La jueza Blanca Stalling es non grata en EEUU. ¿Qué representa esto? (Resumen del día)

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling Dávila, y sus hijos Otto Fernando y Julio Alejandro Molina Stalling no podrán ingresar a Estados Unidos. Sus visas fueron revocadas, según confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

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En una comunicación de la Embajada, se informó que Estados Unidos “mantiene su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”  y que Washington seguirá utilizando las herramientas a su disposición para asegurar que los individuos involucrados en corrupción, narcotráfico y otras actividades ilegales “no puedan evadir consecuencias de sus actos criminales”.

Estados Unidos informó que van 150 guatemaltecos a quienes se les revocó la visa este año porque  “algunos son sospechosos de estar involucrados en hechos criminales, incluyendo narcotráfico y corrupción, entre otras actividades, o son familiares que se beneficiaron en hechos ilícitos”.

Pareciera que se comienza a sancionar a funcionarios guatemaltecos sospechosos de estar involucrados en actos de corrupción o que han sido procesados. Recientemente, senadores y congresistas demócratas presentaron una iniciativa de ley para emitir sanciones drásticas contra funcionarios y políticos guatemaltecos.

El Secretario de Estado designa públicamente a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala Blanca Aída Stalling Dávila por su implicación en graves casos de corrupción. https://t.co/1BiKlIGZN7

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 25, 2019

Hay cabos y mensajes que deben atarse con esta decisión de Estados Unidos, además, porque el Departamento de Estado no suele ser explícito cuando emite sanciones de esta naturaleza.

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Stalling ha sido una figura clave en la justicia de Guatemala, desde su paso por la Defensoría Pública Penal y en la Corte Suprema de Justicia donde ha tenido jueces muy cercanos a ella, por ejemplo, Víctor Cruz. Si el nombre no les suena, fue el mismo que aprobó la orden de captura contra Thelma Aldana y por la que tiene en vilo su candidatura presidencial.

Jimmy Morales ya ha reaccionado a esta disposición. "A mí que me registren", fue su respuesta en una declaración el pasado 8 de marzo.

En ese momento, el presidente quiso rebotar hacia los medios de comunicación la posibilidad de que funcionarios reciban la sanción de Estados Unidos. Ese mismo día, Morales añadió:

—Con lo de la Ley Magnitsky estoy de acuerdo que se le apliquen a todos los corruptos, incluyendo a aquellos que utilizan la pluma para hacer corrupción. Decir mentiras es corrupción.

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En otro tema, hoy se lanzó el Pacto Ciudadano, donde miembros de más de cien organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, candidatos a diferentes cargos y diplomáticos, presentaron un espacio para definir las exigencias ciudadanas en estas elecciones 2019. El objetivo es defender los avances alcanzados en 2015, año de manifestaciones y lucha contra la corrupción y donde se comenzó a defender  la democracia.

En el evento se presentó Jonathan Menkos, el proclamado candidato a la vicepresidencia del partido Movimiento Semilla. El economista fue cuestionado sobre el retorno de Thelma Aldana, y confirmó que la situación está a la espera de que mejoren las condiciones en el país.

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Entretanto, el movimiento de tejedoras llegó a la vista pública por un amparo que promueven en contra del INGUAT porque consideran que las campañas oficiales —como la de Corazón del mundo maya— es una expresión de racismo y mercantilización de la imagen de la mujer indígena.

El movimiento de tejedoras llegan a la audiencia de vista pública por un amparo contra el INGUAT. Foto: Sandra Sebastián

Las tejedoras expresaron que esto es una forma de racismo y violencia porque se les ha utilizado como atracción turística: “Nos despoja de nuestra humanidad y nos convierte en objetos exóticos de exhibición".

Actualización electoral

La candidatura de Aldana se definirá esta semana. El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral analizará los recursos de nulidad que fueron interpuestos en contra de la inscripción de la exfiscal como aspirante a la presidencia del país. Mientras que Aldana sigue en El Salvador y continúa vigente la orden de captura en su contra, el partido está a la espera de las decisiones del TSE para arrancar con su campaña electoral.

Esta semana la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) —la unidad del Ministerio Público que trabaja junto a la CICIG— presentará un amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no darle trámite al antejuicio contra Sandra Torres, candidata presidencial del partido UNE.

La Fiscalía busca investigarla porque la organización política no reportó Q19.5 millones de su financiamiento al Tribunal Supremo Electoral.