Lea aquí la primera entrega: Así compró Sinibaldi el MR y a un grupo de diputados, según testimonio
Alejandro Sinibaldi tenía miedo. En el 2015, cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) empezaban las investigaciones contra el Partido Patriota, el entonces ministro de Comunicaciones y precandidato anticipado a presidente, puso en alerta a sus asistentes y colaboradores de posibles investigaciones que podrían llegar hasta él.
Anelisse Herrera, la entonces asistente de Sinibaldi, declaró en el Ministerio Público en febrero del 2018. El expediente, en manos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dice que la instrucción de Alejandro Sinibaldi era sacar el dinero que tenía guardado en un apartamento del edificio Margarita en la zona 16, donde la exvicepresidenta Roxana Baldetti tenía una propiedad que ya había sido allanada por los fiscales.
En esa residencia de Sinibaldi había Q39 millones (US$5.2 millones) en efectivo que entregó entre sus cercanos, según la declaración de Aneliese Herrera. Sinibaldi tenía miedo y estaba repartiendo dinero a varias personas. Al dar esos detalles, la exasistente también contó que entregaba sobres con dinero a personas que ella no conocía y que para llevar un registro de esos movimientos, pedía un nombre o una referencia.
“Al señor Sinibaldi, yo siempre, desde que lo conocí, para mí él siempre fue una persona poderosa, siempre fue una persona que tenía muchos contactos y yo veía con qué gente se reunía (…) Había veces que él me decía “necesito que me saque 50 mil quetzales o que me saque 75 mil quetzales”. Y ese dinero, cuando yo le preguntaba, “mire cómo se lo apunto”, porque como era para él en el control, (me respondía) “póngame nada más CC o póngame Boanerges”.
Esa referencia coincide con el nombre de uno de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC). No obstante, Sinibaldi repartió el dinero en 2015, antes de Bonerge Mejía resultara electo, en marzo del 2016, como representante ante la Corte por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Antes de llegar a la instancia de justicia más importante del país, Mejía fue cercano al Partido Patriota. En esta investigación periodística se expone que Bonerge Mejía recibió contratos en la Dirección General de Aeronáutica Civil, una dependencia del Ministerio de Comunicaciones que dirigía Alejandro Sinibaldi. Allí Bonerge Mejía fue director del equipo jurídico.
El magistrado de la Corte de Constitucionalidad no es investigado por esta mención.
La declaración de Anelisse Herrera es parte del expediente del caso Construcción y Corrupción, que desenmarañó el método con el que Alejandro Sinibaldi cobraba sobornos para pagar la deuda que el Estado tenía con constructores. Más allá de esta referencia al nombre de Bonerge Mejía, en este caso los fiscales no encontraron mayores elementos para indagar en los motivos de un posible pago a su favor.
Se intentó contactar al magistrado, pero no fue posible en la Corte.
El abogado que es esposo de otra magistrada
Otro de los nombres mencionados en la declaración de Aneliese Herrera es el de un abogado con una conexión personal a la Corte de Constitucionalidad: William René Méndez, esposo de María de los Ángeles Araujo Bohr, magistrada suplente.
Ambos fundaron el bufete Méndez y Araujo. En una carta enviada a elPeriódico, la magistrada aseguró que “por regla” no se dedican a la defensa en casos controversiales, de narcotráfico, robo de vehículos ni secuestro y que ella ya no ejerce la profesión de abogada, por lo que está desvinculada de las actividades de su esposo.
No obstante, el testimonio de la colaboradora eficaz parece contradecir que el bufete no se dedique a la defensa de casos controversiales.
William Méndez se postuló para ser Fiscal General en el 2010 y el 2014, pero no pasó los filtros de organizaciones de la sociedad civil, que lo señaló de querer retardar de forma maliciosa el caso por la masacre en la comunidad Las Dos Erres cuando defendía a militares acusados. También defendió a uno de los acusados en el caso Bancafé y a Mario Brol, condenado por defraudación fiscal.
En su declaración ante el Ministerio Público, Aneliese Herrara contó que el abogado William Méndez era parte del equipo de defensa de Alejandro Sinibaldi, y que se reunió con él cuando ella y otros colaboradores fueron citados a declarar al Ministerio Público. Por instrucción de Sinibaldi, el abogado William Méndez le ordenó a la asistente Aneliese Herrera qué era lo que tenía que decir para desviar la investigación en contra del entonces Ministro de Comunicaciones del Partido Patriota.
