Por qué todavía no le ganamos al #PactoDeCorruptos

La lucha contra el financiamiento de la impunidad empezó hace 35 meses, un 16 de abril de 2015, cuando la CICIG y el MP destaparon el caso La Línea, que empezó a mostrar cómo el cártel del Partido Patriota de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi era una máquina de robar dinero público.

Desde entonces hay tensión en Guatemala, pero esta tensión aumentó de manera exponencial desde agosto de 2017. Todos recordamos ese agosto por el intento de Jimmy Morales por expulsar a Iván Velásquez –frenado por los ciudadanos y la mayoría de la Corte de Constitucionalidad–. Eso fue el 26 de agosto. Pero la tensión para la élite económica y Jimmy Morales no comenzó ese día. Empezó el 4 de agosto.

El 4 de agosto ocurrieron dos eventos. En un tribunal declararon tres grandes empresarios de la construcción, José Luis Agüero Urruela (Asfalgua), Álvaro Mayorga (Conasa) y Rafael Díaz Fión (Cocisa), y reconocieron haber dado sobornos al exministro de Comunicaciones de Sinibaldi y haber financiado una campaña en 2015, supuestamente “por órdenes del exministro”, a través de la organización MCN.

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Ese día, mientras la CICIG allanaba las oficinas del MCN para recabar información y el corazón de muchos grandes empresarios se detuvo.

Por diversas fuentes empresariales y fiscales, entiendo que MCN era la vía de lavar dinero para dar aportes ilegales a la campaña de Jimmy Morales y FCN. En vez de declararlos ante el TSE, qué mejor que apoyar a su candidato favorito por medio de dineros sin declarar para poder recibir todos los favores cuando ese candidato bobo y sediento de dinero y reconocimiento llegara a la Presidencia.

Como ya nos habíamos salvado todos de Baldizón (no van a venirme a decir que el mérito fue solo suyo), al dar dinero a Jimmy, muchos grandes empresarios podrían derrotar a su otra bestia negra, Sandra Torres, de la UNE. Tenían derecho de invertirle a su candidato, pero tenían derecho de hacerlo por la vía legal, declarándolo para que los ciudadanos estuviéramos atentos a cualquier intento de devolver la inversión por medio de perdones de impuestos, de no investigar violaciones a contaminaciones ambientales, desvío de ríos, violación de derechos laborales, sobornos a la SAT, quitar a funcionarios de la SAT que los estuvieran molestando, de hacerles caso si vetaban una reforma constitucional, de tantos pequeños favores que puede hacer un político monigote, aunque no tenga capacidades ni poder para gobernar el país.

Entonces cuando se enteraron que el MP y la CICIG preparaban un caso de financiamiento electoral ilícito contra Jimmy Morales y el FCN a finales de agosto, y el presidente les dijo en una reunión en la casa del Nuncio Apostólico que iba a presionar el botón atómico nacional para expulsar al jefe de la CICIG, muchos de estos grandes empresarios lo apoyaron. Otros se negaron y alertaron a la CICIG.

Entre estos 13 grandes empresarios están banqueros, empresarios de bebidas, azucareros, palmeros y de infraestructura. Y no hay consensos a favor o en contra de la CICIG.

De hecho, cuando los políticos aprobaron el Pacto de Corruptos el 12 de septiembre e intentaron quitar la prisión para 400 delitos (incluido el de corrupción) y eliminaron el de financiamiento electoral ilícito, muchos grandes empresarios les aplaudieron.

Por eso es que los políticos que son corruptos se han sentido respaldados desde entonces. Entiendo que varios grandes empresarios le han metido plata a nivel personal a todos los esfuerzos contra la CICIG y contra quienes luchamos contra la corrupción y la impunidad.

Si se dan cuenta, son los únicos en el país que siguen prefiriendo a los corruptos que al esfuerzo anticorrupción. Bueno, y seguro que también está de su bando la gran empresa de telefonía, Tigo, que también siente el agua al cuello por otras investigaciones de corrupción por financiamiento electoral ilícito y que sueña con que el papá de su exgerente, Acisclo Valladares Molina, llegue a ser jefe del MP.

¿Qué opción hay para destrabar este pulso?

El Frente Ciudadano Contra la Corrupción –que agrupa a autoridades ancestrales indígenas, activistas, líderes sociales, líderes de opinión, ciudadanos y empresarios (incluidos algunos muy grandes, de esta mesa de los martes)– es una muestra de cuál es el lado correcto de la historia.

Pero no es tan fácil para muchos de ellos simplemente sumarse y dejar a los corruptos.

