Este es el acuerdo de los constructores con la justicia. ¿Pudo ser mejor?

Las investigaciones del MP y la CICIG demostraron cómo funcionaba la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. Una vez capturados, 9 empresarios se declararon culpables, aceptaron que pagaron sobornos al exministro Alejandro Sinibaldi y pidieron que se les aplicara un procedimiento abreviado, junto con una reparación integral impuesta. Este es el acuerdo, las consecuencias y los cuestionamientos.

Entender la política P258

Mayorga (con un fólder) y Agüero (esposado) conversan al salir de tribunales.

Foto: Carlos Sebastián

1. El sistema

El caso se conoció en julio del 2017, cuando el MP y la CICIG presentaron el caso “Corrupción y construcción”. Ese mismo día allanaron establecimientos, capturaron a presuntos responsables y expusieron en conferencia de prensa su investigación: una red criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones liderada por Sinibaldi. La investigación arrojó que empresas constructoras sobornaron al ministro Sinibaldi; a cambio, él les pagó una deuda que tenía el Ministerio de Comunicaciones con ellos. Además, casualmente pudieron ganar nuevos contratos.

Lea: Así lavó Sinibaldi los sobornos de Claro y de las constructoras.

La juez de primera instancia penal, Ericka Aifán, es la encargada del caso en el que están involucradas 34 personas. Nueve de estas admitieron su responsabilidad desde la primera audiencia. Y dieron más información de la que tenía la fiscalía sobre cómo lo hicieron y la cantidad aproximada que pagaron. Según su versión, los pagos los hicieron para lograr que les desembolsaran la deuda de arrastre que tenían con el Gobierno por trabajos realizados anteriormente.

Las empresas que solicitaron el procedimiento abreviado fueron: Asfaltos de Guatemala (Asfalgua), Constructora Nacional S.A. (Conasa), Pavimentos de Guatemala (Padegua) y la Compañía Constructora de Obras Civiles (Cocisa). Además de cobrar la deuda del gobierno de la UNE (2008-2012) recibieron proyectos millonarios durante los cuatro años del Partido Patriota (2012-2015).

De acuerdo con la declaración de los acusados y la investigación del MP, Alejandro Sinibaldi tenía tres empresas de cartón que simulaban servicios y facturaban los sobornos de los constructores. El grupo de sociedades vinculadas a Sinibaldi, y manejadas por sus operadores, descubiertas por la fiscalía son Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul, S.A. y Agropecuaria El Florido, S.A.

“Les pidieron que depositaran un porcentaje de la deuda de arrastre en empresas que se comprobaron eran usadas por el equipo de Alejandro Sinibaldi para recibir ese dinero”, explicó el fiscal Carlos Vides, encargado del caso en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

 

Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI.

2. La acusación

Tras la investigación, el MP y la CICIG persiguen en este caso los delitos de 34 personas por lavado de dinero, cohecho activo, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y obstaculización a la acción penal. A los 9 empresarios que aceptaron su culpa los acusaron solo por cohecho activo que significa, en este caso, sobornar.

El procedimiento abreviado es una salida alterna a un juicio normal, sin debate oral ni público; ahorra tiempo y dinero a todos los involucrados y termina con una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria.

Salvando las distancias, es como cuando el expresidente Alfonso Portillo en Nueva York aceptó la acusación de la Fiscalía y reconoció haber recibido US$3 millones de Taiwán a cambio de apoyarlos en la ONU.

Las 6 empresas pagaron entre todas un aproximado de Q67.3 millones (US$9 millones), en pagos que oscilan entre los 3 y los 34 millones de quetzales por empresa, entre los años de 2012 y 2014.

¿Por qué no el MP y la CICIG sólo los acusan de sobornos para cobrar deuda y no investigan los contratos posteriores?

En la audiencia en la que los empresarios declararon sobre los mecanismos y su responsabilidad, explicaron que habían dado dinero al Movimiento Cívico Nacional (MCN) como parte del pago. Un dinero que se utilizó para financiar campañas políticas. Sin embargo, solo se les acusa por pagar sobornos.

Lea: Recuento: 3 empresas usaron a MCN para lavar dinero de Sinibaldi.

Al cuestionar a la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI) del MP, sobre los otros delitos que podrían imputarles a estos empresarios, respondieron que hay información que ya se trasladó a la Fiscalía de delitos electorales. Esto respondió Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI:

– ¿Cómo sabe la fiscalía que los sobornos solo se utilizaron para recibir el pago, y no para recibir también contratos en el futuro?
– La investigación determinó cuáles fueron los contratos por los que entregó sobornos y sí coinciden con la deuda de arrastre. Disculpe, esto va a parecer abusivo, pero de lo que no existe no podemos adivinar.

Aunque el fiscal Vides reconoció que es posible que los sobornos crearan una relación muy cercana entre Sinibaldi y sus proveedores, que podría haber hecho que facilitaran contratos para ellos, pero eso no es lo que estaba en juicio. Además de que no existen pruebas de que sustenten esa teoría.

