¿Usted tenía esperanzas en la Reforma Electoral? Los diputados dicen esto

Antes de que el pleno del Congreso (158 diputados) conozca la iniciativa para reformar la Ley Electoral, 11 de los 20 congresistas que integran la Comisión de Asuntos Electorales tienen que avalar el proyecto. Como parte de ese proceso que lleva seis meses, en las últimas semanas definieron qué propuestas de reforma van a descartar y cuáles que van a tomar en cuenta para emitir un dictamen (opinión) final. Y ahora están próximos a terminar con el trabajo.

Éste fue el punto de partida hace seis meses: El plan de Mario Taracena (UNE) para controlar al TSE

A continuación, los cambios que avalan los diputados. Y las propuestas que dejarán engavetadas. 

Lo que quieren los diputados:

1. Incidir en el TSE

La Ley dice que los 5 magistrados titulares y 5 suplentes del Tribunal Supremo Electoral deben ser abogados. Pero la propuesta quiere cambiar esa disposición y permitir que cualquier profesional con un grado de licenciatura pueda optar al cargo. En principio podría estar bien, pues no sólo los abogados pueden fiscalizar a los partidos, pero el origen de la discusión a mediados de año era que los políticos pudieran delegar a sus integrantes como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Así, varios diputados podrían beneficiarse: Oscar Argueta, el presidente y diputado de la UNE, es licenciado en Ciencias Políticas; Mario Taracena (UNE) es licenciado en Administración de Empresas, y Carlos Chavarría (Creo) es ingeniero civil. Con este cambio, los partidos tendrán más opciones cuando quieran que sus allegados ocupen cargos en el TSE.

2. Más financiamiento público para los partidos

Los diputados avalaron un aumento en el techo de financiamiento que el Estado (con recursos públicos) debe trasladar a los partidos políticos. En la actualidad se conceden hasta 2 dólares por cada voto que recibe un partido en la elección presidencial, y con la reforma aumentaría a 3 dólares por voto. Aunque el objetivo de la ley es que los partidos políticos utilicen esos recursos para el funcionamiento de su estructura a nivel nacional, en temas como la formación y capacitación de sus afiliados, la reforma permitirá que en el año electoral esos fondos públicos se usen en campaña. La forma en que los partidos disponen del financiamiento público también es cuestionada, porque los partidos no cumplen con trasladar sus informes financieros al TSE, y eso significa en que no se sabe cómo se gastan o invierten los recursos que deberían utilizar para fortalecer la democracia. Y la gran mayoría del partido usan esos fondos para clientelismo y no para formar a los ciudadanos.

3. ‘Silencio administrativo’: inscripción garantizada

Los diputados ponen plazos: Si el TSE no responde en 21 días a una solicitud para inscribir una asamblea o una candidatura, automáticamente ésta será aceptada y válida. Los diputados quieren asegurarse de que el Tribunal responda con prontitud a sus trámites y si no lo hace (si guarda ‘silencio administrativo’), se garantice su participación. Un ejemplo ilustrativo es el de Harold Caballeros, candidato presidencial por Visión con Valores en 2011 y pastor evangélico. El TSE no se decidía si aceptar su candidatura o no, pues la Constitución prohibe que ministros de culto sean candidatos. Caballeros aseguraba haber renunciado a su iglesia para ser político. El TSE aceptó su inscripción como candidato cuando faltaba menos de un mes para el cierre de la campaña antes de las elecciones. Con esta reforma, los candidatos y los partidos tendrían fácil acceso a optar a puestos de elección popular, aun cuando no llenen los requisitos mínimos, mientras el TSE no esté capacitado para atender todas las solicitudes de inscripción. 

Lo que no quieren

1. Que compitan los comités cívicos

Ciudadanos en manifestaciones y varios politólogos, conservadores y progresistas, han insistido en la importancia de permitir que Comités Cívicos o nuevos partidos políticos que sólo necesiten de 5,000 afiliados puedan competir contra partidos políticos tradicionales, que tienen como cuota mínima 25,000 afiliados. Esto sería indispensable para abrir la competencia y renovar la política nacional. Pero no parece haber ninguna voluntad de aceptar la propuesta de Convergencia de permitir candidaturas independientes para alcaldes, diputados y presidente, ni la moderada propuesta de Encuentro por Guatemala de aceptar candidaturas de Comités Cívicos para diputados.

2. Revocatoria del mandato

Los diputados no discutieron la idea de establecer una revocatoria de mandato o referéndum revocatorio. Este proceso consiste en convocar a la ciudadanía para que referendo decida si las autoridades deben continuar en su cargo luego de cierto periodo de tiempo. En seis localidades de Suiza, por ejemplo, los ciudadanos pueden votar para remover a la autoridad electa y se eligen nuevos miembros, que permanecen en sus cargos hasta las elecciones regulares. El diputado Paul Briere, del partido Todos pero también del Frente por la Transparencia, consideró que este tema se debería discutir y analizar; la propuesta también fue impulsada por la organización Acción Ciudadana.

3. Compra/venta de candidaturas

Uno de los mayores problemas de la democracia guatemalteca es la compra y venta de candidaturas. Eso significa que personas con aspiración a cargos de elección popular paguen a los dirigentes de los partidos para que los inscriban como candidatos a alcaldes o diputados. Un congresista habló con Nómada desde el anonimato: ‘En el Partido Patriota fue muy difícil participar, porque mi casilla de diputado también la querían comprar narcos; al final pude pagarla yo’. En la propuesta de reformas a Ley Electoral que preparan los diputados no hay una solución contundente a este problema.

En el caso de la UNE en 2015, el diputado Julio Ixcamey, el que dirigió la Comisión Pesquisidora que favoreció a Jimmy Morales para que no se le quitara el antejuicio y que ahora quiere presidir el Congreso, fue financista de campaña de la UNE y automáticamente se le dio la primera casilla de las candidaturas por Sacatepéquez.

4. Cuotas

Las cuotas de participación para mujeres y pueblos indígenas es otra iniciativa que se queda fuera de los planes de los diputados. Una de las formas de garantizar la representación de los grupos excluidos es a través de cuotas, es decir, establecer un porcentaje mínimo de participación de mujeres y grupos originarios en puestos de elección popular. El diputado Mario Taracena dijo que sus colegas son ‘machos’ y no quieren que se considere ni siquiera una cuota obligatoria de 30% de mujeres en puestos de poder. Pero Taracena, con un récord de humillaciones públicas (misóginas) a rivales políticas, tampoco insistió en introducir este cambio durante las sesiones de las últimas semanas de la Comisión de Asuntos Electorales. Y por el contrario, si insistió en cambiar las calidades que se requieren a los magistrados del TSE.

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Las cosas pueden cambiar. El Tribunal Supremo Electoral también presentará su propia propuesta de reformas a la Ley Electoral, y los magistrados ya anticiparon que tomarán en cuenta aspectos que los diputados dejaron afuera de su dictamen. El problema es que al final, la última palabra la tienen los 158 congresistas, con una mayoría que fue la que aprobó el Pacto de Corruptos, que definirá que cambios tendrá la Ley y que cambios no se tomarán en cuenta.