Jimmy y el Ministro arrebatan la SAT a la lucha contra la corrupción

Los “técnicos” del Presidente que integran el Directorio de la SAT se reunieron con Foppa durante seis horas y debatieron otras dos horas antes de presentarse a dar la noticia frente a los medios. Fueron liderados por el ministro Estrada, presidente del Directorio, a quien acompañaron su viceministro Lionel López, y las delegadas presidenciales Silvia Liliana Castillo Martínez y Adriana Estévez.

Sin remordimientos, aseguraron que se trataba de una decisión técnica.

Adriana Estevez Clavería Lionel López vice ministro de finanzas Julio Héctor Estrada ministro de Finanzas y Liliana Castillo integrantes del directorio de la SAT destituyo al superintendente Juan Francisco Solórzano Foppa.

En realidad el Directorio podía aceptar las explicaciones técnicas, fuera del control de la SAT, para la brecha del 0.3%. Foppa argumentó los cambios del Banguat sobre los cálculos de crecimiento económico, que se quitara aranceles al pollo y que se mantuviera a la baja el tipo de cambio. Y el directorio podría haber valorado además de los argumentos técnicos que era indispensable contar con alguien incorruptible al frente de la institución más cooptada por las estructuras criminales del Partido Patriota y militares retirados.

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En la conferencia de prensa, la cara del Ministro de Finanzas le delataba. Él sabía lo que tenía que decir. Los medios sabían lo que iba a decir. Él sabía que no le iban a creer y que tendría que repetirlo muchas veces. “Cumplimos tanto la ley que por un 0.3% estamos removiéndolo”, dijo Estrada con cinismo. Dijo que el mismo Foppa había puesto la meta que no había logrado superar, pero en Guatevisión Foppa respondió que el directorio nunca le dio opción de una meta más baja.

Julio Héctor Estrada ministro de Finanzas integrante del directorio de la Superintendencia de Administracion Tributaria SAT en conferencia de prensa anuncia la destitución del superintendente Juan Francisco Solórzano Foppa.

El ministro Estrada no supo responder por qué no lograron, como directorio de técnicos y expertos, involucrarse y disminuir la brecha fiscal si se conocía desde agosto que había cambios en las previsiones. No logró explicar los criterios con los que se evaluó al Superintendente, porque no existieron. Y no quiso dar respuesta a la pregunta sobre el desincentivo que es para las personas incorruptibles presentarse a ser jefe de la SAT en 2018 cuando depende de un presidente y un ministro de un gobierno que asciende a personas con acusaciones de corruptos –funcionarios del PP y FRG fueron convertidos en ministros esta semana– y trata con desprecio a los que luchan contra estos corruptos, como Foppa.

El ministro Estrada le dijo a Foppa que muchas gracias por participar y que le daría un retuit a su despedida, quizás a modo de palmada en la espalda.

Pero esta decisión sobre cesar al funcionario que dirige la oficina que cobra impuestos en Guatemala parece ser todo, menos técnica.

Y es que Foppa no era un funcionario más.

Quién es Foppa, de 34 años

Antes de llegar a la SAT trabajó en el Ministerio Público por 12 años, incluidos dos en la Dirección de Análisis Criminal, que fue desde la que se interpretaron los movimientos de las estructuras de La Línea en la SAT durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Sus principales objetivos desde 2016 fueron combatir a las mafias que tenían cooptada la institución, cobrar impuestos a quienes evadían la ley, elevar la moral tributaria y demostrar que se puede rescatar las instituciones públicas. Los cobros atrasados por más de Q2 mil millones en un año a grandes empresas y al sector ganadero son una muestra.

Ha habido voces conservadoras que se han manifestado a favor de Foppa y han pedido al Ministro y a las otras directoras que reculen en su decisión de despedir a Foppa. Una de ellas es la empresaria y directora de Fundesa, Karla Menocal de Mata quien ayer en una entrevista dijo que la administración de Foppa era una esperanza para ella como empresaria. Además la conservadora Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASÍES publicó un comunicado en el que pide al directorio reconsiderar su decisión en el marco de la ley.

Y es que Jimmy Morales y Julio Héctor Estrada no son dos funcionarios más.

Cuando empezó este gobierno, el ministro Estrada fue uno de los dos funcionarios que convencieron al presidente Jimmy Morales que escogiera a Foppa en 2016 para luchar contra la corrupción. Pero las cosas han cambiado. El presidente Jimmy Morales y Julio Héctor Estrada optaron por cambiarse de trinchera. Desde octubre de 2016, hace año y medio, Jimmy y el ministro Estrada son dos de los líderes de la estrategia para que las fuerzas conservadoras cercanas a las estructuras de corrupción recuperen el control total del Estado.

De hecho, el otro funcionario que convenció a Jimmy de escoger a Foppa, el comisionado de Puertos Quique Godoy, renunció en agosto en protesta por el intento de Jimmy de expulsar al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, como parte de esta estrategia para recuperar el control de todas las instituciones del Estado.

La recuperación de la SAT para las mafias, el último capítulo

Capítulo 1: El Congreso (logrado)

Jimmy Morales intervino para que su bancada recuperara el control de la agenda legislativa, que durante 2016 avanzó en reformas anti corrupción y anti impunidad. Ese año fue presidida por Mario Taracena y la UNE, con apoyo de MR y Todos. Pero un año después, las tres fuerzas ya eran aliadas de Jimmy y FCN contra la CICIG. Y desde 2017, con Óscar Chinchilla de CREO, la agenda de reformas se estancó. En 2018 repitieron alianza con Álvaro Arzú Escobar como presidente. El hijo del alcalde –acusado de otro caso de corrupción– se estrena en una Presidencia y también en un trabajo formal; antes sólo trabajó de asesor de la bancada parlamentaria.