En primer lugar, porque ya varios han sido acusados de casos de corrupción por la CICIG y el MP y eso debe provocar, al menos, resentimiento. Los últimos dos acusados de sobornar en la SAT para beneficios fiscales son Luis Fernando Leal y los hermanos Molina Botrán. Para que tengamos una idea de la magnitud de su tamaño, el primero es el CEO del emporio Magdalena-Cayalá, del ingenio más grande del país y del Paseo Cayalá. Y los segundos (prófugos) son quienes dirigen Repsa, la gigante de palma africana que acaba de ser ‘despedida’ por Nestlé por las acusaciones tributarias, de violaciones a derechos laborales y ambientales por el ecocidio en el Río La Pasión.

Y varios de ellos temen, literalmente temen, que en algún documento o computadora de MCN aparezca algún cheque o alguna transferencia que demuestre el financiamiento electoral ilícito, o cualquier otro delito que cometieron en materia tributaria, ambiental o laboral.

Tenían, o tienen, dos opciones.

Tuvieron la oportunidad gracias a la Corte de Constitucionalidad (que muchos odian porque no gobiernan) cuando ordenó al Congreso repetir la elección de Junta Directiva. Por una parte estaba Luis Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala y expresidente del Cacif y Anacafé. Y por otra parte estaba Álvaro Arzú y el Pacto de Corruptos.

La primera ley que hubiera aprobado Montenegro era la original sobre aceptación de cargos. Una que permita que los acusados poderosos –los que son capaces de entorpecer procesos–no tengan que ir a la cárcel mientras dura el proceso penal para demostrar si son culpables o inocentes, y que puedan ir menos tiempo a la cárcel si cuentan más detalles de cómo han funcionado las estructuras de financiamiento electoral ilícito y devolución de favores o de otros delitos. De hecho, los tres grandes empresarios constructores que aceptaron los cargos en agosto se fueron a prisión domiciliar.

La otra opción, de Arzú, Jimmy & Compañía de Ladrones, propugna por la guerra y se niega a discutir una ley de aceptación de cargos. Una guerra en la que se salven todos los acusados de corrupción o de crímenes (los 400 delitos) aunque se ponga en riesgo a todo el país. Además, busca la amnistía para el delito de financiamiento electoral ilícito.

La opción de Arzú & Co. es retomar por la fuerza las instituciones técnicas que son los contrapesos en la democracia: la SAT, Gobernación, la PNC y el MP. Y ya tenían la inteligencia militar y civil.

¿Se dan cuenta de lo grave de la apuesta?

La SAT, bueno, vamos a seguir en un Estado que no recauda lo suficiente para dar servicios básicos mínimos para la población (otros cien pesos es tener administradores públicos que los inviertan bien), y que sigan optando sobreviviendo en Guatemala o que opten por migrar a Estados Unidos o involucrarse con el crimen organizado.

Gobernación. Ahí empiezan a ponerse las cosas negras. ¿Qué querían? ¿Qué le pidieron a cambio a Degenhart? ¿Le dieron una lista de nombres para que les avisara cuando fueran por ellos a las 6 de la mañana para que pudieran escapar? ¿Creen que las cosas en Guatemala se quedan impunes?

La PNC. Y ahí se pone todo peor. Como había una PNC profesional y técnica y Degenhart no podía asegurar impunidad a los futuros acusados de corruptos, ¿prefirió despedirlos? Como todavía no puede asegurar esa impunidad, ¿va a infiltrar a las unidades de élite que apoyan a las capturas del MP y la CICIG? ¿Va a infiltrar a esas unidades a prueba de sobornos de narcos y criminales organizados, con tal de proteger a los del Pacto de Corruptos y a sus financistas?

No sé si algunos de esos grandes empresarios asustados se dan cuenta que la alternativa es peor. Que en vez de que puedan perseguirlos por delitos que cometieron, una PNC en manos de criminales pueda capturarlos por cualquier cosa o pueda permitir que renazcan en la PNC las estructuras de secuestros y de tumbes de droga.

No entiendo cómo pueden preferir lidiar con los mafiosos que lidiar con la ley.

Quince abogados van a tener que ser su contrapeso en la Comisión de Postulación para elegir a los seis candidatos a Fiscal General. Hay desde dos abogados del Partido Patriota, un decano de una universidad de cartón y un decano de una fábrica exprés de abogados. Hay seguro abogados de sus propias empresas. Hay seguro abogados sin escrúpulos. Pero no solo ustedes los presionarán. También los presionaremos los ciudadanos que botamos a Baldetti y Pérez Molina, y frenamos a Baldizón, a Sandra Torres y a Jimmy. Y los ciudadanos que apoyamos al MP y a la CICIG somos muy diversos. Hay lugar para todos. Desde autoridades ancestrales, activistas y estudiantes universitarios hasta diplomáticos, políticos y empresarios, grandes empresarios, incluidos los de la mesa de los martes.

Por cierto, no tienen que decidir ahora. En Guatemala tenemos memoria larga. Si no, pregúntenle a Álvaro Colom y los que creían que la justicia nunca los alcanzaría. Feliz día. Son las 6 de la mañana.