– ¿Entre los sobornos que pagaron y los gastos de la reparación integral, los empresarios están restituyendo al Estado?
– Si se pidió (esas condenas y esas medidas) es porque tenemos esa convicción… Nosotros siempre pedimos lo que consideramos justo, respondió Juan Francisco Sandoval.

Esta postura es compartida por la CICIG, como querellante en el caso, puesto que confían en la investigación realizada en conjunto con el MP y consideran que un proceso de restitución asegura justicia eficaz e integral con condenas, pero también con reparación.

Ante los cuestionamientos sobre la efectividad de la reparación integral, Matías Ponce, el comunicador de CICIG, respondió que “este tipo de sentencias van a evolucionar y mejorar con cada aplicación, porque esa es su naturaleza. Este es uno de los primeros casos, pero mientras más se aplique se garantizan mejores resultados”.

 

Los sindicados del caso, durante una de las audiencias.

 

3. Qué aportaron los empresarios

Los empresarios de la construcción que durante su primera declaración decidieron colaborar con la justicia brindaron testimonios, pruebas e información sobre el mecanismo de cobro de Alejandro Sinibaldi. Esta colaboración ayudó a que el MP lograra juntar 1,542 medios de prueba documentales y 716 materiales.

Este es el grupo de los empresarios que sí cooperaron: José Luis Agüero de Asfalgua; Álvaro Mayorga y Juan Luis Tejada de Conasa y de Ingenieros M y T; Allen Robert Krebs de Padegua, Rafael Ángel Díaz Samos, Rafael Ángel Díaz Fión y Jesús Augusto García, de Cocisa.

Y el único que no es constructor en el procedimiento abreviado, es Raúl Alvarado Cuevas dueño de Ingeniería y Arquitectura Tekton.

Cuando se aplica un procedimiento abreviado, permitido solo en delitos con una pena menor a 10 años de cárcel, los procesados pueden pagar una cantidad equivalente a los días que deben pasar en prisión. Este canje se conoce como conmuta.

Como en el caso de estas 9 personas los sobornos sí se pagaron, la jueza Aifán los sentenció a prisión por 5 años conmutables y a pagar una multa de Q500 mil a 8 de ellos, y de Q100 mil a uno. El delito sí permite que estos años sean conmutables, por lo que a ocho constructores les ordenó que pagaran Q100 por día que debían estar presos, y a una le estableció un monto de Q25 por día.

La persona a la que se le sancionó diferente fue a Raúl Alvarado Cuevas porque el proceso penal es personal, aunque se celebre en colectivo. Y las penas económicas (multa y conmuta) se dictan de acuerdo a la situación económica del acusado. Alvarado Cuevas no es constructor, por eso lo que le debían era menor. Y, a pesar de que hizo el pago del soborno, Sinibaldi no le solventó la deuda de arrastre, por lo que no recibió beneficios del delito.

4. El acuerdo de reparación digna

Además de requerir la aceptación de hechos, que se declaren culpables, el procedimiento abreviado manda que de ser condenados los acusados deben garantizar una reparación integral y digna al agraviado. En este caso, el Estado de Guatemala, representado en el Ministerio de Comunicaciones, fue la agraviado.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que una reparación penal sea integral y digna, debe cumplir con cinco elementos:

– restitución
– indemnización
– garantías de no repetición
– medidas de satisfacción y
– rehabilitación.

De acuerdo con funcionarios de la CICIG, estos fueron los lineamientos de los que partieron a la hora de solicitar la reparación.

En este caso los empresarios han sido ordenados a cumplir con las medidas de reparación integral. Como el delito es un soborno y no hay daños materiales no hay una restitución física ni una rehabilitación. Sin embargo, la indemnización que deberán pagar alcanza los Q35.8 millones, distribuida en la construcción de 4 tramos carreteros, bacheos de vías, ampliación de carreteras, la construcción de una escuela primaria, un depósito de Q17 mil 756 en la Tesorería Nacional y la compra de 5 equipos topográficos para la Dirección General de Caminos.

Las garantías de no repetición deberán implementarse en estas empresas a través de un canal de denuncia anónima para que los empleados, proveedores y el público en general pueda reportar anomalías en las que podrían estar participando personal de la compañía. Además, un sistema de evaluación de riesgos con personal operativo calificado y el desarrollo y la aplicación de un programa anticorrupción de ética y cumplimiento. Todo esto bajo los parámetros definidos por MP, CICIG y PGN.

Las medidas de satisfacción se dividen en dos partes: una disculpa pública a la población guatemalteca por el delito cometido y el daño causado, que se deberá difundir en un medio de comunicación masiva. Y la segunda parte manda a colocar un cartel en el lugar de ejecución de las obras, en el que se lea que la construcción es por cumplimiento de una condena por el delito de cohecho activo. No se sabe si se publicará en idioma jurídico o en español: soborno.

