Jimmy y Degenhart mintieron sobre los J8 y la CICIG; estos documentos lo comprueban

El operativo intimidatorio y las versiones confusas

La mañana del 31 de agosto se dispararon las alarmas cuando una flotilla de vehículos militares J8 —usados en el combate al narcotráfico— empezaron a patrullar la ciudad y sobre todo a rodear las sedes de la CICIG y de la embajada de Estados Unidos. El patrullaje se dio al mismo tiempo que el presidente Jimmy Morales convocó a una conferencia de prensa.

Mientras Jimmy daba su anuncio, la presencia militar generó todo tipo de especulaciones. Incluso se rumoró que podría haber un intento por ingresar a la sede de la comisión para expulsar a Iván Velásquez y su equipo. Los rumores solo aumentaron conforme se retrasaba la conferencia de prensa en la que Jimmy Morales se limitó a anunciar que no renovaría el mandato de la CICIG.

Así inició la más reciente crisis política.

Jimmy Morales, junto a su vicepresidente, tres ministros y decenas de militares y policías.

Sobre el motivo del operativo quedaron muchas dudas. Ese 31 de agosto el vocero del ministerio de la Defensa, Óscar Pérez, informó que los vehículos pertenecían a la Fuerza de Tarea Chortí, pero estaban bajo mando del ministerio de Gobernación.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, aseguró que los vehículos eran parte de un programa de seguridad ciudadana que tenía cuatro meses de estar funcionando.

El último en hablar al respecto fue el presidente Jimmy Morales quien, en entrevista para la Radio Sonora, aseguró que el asunto del patrullaje se había convertido en una “telenovela” y que se ordenó para evitar "los últimos incidentes con marchas violentas".

Nómada tuvo acceso al oficio No. 2162-2018, remitido por el oficial segundo de PNC, Byron Antonio Pineda Madrid, de la Fuerza de Tarea Chortí. En él se aclara la forma en que un militar retirado giró las instrucciones, la forma en que se improvisó el patrullaje intimidatorio y los escasos resultados en materia de seguridad ciudadana.

Un vehículo artillado J8 cuando circulaba frente a la sede de la CICIG en zona 14.

Un operativo ordenado por whatsapp

La Fuerza de Tarea Chortí trabaja especialmente en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Petén y Alta Verapaz. Depende de la división de antinarcóticos de la PNC y suele trabajar bajo un convenio interinstitucional entre Gobernación, Defensa y la SAT. Esa esa fuerza de tarea la que administra los vehículos J8 donados por el gobierno de Estados Unidos en 2014 para luchar contra el narcotráfico.

Contrario a lo dicho por Degenhart, la Fuerza de Tarea Chortí no llevaba cuatro meses realizando tareas de seguridad ciudadana en la ciudad. Fue a través de un mensaje de WhatsApp enviado la noche del 30 de agosto, que se ordenó la movilización de los vehículos J8 y de soldados de su sede en Jutiapa con rumbo a la ciudad de Guatemala.

La orden salió del despacho del viceministro de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación, José Alfredo Olazabal, quien apenas lleva seis meses en el cargo. Fue uno de sus asesores, el coronel retirado Héctor Mejía Secaida quien se encargó de girar las instrucciones.

Todo fue tan espontáneo e improvisado que la orden se giró a las 8:10 pm del 30 de agosto, a través de un chat de whatsApp, entre el asesor y el oficial Eleazar Archila, quien de manera interina estaba al mando de la Fuerza de Tarea Chortí.

En la copia del chat, que fue remitido en el oficio 21-62-2018, se lee:

Copia de la conversación vía whatsapp donde se confirma el envío de los J8 para patrullar las sedes de CICIG y la Embajada de Estados Unidos.

En el oficio girado se aclara que “se ignora si el presidente de la República dio alguna orden” y que “se ignoraba de la conferencia”.

El responsable de coordinar el operativo fue el jefe de la División de Operaciones Conjuntas de la PNC, el comisario Gaspar de León. El operativo inició a las 10 hrs pero hubo un cambio de último momento que fue apuntado en la papeleta no. 459 de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (PNC) de la PNC. La orden fue girada por el jefe de la División de Operaciones Conjuntas de la policía, el comisario Gaspar de León.

Fue él, quien según consta en el apunte escrito a mano, ordenó el patrullaje alrededor de las “embajadas de México, EEUU y CICIG hasta nueva orden”. El patrullaje debía iniciar a las 9:30 am, media hora antes de que la Presidencia convocara a la conferencia de prensa en que Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG.

Documento al que Nómada tuvo acceso y revela el cambio de último momento para enviar los vehículos artillados a la CICIG y a la embajada de Estados Unidos.

Los informes de actividades emitidos por la PNC no consignan este cambio y no mencionan los patrullajes alrededor de la CICIG y de las embajadas. Según estos informes el 31 de agosto se enfocaron en un circuito cerrado alrededor delas sedes de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

Fue el sábado 1 y domingo 2 de septiembre que sí realizaron tareas de seguridad ciudadana. Sus resultados fueron escasos. Los oficiales de la PNC y del ejército y los carros que se usan para luchar contra el narcotráfico se utilizaron para inspeccionar 18 vehículos, 12 motocicletas y 70 personas. No se consigna ningún arma ni a ninguna persona en conflicto con la ley.

La carta de los congresistas estadounidenses

El día de hoy también trascendió que los congresistas estadounidenses Eliot L. Engel y Seth Moulton, miembros del comité de relaciones exteriores y del comité de asuntos militares, exigieron al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, una explicación sobre el uso de los J8 donados a Guatemala, especialmente por los patrullajes del día del Moralazo.

En la misiva se especifica que “estos vehículos donados están destinados a fines antinarcóticos y normalmente están ubicados a 90 millas afuera de la ciudad de Guatemala”. Ambos congresistas remarcan que de los resultados de este informe dependerá el resultado de futuro apoyo militar.

Por el momento los informes que existen en Guatemala, ya demuestran el mal uso que el gobierno de Jimmy Morales hizo de los vehículos.