La elección del nuevo Contralor (que podrá bloquear candidaturas) está estancada y contra el tiempo

La elección del próximo Contralor General está cerca, pero el proceso no ha recibido la atención que merece. Y es que la persona encargada de fiscalizar al Estado, jugará un papel tan importante que incluso podría bloquear, o no, la participación de varios candidatos en las próximas elecciones.

Entender la política P258

Carlos Enrique Mencos Morales jefe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Foto: Carlos Sebastián.

El 2018 ha sido un año clave para el futuro del país y de la lucha contra la impunidad. En mayo se eligió a la Fiscal General para el Ministerio Público (MP), en junio el presidente nombró al nuevo Procurador General de la Nación (PGN) y en octubre se conocerá el nombre de la persona que será el próximo Contralor General de Cuentas.

Sin embargo, el proceso de elección de Contralor General no es tan fiscalizado ni se le da tanta importancia como al del jefe del MP, a pesar de tener mecanismos similares de elección como una comisión de postulación.

Los tres cargos relevados son de los más importantes del país, especialmente para el sector de justicia. Primero, la fiscal Consuelo Porras debe conducir investigaciones que logren castigar delitos, sin importar quién es el acusado ni quién es el agraviado. Segundo, el procurador Jorge Luis Donado tiene, por obligación, que revisar y acompañar al Estado en todos los contratos que firma, él es el “abogado” del gobierno. Y por su parte, el próximo contralor deberá continuar con el trabajo de fiscalizar la forma en que se emplean los recursos del país.

– El mandato es velar por la transparencia y la calidad del gasto y la inversión pública, sobretodo con un enfoque preventivo hacia corrupción. Debe poder detectar a tiempo malas prácticas y actos anómalos, eso la hace una elección fundamental para el país, dice Marvin Flores de la organización Acción Ciudadana.

Un contralor complaciente

Por su papel tan importante en la fiscalización de los recursos, la Contraloría ha sido criticada en innumerables ocasiones. El actuar de los contralores en el pasado ha tenido faltas graves a la hora de cumplir con su papel de auditar a todas las instituciones que usen capital del Estado.

El contralor actual, Carlos Mencos, no solo no logró detectar el sobresueldo del presidente Jimmy Morales y la cúpula del Ministerio de la Defensa con el “bono de riesgo” que se autorecetaron en el 2017. Cuando fue denunciado por Nómada, el Contralor hizo un dictamen en el que exculpaba al presidente Jimmy Morales por ‘haber devuelto el dinero’ robado.

Casos como este deberían ser detectados por la Contraloría y al contralor le correspondería la responsabilidad de presentar las denuncias ante el Ministerio Público. Sin embargo, el trabajo suele ser a la inversa y es en el MP, donde años después, se terminan detectando casos de Plazas Fantasma, compras sobrevaloradas o licitaciones anómalas. A la fecha, ninguno de los casos de corrupción que lleva la Comisión Internacional contra al Corrupción en Guatemala (CICIG) se originaron a partir de una denuncia de la Contraloría.

Los casos que sí detecta la Contraloría suelen quedar en el olvido. La institución que dirige Carlos Mencos no ha accionado en contra de la hija de la magistrada presidenta de la CC, Dina Ochoa, luego de un hallazgo en el informe de sus mismos auditores de gasto del Ministerio de Desarrollo Social del 2017. Nómada logró acceso al informe que especifica fondos utilizados en actividades que no se realizaron, pero el caso nunca llegó a la fiscalía.

Antes de Mencos se encontraba Nora Segura; ella ha sido denunciada por la misma Contraloría por haber permitido el contrato de usufructo oneroso a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Además es recordada por intentar permanecer en el puesto, a pesar de que su período había terminado. Se necesitaron dos resoluciones de la CC para lograr que ella dejara el cargo.

– Nora Segura ha sido de los peores contralores, fue lamentable, nosotros como Acción Ciudadana presentamos contra ella un recurso legal, porque nos negó información sobre el caso del Transurbano, recuerda el analista Marvin Flores.

