El partido de Jimmy se venga de las ONG (al estilo africano)

Las estrategias para maniatar y amordazar a las oenegés se dan en regímenes autoritarios de todo el mundo, pero especialmente en África esta práctica se extendió durante las últimas décadas, en los países con gobiernos señalados de violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

El presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi promulgó en mayo de 2017 una ley que permite a su gobierno restringir, suspender y cerrar las oengeés, como lo hizo antes el dictador Mugabe en Zimbabwe y el primer ministro Hailemariam Desalegne en Etiopía, que con leyes parecidas tienen el control total sobre las organizaciones civiles que denuncian los abusos y atropellos de las autoridades. En la Nicaragua del exguerrillero Daniel Ortega es tal el acoso a las oenegés, que el consejo a la hora de entrar al aeropuerto es decir a los visitantes de organizaciones que son turistas o de fundaciones de caridad Y ahora Guatemala podría seguir sus pasos.

Con el mismo estilo de los dictadores africanos, el gobierno de Jimmy Morales tendría la potestad para cerrar las organizaciones que apoyan la lucha contra la impunidad, que cuestionan su política fiscal o que trabajan en temas medioambientales. El plan para restringir a las organizaciones en Guatemala empezó con la iniciativa de de ley 5257, presentada el 21 de marzo de 2017 por el diputado oficialista Christian Gabriel, que pretende reformar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

La iniciativa plantea cambiar las reglas para el funcionamiento de las ONG. El diputado dice que su intención es ‘ordenar’ y ‘transparentar’ procesos, pero al final la ley busca debilitar, controlar y entorpecer el funcionamiento de las organizaciones. Y lo más importante es que otorga al Gobierno la posibilidad de callar esas voces críticas.

El diputado Christian Gabriel, de FCN.

La iniciativa ya tiene el aval de la Comisión de Gobernación del Congreso, donde el partido de gobierno (el FCN) y sus aliados tienen el control. Y si la mayoría de jefes de bloque lo aprueba, la iniciativa podría llegar al pleno del Congreso para ser aprobada. El riesgo de que las reformas se conviertan en realidad es alto.

Represión encubierta

¿Por qué a los gobiernos les incomodan las oenegés? Porque les dificultan sus planes ilegales. Sin la Fundación Myrna Mack, SEDEM, el ICCPG o Udefegua, la CICIG nunca hubiera tenido promotores o apoyos en momentos críticos. Sin Acción Ciudadana, los pacientes del IGSS en el caso Pisa no hubieran tenido apoyo en los primeros años. Sin Fundación Sobrevivientes, el caso de Cristina Siekavizza no hubiera tenido a alguien que presionara sistemáticamente a las autoridades. Sin el ICEFI, las propuestas en materia de impuestos no hubieran tenido contrapesos técnicos. Sin Calas, los proyectos mineros no hubieran tenido protestas legales.

Ante la escasez de organizaciones políticas representativas de los intereses nacionales, las organizaciones sociales han sido un contrapeso para los políticos y algunas grandes corporaciones en el Estado.

El objetivo de las organizaciones y los activistas es lograr que los estados cumplan con sus obligaciones y protejan a sus ciudadanos. Para eso denuncian a los grupos poderosos del sector público y privado que no cumplen con las leyes, y eventualmente actúan en instancias legales para evitar los abusos contra la ciudadanía.

Las organizaciones también ayudan a movilizar a los ciudadanos para protestar y exigir que se respete su participaón en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. Por eso, activistas participaron y mediaron en las manifestaciones de 2015 contra el gobierno de Otto Pérez Molina y de 2017 contra Jimmy Morales, en las que se demandó la renuncia de las autoridades corruptas.

Actualmente, las leyes no permiten que el gobierno guatemalteco cierre arbitrariamente a las organizaciones que le critican e incomodan, porque la Constitución reconoce el derecho de libre asociación. Pero con la nueva ley impulsada por el partido de Jimmy sí podría dejar de dar licencias de operación o suspender a las organizaciones que no cumplan con cualquiera de las nuevas disposiciones burocráticas.

