Desde los años noventa, los presidentes de América Latina y el de Estados Unidos se reúnen cada tres años. Hablan sobre democracia y hace un año, el gobierno de Perú había decidido que la cumbre que hospedaría en 2018 tendría como centro uno de los mayores obstáculos para la democracia: la corrupción. Solo que no contaba con que la mayoría de los asistentes –incluido el anfitrión– estarían en la cuerda floja o deslegitimados por grandes casos de sobornos.
Las cumbres anteriores habían tenido algunos resultados, como el origen de la Carta Democrática de las Américas, que supuestamente suspende de la OEA a los gobiernos no-democráticos, o el escenario del que debió ser el final de la Guerra Fría en el continente cuando el gobierno estadounidense de Obama oficializó el fin del embargo contra la Cuba del gobierno comunista de Raúl Castro.
Pero esta vez la Cumbre fue un despopósito.
El presidente que la organizó, el economista peruano Pedro Pablo Kuczynski, renunció hace dos semanas porque salió a luz un soborno de la constructora brasileña Oderbrecht y en medio de un proceso en el que la oposición fujimorista intentaba sustituirlo, sus colaboradores fueron grabados mientras negociaban jugosos contratos para comprar votos que lo mantuvieran en la Presidencia.
El presidente estadounidense Donald Trump canceló hace tres días su participación. Adujo que era por el ataque que realizaría contra Siria como respuesta al uso de armas químicas por el dictador Bashar Al Assad en su guerra civil, pero la última vez que lanzó bombas hace un año no canceló su reunión con el presidente chino en su resort Mar-a-lago en Florida. El motivo probable de la cancelación de Trump sea su propia crisis interna porque el FBI allanó las oficinas de su abogado, Michael Cohen, a quien investigan por el pago de millones de dólares para asegurar el silencio de una prostituta que fue modelo de Playboy y una actriz porno, que amenazaban con revelar escándalos sexuales de Trump. El Wall Street Journal reveló que el abogado Cohen también había comprado el silencio de otro escándalo sexual del vicepresidente de finanzas del Partido Republicano.
Si Trump hubiera asistido -envió en su lugar al vicepresidente Mike Pence y a su hija, Ivanka Trump-, es poco probable que hubiera podido avanzar en alguna agenda después de todas sus muestras de desprecio por América Latina, tanto por los empresarios como por los migrantes.
En la parte comercial, está en renegociación el acuerdo de libre comercio con México y Canadá, y canceló la participación de Estados Unidos en el Tratado Transpacífico con Asia, del que son parte Chile, Perú y México. Y sus políticas comerciales buscan frenar la compra de productos que no sean estadounidenses.
En cuanto a los migrantes, Trump dijo en su campaña electoral de 2015 que considera a los mexicanos unos ‘violadores y criminales’. Este año dijo a sus congresistas que El Salvador y Haití son unos ‘hoyos de mierda’. Este mes movilizó a 4,000 militares para evitar que centroamericanos puedan cruzar la frontera mientras huyen de la violencia y la pobreza. Esta semana, las autoridades estadounidenses detuvieron a 550 latinos de una fábrica de carne en Tennessee aunque tuvieran permisos de trabajo. Y serán encerrados en centros migratorios en donde 1,224 migrantes han conseguido presentar denuncias de violaciones sexuales.
Sus interlocutores latinoamericanos tampoco pueden presumir de legitmidad para firmar algún acuerdo contra la corrupción.
Los dos países más grandes, México y Brasil, tienen presidentes sin poder antes a meses de entregar sus cargos. El mexicano Enrique Peña Nieto pasará a la historia por el escándalo de la mansión ‘casa blanca’, de US$7 millones, construida por uno de sus principales contratistas y el medio Animal Político destapó una estructura para desviar US$400 millones en contratos con empresas fantasmas y universidades de cartón. Para evitar estos escándalos, el gobierno de Peña Nieto contrató a la empresa Pegasus para espiar a periodistas y opositores.
En Brasil, la investigación por los robos y sobornos de la petrolera Petrobras y la constructora Odebrecht han sumado US$349 millones. Pero así como la Fiscalía y los jueces han llevado presos a la mayor parte de la élite del izquierdista Partido de los Trabajadores (2003-2016), el Congreso protegió al actual presidente Michel Temer, que recibió sobornos por un millón de la productora de carne JBS. En vez de procesar al presidente Temer, el juez Sergio Moro procesó al expresidente Lula da Silva (2003-2010), quien lideraba las encuestas presidenciales para 2018, por un caso de un apartamento que habría recibido de una empresa pero sin demostrar que alguna vez lo usó o que haya sido transferido a su propiedad, como cuestiona un artículo del New York Times.
Los casos de corrupción de corrupción cercanos a presidentes o vicepresidentes se esparcen por toda América Latina. El dictador venezolano Nicolás Maduro, al que Odebrecht dio US$35 millones, fue el único que no fue invitado. Sí asistieron otros gobernantes cuestionados, que enlista el periodista peruano Gustavo Gorriti en El País. Algunos se han robado elecciones, como el boliviano Evo Morales, o el hondureño Juan Orlando Hernández, quien no sólo fue acusado en el desfalco a su Instituto Hondureño de Seguridad Social, sino que se robó las última selecciones en 2017 y descabezó al jefe de la Misión de la OEA contra la Corrupción, MACCIH, con el respaldo del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Guatemala, que con la CICIG de la ONU y el MP debería estar en el grupo de países que más lucha contra la corrupción –como Chile, Uruguay, Costa Rica y Ecuador, que apresó a su vicepresidente–, no tuvo representación presidencial. Jimmy Morales está tan enfocado en boicotear la lucha contra la corrupción y la impunidad que en agosto intentó expulsar al jefe de la CICIG y el viernes elevó su complicidad con los corruptos a una nueva escala: cuando el MP y la CICIG intentaron capturar a tres acusados de corrupción en el Instituto de Seguridad Social (IGSS), ya se habían fugado y los esperaron en la puerta un abogado defensor y un reportero de la radio del magnate mexicano Ángel González, cuya esposa es prófuga por un caso de corrupción y quien es uno de los principales aliados del presidente Jimmy Morales. Ahora se investigará quién alertó a los acusados de corruptos, si los jueces o la policía, bajo el mando de Jimmy Morales.
En una Cumbre así, la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil fue reducida al mínimo para hablar sobre temas como la violencia contra las mujeres, la falta de oportunidades o el futuro de la región. Les dieron un espacio de treinta palabras para trasladar mensajes a los presidentes.
Una de las más ingeniosas resumió su demanda así:
“Respalden mecanismos transregionales de lucha contra la impunidad y la corrupción. Treinta palabras no es participación. Y una exigencia de los pueblos a las autoridades de América: ¡Paren de robar!”
Orlando /
Estimado Martín Rodríguez
Asumir que Guatemala es uno de los países que más lucha contra la corrupción, es como decir que en Guatemala ya no hay corrupción. Quizás quiso decir: Guatemala es el país con más noticias sobre corrupción.
Decir que CICIG es de la ONU, es como decir que el Guatemala es soberana.
Finalmente, nadie robó elecciones en Bolivia. Si lo que le preocupa son las elecciones generales del próximo año, pues, dejemos que los pueblos decidan en las urnas
Edgar Cajas /
Habría que profundizar en la información de este artículo en lo relacionado a Evo Morales y las elecciones para tener más criterios y sustento de ello.