El proceso estancado

El plazo para elegir al contralor que será sucesor de Carlos Mencos vence el próximo sábado 13 de octubre. Y deben ser los diputados, en el pleno del Congreso según la Constitución, quiénes de una lista de seis auditores y contadores públicos escojan al más idóneo y de reconocida honorabilidad para el puesto. La nómina con los seis candidatos que llegará al Hemiciclo será elaborada por una Comisión de Postulación de auditores y economistas.

El presidente de la Comisión Postuladora será un representante de los rectores de las universidades del país. Y los demás miembros estarán compuestos por los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y 12 representantes electos por las asambleas generales del Colegio de Economistas y Administradores de Empresas y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores.

Los rectores de las universidades designaron a Félix Serrano, autoridad de la Universidad Mesoamericana, como presidente de la Comisión Postuladora. Él deberá dirigir el proceso y, 20 días hábiles antes de la fecha límite, entregar la lista de 6 candidatos al Congreso.

A los comisionados les quedan 18 días para entregar el listado, pero la comisión ni siquiera se ha integrado por culpa de un error en la convocatoria que lanzó el Congreso el pasado 19 de mayo. Los diputados aprobaron un decreto en el que no se incluía al Colegio de Economistas y Administradores de Empresas para integrar la comisión que deberá postular a los 6 candidatos a contralor.

Desde 2016 existe el Colegio de Contadores Públicos y Auditores con independencia del de Economistas y el Congreso sólo convocó a los primeros colegiados. Por eso, la CC otorgó un amparo para permitir que se convoque a ambos colegios. Este recurso también responde a las preocupaciones de algunas organizaciones que consideran que la ruptura entre los colegios profesionales en 2016 nace de un intento de influir en esta elección de Contralor General.

– Nosotros vimos que la convocatoria era anómala y muchas personas lo sabían. Era muy clara y evidente la violación al debido proceso. Y teníamos información que habían personas interesadas en retrasar aún más o, incluso, anular el proceso cuando estuviera cerca de finalizar porque existen mucho intereses alrededor de esta elección de contralor, explica Álvaro Montenegro, de la organización Justicia Ya, y uno de los ponentes del amparo en la CC.

El 26 de julio el pleno del Congreso hizo la nueva y corregida convocatoria a todos los auditores, colegiados en cualquiera de las dos instituciones. Un mes después, no se ha electo a los comisionados.

– El problema es que van a comprimir aún más el tiempo para hacer una calificación más exhaustiva, de la comisión postuladora. Tal vez habían dejado un tiempo holgado para las entrevistas, para ver que se cumpla con los requisitos como el de idoneidad, y ahora ya no tienen ese tiempo, expone Carlos Melgar, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El pase para las elecciones se llama finiquito

El próximo año se celebraran elecciones generales en Guatemala para elegir al Presidente y Vicepresidente, a los diputados y a los alcaldes. Y el Contralor General tiene la capacidad de avalar o evitar candidaturas en cargos de elección popular.

Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, todo aquel que se presente para inscribirse como candidato a cualquier cargo deberá presentar una constancia de que no tiene ningún juicio o proceso abierto en su contra. Esa constancia se llama finiquito y solo puede extenderla la Contraloría General de Cuentas.

– Al nuevo Contralor le va a tocar un proceso electoral durante su primer año, y ese es uno de los principales riesgos. Sin criterios claros y marcados para la emisión de finiquitos, puede haber un efecto de negociación por parte de los diputados a la hora de elegir al Contralor, expresa Carlos Melgar, del ICEFI.

Así que todos los diputados o alcaldes que deseen reelegirse, o los ministros que quieran ser candidatos a la presidencia deberán conseguir ese finiquito. Lo mismo aplica para la exfiscal Thelma Aldana, que ha mostrado interés en postularse.

Álvaro Montenegro, de JusticiaYa, pide atención de la ciudadanía para fiscalizar:

– Hay muchos intereses alrededor de esta elección. Muchos de los diputados por supuesto que tienen interés, porque esa es la norma y esa ha sido la forma de elegir.

Gladys Olmstead
/

Periodista. Aprendiendo de todos y de todo cada día. Amante de los perros y la lectura. Fueron la casualidad, la ilusión y la insistencia las que me trajeron a Nómada.


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