“Siempre en el 2015, a Guillermo Yupe lo habían citado o lo iban a citar para declarar en el caso de la venta de la finca de Chimaltenango y el señor Sinibaldi coordina una reunión con el licenciado William Méndez en la oficina de la zona 10, en esa reunión también estaba el licenciado Juan Arturo Jegerlehner y por supuesto Guillermo Yupe. El objeto de la reunión como ellos decían en ese momento era definir la casaca (mentiras) que tenía que decir Guillermo Yupe; le empiezan a decir y a explicarle a él qué era lo que le podían preguntar y que era lo que él tenia que contestar y en ese momento me llaman a mí también a esa reunión porque querían hacer el chivo en la computadora para que Yupe se lo llevara y se lo aprendiera, entonces ellos me van dando las respuestas y otros lineamientos que Guillermo tenía que dar y me dicen que se lo imprima, lo revisan varias veces y van haciendo cambios para irlo perfeccionando, mientras lo iban revisando también le explicaban a Yupe que el licenciado William Méndez le iba a poner al abogado para que lo acompañara y que se mantuviera en la línea de lo que habían hablado”.
Yupe es un contador que fue capturado por ser un testaferro de Pérez Molina y Alejandro Sinibaldi.
Después, Aneliese Herrera decidió desligarse de Alejandro Sinibaldi y ofreció ser colaboradora eficaz de la justicia.
William Méndez empezó a responder ante los tribunales. Fue citado a rendir primera declaración por obstrucción a la justicia, un delito contemplado en la Ley contra el Crimen Organizado, que castiga a quien induzca a otra persona a presentar un falso testimonio o impida la aportación de pruebas en un caso.
Esto podría ampliarse. El pasado 14 de agosto, el Ministerio Público y la CICIG allanaron sus oficinas e incautaron su computadora y la de otros de sus colaboradores.
Se intentó buscar al abogado William Méndez para preguntarle por esta acusación. Su secretaria dijo que regresaría la llamada.
La investigación contra Méndez no vincula a su esposa, la magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), María de Los Ángeles Araujo.
No obstante, para algunos abogados, como Mario Sagastume, expresidente del Colegio de Abogados, hay un conflicto de interés en este caso, y la magistrada debería inhibirse de conocer y resolver casos que tengan relación con la CICIG:
“La ética va primero, y en este caso el conflicto de interés resulta evidente”.
Espere las siguientes entregas del testimonio, que mencionan a otros magistrados, empresarios y una exfiscal general.
Andrés Gaitán /
Lo que aquí es curioso (y que no menciona Nómada) es el historial reciente de votación de Bonerge en la CC, siempre a favor de la CICIG (a pesar de haber sido un aliado del PP, como menciona el artículo). Muchas han dicho que es porque tiene cola machucada, y que de esa forma se "ha inclinado" por ciertas partes. Preocupa pensar que la CICIG ha dejado libres a algunos culpables por sus propios fines (lo político sobre lo legal).
Lo cual lleva a lo segundo (espero que analicen esto bien en la tercera o cuarta entrega de la serie), que es la bomba de que Thelma Aldana aparezca en la declaración. Sus visitas privadas a la oficina de Sinibaldi (en 2017, cuando ya era fiscal general y bien sabía sobre sus tranzas!), y su relación cercana con alguien como el Gato Herrera es muy preocupante. Sobre todo si se toma en cuenta cuánto se tardaron en sacar el caso (dos años después de La línea cuando la evidencia era abrumadora, y solo porque lo de Odebrecht estalló en todo el continente).
Las implicaciones más amplias de estos dos casos, de ser reales, apuntan a individuos supuestamente limpios pero con historias ocultas corruptas. Pero también apuntan a una CICIG bien enterada sobre la corrupción de sus aliados cercanos, y que en aras de empujar su lucha contra la corrupción particular, se hacen de la vista gorda. No huele bien.
Pasemos vacuum /
"Pero también apuntan a una CICIG bien enterada sobre la corrupción de sus aliados cercanos, y que en aras de empujar su lucha contra la corrupción particular, se hacen de la vista gorda."
Sera que es cosa de hacerse de la vista gorda? Con tanta suciedad que barrer y solo una escoba, y los sucios tirando basura y charco por todos lados, sera posible que esto ha forzado a la CICIG a ser 'selectiva' por necesidad en donde y como barre? Consecuentemente esto les ha abierto a los sucios una entrada para atacar a la CICIG?
Andrés Gaitán /
Pues no quisiera sacar la palabra “selectiva”, pero tiene razón en q es extraño pensar en cuáles son los criterios (afuera de lo legal) en que se les aplica o no la justicia a unos y otros. Y si ese el caso, fácilmente van apareciendo fines q justifiquen medios cuestionables.
Pasemos vacuum /
Priorizar creo sería el término apropiado. Entonces quizá sea cuestión de más recursos para agilizar la titánica tarea de encaminar a Guate hacia un estado de derecho funcional.
RICHARD Shaw /
La nota esta muy bien realizada. Nos pone a pensar.