

Francisco García Gudiel también ha trabajado conjuntamente con el bufete Alveño & Asociados en la defensa de los casos Caserbero, Génesis y Chico Dólar. El bufete es propiedad del magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, Marco Aurelio Alveño Ovando.

A ese mismo bufete pertenecen el hijo del magistrado, Marco Aurelio Alveño Hernández, quien ha sido asesor jurídico de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (acá su perfil en Guatecompras).

Se repite la relación entre abogados defensores, asesores gubernamentales y acusados de corrupción.

Alveño Hernández también defendió al ex vicepresidenciable del partido Líder, Edgar Barquín y al exfiscal Juan Luis Florido, acusado de colaborar desviando investigación relacionadas con un grupo paralelo de seguridad integrado por altos funcionarios del gobierno de Oscar Berger (2004-2008).

En el bufete también trabaja Malvina Beatriz Armas España, una exmagistrada de lo contencioso administrativo que es procesada por su relación en el caso del fraude a cuentahabientes del extinto Banco de Comercio.

Aunque la página web del bufete no registra el nombre de otros abogados, hay otros que registran como dirección para recibir notificaciones la misma oficina de Alveño & Asociados.*

El otro abogado vinculado es Oscar Eduardo Aragón Cifuentes, quien actualmente litiga en el caso Génesis. Aragón Cifuentes es un kaibil retirado que estuvo asignado a la base de Huehuetenango. En un reportaje sobre el retorno de los refugiados guatemaltecos, declaró en 1995 a la revista mexicana Proceso: “si obedecen nuestra voz de mando, los capturamos y los entregamos al gobierno mexicano; si nos responden con fuego, les damos riata, porque son delincuentes terroristas, igual que los de la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca)”.

Su hermano es José Luis Aragón Cifuentes, representante de la oenegé Fundación Latinoamericana para el Desarrollo Integral, que el pasado 7 de septiembre presentó un amparo en contra de la constitución de la CICIG. El otro representante de esa oenegé es Fredy Villegas, asesor de la Secretaría contra la Violencia Sexual de la Vicepresidencia de la República.

La relación de estas redes de abogados defensores con los gobiernos de Pérez Molina y Jimmy Morales ha sido recurrente.

Como trabajador de la Contraloría, el abogado Aragón Cifuentes fue condenado en 2004 por peculado (robo) pero cuatro años más tarde recuperó su libertad. Tiene relación con otras oenegés involucradas en el financiamiento ilegal de la UNE y el PP.

Los últimos abogados relacionados a este bufete son Luis Ranferí Díaz Menchú, exfiscal y hoy catedrático en la Universidad de San Carlos; y Webster Rosales Campell, litigante en el caso Construcción y Corrupción, recientemente graduado con maestría de la Universidad Rural.

5. El nodo Castañeda y la banda Topacio

La defensa de la ex magistrada Blanca Stalling está a cargo de Delmy Rocío Castañeda González. La abogada fue hasta 2001 jueza de primera instancia en el departamento de Escuintla. Mantuvo el cargo hasta que perdió su inmunidad, señalada de liberar a nueve sindicados antes que el caso terminara y sin que pagaran fianza alguna. Otra línea de investigación apuntaba a que la juez sí cobró la fianza pero se la apropió en vez de entregarla a la tesorería del Organismo Judicial.

Castañeda coordina una red de abogados que no operan como un bufete formal. Ese grupo de abogados registran sus oficinas en la zona 5 y en la zona 9 de la ciudad capital.

El primer grupo, el de la zona 5, lo integran quienes están a cargo de la defensa de los acusados en los tres casos de corrupción en el Seguro Social que se han detectado hasta el momento: IGSS-Pisa, IGSS-Ambulancias e IGSS-Chiquimula. Son los abogados Milton Papa Valencia y Alfredo Lázaro Padilla.

El segundo grupo, el de la zona 9, lo integran los encargados de la defensa de los sindicados en el caso La Línea, Julio Aldana y Mónica Juaregui, quienes fueron beneficiados por el Bufete de la Impunidad. Estas defensas están a cargo de Jorge Hernández Zamora (quien también defendió a una banda de policías involucrados en robo y ejecuciones extrajudiciales) y de Ligia Alvarado Batres.

Un abogado de cada grupo, Alfredo Lázaro Padilla y Ligia Alvarado Batres fueron vinculados y posteriormente sentenciados por colaborar con la banda Los Topacio, dedicada al robo de propiedades. Ambos utilizaban sus contactos para alterar escrituras en el Registro de la Propiedad y protocolos en el Organismo Judicial.

A dicha banda también se le investiga por su relación con el asesinato de la abogada Lea de León en 2013.

