La veintena de funcionarios del gobierno de Jimmy Morales están allí para defender al Estado de Guatemala en el examen del Comité de Derechos Humanos sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Es una combinación de 2 ministros, 2 secretariass de Estado, 2 comisionados presidenciales y 3 viceministros con 3 magistrados, la número dos del MP, 2 diputados, 3 integrantes del sistema de justicia y 10 funcionarios técnicos. En la información oficial no incluyeron que también viaja el Procurador de los Derechos Humanos.
El diputado Galdámez, kaibil, militar retirado, amigo personal de Byron Lima (condenado por el asesinato de monseñor Gerardi) fue reelecto por el Partido Patriota y ahora es secretario de la Junta Directiva del Congreso por el partido FCN de Jimmy Morales. Tiene una carrera desdeñando de las reivindicaciones de activistas de derechos humanos y fue uno de los estandartes del Pacto de Corruptos para la impunidad aprobado en septiembre de 2017.
Aquí, la delegación completa:
Este es el listado de las personas que representarán a Guatemala en Ginebra, Suiza pic.twitter.com/QGjT1cWrdN
— ConCriterio (@concriteriogt) 12 de marzo de 2018
¿Qué significa esta reunión?
Esta semana, en dos sesiones de tres horas cada una, un grupo de 18 expertos de la ONU cuestionarán a la delegación de Guatemala sobre la situación del país en relación la como violencia contra la mujer, igualdad entre derechos de hombres y mujeres, la no discriminación, lucha contra la impunidad, entre otros.
A continuación, cinco de los temas más polémicos.
1. La CICIG y la lucha contra la corrupción
Otro de los aspectos que evaluará el Comité de Derechos Humanos de la ONU serán las medidas concretas adoptadas para luchar contra la corrupción y las investigaciones de casos de corrupción durante los últimos cinco años.
“Sírvanse, asimismo, proporcionar información sobre el fortalecimiento del sistema de justicia y el apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, dice el documento donde la ONU le pide información al Estado de Guatemala.
¿Cómo se defenderá el gobierno de Jimmy Morales, el presidente que el 26 de agosto del 2017 declaró persona non grata a Iván Velásquez, jefe de la CICIG? Del gobierno estarán para responder los cuestionamientos Regina Farfán, Secretaria Privada de la Presidencia y la magistrada aliada en la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, quien se opuso a declarar ilegal ese acuerdo gubernativo que expulsaba a Iván Velásquez.
El Procurador de Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas, así como la número dos del Ministerio Público o el jefe del Inacif, aportarán voces disidentes ante el Comité de la ONU. En el informe que envió a Ginebra previo a este examen, el PDH señala que la CICIG ha hecho un esfuerzo conjunto con el Ministerio Público para desmantelar estructuras que han desfalcado al Estado y que “el gobierno de la República ha demostrado desde el inicio su intención de modificar el mandato de la CICIG, eliminarla o expulsar a su Comisionado”.
El gobierno de Jimmy Morales incluso solicitó a las Naciones Unidas que revise el mandato de la Comisión para limitar sus investigaciones por corrupción en Guatemala y detener la lucha contra la impunidad.
2. La tortura y el Hogar Seguro
En las sesiones del Comité de Derechos Humanos de marzo del 2012, que se llevaron a cabo en Nueva York, los expertos de la ONU pidieron al Estado que ajustara la tipificación del delito de tortura a las normas internacionales. En el Código Penal de Guatemala, en el artículo 201 Bis, dice que el delito de tortura ocurre cuando el agresor tenga como fin “obtener información de la víctima” o para “intimidar”. La redacción de este delito impide que la Fiscalía pueda ahondar en investigaciones y reduce la gravedad de los casos.
En el derecho internacional, la redacción y alcance es más amplio. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, dice que los fines de ese delito también son investigación criminal, intimidación, castigo personal, medida preventiva, pena o cualquier otro fin.
En el caso por la muerte de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el Ministerio Público se ha opuesto a investigar tortura bajo el argumento que los hechos, los malos tratos que sufrieron las víctimas “no encuadran en ese delito”, pues no consideran que el extremo de encerrar a 56 niñas en la habitación donde 41 murieron quemadas, tuviera como fin intimidarlas, como represalia a las protestas que hicieron por violaciones y malos tratos.
