FCN liderará el debate sobre el financiamiento electoral (y es preocupante)

Una comisión legislativa presidida por FCN se hará cargo de reformar el delito de financiamiento electoral ilícito. Es la misma bancada que hace cinco meses apoyó el “pacto de corruptos” con el que intentó que los secretarios generales de los partidos no fueran responsables de recibir aportes ilegales.

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Foto: Carlos Sebastián

Las bancadas del Congreso podrían designar este jueves a sus representantes para integrar una comisión legislativa que tiene en sus manos modificar el proceso electoral y el rumbo de la lucha contra la impunidad.

El pasado 12 de febrero, la Corte de Constitucionalidad (CC) recomendó a los diputados que crearan una comisión extraordinaria para analizar y proponer reformas al Código Penal, específicamente sobre el financiamiento electoral ilícito.

Por ser la bancada más grande, la presidencia de la nueva comisión le corresponde al Frente de Convergencia Nacional (FCN), el partido oficial que en septiembre pasado evitó que se le retirara la inmunidad al presidente Jimmy Morales por el mismo delito que les tocará reformar. El propio jefe de bancada de FCN, Javier Hernández, asegura que habrían querido evitar dirigir la nueva sala, para que no se les acuse de legislar en beneficio propio.

La tarea de la comisión es sencilla en teoría, pero supone vulnerabilidades para la lucha contra la corrupción.

Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana, lo explica con el antecedente de septiembre, cuando el Congreso reformó a toda prisa el Código Penal antes del feriado del Día de la Independencia. Intentaba evitarle la prisión a acusados de casos de corrupción y eximir de responsabilidades a los secretarios generales por el financiamiento electoral ilícito.

La ciudadanía llamó “pacto de corruptos” a ese intento de impunidad que los diputados tuvieron que anular dos días despues, presionados por las protestas. Basado en eso, Marroquín dice que el riesgo ahora es que los diputados legislen en su favor y de los secretarios de sus partidos y que diseñen sanciones débiles.

En el intento de septiembre, los diputados reformaron el artículo 407 N y crearon el 407 O y 407 P. Pretendían que el contador del partido político fuera el responsable por el financiamiento no registrado, en vez de sus secretarios generales, como es la norma vigente.

Según el análisis de la CC, el hecho de no registrar una contribución no puede castigarse con la misma severidad con que se castiga a quien aportó o recibió fondos producto de actividades criminales. Es decir, una falta es administrativa y la otra podría ser penal.

Los diputados que integren la nueva comisión básicamente deberán establecer cuáles faltas deben ser penadas con cárcel y cuáles pueden ser sancionadas con una simple multa. Todo queda a su criterio. La CC sólo les pide que las penas para los contadores sean menores a las de los secretarios generales o cualquier otra persona involucrada en aportes ilegales.

Las decisiones afectarían a sindicados de financiamiento electoral ilícito como los banqueros y constructores acusados en el caso “Cooptación del Estado” por sus aportes no oficiales al Partido Patriota. También abarcarían los delitos por los que el Ministerio Público pidió antejuicio contra los diputados Orlando Blanco, Roberto Villate y el propio Jimmy Morales, secretarios de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Libertad Democrática Renovada (Lider) y FCN, respectivamente, también señalados de recibir aportes ilegales en las elecciones de 2015.

Nada está asegurado

Mario Taracena, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no cree que haya inconveniente con que FCN dirija la nueva comisión. Opina que lo que sucedió en septiembre fue “por hacer las cosas a la carrera”, pero cree que esta vez habrá presión de la sociedad civil. No va a pasar nada, no debería haber preocupación. Igual habrá representantes de todos los partidos”, dice.

Un proceso similar a la conformación de esta comisión extraordinaria sucedió con las reformas a la Ley Electoral en 2015. Pese a las propuestas de diferentes sectores, Nómada evidenció cómo Taracena y otros diputados proponían reformas para beneficiar a los mismos partidos políticos.

Lee: El plan de Mario Taracena (UNE) para controlar al TSE

El panorama esta semana es complicado y el riesgo de una medida que favorezca la impunidad es alto. Sandra Morán, diputada integrante del Frente por la Transparencia, asegura que “no puede asegurarse nada” sobre el resultado de las reformas. “Nosotros procuraremos aportar desde nuestra participación en la comisión, pero luego cuando la reforma llegue al pleno cualquier diputado podrá hacer enmiendas”, expone.

No es la primera vez que la CC hace una recomendación similar. El 26 de mayo de 2017 pidió al Congreso que creara una instancia encargada de hacer un reglamento para las consultas comunitarias, pero los diputados la ignoraron. La reforma del delito de financiamiento electoral, sí ha sido una prioridad, a un año del proceso eleccionario de 2019.

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    Pablo C ccc /

    01/03/2018 7:11 PM

    No se porque le llaman pacto de corruptos, lo único que les interesa es el bienestar de la sociedad guatemalteca y sacar cualquier extranjero que desee tomar el poder y acabar con nuestras Instituciones, por eso es mejor seguir a Rodrigo Polo.

    ¡Ay no!

    2

    ¡Nítido!

      Erick Sal /

      04/03/2018 2:45 PM

      Y porque su nombre?
      Pablo Campaña Con Congresistas Corruptos.

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!



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