La ley 'tipo Joviel' del diputado y el ministro: Q800 millones para los salubristas

El diputado Luis Hernández Azmitia está convencido de que si el presidente Jimmy Morales prometió Q500 millones al dirigente sindical Jovial Acevedo para aumentar el sueldo de maestros, él puede conseguir que el Congreso apruebe una ley para pagar bonos a los salubristas y que costaría Q800 millones al año.

Cabildear esa ley es lo que el diputado asegura que hacía el sábado pasado cuando fue sorprendido en una reunión privada con el ministro Carlos Soto. Luego de que se difundiera la foto de ambos en un café de la zona 13, el diputado del Movimiento Reformador y presidente de la comisión de salud, aseguró en Twitter que esta semana promovería la “Ley de Dignificación del Trabajador de Salud”, una iniciativa que ya pasó la primera lectura, pero no tiene dictamen técnico de la comisión de Finanzas ni fuente de financiamiento. El parlamentario tampoco puede explicar de dónde provendrían los Q800 millones y que equivalen al 11 por ciento del presupuesto anual del ministerio de Salud.

Otro aumento como el de Joviel

La iniciativa de ley 5204 fue presentada en el Congreso en noviembre de 2016 cuando el principal sindicato de salud le exigía a la entonces ministra, Lucrecia Hernández Mack, un aumento salarial y el cumplimiento de un pacto colectivo que ya fue denunciado como lesivo por la Procuraduría General de la Nación.

Básicamente la iniciativa propone nuevos escalafones para las plazas de los trabajadores salubristas y una serie de aumentos salariales y de bonificaciones que van del 10 al 100 por ciento. Según los cálculos del diputado, implicaría un aumento de “aproximadamente Q800 millones” y no se trata de un bono, sino de una readecuación de las normativas de servicio civil del Ministerio de Salud.

Las bonificaciones se otorgarían si los empleados logran avances. Si bien algunos de estos indicadores son cuantificables, como la disminución de casos de desnutrición o la disminución de las causas de mórbida, otros son más subjetivos. Por ejemplo, un empleado podría conseguir un bono si demuestra que ha mejorado en el “buen manejo de insumos”, la “gestión con transparencia” o en la cantidad de cirugías realizadas.

Hernández Azmitia afirma que su propuesta busca solucionar “las malas condiciones laborales de los trabajadores” y que la coyuntura se presta para discutirla. Se refiere al compromiso de un aumento salarial que el presidente Jimmy Morales contrajo el jueves pasado con el dirigente magisterial Joviel Acevedo y que le costará al Estado Q500 millones por año.

¿Y de dónde saldrá el dinero?

La exministra Hernández Mack, quien renunció al cargo en agosto de 2017 y en su lugar asumió Soto, exdirector del hospital Roosevelt, explica que su gestión no le dio el visto bueno a la iniciativa 5204 porque tenía varias carencias.

Señala que: “hicimos una consulta a la ONSEC (Oficina Nacional de Servicio Civil) y resolvió que carecía de fundamentos técnicos, no cumplía con requisitos financieros y no tenía viabilidad administrativa”. Las principales debilidades de la ley que encontraron, dice, fueron los beneficios son de carácter voluntario.

El proyecto estipula que cualquier trabajador contratado en renglón 011, es decir, en planilla, puede gozar de los nuevos beneficios si lo solicita. Por otra parte, los bonos y aumentos no aplican para nutricionistas, psicólogos y otros especialistas. El beneficio no sería para todos los trabajadores del ministerio.

La iniciativa, además, no aclara el impacto financiero de los reajustes salariales. Hernández Azmitia, quien opina que las críticas de la exministra no tienen sustento, asegura que sí hay fondos disponibles porque “se van a optimizar los recursos”, pero no aclara de qué partida del Ministerio de Salud saldría. La cartera tiene un presupuesto anual de Q6 mil 897 millones.

La misma incógnita financiera se teje sobre el ofrecimiento de aumento para el gremio magisterial. El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, solo puede explicar que para cumplirlo se necesitaría de una ampliación presupuestaria. En la misma nebulosa quedaría el ministerio de Salud.

Hernández Admitía admite que hay que integrar a otros gremios a la propuesta y que los cambios se harían cuando esta vuelva a ser conocida por el pleno en la primera quincena de febrero.

Azmitia y la cartera de Salud

En la biografía de su sitio web personal, el diputado Hernández  se describe como un funcionario “mediáticamente reconocido” y como “un referente político nuevo y fresco”.  Es el único parlamentario que cuenta con un logo personal que forman las letras de su nombre.

Hernández Azmitia, de 41 años, fue viceministro de Desarrollo Social del Partido Patriota (PP) y esta es su primera legislatura. Electo por el partido VIVA, al cual llegó de la mano de Zury Ríos, renunció para unirse al Movimiento Reformador, el partido que cobijó a exmilitantes del PP, incluido el prófugo Alejandro Sinibaldi.

Adherirse al MR le ayudó a presidir la Comisión de Salud del Congreso. Fueron constantes sus roces, acusaciones y citaciones a la entonces ministra Lucrecia Hernández Mack. Sin embargo esas asperezas desaparecieron con la administración de Soto.

Hernández Azmitia y Soto fueron captados en una reunión informal el sábado 3 de febrero en un café de la zona 13. Una hora y media después de que la foto se hizo viral en las redes sociales el diputado justificó en Twitter la reunión con el proyecto de ley para los trabajadores de salud.

Saliendo de una reunión muy productiva con el Ministro de Salud @MinSaludGuate para revisar la Iniciativa de Ley 5204 Ley de Dignificacion del Trabajador de Salud. Esta semana la impulsaremos para su segunda lectura en el @CongresoGuate pic.twitter.com/qp1PfYKTIC

— Luis Hernandez A. (@lhazmitia) February 3, 2018

El diputado aseguró a Nómada que la reunión se realizó ahí y ese día porque “el ministro ha tenido una agenda cargada, estaba de viaje y este era el momento adecuado para hablarlo”. Entrevistado por otros medios, Soto aseguró que no tiene nada de malo reunirse en un lugar público con un diputado.