La CICIG explica porqué hay que retirarle la inmunidad a Jimmy Morales

Tres horas duró la reunión. Los diputados que integran la comisión pesquisidora en el Congreso han hecho un frente de defensa y cuestionan el curso de las investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito que alcanzan a Jimmy Morales. Cuatro investigadores de la CICIG respondieron a las inquietudes de los congresistas, quienes por momentos interrumpían para evitar escuchar los detalles. 

En el Congreso avanza el trámite de la solicitud de antejuicio contra el Presidente, a quien el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala buscan investigar por financiar parte de su campaña electoral del 2015 con dinero que recibió de un grupo de empresarios y que no reportó al Tribunal Supremo Electoral. 

En el Salón del Pueblo, de un lado estaban los cuatro investigadores de CICIG y del otro los cinco diputados que verifican si la denuncia en contra Morales tiene fundamentos y amerita que se le retire la inmunidad para ser investigado y procesado. 

Con una cañonera proyectaron el documento de 170 páginas que sustenta el caso. Los abogados de la CICIG resumieron la investigación preliminar en contra de Morales: en la campaña electoral, la Fundación G —donde se aglutinan los empresarios más prominentes del país— pagó Q8 millones en volantes, calendarios, capacitaciones para los candidatos, contratación de fiscales electorales, abogados y coordinadores para el partido FCN-Nación. Es decir, la agrupación política no utilizó su propia contabilidad para registrar el financiamiento y cómo lo gastó.

El antejuicio como un obstáculo

Juan Gómez, oficial legal del ente internacional, explicó que el caso nació de documentación que encontraron durante un allanamiento en las oficinas del Movimiento Cívico Nacional (MCN), cuando investigaban los negocios de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones del Partido Patriota.

El diputado Rudy Pereira —único representante de FCN en la pesquisidora— fue uno de los más activos en la reunión. Sus interrogantes fueron si la CICIG también investiga a otros partidos, si la investigación era una fiscalización del pago de personal para la campaña electoral, si es delito que un candidato a presidente participe en una capacitación y por qué el MP no presentó el antejuicio antes. En sus preguntas se evidenció una interpretación del caso que trataba de alejar el presidente lo más posible del supuesto delito cometido.

—¿Ustedes no investigaron si los demás partidos acudían a capacitaciones que eran para todas las personas? (…) ¿Cuando hablan ustedes de impresión de volantes quiere decir que toda imprenta tiene que tener una declaración escrita por parte del partido, o del secretario general o del comité ejecutivo, para poder imprimir cualquier volante? Yo no sé, y se lo pregunté a los fiscales —del MP— si existía una forma que el partido pueda autorizar imprimir volantes; porque a mí se me ocurre, si voy en la calle e imprimo un volante para cualquier partido no quiere decir que se los vaya a dar. El fiscal dijo que no. ¡No sé! Se los pregunto, tal vez ustedes me lo pueden aclarar-, dijo el diputado.

Luis Fernando Orozco, investigador de la CICIG, respondió que precisamente para eso se encontraban en el Congreso, para exponer que su investigación es preliminar y que, para avanzar y responder a preguntas como la del diputado, el antejuicio es un obstáculo.

—Se está solicitando que se levante el antejuicio, no para responsabilizar directamente a una persona, no para intentar sentenciar antes de que se lleve a cabo una investigación formal con todas las medidas y garantías constitucionales y legales; lo que se solicita es hacer una investigación con el tiempo prudente y pertinente-, dijo Orozco.

El investigador de la CICIG explicó que con el obstáculo del antejuicio se les dificulta avanzar en la investigación que dé luces sobre si la persona pueda ser imputada o no. En los indicios preliminares se han encontrado elementos de juicio que conducirían a tener la posibilidad de que Jimmy Morales, como secretario general del partido, hubiera recibido los aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral, que no fueron de conocimiento de los auditores y que según los antecedentes, hubo acuerdos donde se permitió que al margen de la campaña se tuviera una contabilidad paralela para el manejo de aportes que hicieron los empresarios, añadió el investigador.

