Desde el 14 de septiembre de 2016, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Valdéz, había dejado en claro que era una defensora del presidente Jimmy Morales. Desde su cuenta @cuchivaldes tuiteó: “Está tratando de hacer las cosas bien. Déjenlo gobernar en paz. Ni que fuera Harry Potter con varita mágica”.
Pero de un tuit que le valió el apodo de Jimmylieber en 2016 pasó a asuntos más serios en 2017. Fue una de las únicas dos magistradas (de trece) que se negó a dar trámite al retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales. El MP y la CICIG lo quieres investigar porque no declaró nada sobre quiénes financiaron su segunda vuelta electoral. Y ya detectaron al menos Q6.6. millones (casi $1 millón).
El 4 de septiembre, cuando la magistrada Patricia Valdés votó en contra de darle trámite al antejuicio contra el presidente, sus argumentos se centraron en responsabilizar al contador del partido de cualquier falta en el manejo de los aportes. Según la magistrada Valdés, el MP no señaló con precisión si el presidente Jimmy Morales intervino directamente en la posición del partido de no reportar el origen del dinero.
Ese fue el mismo argumento que utilizaron, diez días después, los diputados que aprobaron la modificación del Código Penal para evitar investigaciones contra los políticos por el financiamiento ilícito de sus campañas. Lo aprobaron desde FCN para proteger a Jimmy Morales, sus aliados como Líder, sus antiguos opositores de la UNE o el hijo del alcalde Alvaro Arzú, del partido unionista, que ahora tiene su puesto pendiente de un hilo por la acusación de financiamiento electoral con fondos municipales en contrataciones al capo de las prisiones, Byron Lima.
En su Voto Razonado, la magistrada Valdés subrayó “puede sostenerse que la persona obligada a velar por el cumplimiento de esas obligaciones financieras es el contador general del partido político, no así el secretario general, quien tiene otras atribuciones”, se lee en el documento.
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La magistrada Valdés fundamentó su postura en que el Acuerdo 19-2007 del Tribunal Supremo Electoral, que dice que en los primeros quince días después de inscribirse como partido, debe nombrar a su contador general. En acuerdo el TSE no habla sobre quién es el responsable de presentar los informes financieros y contables, a diferencia del Código Penal. Esa ambigüedad es la que, según la magistrada Valdés, apunta a que el responsable en el caso de FCN es el contador y no el secretario general, Jimmy Morales.
“En los diversos hallazgos se señala como responsable al contador general, así como al órgano de fiscalización, es así como se verifica que la documentación obrante no permite determinar que el secretario general, por el simple hecho de ostentar esa calidad, pueda ser señalado de la comisión de ilícito penal a que se refiere el antejuicio”.
El resto de magistrados, excepto Elizabeth García, consideró lo contrario. La resolución en la que dan trámite al antejuicio contra Jimmy Morales, 11 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, indican que el presidente pudo cometer uno o varios delitos cuando fue Secretario General de FCN y que la investigación en su contra era legítima.
El pacto de corruptos
Diez días después de que magistrados enviaran el expediente contra Jimmy Morales, con su resolución y votos razonados al Congreso, los diputados dijeron en su mayoría (104 diputados de 105 que se necesitan para archivarlo) que no procedía el retiro de la inmunidad.
Y para blindarse de futuras investigaciones, aprobaron de urgencia nacional los decretos 14 y 15-2017, más conocidos como Pacto de Corruptos.
Por unas horas los diputados lograron cambiar cinco artículos del Código Penal, tres de ellos relacionados al financiamiento de las campañas electorales.
Desde al año 2010, el artículo 407 del Código Penal dice que el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas, lo ejecuta “la organización política que no reporte como corresponde al TSE, el financiamiento de cualquier índole que reciba o bien que provenga directamente de los Estados”.
En el Pacto de Corruptos se cambiaba la redacción del delito para especificar que lo comete únicamente “el contador de la organización política que, teniendo conocimiento, no registre en los libros contables, las aportaciones dinerarias y no dinerarias recibidas por la organización política con motivo de actividades permanentes”. Y que le corresponde al TSE presentar la denuncia por este delito.
Es decir, siguieron el argumento de la magistrada Patricia Valdés.
“El pecado original de la democracia guatemalteca”
En el informe Financiamiento de la Política en Guatemala en 2015, la CICIG describió que el financiamiento político consiste en un sistema complejo de captación y flujo de recursos, en un entramado de corrupción y compromisos en distintos niveles de la estructura política. “Ese sistema de financiamiento se ha venido jugando desde el inicio de la democracia y ha moldeado y sido moldeado por el sistema político”. Con la aprobación del Pacto de Corruptos otra vez se cambiaban la reglas del juego electoral para que quedara en la impunidad el financiamiento ilegal en 2015.
