U.Da Vinci: abogados exprés y su ‘fantasma’ en la elección de Fiscal

Alrededor de la mesa donde trabaja la comisión de postulación para la elegir al sucesor de Thelma Aldana al frente del Ministerio Público hay 15 sillas. Una para el presidente de la Corte Suprema, dos para el Colegio de Abogados, y una para cada decano de las 12 facultades de derecho de las universidades del país. Todos juntos son los responsables de elegir a los seis candidatos a Fiscal, de una lista de 39 aspirantes, para que Jimmy Morales nombre al jefe de la oficina que representa el principal contrapeso para el Gobierno, el Congreso y el Organismo Judicial.

Una de esas sillas la ocupa la Universidad Da Vinci, una de las dos más nuevas inquilinas de ese espacio, sólo más antigua que la Universidad Regional, que tiene todas las características de una universidad de cartón. El Consejo de la Enseñanza Privada Superior autorizó el funcionamiento de la U. Da Vinci en febrero de 2012, cuando su única sede estaba en Huehuetenango y solo disponía de las facultades de Ciencias Administrativas y de Ciencias Educativas.

Pero 6 años después las cosas han cambiado.

Abogados en tiempo récord

Según su portal de internet, esta universidad ahora tiene 70 sedes en los 22 departamentos, 10 facultades y cerca de 12 mil estudiantes inscritos para el 2018, aunque podrían ser más en las próximas semanas. José Cyrano Ruiz Cabarrús, rector emeritus, dice que el crecimiento de la universidad se debe a su estrategia para atraer a estudiantes trabajadores, sus cuotas accesibles (entre Q400 y Q1,000 mensuales) y a su administración financiera responsable.

Pero la Da Vinci es particularmente atractiva para los estudiantes de Derecho que no se han logrado graduar de otras universidades. Tiene el PROA, el Programa de Actualización y Cierre Profesional, que se aplica a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Consiste en un sistema de formación y acompañamiento para los estudiantes de Derecho que hayan cerrado pensum en cualquier universidad, pero que no consiguen graduarse.

El PROA dura entre un año y año y medio, y en ese lapso los estudiantes pueden hacer sus exámenes privados y su tesis para conseguir su título. La universidad cobra tres inscripciones cuatrimestrales de Q500 y una cuota mensual de Q1,250, además de Q50 por gastos administrativos y Q50 por el carnet. Es decir, unos Q20,000.

– No es que estemos graduando de una manera rápida a los estudiantes, asegura Juan Carlos Rodil Quintana, el decano de la Facultad de Derecho.

Rodil es hijo de Rodil Peralta, quien fue señalado en los 90 de intentar politizar el Organismo Judicial cuando lo presidió.

Pero sí se gradúan con una rapidez relativa. Diego González, un abogado egresado de la Universidad Da Vinci que pidió que se cambiara su nombre para que no significara menos oportunidades laborales, contó que tuvo que recurrir al PROA después de que cerrara el pensum de Derecho en la Universidad de San Carlos, pero perdiera los privados durante tres años. Invirtió cerca de Q22 mil en el cambio de universidad y ahora tiene el título que le exigía su papá. ‘De otra forma jamás hubiera sido posible’, sostiene.

El PROA también aplica para otras carreras. Según el portal de la universidad, se ofrece para 10 licenciaturas, incluyendo Ciencias de la Comunicación, Arquitectura, Contaduría, Ciencias Religiosas y Psicología Clínica.

Con una opción para graduarse sin complicaciones y en poco tiempo como el PROA, muchos estudiantes eligen la Universidad Da Vinci.

‘Se ha dicho que nosotros graduamos un montón de gente, (pero) eso no es cierto’, asegura el decano de Derecho, a pesar de que los números evidencian lo contrario. En cualquier caso, Rodil insiste: “No graduamos hasta que el estudiante ha pasado todos sus exámenes privados y su tesis”.

El Organismo Judicial registró solo el año pasado a 541 abogados egresados de esa casa de estudios. Ninguna universidad privada había conseguido esa cifra. En ese mismo año, de la Universidad Mariano Gálvez se registraron 402 egresados y de la Universidad Panamericana fueron 299. Otras casas de estudio se encuentran lejos de esos resultados: De la Universidad Francisco Marroquín se han registrado 282 abogados en los últimos 17 años. La USAC, en especial en su jornada matutina, la UFM y la Universidad Rafael Landívar son las tres con más prestigio en el mundo de bufetes de abogados en Guatemala.

El registro de abogados del Organismo Judicial es la única forma de tener una idea sobre las graduaciones de nuevos profesionales del Derecho, pues aunque la ley les da concesiones e incidencia en el nombramiento de las autoridades públicas, las universidades privadas no están obligadas a rendir cuentas sobre los diplomas que entregan y su información académica. Este dato resulta útil para hacer comparaciones, aunque no todos los abogados se registran en el mismo año en que se gradúan.