Según el informe que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) envío a Ginebra, en Guatemala no se ha hecho ningún cambio ni hay propuesta para reformar ese delito. En en 2012 la Corte de Constitucionalidad ordenó a los diputados que cambiara el delito para completarlo tomando en cuenta la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura. No ha ocurrido nada.
Mayra Véliz, la Secretaria General de la Fiscalía, es parte de la delegación de Guatemala, pero se desconoce si explicará la situación de la tortura en Guatemala y se referirá o será cuestionada por el caso del Hogar Seguro y el poco alcance de las investigaciones por la tipificación del delito de tortura.
3. Embarazos en adolescentes (y despenalización del aborto por violación a menores)
En diciembre del 2017, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW por sus siglas en inglés–, recomendó que Guatemala legalice el aborto cuando exista una amenaza para la salud de la madre, por violación, incesto, malformaciones graves del feto y en todos los demás casos.
El 28 de febrero pasado, la Convención de los Derechos del Niño en su informe sobre Guatemala, se refirió a la poca educación sexual y reproductiva para los niños, niñas y adolescentes e instó al Estado de Guatemala a despenalizar el aborto en todas las circunstancias y garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro y atención postaborto para niñas adolescentes, “garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones”.
Además, el Comité de Derechos Humanos le pidió a Guatemala que apliquen medidas para facilitar el acceso al aborto terapéutico y que se incorpore la educación sexual en todos los niveles de enseñanza.
Todas estas exhortaciones de la ONU no son una sorpresa. Para muchos países del planeta es inhumano someter a niñas violadas a llevar a término embarazos producto de esas violaciones. En años anteriores ya se habían pronunciado por la falta de medidas del Estado para velar por que las mujeres y niñas víctimas de abuso sexual tengan acceso inmediato a servicios de salud de emergencia.
Esta semana los funcionarios de Jimmy Morales tendrán que explicarle al Comité de qué manera el Estado ha garantizado el acceso a estos servicios de educación sexual, principalmente para las niñas y adolescentes. No habrá mucho que contar.
El informe que la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) presentó en ese Comité señala que el Estado sigue sin garantizar ni la educación sexual, ni el goce de los derechos sexuales y reproductivos de la población, menos el aborto.
“La posibilidad de ampliar las condiciones por las cuales se realice un aborto para las mujeres no es nada cercana”, dice el PDH, y resalta que solo en los primeros tres meses del 2017, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) reportó 578 nacimientos de hijos de madres entre los 10 y 14 años.
En un informe que enviaron a Ginebra la organización Incide Joven, la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares y la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales –RedLac-, señalan que el número creciente de embarazos de adolescentes y niñas en el país evidencian que las políticas del Estado para prevenir estos casos han sido ineficaces y enfatizan que el 90 por ciento de los embarazos en niñas menores de catorce años son producto de violencia sexual.
4. Hacinamiento en cárceles y considerar a las pandillas como terroristas
El hacinamiento en las cárceles será un tema que explicarán los viceministros de Gobernación que viajaron en la delegación a Ginebra. La falta del control en el Sistema Penitenciario es tan grande que los expertos del Comité de Derechos Humanos pedirán información sobre la erradicación de la ‘talacha’ en las cárceles del país –la extorsión que estructuras de reclusos hacen a los nuevos para permitirles dormir sobre planchas o no tener que ser castigados– y el autogobierno de le privados de libertad dentro de las prisiones.
Los funcionarios de Jimmy Morales deberán responder las medidas que ha adoptado el Estado para limitar el uso de la prisión preventiva a casos excepcionales.
Por otro lado, el Comité de la ONU solicitó información de las estrategias que ha adoptado el Estado para abordar eficazmente la violencia de las pandillas. “Las estrategias no deben limitarse a medidas penales; también deberían abordar los factores sociales y las causas profundas de la violencia de las pandillas y la delincuencia relacionada con las drogas entre los adolescentes, y deberían incluir políticas para la inclusión social de los niños marginados”, señala la ONU.
