Tres hechos muestran la distancia entre las Cámaras y los empresarios

El origen del problema es que en Santa Rosa, a 70 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se encuentra el tercer yacimiento de plata del mundo, en un país en el que se cobra sólo el 1% de impuestos a la minería. La Minera San Rafael quiere explotarlo, pero los comunitarios y ambientalistas reclaman que no se consultó al pueblo xinka como manda la ley e interpusieron recursos legales para frenarlo. La minera dice que no se consultó porque los xincas no existen y exige que se le deje explotar la plata. La Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad mantienen detenido el proyecto hace siete meses.

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Este miércoles, Javier Zepeda, director de la Cámara de Industria, llegó a la Corte de Constitucionalidad, para presionar a los magistrados, por medio de un memorial, para que resuelvan pronto el caso en contra de la Mina San Rafael. Argumentan, como lo han hecho en una campaña mediática, que la empresa se encuentra paralizada desde hace 225 días y hace 119 que esperan una resolución.

Este jueves, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) hizo que un foro en el que invitaron al presidente Jimmy Morales y al embajador estadounidense Luis Arreaga girara en torno a la presión contra la Corte de Constitucionalidad, en especial contra la magistrada Gloria Porras.

“En 2017, el país creció 2.8 pero con la mina pudo ser 3.4. Porque representaba el 0.6 por ciento para el crecimiento fiscal”, dijo durante su discurso Jimmy Morales, refiriéndose al cese de operaciones de la mina ubicada en Santa Rosa.

Durante todas las intervenciones que tuvo Juan Pablo Carrasco, director de Amcham, mencionó la falta de certeza jurídica por las dos cortes: Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Por los fallos que dejaron a la Mina San Rafael en cese de operaciones y a la espera de una resolución. En algún punto, dijo que los magistrados habían cambiado respecto de las actuaciones de Cortes anteriores.

De hecho, no asistió ningún magistrado de las Cortes al evento de Amcham.

“Los magistrados tienen políticas bastante cerradas de acceso y diálogo con el sector privado y distintos sectores en general. Realmente nos preocupa la labor que la magistrada Gloria Porras ha desarrollado en la CC, ya que nosotros sabemos quién es la que ha estado abogando principalmente por la suspensión de proyectos para el sector privado”, dijo Juan Carlos Carrasco a los medios para explicar esta ausencia.

No obstante, el expediente de la Mina San Rafael no se encuentra en el despacho de la magistrada Porras, sino de otros magistrados. Y ante la cantidad de amparos que presentan abogados para otros casos, tienen agenda llena. Tampoco han resuelto, por ejemplo, sobre el tema del bono ilegal que recibió el presidente Jimmy Morales, por ejemplo.

¿Es esa la prioridad de todos los empresarios?

Estas lecturas sobre las prioridades mineras en la economía no parecen ser del todo precisas, contradice el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Abelardo Medina.

“Tienen razón en que las Cortes deberían de resolver con celeridad los casos y que la corrupción afecta a la economía, pero decir que las acciones de las Cortes afectan la inversión va en contra de lo que los empresarios han respondido en sus encuestas”.

En efecto, el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum de 2017 muestra otras prioridades para los empresarios en Guatemala.

Respondieron sobre los retos y problemas que para hacer negocios en el país, pero no se encuentra mencionada la forma en que se administra la justicia entre las más problemáticas.

El crimen y los robos, la corrupción, la ineficiencia de la burocracia gubernamental, la infraestructura deficiente o la inestabilidad política son las primeras cinco respuestas.

Sobre todos estos temas no hay una priorización en el debate nacional.

El apartado de independencia judicial tiene una puntuación 89 sobre 137 puntos y un valor del 3.6 sobre 7. Y no está entre el top 5 de los mayores obstáculos para hacer negocios.

Aquí, el reporte completo del WEF. Guatemala está en las páginas 132 y 133.

Hay una brecha entre las preocupaciones de los empresarios guatemaltecos y las de las Cámaras que se abrogan su representación.

Para el economista Medina, tiene una explicación:

“Tratan de magnificar el tema referente a la Mina San Rafael, pero ese es solo un caso. Y si de eso se trata muchas personas podrían argumentar que el sistema judicial no ha resuelto con la celeridad la definición relativa a la tasa máximo de interés a los clientes de tarjetas de crédito y que en todo el mundo tiene un tope”.