Ligia Alvarado también llevó la defensa del prófugo ex diputado del partido oficial, Edgar Ovalle, involucrado en el caso Creompaz.

6. El nodo militar

Alrededor de Blanca Stalling giran dos abogados. El primero de ellos es Daniel Juárez, defensor de Roxana Baldetti, del diputado Marcelino Chutá y de la narcotraficante Maritza Ruíz. Juárez fue capturado por facilitar la fuga de esta última.

El otro abogado clave es Marco Antonio Rosell, fue él el primero en presentarse a la Torre de Tribunales el día de la captura de Stalling. Rosell es esposo de la actual magistrada primera del ramo penal, Paola Leonor Pardo y fue capturado en el mes de octubre por su vinculación con el caso Caja de Pandora.

Marco Antonio Rosell solía litigar en conjunto con el abogado Moisés Galindo. Ambos, por ejemplo, llevaron la defensa del expresidente Otto Pérez Molina y del fallecido ex oficial del ejército, Byron Lima Oliva desde que se le procesó por el asesinato de Monseñor Juan Gerardi.

Fue esta relación con Lima la que llevó a la captura de Rosell y Galindo. Ambos abogados se encargaron de recibir los vehículos con los que un narcotraficante había pagado a Lima por su ayuda para ser trasladado de cárcel.

Sin embargo esta no es la primera vez que Galindo es vinculado a un caso de corrupción. Se le acusó de colaborar con el desfalco de Q411 millones al Ministerio de la Defensa bajo el gobierno de Alfonso Portillo. En ese mismo caso estaba involucrado el hijo de Efraín Ríos Montt, Enrique Ríos Sosa. Dicho caso estuvo a cargo de la jueza Marta Sierra de Stalling

Moisés Galindo comparte en algunos casos oficina y en otros el ejercicio de defensa con los abogados del bufete Alveño & Asociados, con César Saúl Calderón (a cargo de la defensa del ex militar y expresidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez) y con Erick López Sandoval.

Sin embargo se puede decir que el mayor trabajo de Moisés Galindo lo ejerce fuera de tribunales. Junto con Ricardo Méndez Ruíz crearon al Fundación Contra el Terrorismo, la principal organización pro impunidad y de choque contra el trabajo de la CICIG. La Fundación ha presentado varios recursos para frenar el trabajo de la comisión y fue una de las organizaciones que presionaron en el Congreso para impedir que se aprobaran las reformas al sector justicia.

7. Nodo Acevedo Peñate y las estructuras paralelas

En teoría, independiente de las estructuras que mencionaremos a continuación, litiga la abogada María del Rosario Acevedo Peñate, defensora de Otto Molina Stalling. Apodada “La Fiscal de Hierro”, dirigió la fiscalía contra el crimen organizado. En ese cargo se le acusó de implantar pruebas en el caso del asesinato del empresario Edgar Ordoñez Porta.

También se le señaló de colaborar con dos estructuras paralelas al Estado.

Primero con el venezolano Víctor Rivera que lideraba un comando antisecuestros. Rivera fue asesinado y fue parte de una estructura de limpieza social que operó en el gobierno de Oscar Berger.

En segundo lugar con “La oficinita” de Luis Mendizábal, punto clave para la “Red Moreno”, una estructura de defraudación que antecedió a “La Línea”. La relación era tal que Mendizábal intentó promoverla como Fiscal General. Cabe recordar que este personaje fue el principal favorecido por el Bufete de la Impunidad.

Hoy, Acevedo Peñate también defiende a Roxana Baldetti, además fue su mandataria cuando esta ocupó el cargo de vicepresidenta de la República.

 

* Se suprimió esta frase porque el abogado Juan Alberto Guevara Mejía demostró que su dirección de notificación es distinta a la sede del bufete Alveño y Asociados. Guevara Mejía ejerce la defensa de Mario Cano, exabogado de Roxana Baldetti, pero niega rotundamente estar asociado a tal red.

Gabriel Woltke
/

Guatemala / Xibalbá 1988. Ingresó al seminario queriendo ser sacerdote, salió a estudiar literatura y luego hizo carrera como periodista. Avanza sobre el río. Desea ser escritor, corrector, carpintero, programador, diseñador, monje, mago, árbol, pájaro, ballena.


