La venganza del Pacto de Corruptos contra instituciones incómodas no se acaba

Pocos funcionarios públicos son tan incómodos para el gobierno de Jimmy Morales y sus aliados como el Procurador Jordán Rodas. El Defensor del Pueblo tuvo un papel protagónico para defender la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de su comisionado, Iván Velásquez, cuando el presidente intentó expulsarlo del país en 2017 y cuando impidió su ingreso en 2018.

Además, ha sostenido una postura crítica hacia los diputados del Pacto de Corruptos, quienes buscan procurar impunidad por distintos medios, esto lo ha colocado en una posición política vulnerable. Tanto que han buscado la manera para destituirlo del cargo, sin embargo, esfuerzos como el de los diputados Luis Hernández Azmitia —Movimiento Reformador— y Fernando Linares Beltranena —PAN— han sido en vano.

La última ofensiva contra el PDH es financiera. El Congreso aprobó el presupuesto para la Procuraduría del 2019 de Q100 millones —con una reducción de Q20 millones con respecto al 2018—. Eso significa una menor capacidad operativa para el próximo año que se traduce en un riesgo de que se debilite la vigilancia sobre violaciones a los derechos humanos.

A pesar de esa situación, el Procurador Rodas asegura que va a resistir.

Oficinas cerradas

El Procurador advirtió que la reducción de presupuesto le obligará a cerrar las puertas de la institución en octubre del 2019. En una conferencia de prensa, Rodas dijo que ese recorte afectará el pago del personal y él será el primero en dejar de recibir salario.

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Pero antes de eso prometió resistir a lo que llamó una “vendetta”:

—No restringiremos ningún programa de protección de los derechos de todas las personas y tampoco vamos a sacrificar a ninguna trabajadora ni trabajador honesto y responsable de nuestras oficinas.

El procurador reconoció que la reducción de Q120 millones a Q100 millones no es casualidad:

—El objetivo claro es desestabilizar y debilitar nuestra independencia; buscan erosionar las capacidades de fiscalización del cumplimiento de las garantías constitucionales.

Rodas fue electo y tomó posesión como PDH en julio de 2017. Antes, presentó su plan de trabajo a Jimmy Morales y a los diputados, quienes le eligieron por unanimidad. Pero sus actuaciones hicieron que los congresistas se volvieran en su contra.

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El plan anti-CC sigue en pie

Al margen del plan para asfixiar a la PDH, en el Congreso persiste el interés de los diputados para disolver a la Corte de Constitucionalidad, que también ha sido clave en la permanencia de la CICIG e Iván Velásquez por los votos de los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata.

El diputado oficialista Estuardo Galdámez confirmó que sigue en marcha su proyecto para eliminar a la CC, pero se negó a hacer más comentarios para Nómada.

Estuardo Galdámez, diputado del FCN, es de los principales promotores para que se suprima la CC.

El diputado Eduardo Zachrisson Castillo, jefe de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), reconoció que en el pleno del Congreso hay un cabildeo para reformar o eliminar a la CC.

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El proyecto ya tiene más de 50 firmas de apoyo y Zachrisson dice que no le sorprendería si se presenta en los próximos días en la Dirección Legislativa del Congreso para que empiece su trámite:

—En lo particular, opino que es totalmente descabellado. Me preguntaron si iba a apoyar la iniciativa y les dije que no. No me sumo, ni como jefe de bancada, no estoy de acuerdo. No estamos con la reforma constitucional.

Rodas espera que los diputados rectifiquen su postura y enmienden su error, asignando un presupuesto adecuado a la PDH. El jefe del PAN, por otro lado, considera que la posibilidad de eliminar a la CC está cuesta arriba, porque implicaría una reforma constitucional que tendría diversos obstáculos. Pero en ambos casos continúan los esfuerzos del Pacto de Corruptos contra las instituciones que generan incomodidad.