Es una especie de ‘represión encubierta’ para el abogado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas. Lo resume así: ‘Esto se trata de retorcer la ley. Quieren que las ONG cometan un mínimo error de papeleo al momento de inscribirse o actualizar sus datos, y eso sea suficiente para cerrarlas o no permitirles operar’.

A criterio del abogado Cadena, este esfuerzo para callar a las organizaciones civiles es parte del ‘Pacto de Corruptos’, que impulsaron los grupos más conservadores del país con ayuda del gobierno y de diputados: ‘Intentaron expulsar al jefe de la CICIG, reformar el Código Penal para proteger a criminales y salvar a Jimmy de sus antejuicios, y ahora dar este golpe a los activistas como una forma de venganza por su papel clave en la lucha contra la impunidad’.

Los agujeros en la iniciativa

La iniciativa señala que las oenegés deben inscribirse en el Registro Nacional de las Personas (Renap), en lugar de las municipalidades. Esto podría ser una actualización normal, pero también se les exige la inscripción en la Secretaría de Planificación de la Presidencia, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas, y ‘en cualquiera de las instituciones gubernamentales con las cuales podría tener relación por razón de su accionar, ante las que deberá de tramitar las licencias necesarias para el cumplimiento de sus fines’. El Ministerio de Gobernación y Copredeh para las de derechos humanos; el Ministerio de Ambient para las ecológicas, etcétera. El procedimiento sería largo y lleno de obstáculos para los responsables de las organizaciones.

Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dice que esa disposición, de entrar en vigencia, podría convertirse en un arma del gobierno contra las oenegé. Eso daría lugar a que las organizaciones solo puedan funcionar si un ministerio, secretaría o cualquier otra entidad del gobierno de Jimmy emite una licencia y para eso utilizan sus criterios discrecionales. Eso sería dar un poder para el gobierno y el riesgo de que las decisiones se tomen arbitrariamente.

En el caso de las organizaciones constituidas en el extranjero, deberán inscribirse en el Renap, pero también en la Procuraduría General de la Nación y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dos instituciones que dependen del Presidente, y por ende, sus decisiones podrían ser políticas.

Que ya no haya oenegés sino sólo institutos caritativos

La iniciativa también quiere cambiar el propósito de las ONG. La redacción del proyecto de ley está orientada a que las organizaciones cumplan un papel benéfico y altruista, y relega la tarea de velar porque se cumplan los derechos humanos. La propuesta promueve que las organizaciones sean ‘de naturaleza altruista y dirigida por personas con intereses comunes y con objetivos claros de beneficio social’.

¿Qué significa ‘personas con intereses comunes’? Nadie sabe responder a qué se refiere ese concepto en la iniciativa de ley. Ricardo Barrientos, del Icefi, dice que esa ambigüedad podría convertirse en el futuro en una excusa para impedir que funcione una organización. Todo depende del criterio de la autoridad que decidiría quién sí y quién no debe ser inscrito como organización.

La redacción confusa y los términos subjetivos son parte clave de las leyes que quieren callar a las voces críticas. Y no solo ocurre en Guatemala. Por ejemplo, en Argelia, una ley estableció que el objetivo de las asociaciones ‘no debe ser contraria a los valores nacionales’. Si incumplen esta disposición, las solicitudes de registro podrán ser rechazadas. La pregunta es ¿cuáles son los valores nacionales? Se trata de criterios subjetivos de los que se aprovechan los gobiernos.

Otra de las disposiciones apunta a reducir de 25 a 15 por ciento la participación de extranjeros entre los asociados de las oenegés. Este requisito podría limitar el apoyo que las organizaciones reciben del exterior y complicaría los procesos de las ONG internacional con presencia mundial. Esa estrategia también se implementó en Israel, que restringió el apoyo a las organizaciones que recibían fondos del exterior, como un método de represión y control.