Por otro lado, en la actualidad el Código Penal establece que la persona individual que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento los partidos, sabiendo que provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquier otra actividad criminal, será sancionado con prisión de cuatro a doce años.
En el Pacto de Corruptos la redacción del artículo se cambiaba para excluir del delito a quien “autorice” recibir el financiamiento y para decir que lo comete quien lo recibe y quien lo entrega.
La Corte de Constitucionalidad y los ciudadanos en protestas frenaron esa ley y los diputados recularon ante las advertencias de demandas en su contra.
La aprobación, no obstante, dejó en evidencia la similitud de argumentos entre la influyente magistrada de la Corte Suprema, Patricia Valdés, y los argumentos que usó FCN para la defensa del presidente Jimmy Morales.
Dos semanas después, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia –con tres suplentes– también exoneraron al presidente Jimmy Morales de otro caso de corrupción por el que el MP pedía el fin de la inmunidad para el presidente: haber recibido Q450 mil en sobresueldos ilegales por parte del ejército para la defensa legal de su hijo.
Erick Sal /
Esta magistrada Valdes, es una verguenza para el pais y su familia es otra Stalling se imaginan y son las que imparten las leyes, que moral.
Eduardo Peletieri /
La magistrada Valdez ha sido definitivamente una mujer nefasta y deleal con las necesidades del país y con la dignidad de los guatemaltecos. Lamento que personas tan inmorales como esta mujerzuela se aprovechen de sus cargos para venderse cual ménades a los inescrupulosos brazos de la corrupción. Dama rastrera de poca monta. Malvada mujer.
Pedro Ramirez /
Nos preside un comediante (mediocre) corrupto.
carlos carlos /
'Tonces pa que queremos Jefes, sean estos Ministros, Presidentes de Juntas de Congreso (alo Meyer), Presidentes, etc., si la pita siempre se rompera por lo mas delgado, o sea, lo el mas pelado de los trabajadores.
Yo entiendo que los abogansters saben de leyes, pero de politica, nada; no todo lo que es legal es correcto, y en Leyes, ambas deberian ir agarradas de la mano; como dice un viejo refran: la esposa del Tzesar (Csar, Cesar), no solo tiene que ser honesta (la ley), tambien debe aparentarlo (la moral, la etica); no se puede decir en Guatemala que la Ley es la Ley y por eso hay que respetarla si en realidad "esa" Ley ha sido hecha para favorecer a alguien, el resto debe aguantar los desmanes???, no verdad, la Ley debe ser la Ley.
Luis Linares /
A los contadores hay que procesarlos por no denunciar los financiamientos ilicitos que le ordenan ocultar.
Carlos Sandoval /
Segun otro medio de informacion una noche antes a la sesion del congreso en donde se aprobaron reformas al codigo penal, sandra torres se reunió en el palacio de la cultural con jimmy morales para acordar el Pacto de Corruptos.
Es probable que la magistrada valdes hiciera su aporte desde esa misma noche, para que al dia siguiente orlando blanco y javier hernandez lideraran la deleznable propuesta de ley. Mantengamonos muy alertas porque pueden haber sorpresas en pleno fiambre que retomen lo pactado en aquella imborrable y aciaga noche.
Walter Adrián Ruiz Pérez /
Pobreza moral de la magistrada. ¡Que herencia le dejará a sus hijos! Una magistrada venal y anti democrática. Sus fallos legales, pasarán a la historia del libro negro de lo anti legal e injusto.
Moisés Berducido /
Y es una MINISTRA de culto religioso, cosa que es, por ley, completamente prohibido. Es de los hipócritas fariseos de los que habla el nuevo testamento de la biblia, un "pecador" que se da baños de pureza y por dentro sigue cometiendo hechos oprobiosos, un sepulcro blanqueado, por fuera hermoso y adornado y por dentro, podrido y muerto.
Ileana González /
Muy buen reportaje, Jody García. Las leyes son tan enredadas, precisamente para confundir al Pueblo y esconder la corrupción que ejercen las mafias. Qué desastroso que de la misma Corte Suprema de INJUSTICiAS nazcan estas leyes que siguen hundiendo el futuro de nuestro país. Patricia Valdez ya queda en la historia.
Ernesto Rodas /
Pero, en la historia oscura y venal.