Todos esos egresados, si se inscriben en el Colegio de Abogados, además estarán aptos para votar en las próximas elecciones de autoridades gremiales. Y a partir de esa plataforma también incidirán en las comisiones de postulación. Así que el peso de la Universidad Da Vinci también se hará sentir en el Colegio de Abogados.

El ‘privilegio’ de las postuladoras

La carta de presentación de las autoridades de la Universidad Da Vinci es su respeto por la enseñanza superior y la academia. Rodil Quintana cuenta que tiene dos licenciaturas, tres maestrías y un doctorado. Y Ruiz Cabarrús se presenta también como doctor. Pero en la casa de estudios no faltan las alusiones a la actividad universitaria como un ‘negocio’.

Desde el call center que atiende como ‘clientes’ a los estudiantes, hasta las comparaciones de Rodil Quintana: ‘Este es el equivalente a lanzar una empresa; en la academia es tener una casa de estudios’. Además, se refiere como un ‘mercado’ al grupo de estudiantes que la Da Vinci espera atender en sus aulas.

Pero los orígenes de la universidad no tienen relación con una empresa, sino con una fundación. El 12 de mayo de 2008, Rodil Quintana hizo la escritura con la que Ruiz Cabarrús y Luis Manuel Álvarez Álvarez, el actual rector, crearon la Fundación para la Educación Superior, Desarrollo y Actualización Superior (Fundesdap), inspirada en ‘objetivos de proyección social, solidaridad humana y asistencia humanitaria’. Ese sería el paso previo para después establecer la Universidad Da Vinci.

El rector Ruiz Cabarrús explica que su familia y la de Álvarez se han encargado de la universidad, sin interferencia de más personas o grupos. Rodil Quintana fue el responsable, primero, de las actividades notariales de la fundación y luego de la universidad. Y se incorporó a la casa de estudios como decano hasta junio del 2017.

De los tres, Rodil Quintana es el único que tiene un antecedente en la política. Y ha sido corto. En las elecciones de 2015 fue candidato a diputado por el listado nacional con el partido Visión con Valores, de Zury Ríos.

Su participación en la política pasó desapercibida cuando no ganó la elección, pero cobró notoriedad desde que el 22 de enero de 2018 se presentó a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, una tarea que considera como un ‘privilegio’.

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En esa sesión Rodil Quintana destacó por su sugerencia sobre la forma en que se debía entrevistar a los aspirantes acerca de la independencia del Ministerio Público. Ahora explica que es importante que los candidatos a Fiscal defiendan la independencia del MP, pero considera que eso lo deben demostrar a través de sus planes de trabajo y no solo con una respuesta de ‘sí’ o ‘no’’.

Aunque no puede adelantar lo que pasará en los próximos días en la postuladora, el decano adelanta que tiene su criterio sobre la CICIG: ‘Es muy difícil que, por ejemplo, yo vaya a seleccionar a un candidato que abiertamente diga que no quiere trabajar con el Comisionado (Iván Velásquez)’.

De hecho, en 2014, la Universidad Da Vinci, junto a la Landívar, la USAC y la Corte Suprema de Justicia, fueron los únicos que votaron a favor de la reelección de Claudia Paz y Paz, quien había dado buenos resultados al frente del MP. Pero ese voto podría haber sido un espejismo. A su entonces decano Fredy Cabrera se le recuerda más bien como un operador del Partido Patriota en las comisiones de postulación para elegir a jueces.

El exdecano Fredy Cabrera, el fantasma

Cuando se habla de las comisiones de postulación en la Universidad Da Vinci siempre sale a luz el nombre de Alfredo ‘Fredy’ Cabrera. Su recuerdo es una especie de fantasma y con solo mencionar su nombre la incomodidad se nota entre las autoridades universitarias.

El abogado, en su despacho en el centro económico de la Ciudad.

Fredy Cabrera fue electo en 2011 como presidente del Colegio de Abogados. Y luego dirigió la Facultad de Derecho entre finales de 2013 y mediados de 2017. En 2014 integró la comisión de postulación para elegir candidatos a Fiscal General. Y ese mismo año también integró la comisión para la selección de candidatos a dirigir las cortes de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.

Las comisiones de postulación han sido cuestionadas en la última década, debido a la intervención de ‘operadores’ que influyen en los comisionados al momento de elegir candidatos a jueces o fiscales. Los cuestionamientos ahora tienen ya un pie en tribunales, con evidencias contundentes. La CICIG y el MP acusaron esta semana a Roberto López Villatoro, ‘El Rey’, por interferir en diferentes elecciones.

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A Fredy Cabrera se le conoció en el mundo de los abogados primero como un aliado del Rey y después como un operador por sí solo. elPeriódico lo señaló de haber interferido en la elección de jueces y de ser cercano al Partido Patriota. Pero el abogado negó las acusaciones de influir en la elección de jueces porque “solo representa un voto” y afirma que ya se retiró de la política gremial para dedicarse a su trabajo académico y de litigios.

Cabrera es un abogado que, sin abolengo ni herencias, logró hacer que su bufete fuera uno de los más influyentes del país en la política gremial y en los nombramientos de jueces. Aunque fue fotografiado intercambiando mensajes con funcionarios del PP en la elección de jueces, niega haber sido su operador.