Por ejemplo, hay una organización que se llama Brigadas de Paz. Su misión es proteger, con presencia física, a activistas amenazados de muerte. Para esto, sus integrantes, europeos y estadounidenses en su mayoría, siguen a los activistas en peligro todo el día, como guardaespaldas sin armas, para disuadir de ataques.

Una pugna política

Dorian Taracena, diputado de Encuentro por Guatemala y miembro de la Comisión de Gobernación, fue uno de los pocos que no firmó para avalar la iniciativa de ley. Según el congresista, el proyecto tiene varios errores y además considera que por su naturaleza, se necesita que la sociedad civil opine sobre los cambios que se proponen.

De acuerdo con Dorian Taracena, sí es necesario establecer controles para que las fundaciones y asociaciones cumplan con su papel, pero considera inaceptable que se use una ley para restringir un derecho constitucional.

Consultado, el diputado Christian Gabriel, de FCN, niega que su proyecto de ley sea una ‘venganza’ contra las organizaciones que velan por los derechos humanos. El objetivo de la iniciativa, dice, es asegurar que los fondos asignados para un proyecto ‘realmente’ se utilicen con el fin indicado.

Según el diputado Gabriel, ‘la curiosidad’ fue la que lo motivó a fiscalizar a las oenegés. ‘Ahorita que yo quería revisar algunas, no pude saber cómo gastaban. Tengo una lista. No me recuerdo ahora cuáles son’.

El diputado Gabriel hace ademanes desde el pleno contra ciudadanos críticos.

Al insistirle por qué fiscaliza a las organizaciones, el diputado solo repite: ‘Solo curiosidad’.

Christian Gabriel reconoció que la iniciativa de ley tiene errores y por eso contempla hacer nuevos cambios, pero no precisó cuáles. Solo dijo que no habrá burocracia excesiva y en lugar de realizar las inscripciones en el Renap, será en el Ministerio de Gobernación.

Todos pierden

El abogado Eddie Cux, de Acción Ciudadana, cree que las reformas a la Ley de las ONG tendrían efectos catastróficos en Guatemala. No solo para las organizaciones ciudadanas que funcionan ahora, sino también para las que en el futuro quieran establecerse formalmente.

– Los movimientos ciudadanos de los últimos años han hecho que la gente quiera organizarse, fiscalizar a sus autoridades locales y trabajar en equipo. Todos esos movimientos saldrían perdiendo con una iniciativa como esta.

Según Eddie Cux, el proyecto de ley que impulsa FCN podría ser inconstitucional y además, violar convenios internacionales suscritos por el Estado. Por eso, cree que aún si el Congreso aprueba la ley y el presidente la sanciona, la Corte de Constitucionalidad debería detener las reformas.

El economista Enrique Godoy, quien fue activista contra el gobierno de Otto Pérez Molina y después comisionado en el gobierno de Jimmy, dice que la iniciativa de ley puede ser un arma de doble filo: ‘Ahora Jimmy Morales está en el gobierno y si se aprueban las reformas, él tendría poder de decisión sobre las ONG. Pero qué pasará cuando deje el poder y otro grupo, posiblemente con otra forma de pensar, asuma en el Ejecutivo’.

La propuesta de Enrique Godoy es que se fiscalice a las ONG, fundaciones y asociaciones civiles, especialmente a las que reciben recursos públicos, para que cumplan con su función. Pero es innecesario que el gobierno controle y restrinja su margen de acción en el país. Diferencia entre dos tipos de organizaciones, las que se crean para casos de corrupción y las que se dedican a fiscalizar.

– No podemos dejar de ver a las oenegés que aparentemente se dedican a la construcción y que realmente sirven a enriquecer a unos pocos. Pero tampoco por esos grupos es correcto crear leyes que restrinjan las libertades que garantiza la Constitución.