5. ¿Por qué no hubo una condena “más fuerte”?

En un proceso que duró alrededor de ocho meses el MP, la CICIG, la Procuraduría General, lograron que la juez Aifán condenara a estos nueve empresarios. Esta periodista que escribe cuestionó a la jueza sobre el fallo.

– ¿Por qué no se les condenó a más años en prisión y se les permitió pagar en lugar de ser encarcelados?
– En el año que se cometió el delito no había sido reformado y permitía que se conmutaran los años de cárcel, por lo que se les aplicó esa ley. Y en cuanto a los años que se les condenaron, se les aplicó la pena máxima que permite un procedimiento abreviado, la multa máxima y la conmuta máxima que es de Q100 al día.

¿La reparación es realmente proporcional al dinero que ganaron los empresarios en los negocios con el Ministerio de Comunicaciones?
– La reparación a veces no se ve en el mismo margen que las cantidades (de los sobornos), pero sí ha sido tomado en cuenta. Y se hace de manera proporcional (al perfil económico) de ellos; nosotros lo estamos tratando de ver en el contexto de todo lo que el caso conlleva. Yo entiendo que las personas (externas al caso) no conocen las interioridades y eso es lo que genera las dudas. Pero no, todo está analizado y contextualizado en las circunstancias.

Por su parte, un abogado de la defensa, José Rodolfo Pérez Trabanino, que representó a Conasa en el proceso, responde que aunque se llegó a esta sentencia con acuerdos, “el Estado en este caso fue víctima y victimario, porque a los empresarios los obligaron a pagar esos sobornos”. Y negó que esos pagos beneficiaran a su cliente con nuevos contratos, “el MP lo confirmó, todos los pagos eran por la deuda que les tenían”, aseguró Pérez Trabanino.

No obstante, los empresarios sí recibieron otros contratos en la aministración de Sinibaldi.

 

En otros tiempos, de alegría, posaban para sus medios amigos. La vicepresidente Baldetti, el presidente Pérez Molina y el entonces delfín, Alejandro Sinibaldi.

6. ¿Por qué en Brasil pagaron más?

Un caso similar, pero con mayores dimensiones, es el de la constructora Odebrecht en Brasil. La empresa firmó el 21 de diciembre de 2016 un acuerdo para pagar multas por $2 mil millones a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza, como una compensación por los actos ilícitos cometidos en esos países.

Su presidente, Marcelo Odebrecht, fue sentenciado a 19 años y cuatro meses de prisión en Brasil por el caso de corrupción de Petrobras. Según la agencia internacional de noticias EFE, se le condenó los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. La empresa se ha comprometido a pagar unos de $789.5 millones al Gobierno de Brasil en los próximos 23 años y esa deuda se actualizará cada año de acuerdo a la inflación en ese país.

 

Odebrecht está acusada de pagar al menos $349 millones en sobornos a políticos de varios partidos en Brasil desde 2003 hasta 2016. Y de sobrevalorar contratos con el Gobierno de ese país, en esos mismos años. Además ha sido acusada en varios países, incluido Guatemala, de pagar cantidades millonarias a funcionarios públicos a cambio de favores.

7. El inicio de la condena

La condena empezó a ser cumplida. Los empresarios publicaron su primer campo pagado para ofrecer disculpas a la población por participar de sobornos. Escogieron el de menor circulación: el gubernamental Diario de Centroamérica

 

Gladys Olmstead
/

Periodista. Aprendiendo de todos y de todo cada día. Amante de los perros y la lectura. Fueron la casualidad, la ilusión y la insistencia las que me trajeron a Nómada.


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    Glory Gaitán /

    27/05/2018 4:30 PM

    Que bueno que algo se esté haciendo pero qué hay del resto de involucrados especialmente de los inocentes?

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Juan Vasquez /

    26/05/2018 12:51 PM

    Este señor rodrigo polo LameTraseros, es tan idiota o es tan privilegiado para hablar así de semejante espécimen "narcopayaso", el mejor tonto de la historia de los tristemente celebres presidentes quizo decir talves. Pero allá este pobre, talves este idiota de presidente que tenemos le dió algún huesito a este y asus hijos y por esole rinde pleitesía.

    Salu pue rodrigo mano de palo

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    Rodrigo polo /

    25/05/2018 10:46 AM

    A estos si los dejan libres y como fastidian a mi señor presidente constitucional de la República, eso se llama persecución penal selectiva, dejen trabajar a Jimmy, él esta haciendo buen trabajo y no ha habido mejor presidente en el país en toda su historia...

    ¡Ay no!

    4

    ¡Nítido!

      Rogelio Montenegro /

      25/05/2018 11:48 AM

      Ja ja ja polo, hoy si te fumaste un puro más grande que el de costumbre.
      Calladito te ves mejor...

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!



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