Su trabajo, en todo caso, tuvo buenos resultados. El PP contaba con el apoyo de al menos 11 de los 34 comisionados. Con esos apoyos el oficialismo no lograba más de 8 candidatos a la Corte Suprema de Justicia. A Cabrera le otorgan el mérito de una tabla de gradación favorable que les permitió una inicial ventaja y una capacidad de consenso que le valió al menos 12 candidatos, más que cualquiera de las otras fuerzas que competían en la comisión de postulación.

Un comisionado de postulación que terminó alineándose al PP en 2014 dice haber estado en reuniones donde Cabrera decía por qué votar por los cercanos al PP. En las comisiones se le vio congregar a los comisionados cuando los consensos no llegaban, y realizar llamadas entre estas pequeñas reuniones. «Freddy es un macho alfa, reacciona bien en las coyunturas, y tiene una buena capacidad para negociar. La gente lo escucha, y Freddy les cumple», concluye el comisionado.

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El rector Ruiz Cabarrús parece muy incómodo cuando se le recuerdan los señalamientos hacia el exdecano de la Universidad Da Vinci. Y sobre todo, cuando se le cuestiona por qué las autoridades universitarias no actuaron para evitar las interferencias en las comisiones de postulación.

Cuando tiene que responder una pregunta sobre ese tema, baja la cabeza levemente y trata de responder de forma esquiva:

– Al ver las publicaciones, en el que señalaba de que Cabrera estaba vinculado a grupos oscuros, al Partido Patriota, ¿no pensaron en algún momento en detenerlo o interpelarlo por su forma de actuar?
– Fíjese que lo hicimos y, como le repito, hicimos ese tipo de indicaciones, de rendición de cuentas. Él nos aseguraba que no era así. Nos decía que eran publicaciones, pero que nos aseguraba. El problema de las comisiones es que es un órgano con cierto hermetismo. Como le repito, hemos evolucionado como sociedad y creo que las universidades también estamos en esa línea. Es lo que le puedo decir.

Ruiz Cabarrús.

– ¿Era suficiente con creer lo que Cabrera les decía versus lo que se publicaba en los medios?
– Es una pregunta difícil de contestar. El análisis que tenemos actualmente, ahora, obviamente es diferente. Una de las razones es más espacio para analizar las cosas. En ese momento era más difícil tener esa claridad.

– ¿Y por qué era difícil en ese momento?
– Bueno, el asunto es que teníamos, tal vez, como le repito, información. Siempre estuvimos pendientes de una acusación formal de algo que pasara. O una situación concreta. Y, en realidad, también las publicaciones se daban en una frecuencia no contínua. De hecho, yo me recuerdo que ese año fue de unas seis comisiones de postulación, fue bastante intenso. Todo el mundo estaba como cansado del tema. Cuando estábamos en el foro de rectores se hablaba, había señalamientos, por ejemplo, hacia un rector, o de un grupo civil. Había bastante información. A nosotros nos tocó participar de último en una comisión de postulación. Estábamos como llenos de ese tipo de información en todas partes. Yo, cuando participé, por ejemplo, sacaron hasta caricaturas de mi persona. Es decir, era como parte de la expresión. Entonces hacer la diferenciación de lo que era un señalamiento formal, al menos, en ese momento, no tuvimos esa certeza.

–¿Cómo se permitió desde la Universidad que él adquiriera tanto poder?
– Nosotros no permitimos, más que el hecho de que él fuera decano. Ahora, en su actuar, como operador, era ajeno a la universidad, si es que realmente se evidenciaba eso en las publicaciones. Es un tema que no hemos terminado de analizar. Y que debemos seguir haciéndolo porque creo que es un tema importante.

– Pero al final, darle la decanatura a Cabrera era darle poder, dentro y fuera de la Universidad. ¿En un momento pensó que debía retirarlo de la decanatura?
– Era una decisión del consejo directivo. Y de hecho se tomó la decisión de suspenderlo cuando terminó el periodo. 2014/2015 justamente fue un periodo en el que dejó de ser vigente lo de las comisiones de postulación y se dedicó la universidad a crecer en todas las áreas.

El rector emérito no es capaz de explicar qué mecanismos tiene ahora la Universidad Da Vinci para asegurarse de que sus decanos actúen con transparencia. Incluso, señala que no han terminado de analizar lo que sucedió en 2014 con su representante en las comisiones de postulación del sector justicia.

– Hacia futuro tenemos una postura mucho más clara en cuanto a esa responsabilidad que existe. Actualmente las comisiones de postulación involucran solamente al Decano de Ciencias Jurídicas, con quien tratamos de tener una comunicación permanente, no solo en temas académicos, sino también en temas de la sociedad, explica el rector.

Será en los próximos meses cuando se defina el papel de Rodil Quintana y de las autoridades de la Universidad Da Vinci, con el establecimiento de la nómina de candidatos a Fiscal General. Solo entonces de qué lado de la historia está la universidad ‘exprés’ en 2018.