El abogado recordó que por este caso, Olga Paiz utilizó Novaservicios, SA para hacer pagos para la campaña de FCN-Nación y que ya fue condenada, y que los empresarios que dieron el dinero, incluso pidieron perdón públicamente.

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Boris España, diputado del Movimiento Reformador, habló del jefe de la CICIG, Iván Velásquez y las veces que ha dicho que el delito de financiamiento electoral ilícito es el cáncer de la democracia.  

—Ayer, cuando yo iba para mi casa, confundido, porque la verdad estaba confundido (ayer el MP ratificó la denuncia en el Congreso), empecé a meditar la importancia de este tema, del antejuicio del presidente, y dije que 'esto no tendrá que ver con que el comisionado Iván Velásquez no esté en Guatemala'. Y vinieron a mi mente cuando el comisionado dijo al principio de esta legislatura, que el pecado original era el financiamiento electoral anónimo o ilícito (…) Lo que no calculó el comisionado que se estaba metiendo con dinosaurios del país, con grandes empresarios que fueron a hacer el lobby y que de repente había que evaluar qué son.

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Luego España preguntó si la solicitud de antejuicio en contra de Jimmy Morales tiene algo que ver con la decisión del presidente de no renovar el mandato de la CICIG más allá del 2019.

Luis Fernando Orozco, el investigador de la CICIG, respondió que el presidente tenía conocimiento de los fiscales electorales que pagó Novaservicios y que estaban trabajando en la primera y segunda vuelta de elecciones y que les agradeció públicamente.

—Un simple análisis, señor diputado. ¿No tenía el secretario del partido que analizar quién pagó para no meterse en una consecuencia adminitrativo y penal. Aquí tiene eco las palabras del comisionado, respetando la democracia.  ¿No tenía él (Jimmy Morales) la obligación de verificar, constatar y dar fe de quién estaba pagando esos fiscales? Esos son elementos penales, de connotaciones penales, que nos llevan a nosotros transparentemente, sin ningún otro ánimo de apoyar al Ministerio Público a que se haya una investigación cuando hay elementos de juicio que permiten considerar que se está violentando la ley penal, sea quien sea; esa es la razón por la que se presentó el antejuicio, no es otra, señor diputado-, explicó.

Imagen de la presentación hecha por CICIG a los diputados de la comisión pesquisidora.

Boris España tomó el micrófono cuando el presidente de la pesquisidora quería hablar.

—Mi pregunta fue concreta, ¿tiene o no tiene esta solicitud de antejuicio al presidente de la República algo que ver o no con la ampliación del mandato de la Cicig?

Orozco contestó:

—Esto no tienen nada qué ver ni situaciones políticas. Ni que sea espurio. Absolutamente, reitero, no tiene nada que ver con que se renueve o no el mandato. Nosotros seguimos trabajando no obstante las circunstancias políticas que se están presentando, como si el mandato se fuera a acabar en diez años.  

En la sesión, los abogados de la CICIG dijeron que todavía investigan el origen y destino de Q1.1 millón vinculados a la campaña de Morales.

Lo que sigue en la pesquisidora

Durante las próximas semanas,  los diputados seguirán teniendo estas reuniones. Citaron a 47 personas para conocer los detalles tras la solicitud de antejuicio. Las reuniones continuarán el próximo jueves. Luis Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala y presidente de la pesquisidora, dijo que veía que los diputados tenían cada vez más claro el caso y que verían si podrían adelantar la fecha de entrega del informe en el que tendrán que recomendar al resto de diputados si le retiran o no la inmunidad a Jimmy Morales, el 25 de octubre.

Mientras se realizaba esta sesión, en otra parte del Congreso, el péndulo en el Gobierno dio algunas luces de moverse hacia la legalidad.

Al salir de una citación, el Procurador General de la Nación, José Luis Donado, dijo que "tras un análisis, acataría una orden" de la Corte de Constitucionalidad. Esto en referencia a la resolución donde los magistrados le ordenaron al gobierno que permitiera el ingreso del jefe de la CICIG, a Guatemala. Hace unos días, el Ministerio de Defensa anunció que también acatarían una orden.