Capítulo 2: La Corte Suprema (lograda)

Después de una presidencia reformista de Rafael Rojas, los magistrados cercanos al Gobierno promovieron la elección de magistrados presidentes más cercanos a los políticos, y estos han retrasado solicitudes de antejuicio que incluso han salvado al Presidente Jimmy Morales de la acusación por el robo de Q450 mil en bonos ilegales del ejército.

Capítulo 3: Los Puertos (logrado)

Foppa demandó hace seis meses, en junio apoyo presidencial y empresarial para luchar contra las mafias en el Puerto Santo Tomás de Castillo, que no cumplía con las normativas de la SAT y en donde todavía no habían logrado recuperar el control de las aduanas por estructuras ilegales. En vez de apoyarlo, Jimmy Morales nombró a Byron Monterrosa, quien fue gerente de para empresas de familias señaladas por elPeriódico de contrabando, los Montejo y los Figueroa.

Capítulo 4: la CICIG (perdida)

El presidente Jimmy Morales intentó remover a Iván Velásquez como jefe de la CICIG en venganza por las acusaciones de corrupción en su contra suya –por no aclarar el financiamiento ilícito– y contra su hijo y su hermano –por estafar al Estado al venderle productos que no entregaron–. La ciudadanía y la Corte de Constitucionalidad lo impidieron. Desde entonces el gobierno acosa a la comunidad internacional que ose apoyar a la CICIG y cabildean en Naciones Unidas y en Washington para que se retire el apoyo a Iván Velásquez.

De hecho, el ministro Julio Héctor Estrada fue un artífice de la estrategia. Nómada descubrió en septiembre audios en los que se muestra que él participó en la planificación.

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Capítulo 5: el Código Penal (perdida)

El presidente Jimmy, el ministro Estrada y los diputados de FCN, UNE, MR, Todos y los partidos pequeños a excepción de Encuentro por Guatemala y Convergencia, intentaron en septiembre reformar la ley para que no fueran acusados penalmente por financiamiento ilícito y que si eran detenidos por corrupción no tuvieran que ir a la cárcel. Esto se conoció como el Pacto de Corruptos, pero fue detenido por la ciudadanía y la Corte de Constitucionalidad.

Capítulo 6: la SAT (lograda)

Al ser Foppa uno de los funcionarios incorruptibles, aliado de la CICIG y el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, era incómodo para el presidente Jimmy Morales y sus aliados. La última disputa fue por el intento de Foppa y la SAT de cobrar impuestos a los ganaderos, un sector con fama de relaciones cercanas al narcotráfico y que fue uno de los que apoyó incondicionalmente a Jimmy Morales desde la crisis con la CICIG. En diciembre, Foppa y la SAT desarticularon una estructura que evadía impuestos por Q1 mil millones (US$136 millones). Con un argumento legal que no escuchó los argumentos técnicos para evitar ser aplicado, despidieron a Foppa.

Capítulo 7: la PDH (en disputa)

Fuentes en el Congreso y el Gobierno aseguran que el próximo objetivo será recuperar la PDH después de que el Congreso eligiera, gracias a una mayoría en la Comisión de Derechos Humanos, a un Procurador independiente, Jordán Rodas.

Capítulo 8: MP (en disputa)

Después de que fracasaran en su intento por reformar la ley del MP para que ya no fuera independiente de la Presidencia, ahora trabajarán los próximos tres meses junto a otros actores políticos para influir en la Comisión de Postulación de 15 electores que decidirán al sexteto de candidatos del que elegirá Jimmy Morales al próximo fiscal en abril.

Capítulo 9: Detener la lucha contra la corrupción (perdida)

La CICIG y el MP han seguido con casos paradigmáticos en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Después de tres años de casos que han dejado al descubierto el contubernio entre políticos corruptos, militares y una serie de grandes empresarios, en octubre llegaron a tocar la puerta del alcalde Álvaro Arzú, en enero capturaron al diputado Julio Juárez, aliado de Jimmy Morales, por el asesinato de dos periodistas, y en diciembre allanaron las oficinas de Tigo y sus dirigentes por un caso de corrupción que investigan al rededor de sobornos de Claro y Tigo a los gobiernos de la UNE y el PP.

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De momento, celebran en la Casa Presidencial por la SAT y planifican nuevos ataques en la estrategia para volver a cooptar el Estado y que no queden instituciones independientes.

El último semestre lograron deshacerse de otro adversario. Cuando vieron la crisis en agosto y septiembre por el intento de Morales de expulsar a la CICIG, Estados Unidos trabajó para frenar la expulsión, pero también para evitar que Jimmy Morales fuera removido por la presión ciudadana o por los jueces.

El próximo semestre elegirán desde el Congreso al nuevo Contralor; el presidente al abogado del Estado, el PGN; y el Congreso elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los que empezaron a abrir la puerta para luchar contra la corrupción y la impunidad cuando suspendieron a Roxana Baldetti como secretaria general del PP allá por el lejano 2014.

Los contrapesos a esta estrategia conocida como el Pacto de Corruptos serán la CICIG, el MP hasta mayo, los medios de comunicación, la ciudadanía y el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad.

Un factor determinante para el resultado será el tiempo. El Pacto de Corruptos buscará recuperar el control de las instituciones que son contrapeso antes que esas instituciones los envíen a la cárcel.