En ese sentido, en informes anteriores instó al gobierno a establecer programas que provean a los niños en pandillas la asistencia para abandonarlas y reinsertarse a la sociedad.
El Gobierno de Guatemala hace lo contrario. El nuevo ministro de Gobernación, Enrique Degenhart propuso hace un mes, reformar el Código Penal para tipificar las pandillas como terroristas y fue apoyado por la bancada Todos, dirigida por Felipe Alejos y cuyo diputado, Juan Ramón Lau, también estará presente en Ginebra. Según el PDH y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raád Al Hussein, acusar a todos sus integrantes de terroristas en vez de intentar rehabilitar a quienes pueda rehabilitarse es discriminatorio.
5. Pena de muerte
En el 2012, el Comité de Derechos Humanos manifestó su preocupación por los proyectos de ley que llegaron al Congreso que pretendían reiniciar las ejecuciones y el apoyo que tenía la pena de muerte de parte de diputados del Congreso.
Este es uno de los pocos avances que la delegación guatemalteca podrá presumir. A pesar de la oposición del presidente Jimmy Morales, en el 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte, con lo que el país cumplió con abolirla.
La delegación
De Guatemala viajaron a Ginebra 27 personas, entre ellas Jorge Luis Borrayo Reyes, comisionado presidencial de Derechos Humanos, José Antonio Pineda, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) (y de la Comisión de Postulación para Fiscal General), su colega Elizabeth García –electa por FCN y cuyos fallos han favorecido a sus electores–, la magistrada Dina Ochoa de la Corte de Constitucionalidad, los ministros Aura Leticia Teleguario y Alcides Obregón Muñoz; Regina Farfán Colindres de Lujan, Secretaria Privada de la Presidencia, y Ana Patricia Contreras Mejía, Secretaria de Bienestar Social.
Ellos tendrán que argumentar qué está haciendo el Gobierno y el Estado de Guatemala para avanzar en todas estas materias.
Aquí, la lista de dudas del Comité para Guatemala
luferdel /
Para dar explicaciones sobre lo que no ha hecho y porqué no se ha hecho, no hacia falta viajar en manada.
lucy mendez /
pero porque no pusieron que tambien viajó la mayra veliz, el HDP, o como se le diga al jordan, quien por cierto tendra que ser destituido, por su porcesión, ellos tambien tendrán que rendir cuentas alla en las europas, porque solo joden a los que no les pagan fafa, por eso es que estamos como estamos
Ronny Cifuentes /
Una dama no se expresa de la manera que lo hace usted, a no ser que sea rodrigo polo con ese otro alias defendiendo a sus patrones corruptos...
Erick Sal /
Señora ya vio el video? o es de las que defiende a los corruptos, antes de opinar hay que investiguar.
HOYPORHOY /
Buen artículo, pero sería interesante conocer qué pasa si salimos mal evaluados y quien determina esa buena o mala evaluación. Adicionalmente imagino que la comisión tendrá otros medios para triangular la información, dado que obviamente la comisión enviada buscará justificar su administración y pues si van a creer solo a ellos.... En fin, compromisos internacionales a los que nos vemos forzados a asistir y desde luego quedar en rídiculo (aún más si fuera posible).
Willy Colon /
No se esta haciendo ni mierd** porque no hay un plan de gobierno.
Quedó al azar un presidente que no sabe de política y mucho menos su gabinete. A eso, sumar la pasividad de los guatemaltecos. Una real democracia es cuando sus ciudadanos (guatemaltecos) se mantienen activos, en alerta y siempre vigilando a la administración actual para que CUMPLAN su trabajo de SERVIDORES PÚBLICOS !!!!
Rolando Gomez /
Un pais, con buenas notas sobre derechos humanos, enviaria a uno o dos representantes a entregar un reporte breve, concreto y, generalmente, ya conocido por el concierto de naciones.
Un pais que en todo improvisa, que vive brincando de " ocurrencia en ocurrencia ", tiene que enviar al patacho completo, toda la recua, para ver si a alguien se le ocurre algo que nos haga ver bien.
Mision imposible..