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COMENTARIOS

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    José Luis /

    14/02/2018 10:09 AM

    Quien usa la frase "oye chico", o por lo menos así he visto en TWITERR, es Xavier Soria, pero eso no significa que él sea quien se hace pasar por otra persona en este foro de comentarios, si es que hay alguien que se esté tratando de estar anónimo; pero aquí con este excelente reportaje de los nodos lo que se puede ver a simple vista es la venida de un caso que involucraría abogados, abogados-exfiscales, abogados-exjueces-ex-magistrados, porque quizá detectaron malas prácticas profesionales como la venta de colaboradores eficaces y tratos privilegiados en los juzgados de mayor riesgo derivado de contactos no legales.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Miguel Angel Letona Cifuentes. /

    07/02/2018 9:09 AM

    Buenos días respetable señor Woltke, para mí sería muy interesante entrevistarme con su respetable persona para aclarar algunos puntos muy importantes de esta publicación, en lo que a mí y mis hermanos respecta, puesto que considerado que la ética periodística descansa en dos pilares fundamentales que son: "La veracidad informativa y la responsabilidad social" y quisiera que usted tenga la oportunidad de cumplir con ellas a través de una conversación responsable y abierta que podamos tener, puesto que no es correcto publicar conjeturas irresponsables cuando no se ha tenido la actitud de realmente investigar con profesionalismo, objetividad y ética periodística. Se puede contactar conmigo al número telefónico 5411 7650 o 2251 7734 y con mucho gusto haré un tiempo para conversar con usted.
    Espero que tenga a bien que conversemos para que su un labor esté un poco plasmada de ética. Atte. Lic. Miguel Ángel Letona Cifuentes.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    Oscar Chang /

    06/02/2018 3:39 PM

    Lo felicito Gabriel. Es una muy buena investigación, falto tal vez, dar cifras aproximadas de cuanto cobran por cada caso que llevan y el impacto que ocasionan a la sociedad esos grupos que favorecen con su conocimiento, y compra de voluntades a jueces y magistrados para favorecer la impunidad, corrupción y narcotráfico

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Guillermo Maldonado C. /

    06/02/2018 12:36 PM

    ¡Esos Bufetes por lo general actúan en el ámbito penal! En lo laboral, civil y administrativos también hay otros "Bufetes con mucho Músculo" que favorecen las injusticias laborales y la informalidad imperante que hunde a la economía “formal”. El problema tendría que ser tratado desde las instituciones del Estado que están infestadas de peones que han aprendido bien la lección de cómo funciona el aparato público en función de los intereses oligárquicos y de capitales transnacionales; solo que ahora buscando provecho propio y quedándose con los vueltos. Por ello no hay quien los detenga y más tardan en darse los periodos electorales que en reagrupar sus postuladores y operadores políticos del Congreso. La maquinaria está tan bien aceitada que, cuando se dieron cuenta los manifestantes de la plaza de los alcances del fenómeno, mejor optaron por guarecerse, porque forman parte del mismo sistema. Solo las “clases bajas” quedan fuera de la jugada.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Diego Seren /

    06/02/2018 12:16 PM

    Esto parece chirmol de viejas, saber ni que abogados atacan a la competencia solo por hablar mal de ellos y que les dejen el campo libre, el tal Alfonso hablando como "oye chico", parece que es extranjero o al menos eso quiere aparentar, ademas esta usando el nombre de otro abogado, porque no creo que sea el del verdadero Carrillo, que es socio de Nomada, es desinformación con propósitos calumniosos

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    Alfonso C. /

    06/02/2018 10:05 AM

    Oye chico si de hablar de abogados se trata, te hicieron falta muchos nombres más, como dijeron es la punta del iceberg, ahí les dejo algunos nombres: William Mendez quien ve los intereses de Sinibaldi en todos los casos, David Pineda que pone a sus achichincles a Defender a Aristides Crespo sin dar la cara, en el caso de construcción y corrupcion estaban las nuevas y viejas caras, los abogados pagados por Jonathan Chevez, Jose Toledo y su socio Francisco Gallardo, así como Wilve Salazar que también anda siendo investigado por la Fecig, quienes defienden los intereses de Alvaro Arzú, Mario Falla quien le trabaja aun a Fredy Cabrera, el infaltable doctor en Derecho Jaime Hernandez que defiende a Rios de sangre Montt, y así si buscamos presos en Mariscal les podemos decir quién los defiende, pero más importante es ver quienes no están presos y que abogados les están procurando, esta lista será ampliada

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Yo /

    06/02/2018 8:40 AM

    y que de los 12 apóstoles del apocalipsis?

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Migue /

    05/02/2018 9:48 PM

    Esta investigacion, solo es la punta del iceberng,,, si tuvieramos el don de saberlo todo... todo es corrupcion.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    ROFOLAFANDOFO /

    05/02/2018 6:39 PM

    QUE BUENA INVESTIGACION.....POR FAVOR DENLE SEGUIMIENTO

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    juan gonzalez /

    05/02/2018 2:09 PM

    Faltaron aquí los abogados Raul Falla y Geovani Fratti.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!







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