El silencio de Rafael Rojas
Cuando se dio la fuga, el pasado 13 de abril, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señaló como primeros responsables a los magistrados de la Cámara Penal, entre los que se encontraba el entonces candidato a fiscal general, Rafael Rojas Cetina.
Rojas en ese momento también se perfilaba como uno de los candidatos más cercanos al presidente Jimmy Morales y por eso era tan importante conocer su opinión respecto al caso pero ese día no se presentó al Palacio de Justicia. La única magistrada en asumir responsabilidad frente a las críticas fue Delia Dávila.
La responsabilidad de Rojas no terminaba en el hecho de que fuera parte de la Cámara Penal que implementó el sistema. También fue durante su presidencia de la Corte Suprema de Justicia, 2015-2016, cuando se autorizó la creación del mismo. Hasta el momento Rojas guarda silencio aduciendo que el día que se aprobó la puesta en marcha, él no estaba presente.
Un sistema clave adjudicado a dedo
El 21 de julio de 2016 la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, aprobó un convenio de cooperación para desarrollar el sistema electrónico.
Se trataba de una propuesta ambiciosa que debía interconectar al Ministerio Público, los juzgados, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Policía Nacional Civil y la Defensa Público Penal. Denuncias, datos de evidencias, peritajes, traslado de reos, evaluaciones médicas de sindicados y ordenes de captura, toda la información clave del aparato de justicia se manejaría a través de ese sistema.
Pese a su importancia y a lo sensible de la información, para crear el sistema no hubo un proceso de licitación. Entre agosto y septiembre de 2014 el Organismo Judicial contrató de forma directa a tres consultores en sistemas: Jorge Alan Camey Vásquez, Carlos Manuel Caxaj Álvarez y José Víctor Pacajoj Mejía. Ninguno tiene experiencia previa desarrollando este tipo de sistemas para el Estado
Además, en las bases del contrato nunca se habla de la seguridad con que debía ser desarrollado el nuevo software.
Las instrucciones ocultas
Aunque el sistema electrónico involucraba a todas las instituciones claves del sistema judicial, la información sobre su puesta en marcha sólo se manejó adentro del Organismo Judicial y la PNC.
Juan Francisco Sandoval, del Ministerio Público, afirma que nunca fueron notificados de manera oficial sobre la implementación del sistema. Los fiscales se enteraron por comentarios de jueces cuyos juzgados habían sido seleccionados para hacer las primeras pruebas.
Hasta el momento el OJ no responde con documentos que demuestren la forma en que fueron notificados y elegidos los juzgados y cuáles instrucciones y recomendaciones se les hicieron.
Un juzgado con malos antecedentes
Entre los juzgados seleccionados para el plan piloto se encontraba el Décimo de Instancia Penal, a cargo del polémico juez Walter Villatoro a quien actualmente lo suple el juez Gustavo Peinado. Fue desde ese juzgado donde se emitieron las órdenes de captura que no se concretaron por la fuga de información.
No es primera vez que una fuga de ese tipo se da en dicho juzgado. El 14 de septiembre pasado, Oscar Lemus, abogado de Sergio Hernández, sindicado por el caso Bantrab, se presentó al juzgado sin haber sido citado y precisamente cuando, por motivos de seguridad, iban a rendir declaración a puerta cerrada dos testigos en contra de su defendido. El abogado, según consta en una denuncia, luego buscó a los testigos para intimidarlos.
El juez Walter Villatoro anunció que haría una investigación a lo interno de su juzgado. Nunca se supo el resultado.
Degenhart y las investigaciones rápidas
De acuerdo con el Organismo Judicial, los únicos que tuvieron acceso a los datos sobre las órdenes de captura, además del fiscal que las solicitó, fueron el juez que las emitió y el agente policía que las recibió.
El día de ayer, 23 de abril, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Felipe Baquiax, comentó que “después del trabajo que dos supervisores realizaron, emitieron las conclusiones que sí hubo fuga de información, pero esta no se dio en el Organismo Judicial”. Ángel Joaquín Quiyuch, supervisor general de tribunales, afirmó que en lo que va del año, es el primer caso de filtración que conoce.
Si queda descartado que la fuga de información fuera desde la Torre de Tribunales, sólo queda otro actor posible, el Ministerio de Gobernación. También el día de ayer, el ministro Ernesto Degenhart, afirmó que su investigación interna —que duró 10 días— ya había concluido y que su institución tampoco había facilitado información.
Sin embargo el historial de la administración de Degenhart deja muchas dudas abiertas ya que en medio año de gestión se han frustrado al menos cuatro capturas por fuga de información. A esto se suma la remoción, momentánea, que hizo de los agentes de la PNC que trabajaban con CICIG y la desprotección que ha denunciado Juan Carlos Monzón.
La llave del caso
Pese a todas las dudas que quedan por resolver para dar con los responsables de la fuga, la llave para encontrarlos parece estar en manos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que informó, el día de las capturas frustradas, que los sospechosos fueron alertados por medio de llamadas telefónicas. Allí podría estar la prueba necesaria.
Juan Ramos /
Dagenhart fue puesto ahí precisamente para eso, para estorbar, bloquear o informar cualquier esfuerzo de la Cicig en capturar ratas asquerosas, desde que él llegó a Gobernación ha hecho todo lo posible para estar obstaculizando la labor del MP y la Cicig, pedazo de pendejo, el solito se ha puesto la soga al cuello y dentro de poco también lo veremos en la cárcel.
ANA ESPADA /
Para esta en gobernacion y el ministro dio las ordenes
Giovani López /
arzu y sus criminales, no se dara cuenta que mas temprano que tarde parara en el bote junto a su mara de ladrones sicarios.