La jugada de la UNE y una empresa cercana a la Muni para dejar fuera a Foppa

A menos de 48 horas de que se cierre el plazo definido en la convocatoria de elecciones, Juan Francisco Solórzano Foppa casi ha quedado fuera de la contienda por la alcaldía metropolitana.

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El exfiscal que fue parte del equipo que descubrió el caso “La Línea” y que luego pasó a dirigir la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), impulsa el comité cívico Mi Barrio, con el que aspira a llegar al “Palacio de la Loba” y poner fin a más de 25 años de administración arzuista.

Pero esa aspiración se desvanece porque, en las próximas 48 horas, tendría que conseguir un amparo en contra de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que lleva dos meses sin darle el finiquito necesario para inscribir su candidatura.

El último golpe de Mencos

Hace cinco meses Carlos Mencos terminó su periodo como Contralor. En la lucha contra la corrupción su institución pasó desapercibida pero sus últimos meses fue determinante de cara a los comicios electorales. En más de una ocasión la Contraloría ha hecho gala del poder discrecional con que multa, denuncia o ignora los casos.

Bajo la gestión de Mencos la Contraloría frenó una denuncia contra la hija de la magistrada Dina Ochoa. Además en su último día en el cargo, el pasado 11 de octubre, decidió no sancionar a las autoridades del Ministerio de Defensa por el pago de Q76.7 millones erogados en bonos —entre ellos, el de Jimmy Morales— ni por el pago de Q21.4 millones en salarios que no tenían documentos de soporte.

Carlos Enrique Mencos Morales, exjefe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Foto: Carlos Sebastián.

Ese mismo último día los auditores de la CGC presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra los antiguos miembros del Directorio de la SAT. No se aclara cuál habría sido el delito pero se indica que  “incumplieron con el principio de publicidad del Derecho Administrativo”.

Según la denuncia de los auditores, la Gerencia de Investigación Fiscal, aprobada por el directorio en las actas 071-2016 y 072-2016, “comenzó a realizar funciones sin antes haberse cumplido con el principio de publicidad de los actos administrativos realizando la publicación en el diario oficial… asimismo esta Gerencia de Investigación Fiscal realiza funciones que a nuestro criterio son muy similares y se duplican con las funciones que ya venía realizando la Intendencia de Fiscalización”.

Con esa denuncia presentada el 11 de octubre de 2016, el último día de la gestión de Carlos Mencos, quedaban privados de finiquito el entonces presidente del directorio de la SAT y Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada; los directores titulares Adriana Estévez, Jorge Dávila, Carlos Nuñez y Mario Velasco. También los suplentes Donato Monzón, Francisco Zetina y Lila Echeverría. El último involucrado era Foppa, quien tenía el cargo de secretario.

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Un golpe con impacto en dos elecciones

Al menos cinco de las diez personas que fueron denunciadas y que integraban el directorio, aspiraban en ese momento a un cargo público. No todos corrieron la misma suerte con el finiquito.

La denuncia impidió que Carlos Nuñez y Adriana Estévez se postularan al cargo de Contralor. En cambio Jorge Dávila, contaba con finiquito desde antes que se interpusiera la denuncia y está en la terna de seis candidatos entre los que el Congreso elegirá al sucesor de Mencos.

Por otra parte Julio Héctor Estrada y Juan Francisco Foppa ya tenían aspiraciones electorales. El primero para el puesto de Presidente, y el otro para ser alcalde capitalino. La diferencia está en que el exministro de Finanzas, consiguió su finiquito en una semana y fue inscrito a principios de marzo. Mientras tanto Foppa, desde el 6 de febrero presentó sus argumentos para desvanecer la denuncia de la Contraloría y aún no recibe respuesta alguna.

—La denuncia contra Julio Héctor fue desestimada porque él demostró que no estaba presente el día en que se aprobó el acta y por lo tanto no tuvo nada que ver con la votación. Yo sí estaba presente pero en mi calidad de secretario. Como secretario del directorio no tengo voto y por eso debería aplicarse el mismo principio respecto a mi caso—, señala Foppa.

Julio Héctor Estrada y Juan Francisco Solórzano Foppa.

El exjefe de la SAT, asegura que más allá de la discrecionalidad de la Contraloría, la denuncia ni siquiera tiene fundamento. Apela a que al ser una institución autónoma, la SAT no está obligada a publicar en el diario oficial las modificaciones que realiza a su organigrama interno.

Además, Foppa muestra recortes de publicaciones realizadas el 30 de septiembre de 2016 en medios locales en los que la SAT anunció a los contribuyentes que se había creado una Gerencia de Investigación Fiscal.

—Tampoco es cierto que duplicamos funciones. La ley orgánica de la SAT establece que las Intendencias solo pueden hacer planes y estrategias pero no pueden ejecutarlas. Por eso creamos una Gerencia de Investigación. Antes la SAT solo fiscalizaba las declaraciones que se presentaban. La gerencia fue creada para investigar a los que ni siquiera estaban reportando—, apunta.

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La UNE, TODOS y una empresa cercana a la Muni

Es 15 de marzo y el Contralor interino, Fernando Fernández, se disculpa por no tener tiempo para atender una entrevista y explicar el criterio que se aplicó para no resolver el finiquito de Foppa. En la Contraloría trabajan para resolver los últimos finiquitos que se entregarán antes del cierre del plazo para la inscripción de candidaturas.

El excontralor, Carlos Mencos, tampoco contesta las llamadas. Actualmente está enfocado en su campaña como candidato a diputado por la UNE en representación del departamento de Escuintla. La bancada de Sandra Torres fue una de las principales opositoras a la creación de la Gerencia de Investigación, accionó contra ella ante la CC pero la corte no resolvió su recurso.

La denuncia contra la creación de la Gerencia de Investigación que está bloqueando la candidatura de Foppa, no sólo fue interpuesta por la Contraloría. En el Ministerio Público también se recibieron denuncias similares por parte del diputado de TODOS, Juan Ramón Lau, conocido por tener una amplia red de familiares en puestos públicos y por la detención de su hijo, cuando conocía un carro del Organismo Judicial y portaba un arma del Ministerio de Gobernación. Aquí, hay un perfil amplio del denunciante.

La otra denuncia fue presentada por Grupo La Buena una empresa cercana a la familia Arzú y su administración municipal. La empresa es propiedad José Raúl García Granados, tío de Roberto Arzú, candidato presidencial de la alianza PAN-PODEMOS. Foppa asegura que la denuncia solo tiene como objetivo bloquear su candidatura y que para ello ya accionó ante los tribunales correspondientes.

Mientras tanto el tiempo pasa. El domingo 17, tal y como el TSE lo definió en la convocatoria a elecciones, cierra el plazo para inscribir candidaturas.